EN EL PAÍS MÁS MISERABLE DEL MUNDO, la educación parece no ser más una prioridad. Día a día, las universidades de Venezuela, que otrora solían lucir orgullosas sus posiciones entre las mejores instituciones del continente, luchan por permanecer abiertas sin poder ofrecer a sus estudiantes, profesores y trabajadores los beneficios mínimos que en otras naciones son la norma.
Es así como la educación superior se agrieta y rompe, pues lo que tenían para ofrecer fue devorado por la mayor epidemia de termitas conocida en Venezuela: la crisis económica y las erradas políticas de la Revolución. Las universidades dejan una estela de estudiantes que deben abandonar la universidad, profesores que se ven obligados a buscar otra profesión y recién graduados poniendo orden a sus documentos para emigrar a otro país con mejores empleos y mejor futuro.
Desde hace tres años las universidades públicas se encuentran en intermitentes paros, algunos promovidos por los estudiantes y otros por los profesores, como forma de protesta ante las deplorables condiciones de las casas de estudio. Muchas de las universidades se han quejado por los bajos presupuestos que reciben, los cuales no alcanzan para comprar alimentos para los comedores universitarios o los insumos y equipos para los laboratorios. Y cuando el fallo no está en los recursos, posiblemente se encuentre en las políticas del Ministerio de Educación Superior que socavan los derechos y la autoridad de las universidades.
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Los desaparecidos beneficios de los profesores
Los profesores venezolanos ya no pueden investigar. No pueden hacer posgrados, maestrías o asistir a conferencias y charlas en el exterior. Los docentes se han visto privados de esa vida académica que tan normal les resultaba y que les permitía mantenerse en la vanguardia de la educación,.
El profesor Amalio Belmonte, de la Universidad Central de Venezuela, es uno de los docentes que añoran aquellos tiempos. Para él, los bajos sueldos y las penurias por las que pasa el sistema de educación superior venezolano se atenúan porque tiene asegurada la asistencia a centros médicos y a los servicios de salud que necesiten, al igual que todos los profesores universitarios del país.
Pero esto podría acabar si el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en que el oficialista Hugbel Roa se estrenó en enero, decide finalmente cambiar el sistema de previsión social de las universidades por Seguros Horizonte y Bolivariana de Seguros, los cuales no son conocidos por su buen desempeño.
“Ahora quieren construir una especie de macro seguros que serían imposibles de administrar por las universidades, lo cual restaría funciones a las casas de estudios, cuyas instituciones encargadas de los seguros sociales cumplen eficientemente su labor”, admite Belmonte, atemorizado por el prospecto de que Seguros Horizonte resguarde su salud, una aseguradora que no es aceptada en la mayoría de las clínicas privadas y cuya cobertura deja mucho que desear, añade.
De formalizarse el traspaso de los seguros, más de 45 mil profesores universitarios titulares se verían afectados, al igual que los más de 60 mil jubilados que dependen de las aseguradoras, y cuyos sueldos no alcanzan para pagar los altos costos de la salud privada, o de las medicinas que solo se consiguen traídas del exterior.
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El abandono de los profesores
En la UCV, entre el 2015 y el 2016, aproximadamente 400 profesores abandonaron la carrera docente. En la Universidad de Oriente (UDO) otros 500, que representan más del 40 % del profesorado, decidieron no volver a las aulas de clases. El mismo fenómeno se repite en la mayoría de las casas de estudio del país.
Los bajos salarios y la continua pérdida de beneficios, aunado a la crisis que cada día se acrecienta en el país, hacen de la docencia una profesión mal vista y mal remunerada, de la que cada día, más profesionales están emigrando, lamenta Belmonte.
En los últimos años, muchas de las clases que reciben los estudiantes son impartidas por profesores jubilados que deciden volver a las aulas para ocupar su tiempo y ayudar a las facultades a permanecer vivas. Sin embargo, a los jubilados puede resultarles costosa realizar dicha labor. “En la medida en que la situación económica ha ido empeorando, la idea altruista de dar clases sin paga ha ido disminuyendo” comenta el profesor Belmonte al exponer que en ocasiones los gastos de movilización e insumos como papeles y libros, pueden tornarse más altos que lo que puedan ganar por dar clases.
Existe otro fenómeno nuevo que evidencia la profundidad de la crisis universitaria. Fernando Porras, profesor de la UCV y ex coordinador académico, señala que en el último semestre los nuevos profesores que contratan para dar una materia no permanecen mucho en el puesto. “Son los incentivos, la inseguridad”, explica el profesor al comentar que, hasta tres profesores distintos pueden pasar por una materia en un mismo semestre.
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Los estudiantes que ya no pueden estudiar
Los profesores no son los únicos que dejan las casas de estudio por los problemas económicos. Un informe de gestión de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV señala que, de los 15 mil estudiantes inscritos en 2010, sólo quedaban 9 mil en 2015. Los seis mil estudiantes que abandonaron la facultad son parte del éxodo de jóvenes venezolanos que deben relegar la obtención de un título universitario en su lista de prioridades para atender otras más urgentes, como las económicas.
Antes, quienes pedían al profesor Fernando Porras su firma en los documentos que les permitirían buscar trabajo en el exterior eran los recién graduados. Ahora, estudiantes de cualquier semestre se acercan a él para que firme sus documentos. Son estudiantes que dejan su educación por razones económicas y laborales.
Porras resalta que, a diferencia de la tradición universitaria en que los estudiantes debían batirse a duelo en pruebas y exámenes para optar por un cupo, últimamente estos han quedado libres. “Muchos de los estudiantes suelen venir desde el interior del país, pero con la crisis económica no pueden mantenerse aquí”, dice el docente. Otros que estudian carreras de tiempo completo se han cambiado a carreras de medio tiempo, de manera que puedan trabajar en su tiempo libre, y también hay casos en que los estudiantes congelan sus estudios y se van a trabajar a otro país.
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La inseguridad sí va a clases
“Tememos por nuestra vida cuando venimos a estudiar”, declaró una estudiante de veterinaria de la UCLA para La Prensa de Lara, cuando el hampa entró y robó a varios estudiantes en el primer día de clases de este año.
“El ataque ahora es fuerte”, dijo la decana de la UDO cuando en la segunda semana de clases de este año, delincuentes robaron el comedor de la universidad. “Siempre hemos denunciado los ataques que hemos sido víctimas, pero no recibimos respuestas ni ayuda”.
“Es difícil porque no hay partida para la seguridad”, confesó el director de la escuela de Idiomas Modernos de la UCV cuando tres delincuentes armados robaron a varios estudiantes el 24 de enero.
La inseguridad en las universidades no es una novedad. Los criminales tomaron las casas de estudio no como centros de aprendizaje, sino como centros provechosos para fechorías, aprovechándose de la poca seguridad que la mayoría de las instituciones poseen y de la “autonomía universitaria” que prohíbe la entrada de cuerpos oficiales, lo cual resulta como un arma de doble filo para los estudiantes.
En una ocasión, recuerda Porras, un grupo de docentes estaba saliendo de un consejo de Escuela en que discutieron los problemas de seguridad de la UCV cuando una de las profesoras consiguió su carro abierto y los objetos que allí tenía, robados.
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Estudiantes sin transporte ni comida
Más de 60 mil estudiantes, tanto de educación media como universitaria, dependen del sistema en el que el gobierno subsidia parte del pasaje para los estudiantes con la finalidad de abaratar los costos para los jóvenes. Ese derecho estudiantil que desde hace 20 años gozan los venezolanos ha sufrido colapsos en los últimos meses y durante enero ha provocado paros de estudiantes y transportistas como forma de protesta.
En noviembre del 2016, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, eliminó el antiguo pasaje estudiantil preferencial y anunció un nuevo sistema de pasaje que desde el 15 enero del 2017 funcionaría con una tarjeta inteligente y beneficiaría tanto a los estudiantes como a los transportistas. Hasta entonces, el servicio sería gratuito para los estudiantes y el Gobierno pagaría directamente a los transportistas.
A pocos días de culminar enero, los estudiantes y transportistas desconocen el sistema que el ministro ofreció, por lo que han realizado paros en diversas ciudades del país para exigir respuestas sobre la fecha de instalación del nuevo sistema de pago y su funcionamiento, ya que el período que el Gobierno acordó pagar terminó el día 16.
Por otro lado, a pesar de haber recibido los alimentos proteicos, el comedor de la UCV comenzó el 2017 paralizado porque durante las vacaciones se dañaron las calderas. Pese a que el año pasado el comedor funcionó regularmente, no dejaron de presentarse irregularidades, señala el dirigente estudiantil, Hasler Iglesias.
“Entre robos, falta de alimentos, daños a los hornos y neveras no permiten que los comedores universitarios puedan servir a los estudiantes, lo cual afecta a quienes viven residenciados y dependen de la universidad para almorzar y cenar”, comentó Iglesias. El mismo panorama se vive continuamente en todos los comedores universitarios del país.
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La educación privada no es inmune a las termitas
Por tradición, las universidades privadas no sufren los mismos males públicos de sus hermanas. Son elegidas sobre las más prestigiosas casas de estudio públicas por dicha razón. Cuentan con un sistema de seguridad y vigilancia paga, por lo que no experimentan la inseguridad y rara vez sufren por paros, no teniendo que depender del Gobierno Nacional, el Ministerio y un presupuesto asignado, pero no son inmunes a los problemas que la situación país obliga a todos los venezolanos a vivir.
Gustavo Pinto, cuando empezó a estudiar economía en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) pagó 30.000 bolívares por su primer semestre. En aquél entonces, le informaron que el siguiente semestre costaría apenas dos mil bolívares más. Seis meses después, no fue así. Por su segundo semestre pagó un aproximado de 80.000 bolívares; por el tercero, 180.000. Las autoridades de la UCAB dejaron de anunciar los montos de los próximos semestres desde hace tiempo, aunque avisaron que el próximo semestre se acercaría a los 400.000 bolívares. El estudiante comenta que por esa razón muchos de sus compañeros han comenzado a buscar becas para pagar sus estudios.
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La calidad se dejó de enseñar
Aunque la UCV sigue siendo la universidad #1 a nivel nacional, y junto con la ULA y la USB están en las primeras 50 posiciones de varios rankings de universidades latinoamericanas, los profesores y estudiantes admiten que la calidad de la educación no es lo que solía ser.
Las universidades han dejado de ser un santuario para la investigación, uno de los parámetros más importantes de la intelectualidad. La prueba de ello es que sus profesores ya no ascienden de cargo. Fernando Porras destaca que, de 100 docentes que imparten clases en Comunicación Social, unos cuatro o cinco están al día con sus ascensos, los cuales obtienen al presentar investigaciones.
El ejercicio docente ha dejado de resultar atractivo para los profesionales de la educación, por lo que los concursos de oposición que se realizan para contratar nuevos profesores, quedan desiertos, señala el profesor.
En algunos casos, son profesionales de la carrera solicitada que no poseen experiencia ni estudios de docencia, y quienes terminan siendo contratados. “Los docentes de hoy en día ya no tienen carrera como antes, sino que son profesionales que deciden enseñar por distintas razones”.
En otros casos, son recién graduados quienes se presentan y ganan dichos concursos. El profesor comenta que en una oportunidad reciente la universidad contrató a un estudiante que no se había graduado para dar clases de cierta asignatura. Tras una inspección, se enteraron de que el estudiante no había aprobado la materia cuando la cursó y fue despedido. “Cada vez, los estudiantes están peor formados, están en manos de novatos”, lamenta.
No solo los profesores –y la falta de ellos– ha influido en el deterioro de la educación. Los estudiantes ya no cuentan con laboratorios surtidos de insumos, ni con equipos de computación actualizados. “El presupuesto tiene años reconducido, y con la inflación lo que llega a los departamentos es realmente ridículo” afirma Porras.
En su experiencia docente, ha podido ver como escuelas reciben tres o cuatro mil bolívares mensuales para hacerse cargo de todos los gastos. La asignación que recibe el Consejo de Escuela es de 700 bolívares anuales, según el docente, lo cual actualmente alcanza apenas para un bolígrafo. De perpetuarse estas condiciones y no corregir los problemas que acaban con la vida universitaria, el éxodo de estudiantes y profesores podría continuar e incluso incrementar, hasta que las termitas devoren lo poco que queda.
