Por Ewald Scharfenberg / El País (España). Una ráfaga de medidas administrativas de inhabilitación emitidas en los últimos días por la Contraloría General de la República contra figuras de la oposición venezolana parece confirmar la estrategia política: el gobierno de Nicolás Maduro se dispone a vender cara una eventual derrota en las venideras elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y para ello ha sembrado de obstáculos el camino de quienes se oponen en las urnas al régimen.
De acuerdo con los estudios de opinión, el gobierno de Maduro muestra en la actualidad niveles muy bajos de aceptación. Las candidaturas parlamentarias del chavismo no terminan de arrancar, mientras la intención de voto a favor de la oposición supera en 15% al oficialismo. Todo esto configura una situación que, aún sujeta a cambios, no tiene antecedentes en los 16 años de revolución: el régimen parece condenado a un descalabro electoral.
Como reacción, Maduro parece dispuesto a hacer valer el férreo control que el chavismo mantiene sobre todos los poderes del Estado. A la tradicional ventaja de que dispone en campañas electorales —sobre todo, el uso de medios de comunicación y la inversión masiva de fondos del Estados—, en esta ocasión el autodenominado bolivarianismo activa los resortes institucionales para sembrar de obstáculos la participación opositora en las elecciones.
La intención se ha hecho clara en las últimas semanas. Como fichas de dominó, varios dirigentes de la oposición han sido objeto de medidas de inhabilitación para desempeñar cargos públicos. La seguidilla ya empezó el 6 de julio con el exalcalde de San Cristóbal (estado de Táchira), Daniel Ceballos, actualmente preso en la sede de la policía política y sobre quien ya había recaído una medida de inhabilitación por un año, extinguida en marzo pasado.
Luego siguieron la exdiputada y exprecandidata presidencial María Corina Machado y el exalcalde Enzo Scarano, ambos incluidos en las listas de candidatos opositores por los estados de Miranda y Carabobo, respectivamente, castigados también por un año. El ciclo de inhabilitaciones se completó, por ahora, con la suspensión por 10 años para ejercer cargos públicos para Pablo Pérez, exgobernador del estado de Zulia y candidato a diputado por esa jurisdicción.
La Contraloría echa mano a pretextos prefabricados para aplicar las sanciones. En el caso de Machado, por ejemplo, el contralador Manuel Galindo Ballesteros adujo que, cuando era diputada, su declaración patrimonial no incluyó ingresos como prestaciones sociales y bonos. En el caso de Scarano, el ente oficial dijo que el exalcalde presentó tarde su declaración patrimonial; en la fecha establecida para ello, Scarano se hallaba incomunicado en prisión.
Galindo Ballesteros es un abogado leal a la pareja presidencial. En la Asamblea Nacional, bajo las presidencias consecutivas de los entonces diputados Nicolás Maduro (2005-06) y Cilia Flores (2006-2011), sirvió como funcionario. Cuando Flores, hoy primera dama, se desempeñó como Procuradora General de la República (2012-13), Galindo fue su segundo a bordo. Hasta este viernes, día de la sanción contra Pablo Pérez, un hermano de Flores, Giusón Flores, era el subcontralador de la República.
Scarano ya adelantó que apelará la medida. Mientras, Machado anunció por su parte que, a pesar de la sanción, presentará su candidatura al parlamento.
El 1 de julio, otro organismo controlado desde el Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), dio a conocer un nuevo reglamento para las elecciones parlamentarias, donde se prevé la obligatoriedad de una composición paritaria de género en las listas de candidatos.
El nuevo mandato significó una contrariedad para la oposición, que había conseguido ya conformar unas planchas de unidad para todos los circuitos después de un proceso de primarias y de negociaciones nada exentas de conflicto. Esas planchas presentan una proporción de apenas una candidata por cada siete postulados masculinos.
“Va a haber iniciativas en las calles de respaldo a nuestros candidatos y de rechazo a la inhabilitación”, avisó el secretario general de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en respuesta a las sanciones oficiales. Mientras, el sector opositor no termina de definir si se presentará a los comicios con una tarjeta única.
