Francisco Valencia, director de la coalición, anunció que si el gobierno no aprueba la petición de ayuda humanitaria en los próximos días, la organización pedirá un pronunciamiento público a la ONU sobre la situación
Lorena Meléndez G
@loremelendez
Para quienes deben vivir con una condición de salud crónica en Venezuela, el inicio de 2018 ha representado un empeoramiento de su entorno. Solo en enero se registró que 30 pacientes habían rechazado los órganos que hace años les habían sido trasplantados por no tener acceso a los inmunosupresores que evitan tal acción. La cifra es mayor que la que se reportó en todo 2017, cuando hubo 20 casos de rechazo. Ese mismo año, siete personas trasplantadas murieron por falta de tratamiento.
«Esto nunca se había registrado en Venezuela», reveló Francisco Valencia, director de la Coalición de Organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud y a la vida (Codevida), quien denunció que los fallecimientos a consecuencia de la falta de medicinas para tratar la hemofilia también se habían incrementado. Mientras que en 2017 se informó de 20 muertes por esta razón, en la última semana ocurrieron cinco y dos de estas fueron de menores de edad.
«Se cerraron los programas que desarrollaba el Ministerio de Salud en materia de trasplante y procura de órganos en Venezuela. Imaginen lo que puede pasar con las 20 personas que perdieron sus órganos el año pasado», reclamó durante su intervención en una rueda de prensa del 22 de febrero sobre la emergencia humanitaria en Venezuela organizada por Amnistía Internacional.
Valencia alertó que, además de las cifras de muertes, hay miles de personas que están padeciendo daños irreversibles a su salud por no tener medicinas. Recordó que cada año se diagnostica en Venezuela a 5.600 mujeres con cáncer de mama, que hay 67 mil pacientes con VIH que no pueden tener acceso a los retrovirales y que hay 4 millones de personas con padecimientos cardiovasculares que no pueden ser tratados. Tampoco hay paliativos para los enfermos terminales.
«16 mil personas con insuficiencia renal quedaron a la deriva, sin insumos para dializarse. Es el único sustento de vida que tienen estas personas que hoy están sufriendo consecuencias graves, mientras que el gobierno pretende decir que la solución la tiene en las manos y tiene, como política de Estado, seguir afirmando que la situación en Venezuela es controlable y que no hay ninguna emergencia. Esa es la sentencia a muerte que se le está dando a las miles de personas que dependen de medicamentos e insumos para mantener su calidad de vida», señaló.
El director de Codevida advirtió que las ONG dedicadas al área de la salud ya no se dan abasto para atender las demandas de los pacientes. Por eso considera de vital importancia que desde el Ejecutivo se reconozca la crisis y se permita la entrada de ayuda humanitaria. Anunció que si no se obtiene una respuesta oficial a esta petición en los próximos días, las organizaciones pedirán un pronunciamiento público a la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación.
«En ninguna de nuestras peticiones se ha planteado una intervención militar como pretenden hacer ver. Son mecanismos que han sido consultados con la Organización Panamericana de la Salud que, antes de acudir a República Dominicana (a las reuniones del diálogo entre gobierno y oposición), nos avaló y nos dio su visto bueno para plantear estas soluciones (un fondo de emergencia y otro rotatorio), las únicas viables. Venezuela tiene una deuda de 5 mil millones que no va a solventar en los próximos días», aclaró.
Aseguró Valencia que el gobierno de Canadá había prometido aportar 500 mil dólares a este fondo y que otros países que se mostraron interesados en colaborar. Rusia, según él, también había adelantado que entregaría kits hospitalarios si esta ayuda se aprueba.
Calificó como «inaguantable» la situación de los centros hospitalarios, en donde 80% de los equipos de diagnóstico está en desuso, falta 90% de los reactivos para exámenes médicos y no hay sangre para atender emergencias o condiciones de pacientes con hemofilia o insuficiencias renales, quienes necesitan transfusiones de manera regular.
«El daño no es solo a la salud y al entorno familiar. Es un daño psicológico al negar el acceso a los medicamentos y al decir que se tiene la capacidad para solventar esta situación (…) Eso un genocidio decretado para las personas que tienen una condición crónica de salud», denunció.
