Paraiso Fiscal

Apple, Nike, el piloto de Fórmula Uno Lewis Hamilton y el ministro argentino de Finanzas Luis Caputo se sumaron el lunes a la lista de empresas y personalidades que figuran en los “papeles del paraíso” sobre prácticas de optimización fiscal a escala mundial.

Apple habría utilizado el paraíso fiscal británico de Jersey para continuar pagando pocos o ningún impuesto tras haber puesto fin a prácticas similares en Irlanda.

El fabricante de artículos deportivos Nike creó a su vez sociedades offshore en las Bermudas, a las cuales las filiales de la empresa debían pagarles centenares de millones de euros para poder utilizar los derechos de la marca.

Con esta maniobra, el grupo divulgó menores ganancias de las que tenía en realidad y pagó menos impuestos que lo que le correspondía.

Lewis Hamilton, cuádruple campeón de mundo de Fórmula 1, recurrió por su lado a una sociedad fantasma basada en la isla de Man para economizar más de 4 millones de euros en IVA por la compra de un jet privado de más de 18 millones de euros.

El nombre de Luis Caputo aparece como administrador de un fondo de inversión basado en Estados Unidos, con actividades en Islas Caimán y Delaware, antes de que asumiera sus funciones de ministro, reveló el diario argentino La Nación.

En Brasil, los ministros de Economía y Agricultura, Henrique Meirelles y Blairo Maggi respectivamente, negaron haber cometido irregularidad alguna tras conocerse que sus nombres aparecían vinculados a sociedades offshore en paraísos fiscales.

Dieciocho meses después de los “Panama Papers” (Papeles de Panamá), relacionados con fraudes fiscales, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que agrupa a 96 medios de comunicación de 67 países, comenzó a desvelar estos “Paradise Papers”, los Papeles del paraíso.

La ICIJ se basó en la filtración de 13,5 millones de documentos financieros, procedentes fundamentalmente de un bufete internacional de abogados basado en las Bermudas, Appleby, y obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Esas revelaciones fueron consideradas “chocantes” por la Unión Europea, que pidió la adopción de una lista negra de paraísos fiscales.

También son mencionados los servicios de la reina de Inglaterra, el secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross y ministros rusos.

– ‘Nada reprensible’ –

Varias de las personalidades cuestionadas se defendieron aludiendo a la legalidad de sus inversiones.

Ross dijo que “nada hay de reprobable” en el hecho de que todavía controle 31% del capital de Navigator Holdings, una empresa de transporte marítimo que tiene entre sus principales clientes a la empresa rusa de productos petroleros y petroquímicos Sibur.

Entre los propietarios de Sibur figuran Guennadi Timtchenko, un allegado al presidente Vladimir Putin, sancionado por el Tesoro estadounidense, y un yerno del mandatario ruso, según The New York Times.

En el Reino Unido, unos 10 millones de libras esterlinas de la reina Isabel II fueron colocados en fondos en las islas Caimán y las Bermudas, según la BBC y The Guardian.

Esos fondos fueron generados a través del ducado de Lancaster, dominio privado de la reina y fuente de sus ingresos.

“Todas nuestras inversiones son objeto de auditorías y son legítimas”, dijo a la AFP una vocera del Ducado de Lancaster, quien precisó que las inversiones equivalen solamente al 0,3% del valor del ducado.

En Canadá, el magnate canadiense Stephen Bronfman colocó a su vez junto a su padrino Leo Kolber unos 60 millones de dólares en una empresa offshore en las Caimán, según informó el Toronto Star.

Este amigo del primer ministro Justin Trudeau y encargado de la campaña financiera del gobernante partido Liberal canadiense durante las elecciones de 2015, podría representar una carga para el jefe del gobierno, elegido en base a promesas de reducción de las desigualdades y de justicia fiscal.

La agencia tributaria de Canadá comenzó a revisar los documentos filtrados en busca de pruebas que confirmen el uso de paraísos fiscales por sus ciudadanos para evadir impuestos.

Los circuitos a los cuales recurren los más ricos y las empresas multinacionales para colocar sus fondos en los paraísos fiscales no son ilegales. Gracias a vacíos o fallos en la legislación, permiten a sus beneficiarios pagar mucho menos impuestos.

– Moscú minimiza –

El caso del secretario de Comercio estadounidense podría de todas maneras plantear problemas éticos, estimó Richard W. Painter, quien fuera director de la oficina de ética durante la presidencia del republicano George W. Bush.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos, en un comunicado enviado a la AFP, afirmó que “el secretario Ross no participó en la decisión de Navigator de hacer negocios con Sibur”, y aseguró que Ross respeta las normas éticas del gobierno.

Desde su inicio, la gestión del presidente Donald Trump se ve afectada por el “affaire ruso”, y por las sospechas de colusión de su equipo de campaña con Moscú.

En Moscú, políticos rusos minimizaron este lunes los casos revelados por los Papeles del paraíso. Intentan “generar emoción con confusas formulaciones”, según el jefe de la comisión de Exteriores del Consejo de la Federación (cámara alta), Konstantin Kosachev, citado por RIA Novosti.

Esas revelaciones constituyen un “texto fantástico, propio de la fantasmagoría”, ironizó.

La propia empresa Sibur expresó su “sorpresa por la interpretación políticamente acusatoria de algunos medios” al referirse a una “actividad comercial ordinaria”.

EL CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN (ICIJ) abrió el 9 de mayo de 2016 la base de datos de unas 214 mil empresas offshore registradas a través del bufete panameño Mossack Fonseca en 21 paraísos fiscales, desde Nevada hasta Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas.

Mediante un buscador interactivo, es posible acceder a nombres de empresas, accionistas, propietarios  e intermediarios que aparecen en la investigación global Panama Papers, considerada la filtración más grande de la historia sobre compañías offshore en la que participaron más de 370 reporteros de 80 países.

La nueva base de datos incluye también unas 100 mil sociedades en paraísos fiscales que fueron reveladas en 2013 por el ICIJ mediante la investigación Offshore Leaks.

Cabe destacar que el ICIJ no publicó la totalidad de la data. Reservó documentos personales, cuentas bancarias, intercambio de correos y transacciones financieras que aparecen en los documentos filtrados de Mossack Fonseca.

El ICIJ consideró liberar estos datos por el interés público que implican para la colectividad global. Líderes mundiales han considerado que Panama Papers revela fundamentalmente las injusticias y desigualdades creadas por el sistema de los paraísos fiscales.

La búsqueda de Venezuela arroja unas 750 mil sociedades offshore, 831 oficiales, 188 intermediarios y 494 direcciones.

Aquí está el buscador para consultar empresas de #PanamaPapers

La forma de operar descubierta tenía muchos elementos que alertaron de una actuación ilegal: no era normal que el pago a Iglesias se vinculase a una labor de la que no constaba la correspondiente contrapartida. No se aportaba ningún dato que identificase el convenio al que se hacía mención para justificar el pago.

Y el destino final del dinero acababa siendo una cuenta opaca en el Euro Pacific Bank, una entidad bancaria en un paraíso fiscal: San Vicente y Granadinas. Antiblanqueo sospechó que era una operación de lavado de dinero de manual, pero las autoridades bolivarianas sepultaron la alerta de sus funcionarios porque sabían que gozaba de todas las autorizaciones. El ministro de Economía, Marco Torres, había ordenado el pago siguiendo “instrucciones superiores” de su jefe, Nicolás Maduro.

Curiosamente, la orden de pago arranca el 7 de febrero de 2014, un mes después de la creación de Podemos, aunque el partido liderado por Iglesias se inscribió oficialmente en marzo en el registro del Ministerio del Interior. Ese año, precisamente, descendieron drásticamente las aportaciones oficiales de Venezuela a CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), la fundación de Iglesias.

No era estético y podría rozar un delito de financiación encubierta del recién nacido partido que una fundación en cuya dirección estaba toda su cúpula (Pablo Iglesias, Ínigo Errejón, Luis Alegre, Alberto Montero o colaboradores como Juan Carlos Monedero) facturase a destajo a un gobierno extranjero por asesorías de dudosa ética y justificación.

Ese año, la fundación siguió recibiendo dinero del Gobierno de Maduro por un importe de 40.000 euros. En su cúpula seguían Errejón y Alberto Montero, miembros ya de la dirección de Podemos. Era una cifra muy por debajo de la recibida en años precedentes, en los que esta entidad sin ánimo de lucro llegó a sumar un millón de euros al año con cargo a las arcas chavistas.

Es el primer pago documentado venezolano a la fundación vinculada a Podemos que se registró en 2014 y, por tanto, coincidente con la existencia del partido. CEPS aseguró, paradójicamente, que no había convenio alguno con el Gobierno de Venezuela, pero evitó dar más detalles.

La caída de subvenciones bolivarianas en 2014 fue drástica respecto al año anterior, cuando los dirigentes de Podemos no querían ocultar sus nexos económicos con el chavismo. En diciembre de 2013, un mes antes de la creación de Podemos, el Gobierno de Venezuela seguía pagando a CEPS, la fundación que dirigía el ahora secretario general de dicho partido, Pablo Iglesias. El régimen bolivariano abonó 496.353 euros en ese ejercicio.

Con ese nuevo ingreso esta entidad, que se reclama sin ánimo de lucro, superó los 4,2 millones facturados a los Gobiernos de Chávez y Maduro a lo largo de una década. Para borrar más vínculos con CEPS, el líder de Podemos se retiró de esta rentable fundación con máximos ingresos y nulos impuestos.

El 27 de enero de 2014, Iglesias cesaba como patrono de CEPS. Lo hacía diez días después de que presentase oficialmente su nuevo partido, Podemos. Iglesias nunca comunicó al Europarlamento su adscripción a dicha fundación, pese a que el reglamento obliga a informar de los cargos desempeñados en las ONGs o cualquier entidad con identidad jurídica.

Su rival directo, el eurodiputado popular Miguel Arias Cañete, sí declaró su pertenencia a la fundación FAES. De haberlo hecho, Iglesias tendría que haber aclarado si su función fue remunerada o no, y cuánto percibió por ello.

Esto explica por qué ambas partes, Venezuela y el equipo de Iglesias, ya no podían usar el sistema tradicional de pagos transparentes a través de CEPS. En este contexto, se inserta la orden de pago a Iglesias en marzo de 2014, gestada desde un mes antes por el ministro de Economía venezolano, de 272.000 dólares (220.000 euros) a través de una cuenta ubicada en un paraíso fiscal. Una cuenta que el banco no aclara a quién pertenece. Ni si recibió tal cantidad en esas fechas.

Los 272.000 dólares enviados a la cuenta opaca caribeña más los 40.000 euros de CEPS provenientes de Maduro, se acercan a los 296.000 euros anuales que cobraban por asesorar al presidente venezolano de manera transparente hasta 2014, cantidad a la que luego se sumaban una decena de supuestas consultorías hasta totalizar a veces un millón de euros al año.

De esta última remesa en 2013 de dinero venezolano para las arcas de CEPS, media docena de cuyos dirigentes o colaboradores lideran ahora Podemos, 290.260 euros procedieron del Convenio de Colaboración con el Ministerio del Poder Popular del Despacho de Presidencia de la República de Venezuela.

Su vigencia arrancaba el 1 de enero de 2013, previamente a la muerte de Hugo Chávez, que se produciría dos meses después. Este contrato finalizaba el 31 de diciembre de 2013. Era un clásico dentro de la facturación de CEPS. Se repetía año a año. Su objetivo declarado era el siguiente: “Prestación de apoyo técnico en las áreas administrativas, jurídicas y económicas para lo cual se enviaron a los especialistas en las materias referidas”.

Tras tan rimbombante declaración, como prueban los informes desvelados por este diario, los asesores de CEPS se limitaron en muchas ocasiones a ejercer un comisariado político en favor de Chávez, al que orientaban con técnicas de guerra sucia para desacreditar a sus opositores.

PANAMA (AP) — Investigadores inspeccionaron el lunes el bufete de abogados que se encuentra en el centro de un escándalo por la gigantesca filtración de documentos sobre cuentas en paraísos fiscales, como parte de la pesquisa por la denuncia que presentó la firma por ataque informático.

El fiscal especializado en delitos contra propiedad intelectual Ricaurte González encabezó la diligencia en la sede del despacho jurídico Mossack Fonseca, ubicado en el corazón del distrito financiero panameño.

«Al fin alguien está investigando a los verdaderos criminales», dijo el cofundador de la firma Ramón Fonseca, en un mensaje por teléfono móvil enviado a The Associated Press. Fonseca sostiene que el único delito que se desprende de la masiva divulgación de los archivos de su empresa legal tiene que ver con el hackeo del que ha sido blanco su empresa y que denunciaron ante las autoridades en marzo, poco antes de las impactantes publicaciones.

La enorme filtración de los documentos arrojó luz sobre cómo personalidades acaudaladas, entre ellos algunos jefes de Estado, ocultan su dinero en jurisdicciones con ventajas fiscales.

Fonseca ha dicho que tienen sospechas de que el ataque informático se realizó fuera de Panamá y apuntó a Europa, aunque no ha brindado detalles de posibles autores ni ha expuesto argumentos que expliquen esas conjeturas.

La divulgación de los documentos golpeó la imagen de la tradicional plataforma de los servicios legales y financieros de Panamá.

El Ministerio Público o fiscalía general anunció, tras la difusión de los llamados «Papeles de Panamá», que investigará si se incurrió en algún delito, en tanto que el presidente Juan Carlos Varela prometió cooperar con cualquier pesquisa en el extranjero que se derive de las publicaciones masivas.

Algunos sectores críticos al gobierno han pedido que se investigue rápidamente a la firma de abogados, una de las más importantes en el mundo en la creación de sociedades fachada en ultramar.

El gobierno de Varela ha salido a la defensa de una vieja actividad que es considerada estratégica para la economía de servicios de Panamá. El mandatario también ha prometido a la comunidad internacional su disposición de impulsar medidas correctivas y encaminadas a mejorar la transparencia en la plataforma de servicios legales y financieros del país.

El gobierno panameño, que enfrenta el embate por la filtración masiva de documentos sobre empresas en paraísos fiscales, dijo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que el país no incentiva la cultura del secretismo.

El canciller encargado Luis Miguel Hincapié rechazó en una carta el pronunciamiento que formuló la OCDE sobre Panamá después de la extensa filtración de documentos confidenciales del bufete panameño Mossack Fonseca que detallan la existencia de cuentas y empresas que pertenecen a miles de personas acaudaladas y famosas. Los reportes arrojan luz sobre cómo una élite global oculta su fortuna en ultramar.

De acuerdo con Hincapié, la OCDE «en su afán de presionar a Panamá a doblegarse a su estándar de intercambio automático de información (financiera y de impuestos), unilateralmente tilda a Panamá como una jurisdicción que permite una ‘cultura de secretismo»’.

«Se hacen además una serie de alegatos e insinuaciones cuya falsedad es fácilmente demostrable», agregó en la misiva que envió la víspera al secretario general de la OCDE, Angel Gurría.

En declaraciones publicadas por la organización de 34 países miembros en su página de Internet, Gurría manifestó que la difusión de los documentos del bufete panameño «ha revelado la cultura y la práctica del secreto financiero en Panamá».

Para Gurría, Panamá es el último centro financiero internacional importante que «permite aún que los capitales se oculten… de las autoridades tributarias y policiales de su propio país».

Refirió que desde 2009 la OCDE, en conjunto con el G20, ha encabezado una ofensiva global contra esas prácticas.

Panamá se niega a compartir información financiera y tributaria automática con otras jurisdicciones, optando por una política de tratados bilaterales en esa materia. Los defensores del sistema de servicios financieros del país consideran que acceder a los requerimientos de las grandes potencias económicas le restaría ventajas a su tradicional plaza.

El gobierno panameño considera que no es justo enfilar los dardos solamente contra el país y menciona que los documentos filtrados también aluden a una veintena de plazas con ventajas fiscales.

Si bien no quitan mérito a los hallazgos encontrados en la montaña de documentos filtrados, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela cree que hay un interés externo o de potencias económicas en golpear la exitosa actividad de servicios internacionales de Panamá.

A las duras críticas de la OCDE se sumó la víspera la decisión de Francia de volver a poner a Panamá en una lista de naciones que no cooperan en el intercambio de información o que considera paraíso fiscal.

«Yo no me siento cómodo con ver la coincidencia que se da en la posición de Francia y de la OCDE en este ataque mediático», dijo el presidente Varela el miércoles. «El llamado que hago es a buscar acuerdos y a que no se use esta coyuntura para afectar la imagen de Panamá».

Varela convocó para la tarde del miércoles a una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Panamá, tras la cual ofrecerá un pronunciamiento. El mandatario reiteró que su gobierno respaldará y cooperará con cualquier investigación en el extranjero que se desprenda de los documentos divulgados.

“La red de sobornos, corrupción y lavado de dinero en Venezuela, ya tiene pruebas de nombres, apellidos, vinculados, países y bancos donde ocultan el dinero. Es hora de que la Fiscalía General de la República se pronuncie contra dichos señalamientos”.

Así lo dio a conocer el abogado penalista Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero, contra riesgos, fraudes y demás delitos afines a la delincuencia organizada, quien dijo: A raíz de las filtraciones de los papeles de Panamá (Panamapapers), le compete a la Fiscalía General de la República, abrir una investigación de oficio sobre los venezolanos involucrados, y cuyas evidencias y coincidencias de casos surgen como señales de alertas que deben ser investigadas con urgencia.

Todos los funcionarios que fueron cercanos a Chávez y los que están en el actual gobierno, deben ser investigados. Y más cuando se les señalan de estar incursos en delitos de legitimación de capitales por los investigadores de panamapapers… ¡Qué no se quede ni uno de ellos sin ser investigado, tanto por la Fiscalía General de la República como por la Asamblea Nacional!.

Añadió que la importancia del pronunciamiento de la Fiscalía radica en lo contundente de los señalamientos y documentos publicados contra venezolanos que han sido y son muy cercanos al expresidente Chávez y actual anillo presidencial. “Por tal razón, la Fiscalía no debe dejar pasar estas denuncias, ya que los venezolanos merecen que se tomen las acciones para aplicar justicia contra esas personas que se pavonean con sus excentricidades en el exterior”.

Rebolledo dijo que: “A parte de la legitimación de capitales, la Fiscalía debe investigar, entre otras cosas, los bienes y cuentas en Venezuela que debieron ser señalados en su declaración jurada de patrimonio a la fecha de ingreso y egreso de los cargos, así como la especificación exacta de las divisas que poseían en el exterior al momento de su declaración ante el órgano Contralor.

Por otro lado, la Asamblea Nacional tiene igualmente la obligación de investigar a estos venezolanos señalados, así como solicitar tanto a las autoridades americanas, panameñas como dominicanas, la información sobre sociedades y compañías creadas y cuentas bancarias de esos venezolanos, en los últimos 17 años y cruzar la información de ¿quiénes han sido o fueron Pep en ese período, así como después de la muerte del presidente Chávez?, ¿cuántos de esos Pep salieron de Venezuela y se encuentran residenciados en el exterior? y ¿a que actividades se dedican actualmente?.

Igualmente, agregó, es menester de la Asamblea Nacional, enlistar a todos esos funcionarios públicos que estuvieron en el Ministerio de Finanzas y sus entes adscritos para la época, donde se investiguen todas esas transferencias en dólares realizadas a consecuencia de los negocios de importación y exportación en dicho periodo, conceptos, certificación de precios, específicamente a Bandes, Bancoex, Cadivi, Cantv, entre otros”.

Señaló Rebolledo: “Hoy más que nunca cobra rigor la propuesta de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, presentada por nosotros, donde se sugiere la creación de la Superintendencia Nacional de Actividades Profesionales y Comerciales No Financieras, a fin de desarrollar la normativa donde se incluyen, por ejemplo, la firma de abogados, con la obligatoriedad de exigir la debida diligencia y conocer a su cliente, conocer a los beneficiarios finales y aquellas otras organizaciones que se dedican a la formación de compañías o firmas de inversión.

Todo esto contribuirá con la finalidad de la lucha contra la corrupción, la cual es la recuperación de activos prevista de igual forma en la propuesta, permitiendo el rastreo para alcanzar tanto a los funcionarios como a los testaferros y vinculados. Concluyó Alejandro Rebolledo.

A raíz de la investigación global que revela la creación de empresas offshore a través del bufete panameño Mossack Fonseca, la administración de Juan Carlos Varela ratifica a través de un comunicado su «absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros»

La Administración del Presidente Juan Carlos Varela, en sus 20 meses de Gobierno, ha demostrado su absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros al punto de que recientemente fue excluida de la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI).

El Gobierno de Panamá lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia.

A partir de agosto del año pasado entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. A partir de ahora, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.

De igual forma, cumpliendo con compromisos con la GAFI, se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI.

La actual administración estableció la Comisión de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Financieros que tenía como objetivo cumplir esa hoja de ruta y adecuar las estrategias a medida que lo exigiera el momento.

Es importante señalar que Panamá continúa tomando acciones a nivel bilateral mediante la firma de una pluralidad de acuerdos en materia tributaria con países de diversas regiones. Ya se han firmado 16 Tratados para evitar la Doble Tributación y 9 Tratados de Intercambio de Información Tributaria, con países de Europa, Asia, Medio Oriente, y América Latina.

Finalmente, como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilícitas, se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos asi como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero.

A raíz de la investigación global de los Papeles de Panamá, que reveló la trama global de empresas  en paraísos fiscales propiciada por el bufete panameño Mossack Fonseca, cabe preguntarse si son o no legales  las compañías offshore (aquellas que no  tienen actividades comerciales en el lugar donde son registradas y por tanto no pagan impuestos).

Una nota de El País de España lo explica. Aunque Panamá ha suscrito acuerdo de doble imposición e intercambio de información con algunos países, en otros lo siguen manteniendo dentro de la lista negra al identificarlo como un refugio tributario por su cierta opacidad mercantil y baja tributación. En junio pasado, la Comisión Europea aprobó una lista con 30 estados o jurisdicciones que consideraba paraíso fiscal, dentro de la cual figura Panamá.

Tanto en Panamá como en otros países con legislaciones fiscales flexibles, lo habitual es trabajar con sociedades offshore, que son aquellas constituidas y registradas en un país diferente del que opera. Normalmente, estas sociedades apenas tienen actividad en la jurisdicción donde se crean. Su constitución no es ilegal. Muchas multinacionales  que cotizan en la bolsa tienen filiales offshore en otros países como una manera de garantizar operaciones en mercados inestables.

Pero también existen  otras razones para usar este tipo de sociedades relativamente asequibles y fáciles de constituir: para ocultar patrimonio, dinero procedente de actividades ilícitas o para ocultar dinero al fisco o a las autoridades públicas de los países. Esta última es una de las prácticas más habituales de las sociedades offshore. En función de la legislación de cada territorio incluso se puede pagar para que al frente de estas empresas aparezcan testaferros e incluso falsos empleados.

Esta empresa actuaría como sociedad pantalla de los verdaderos titulares. Incluso en estructuras más complejas se utilizan varias de estas firmas para crear un entramado que apenas dejaría rastro para las autoridades. Las cruzadas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el G20 contra los paraísos fiscales, las nuevas leyes antiblanqueo, (acuerdo FATCA) obligan a los bancos a identificar a los ciudadanos extranjeros con cuentas en otros países. Si utilizan este tipo de sociedades quedan ocultos de los ojos de las autoridades tributarias. Las sociedades offshore están asociadas a los paraísos fiscales por ser en estos territorios donde suelen registrarse.

Un reciente informe de la OCDE devela que Panamá es el quinto país con menor presión fiscal de la región y el que menos tributos exige por los bienes y servicios. Hay que señalar, en cualquier caso, que solo una parte de las sociedades que aparecen en los papeles filtrados del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca fueron constituidas en el país del itsmo. El lugar donde están registradas más sociedades mencionadas en los documentos, unas 113.000, aproximadamente la mitad del total, es en las islas Vírgenes Británicas.

Puede leer la nota completa en El País de España