OVV Sucre

Se evidencia un notable incremento de esta forma de violencia al compararlo con el mismo período de 2021

En el estado Sucre se registraron 11 casos de violencia autoinfligida en el período comprendido entre enero y agosto de 2022, de acuerdo al monitoreo de prensa realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia en el estado Sucre (OVV Sucre).

Al compararlo con el mismo período de 2021 cuando fue confirmado un caso, se evidencia un notable incremento de esta forma de violencia.

Los meses con mayor registro de suicidios fueron junio y julio con tres casos respectivamente, marzo con dos, febrero, abril y mayo con un caso cada mes. Mientras que en enero y agosto el Observatorio de Prensa del OVV Sucre, no tuvo registros.

Sobre las víctimas del periodo enero-agosto, fue posible conocer que nueve pertenecían al sexo masculino y 02 al femenino. Mientras que las edades estaban comprendidas entre los 30 y 64 años.

Los municipios con mayor incidencia de casos fueron Sucre (Cumaná), con cinco casos, Bermúdez (Carúpano) con cuatro, Mejía (San Antonio del Golfo) y Montes (Cumanacoa), con un caso cada jurisdicción.

Históricamente en el estado Sucre los suicidios pocas veces son reseñados por los medios de comunicación, motivo por el cual sin duda, la ocurrencia de este tipo de hechos podría ser mayor.

“Las razones podrían estar asociadas a un tema de pudor y respeto con las víctimas pero muy especialmente con los familiares, así como temor a que este tipo de situaciones se conviertan en una constante para la sociedad” indicó Carmen Julia Amundarain, coordinadora del OVV Sucre.

Al cierre de 2021 el Observatorio de Prensa del OVV Sucre documentó cinco casos mientras que, el año anterior, (2020) el promedio, fue de un caso cada mes con diferentes factores de riesgo y distintas motivaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), evidencia que los suicidios y los intentos de suicidio, tienen un efecto dominó que afecta no solo a las personas, sino también a las familias, las comunidades y sociedades, y que -algunos- de los factores de riesgo asociados al suicidio (pérdida laboral o financiera, traumas o abusos, trastornos mentales y por uso de sustancias, y las barreras para acceder a la atención médica), se han ampliado aún más por la llegada del Covid-19.

Sin embargo, al consultar al psiquiatra Carlos Tineo, acerca de las razones por las cuales hay un aumento de este tipo de violencia en la entidad oriental, aseguró que pudieran estar asociadas a las consecuencias de la pandemia. Subrayó, que antes del Covid-19, Venezuela ya sufría las consecuencias de una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que afecta a todos los sectores de la sociedad y tiene repercusiones en la salud mental de la población.

 “El tema de la violencia es sumamente complejo y multifactorial, hay factores genéticos que pueden influir, alteraciones emocionales y hormonales pero luego los factores externos como las vivencias, el modelo social, calidad de vida y acceso a servicios. Es decir, toda esas multiplicidad de factores afectan a toda la sociedad” dijo el experto.

El Informe Nacional de Violencia Autoinfligida 2021, desarrollado por el equipo de investigación del OVV, señala que gobiernos deben implementar políticas de prevención del suicidio para prevenirlo, además de sensibilizar sobre la importancia de la salud mental y el suicidio, y reducir el estigma así como capacitar sobre la prevención del suicidio a los miembros de la comunidad, incluidos los profesionales de la salud, los educadores y los periodistas.

Las edades comprendidas van entre los 19 y 38 años

De las 28 muertes violentas reseñadas en el estado Sucre durante el periodo enero-abril de 2022, 12 fueron Muertes por Intervención Policial (MIP). En  uno de los casos conocido por la sociedad, fue confirmado el uso excesivo de la fuerza, de acuerdo al monitoreo de prensa realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre).

En ese sentido, Carmen Julia Amundarain, coordinadora del OVV Sucre se refirió a la muerte de Daniel Alejandro Lezama Ramírez de 20 años, quien fue ejecutado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), durante un hecho ocurrido en un restaurante de Carúpano, municipio Bermúdez de la entidad oriental.

Tras la publicación de un video captado por las cámaras de seguridad del restaurante, seis funcionarios fueron detenidos y pasados a la Fiscalía del Ministerio Público, por simular un robo frustrado.

Sin embargo, la imputación de cinco de los uniformados fue confirmada el 10 de abril por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de su cuenta en Twitter, donde señaló que fueron inculpados por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, así como uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.

Familiares del joven Lezama exigieron justicia para que el caso no quede impune y rechazaron que los funcionarios involucrados, hayan pretendido alterar el hecho.

“A mi hijo no le dieron opción a nada. Él era un joven sano y trabajador pero le quitaron la vida de una manera cruel”, declaró la madre del joven a los medios de comunicación.

Sobre el caso, además de instituciones y representantes oficiales, también hubo pronunciamiento de organizaciones no gubernamentales como la Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui, con extensión en Sucre, Monagas y Nueva Esparta, que consideró que “el caso evidencia el atropello judicial a los ciudadanos y la vulneración del derecho a la vida por parte de los organismos del Estado”, de acuerdo a la publicación realizada en una nota de prensa de la institución.

Precisamente, el organismo de seguridad que tuvo mayor participación en las MIP registradas entre los meses de enero y abril por el OVV Sucre, fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que estuvo involucrado en cinco de los 10 casos monitoreados, mientras que el Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre  (IAPES), así como la policía municipal, tuvieron participación en dos casos cada uno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en un hecho.

“En total fueron 12 víctimas de MIP, todas pertenecientes al sexo masculino, con edades comprendidas entre los 19 y 38 años, lo cual evidencia la afectación de hombres en edades productivas y ocho de los casos eran personas, catalogadas por los cuerpos de seguridad del Estado como presuntos delincuentes” explicó Carmen Julia Amundarain, coordinadora del OVV Sucre.

En ese sentido, expresó que dicha presunción no debe ser argumento para cometer abusos de autoridad en medio de los hechos reseñados de manera oficial, como enfrentamientos con los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad del estado.

“En la institución hemos insistido en la necesidad de que el Estado sea garante de la justicia y se actúe a través de las investigaciones de rigor, para evitar la impunidad, al tiempo que se establezcan planes de atención que garanticen la reinserción de estas personas a la sociedad y que la solución no sea acabar con sus vidas” agregó Amundarain.

Víctimas de delitos

En el balance realizado por el equipo de investigación el mes más violento fue febrero con 13 sucesos registrados, seguido de enero con 10 casos, abril con seis y marzo con cinco hechos.

En torno a los 24 delitos monitoreados, 16 de los casos ocurridos entre enero y abril fueron registrados como homicidio intencional, siete fueron tentativas del mismo y un robo. En 10 hechos, las razones no fueron precisadas.

Sobre los casos de homicidio intencional, el tipo de muerte ocurrida estuvo marcado por 15 asesinatos, mientras que seis casos fueron agresión grave mortal y un homicidio voluntario.

En el contexto situacional de los homicidios y agresiones, siete hechos estuvieron relacionados con robos, siete con otras formas de homicidio interpersonal, cuatro con pandillas, dos con grupos delictivos organizados, dos con parejas u otro familiar y uno durante la comisión de otro delito.

“Respecto la información de las víctimas, 23 pertenecían al sexo masculino y dos al femenino con edades comprendidas entre los 24 y 54 años” detalló Amundarain.

En el resumen del cuatrimestre, el OVV Sucre identificó que el tipo de arma más utilizada fue la de fuego en 15 de los casos, siete fueron objetos cortantes y dos la fuerza física.

Mientras que cinco de los casos fueron cometidos por delincuencia común, dos fueron grupos armados irregulares y un funcionario policial.

Las motivaciones de los hechos delictivos distintos a homicidio y agresiones estuvieron relacionadas con ajuste de cuentas en 13 de los casos registrados por el OVV Sucre, seis por prejuicios, dos basado en género y uno por conflicto interpersonal y problema interpersonal, respectivamente.

“El panorama de la violencia e inseguridad en el estado Sucre durante el primer cuatrimestre de 2022, evidencia que se mantiene la incidencia de la acción delictiva para cometer ajuste de cuentas y ejercer el control territorial de la entidad con lo cual se hace imperiosa no solo la garantía de seguridad ciudadana por parte de los cuerpos de seguridad del estado sino la defensa de los derechos humanos de toda la población” añadió la Coordinadora del OVV Sucre.

Tiene una tasa de 61 muertes violentas y 31 homicidios por cada 100 mil habitantes

Durante el año 2019, Sucre fue el sexto estado más violento del país, de acuerdo al Informe Anual presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Con una tasa de 61 muertes violentas y 31 homicidios por cada 100 mil habitantes, la entidad oriental se ubicó detrás de Miranda, Bolívar, Aragua, Distrito Capital y Guárico.

El coordinador del OVV Sucre, Jesús Subero, indicó que los resultados no son alentadores frente a la emergencia humanitaria compleja que compromete el desarrollo del país, pues la criminalidad se ha adaptado a las oportunidades que le ofrece el  empeoramiento de las condiciones de vida de la sociedad.

De acuerdo al Informe Anual del OVV, Sucre se encuentra entre las diez entidades más violentas del país “en la lista decreciente de altas tasas, junto a territorios que no lo fueron históricamente como Amazonas, Cojedes y Delta Amacuro, y que expresan los procesos de ruralización de la violencia y los cambios en las oportunidades del delito con las rutas del tráfico de drogas y la minería ilegal que han modificado la geografía de la violencia”.

En la tasa del estado Sucre, el municipio Cajigal (Yaguaraparo) fue el más violento con 184 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, seguido de Valdez (Güiria) con 151 y Mariño (Irapa) con 143. Mientras Andrés Eloy Blanco (Casanay) registró 104 muertes, Cruz Salmerón Acosta (Araya) 68, Montes (Cumanacoa) 65 y Sucre (Cumaná) 53.

En ese sentido, Subero refirió que 90% de las víctimas pertenecían al sexo masculino y 87% tenían edades comprendidas entre los 15 y 39 años, con lo cual, la violencia e inseguridad compromete el desarrollo de hombres jóvenes en edades productivas.

En cuanto al horario en que se cometieron los delitos, el monitoreo arrojó que 70% de los sucesos ocurrieron durante la semana, 53% en horas del día y 84% ocurrieron en la calle, mientras 8% se registraron en la casa de la víctima.

La situación de violencia e inseguridad en el estado Sucre ha propiciado la presencia de una red delincuencial o circuito criminal, que tiene su ámbito de operaciones en la troncal nueve (desde Puerto La Cruz hasta Güiria) y 10 (Cariaco-Maturín-hasta Santa Elena de Uairén en el estado Bolívar).

Las actividades criminales que se desarrollan en estos dos corredores viales tienen como norte el interés de desplazarse hacia la zona del Golfo de Paria en los municipios Valdez, Arismendi, Mariño, Cajigal y Libertador, en los cuales se ha fortalecido el comercio ilegal de contrabando de drogas, oro cobre gasoil y trata de personas, que tienen como objetivo su traslado hacia las islas del Caribe.

Letalidad policial

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Venezuela vive una epidemia de violencia policial, porque las muertes por homicidios duplican la tasa de diez víctimas por cada 100 mil habitantes y así lo refleja el Informe Anual del OVV.

“La epidemia de violencia policial se ha expandido por todo el territorio nacional. Las prácticas de letalidad en la actuación policial dejaron de ser un hecho aislado, propio del abuso de un funcionario, o un problema que sólo se asociaba a determinado cuerpo de policía: al parecer, fueron asumidas como política o pauta de la actuación policial”, precisó el informe.

En el estado Sucre las acciones de letalidad policial han dejado cicatrices que la sociedad no olvidará, como consecuencia de la aplicación de programas de seguridad nacional por parte del régimen durante los últimos 20 años, aunado a los abusos implementados como mecanismos de exterminio de la delincuencia que se ha fortalecido para controlar pueblos y caseríos, que en otrora eran considerados tranquilos.

En 62% de los sucesos el victimario era desconocido y 29% perteneció a un cuerpo de seguridad. Mientras el móvil fue, en 27% de los casos, por resistencia a la autoridad y 24% por ajuste de cuentas. 84% de los delitos fueron cometidos con armas de fuego.

La desinformación ha sido un factor clave para los abusos de autoridad cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, pues familiares de las víctimas no cuentan con prensa escrita en la entidad sucrense para denunciar públicamente los hechos y el panorama ha sido propicio para la manipulación por parte de las autoridades gubernamentales.

Los casos de ajusticiamiento y letalidad policial en territorio sucrense se han convertido en una constante difícil de documentar por los factores mencionados, así como por las dificultades de comunicación que retrasan el desarrollo de la entidad y son aprovechados por la delincuencia que se ha desplazado desde el interior del país para utilizar las poblaciones sucrenses como refugio y ejercer el control del territorio para el fortalecimiento de delitos como el tráfico de drogas, combustible, personas y rubros como el cacao.

Durante 2019, el OVV Sucre documentó casos de letalidad policial a través del testimonio de familiares de víctimas como parte de una serie de entrevistas y grupos focales que permitieron recopilar y confirmar la situación que se intensificó en julio de 2019 con la entrada de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) a la entidad y que, además, es monitoreada mensualmente por la institución a través del Observatorio de Prensa.

Con ello, el coordinador del OVV Sucre destacó la labor académica realizada por el OVV en ocho entidades del país, dentro de las cuales destaca Sucre a través de la Dirección de Cultura y Extensión de la Universidad de Oriente (UDO), “para vencer dieciséis años consecutivos de censura sistemática de la estadística oficial, manejo oscuro de los archivos criminales y las arbitrarias o inexistentes definiciones de la metadata”.

OCHENTA Y NUEVE PERSONAS FUERON VÍCTIMAS DE HOMICIDIO en el estado Sucre durante los meses de agosto, septiembre y octubre, de acuerdo al registro de casos realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia, OVV Sucre.

“En la entidad se registraron 96 hechos de violencia que arrojaron un total de 121 víctimas, con 89 asesinatos y 32 tentativas de asesinato” indicó Jesús Subero, coordinador del OVV Sucre.

Precisamente del análisis de casos se desprendió que el homicidio se mantuvo como el delito más grave con 62,26% de los casos y las tentativas con 20,8% de los hechos.

El representante de la institución que lleva adelante el monitoreo de inseguridad y violencia en la entidad oriental, precisó que 27,7% de las edades de las víctimas se ubicaron entre 25 y 29 años, seguido del 25,24% con edades comprendidas entre 20 y 24 años, mientras que 17,6% eran jóvenes entre 15 y 19 años de edad.

“Los casos de violencia delincuencial acaban con la vida de personas en edades productivas comprendidas entre los 15 y 29 años, factor que también repercute en el desarrollo social y económico de la población sucrense”, indicó Subero.

El horario de registro de casos, arrojó que la mayoría de los hechos violentos ocurrieron durante los días de semana en horas de la noche con 30,6%, seguido de los días de semana en el día con 29,2%, mientras que los fines de semana en el día ocurrieron 22,4 % de los sucesos y 16,2% los fines de semana en horario nocturno.

En ese sentido los datos del Observatorio de Prensa del OVV Sucre, indican que el 78,5% de los sucesos durante el periodo comprendido entre los meses de agosto y octubre, ocurrieron en la calle, mientras que el 21,5% se registró en el lugar de residencia de las víctimas.

La violencia delincuencial se mantuvo adelante con 61,3% de los casos, mientras que los abusos policiales se ubican en 28,4% de los casos y el arma de fuego fue la más utilizada en 84,2% de los hechos de violencia.
Sin embargo, el 28,4% de las muertes violentas ocurrieron por resistencia a la autoridad y 23,9% por ajuste de cuentas.

Poca o nula es la información que se obtiene de fuentes oficiales en torno al desarrollo y desenlace de las averiguaciones sobre los hechos de violencia en la entidad sucrense y en consecuencia, el 60,7 % de los delitos fueron cometidos por sujetos desconocidos.

En ese sentido el coordinador del OVV Sucre, también se refirió a la falta de información oficial y datos precisos en torno a la masacre ocurrida en las parroquias San Juan de las Galdonas y San Juan de Unare (municipio Arismendi del estado Sucre), registrada durante los días 25 y 26 de septiembre y que dejó en evidencia la pérdida del control del territorio por parte del Estado venezolano, “porque desde hace más de 10 años hay un dominio delictivo del espacio geográfico y social por mar y tierra” enfatizó Subero.

“LA VIOLENCIA DELINCUENCIAL ha penetrado territorios con tradición pesquera, turística y agrícola en el estado Sucre durante los últimos 15 años”, así lo señaló el coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Sucre, Jesús Subero, durante la presentación de la ponencia “Violencia y Territorios Delictivos en el estado Sucre”; presentada en la sala de postgrados de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.

La participación sucrense se logró en atención a la invitación realizada por el OVV Región Capital, coordinado por Iris Rosas, al Foro “Impacto de la Violencia en el Territorio y Ciudadanía”, el cual contó con la bienvenida, a cargo del decano de la facultad de arquitectura y urbanismo de la UCV Gustavo Izaguirre, así como el coordinador del OVV Lara Carlos Melendez, quien formó parte del panel de especialistas, junto a la representante nacional del OVV Gloria Perdomo.

Subero indicó que el estado Sucre se ubicó en el séptimo lugar de homicidios en todo el país en 2017, al reportar 81 muertes violentas por cada 100 mil habitantes de acuerdo al estudio realizado por el OVV Sucre.

En el análisis histórico, destacó el movimiento migratorio de las bandas delincuenciales, que operaban en el centro del país, las cuales realizaban desplazamientos hacia el oriente para evadir la captura de los cuerpos de seguridad del Estado, pero en la actualidad, se han convertido en bandas delictivas que controlan cada uno de los 15 municipios.

Como consecuencia de esta situación, delitos como la piratería de mar han evolucionado para alterar los horarios de faena en las penínsulas de Paria, con marcada organización criminal y en Araya, donde se producen enfrentamientos entre la población que habita en extrema pobreza.

Los piratas no sólo se roban los motores y enseres de pesca prácticamente a diario, sino que también cometen homicidios en la noche y madrugada, razón por la que los pescadores se han limitado a cumplir sus faenas a plena luz del día y más cerca de la costa, con graves consecuencias como el empobrecimiento productivo, familiar y social; debido a la limitada oferta para el consumo de la población.

“Las condiciones costeras fronterizas, sumadas al poco control de las autoridades responsables de la vigilancia de ambas penínsulas, han facilitado la incidencia delictiva y criminal como un hecho común para sus pobladores, es decir, la acción de los cuerpos de seguridad marítima se ha limitado al patrullaje en lanchas y un helicóptero que sobre vuela hasta el lugar donde alcance el combustible” añadió el coordinador del OVV Sucre.

Por otra parte, dentro del análisis de las nuevas formas de violencia, Subero se refirió a los constantes asaltos en carreteras como un hecho común en todos los accesos del estado Sucre, pero mayormente en la troncal 9 de la carretera nacional (desde Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui, hasta Güiria en Sucre).

Son constantes las manifestaciones en reclamo a los alimentos y medicinas, debido a la crisis humanitaria del país, pero sobre todo, por la escasez de tratamiento para enfermedades como el paludismo. Sin embargo, los delincuentes han aprovechado la oportunidad para saquear vehículos particulares, camiones de carga alimenticia y comercial a cualquier hora del día, con mayor énfasis en el eje costero Cumaná –Arapo- Puerto La Cruz y el sector Muelle de Cariaco en el municipio Ribero.

“Esta situación ha facilitado el crecimiento de la violencia en Cumaná, (primera ciudad fundada en el Continente americano hace 502 años) y otras poblaciones como Carúpano, Araya y Güiria e inclusive, en poblados como Cumanacoa, Cariaco, Casanay y Santa Fe, con la presencia de grupos armados dedicados a la ejecución de acciones delincuenciales y criminales, entre las que se destaca el homicidio, el atraco, la extorsión y el secuestro” detalló el Coordinador.

La ocurrencia de este tipo de sucesos ha afectado de manera considerable, el desarrollo turístico y se evidencia en los atracos registrados en balnearios y playas como Arapo, Arapito, Araya, entre otras, además en casas de playa y posadas.

Ante este panorama Subero puso de manifiesto la necesidad de establecer políticas de seguridad y prevención social, orientadas de manera adecuadas a la búsqueda de controlar la acción violenta y delictiva, para el rescate de la idiosincrasia y tranquilidad ciudadana en espacios públicos.