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Claves | Venezuela cierra el 2023 con menos muertes violentas, pero hay mayor opacidad
OVV: durante el 2023 la prensa y las ONG registraron 6.973 muertes violentas, un 25,56 % menos que en 2022
Después de varios años, otro país de Suramérica supera a Venezuela en cifras de violencia: Ecuador registró en 2023 más de 7.600 muertes violentas
Según los datos del Observatorio Venezolano de la Violencia, durante cada día del 2023 hubo 7 casos de suicidio, 6 de homicidios y 4 de desapariciones. Denuncian que la violencia de género aún mantiene cifras opacas
La sociedad civil venezolana advierte que en tres municipios del estado Bolívar se ha concentrado la mayor cantidad de muertes violentas. La minería ilegal y la brutalidad por parte de los organismos armados para estatales se ha normalizado en la zona y encubre las cifras verdaderas

Foto: EFE

El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) presentó su informe anual para el 2023. De acuerdo con los datos recopilados de la ONG a través de los medios de comunicación y más de 15 equipos de investigación, en el país hubo 1.956 asesinatos durante el año, un 15,9 % menos que en 2022

La ONG denunció que desde el año 2005 el Estado no brinda información sobre la violencia y la justicia en Venezuela. Sin embargo, algunas tendencias sobre la violencia hacia la juventud venezolana se mantiene en los registros de la sociedad civil en los últimos 10 años: el 66 % de las víctimas de homicidio en 2023 tienen un rango de edad entre los 15 y los 44 años.

El director del OVV, Roberto Briceño-León afirmó que, si bien la tasa de muertes violentas ha bajado comparado con el periodo de los años 2013 y 2018, «aún no encontramos en un gran problema de seguridad y salud pública».

La pandemia del covid-19, la emergencia humanitaria compleja venezolana y el incremento de la influencia de los grupos criminales como el Tren de Aragua está reconfigurando el resigtro de la violencia en el país

En Runrun.es presentaremos las siguientes siete claves para resumir los datos presentados por el Observatorio Venezolano de la Violencia

Seguimos bajo una «epidemia de la violencia»

Los homicidios confirmados representaron el 28,05 % de las muertes violentas en el país durante el 2023. La ONG estimó que hay otros 4.064 casos que están bajo «averiguación», personas que han fallecido y la justicia o no ha investigado el caso o no ha dado una sentencia firme sobre la naturaleza «accidental» del deceso.

En total, el OVV registrpo un total de 6.973 de muertes violentas registradas en el país, donde el 58,28 % están bajo averiguación y otros 953 casos son de personas que perdieron la vida a manos de los cuerpos de seguridad venezolanos. 

La tasa de homicidio se ubica en 7,5 por cada 100.000 habitantes si se cuentan los casos confirmados. Mientras tanto, la tasa de las muertes violentas global se ubicó en 26,8 a nivel nacional, casi nueve puntos por debajo que en 2022.

«En años anteriores había meses que tenían una mayor presencia de violencia, este año vemos que hay una cierta homogeneización a lo largo de 12 meses, lo cual lo interpretamos como una estabilización de los eventos en una fase de violencia crónica que se ha ido instalando en el país», dijo el director del OVV en una rueda de prensa digital.

OVV.-Info1.-Top-5-estados-con-mayor-tasa-de-muertes-violentas-en-2023

La ONG advirtió que la tasa sigue siendo muy alta, manifestando una «epidemia de la violencia, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud», donde se establece que una tasa de 10 o más homicidios por cada 100.000 habitantes «es una característica de la violencia endémica».

La policía quiso igualarse con la delincuencia

Briceño-León enfatizó que en 37 de los 335 municipios del país las muertes por intervención policial fueron mayores que los homicidios, como en el caso de la localidad caraqueña de Baruta. Solo en el primer semestre del año se registraron 355 ejecuciones extrajudiciales por cuerpos de seguridad en el país, según la ONG Lupa por La Vida

«En el estado Carabobo las muertes por intervención policial superaron a las víctimas de la delincuencia (con 131 casos), y en los estados Miranda y Aragua las magnitudes de ambas categorías fueron
similares (con 227 y 100 víctimas, respectivamente)», se lee en el informe.

OVV.-Info2.-Top-5-de-estados-con-mayores-ejecuciones-extrajudiciales-en-2023

Bolívar: la normalización de la violencia

Los tres municipios más violentos este año se encuentran en el estado Bolívar: El Callao, Sifontes y Roscio. Solo en ese espacio geográfico se datan 202 muertes violentas.

La abogada Eumelis Moya, coordinadora de la oficina del Centro de Derechos Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello y miembro del OVV, describió que los actos de violencia letales y la eslcavitud moderna se han «normalizado» entre los pobladores debido a la presencia de los grupos criminales ligados al Arco Minero del Orinoco.  

«Estos grupos han suplido funciones que son competencia expresa del Estado: han reparado plantas eléctricas, (…) han creado rutas de transporte para los niños que hacen vida en las minas para que puedan asistir a las escuelas, entregan a los docentes las “bolsas mineras” —compuesta de alimentos no perecederos— (…). Y, ciertamente, cuando se producen castigos, las personas lo asumen como la consecuencia natural de no haberse plegado a las condiciones que establecen estos grupos. En función de eso, no hay denuncias constantes o permanentes sobre situacione de violencias», especificó Moya.

El director de la OVV agregó que una de las hipótesis es que ya la opacidad en Venezuela sobre la violencia de grupos como El Tren de Aragua vienen desde los «convenios» con funcionarios del Estado para «tapar» los delitos. 

Aumentan las desapariciones

Durante la rueda de prensa digital, el director del OVV especificó que hubo 1.443 casos de desapariciones reportadas en el país. Existió un aumento del 5,3 % comparado con el año 2022.

Los estados con mayor número de reportes fueron Distrito Capital (con 348 casos o el 15 % del total), Miranda (con 183 reportes) y Bolívar (con 163). La tasa nacional se ubicó en los 5,5 víctimas por cada 100.000 habitantes.

Además, indicaron que el estado Amazonas es donde se está elevando el número de casos de desapariciones forzadas debido a la minería ilegal. 

«El panorama de las desapariciones es compleja, porque aún no podemos discernir si es por la participación directa de las bandas criminales, como ocurre en México actualmente, o es una práctica del Estado, como ocurrió con la dictadura Argentina en la década de 1980, o ambas», afirmó Briceño-León. 

El silencio del femicidio

Si bien el 88,4 % de las víctimas de las muertes violentas y el 98,6 % de las víctimas por intervención policial se identificaban como hombres, el Estado no ha sistematizado los datos sobre la violencia de género

La información sobre la violencia letal de género se registra exclusivamente en la sociedad civil venezolana. El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) ha documentado desde enero hasta septiembre del 2023 cerca de 201 femicidios consumados, mientras que en 2022 hubo 282 durante todo ese año. Mientras tanto, el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ informó de 4 asesinatos a mujeres trans en 2023.

«Buena parte de esta violencia no es conocida, no es registrada, ni siquiera es denunciada, informada, porque no hay confianza al respecto ante las instituciones públicas y en consecuencia no están en registros oficiales», dijo Gloria Perdomo, directora de la Fundación Luz y Vida y coordinadora del OVV. 

El observatorio destacó que la violencia no letal es la más recurrente en la población femenina. Cerca del 96 % de las víctimas de abuso sexual y violaciones en Venezuela son mujeres. Al menos 171 adolescentes mujeres víctimas de violación y otras agresiones sexuales y otros 153 niños y niñas son víctimas de estos delitos (y de ese grupo, el 89 % son menores de 12 años).

Perdomo resaltó que el Estado ni siquiera comunica dónde se comenten estos delitos. «Sencillamente estamos trabajando a ciegas en materia de programas, acción, prevención y protección. Es una necesidad enseñarle a las instituciones públicas a cómo registrar adecuadamente estos casos», dijo.

El suicidio superó a los homicidios confirmados

A partir de los datos del OVV se puede calcular que se registraban 6 homicidios cada día del 2023, pero hubo 7 casos de suicidio en el mismo periodo. Gustavo Páez, geógrafo especialista en análisis demográfico y coordinador del OVV en Mérida, advirtió que se registraron 2.358 casos de violencia autoinflingida letal

La tasa de suicidios nacional se ubicó en 8,2 víctimas por cada 100.000 habitantes, un aumento del 6,5 % comparado con el año 2022. Los casos se localizaron en su mayoría en los estados andinos —Mérida, Táchira y Trujillo— y en Caracas, mantieniendo la tendencia histórica nacional.

Mientras tanto, la tasa de suicidios en Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta y de otros 14 estados del país aumentaron. 

OVV.-Info3.-Top-5-estados-con-mayor-tasa-de-suicidios-en-2023

Para Páez, los detonantes más destacados es la precarización de la economía y de la salud mental y física en Venezuela desde el año 2015.

«La emergencia humanitaria compleja presiste en la actualidad, solo que con matices diferentes y particularidades», dijo Páez. «Mientras no acontezcan en el país los cambios estructurales económicos, políticos e institucionales, en tanto no se pongan en práctica las políticas públicas en materia de prevención de la violencia autoinflingida, el comportamiento suicida continuará siendo un problema de salud pública y de preocupación en el país».

Venezuela ya no es el país más violento de América Latina

«Aunque observamos una reducción importante en las cifras de las tasas de muertes violentas en el país, la tasa que tenemos a nivel nacional es superior a la de países tradicionalmente violentos, como México, Colombia y Brasil, siendo la tasa de Venezuela solo superada por Ecuador y Honduras, que serían los países que encabezarían las cifras en la región», advirtió el director del OVV.

Ecuador se conorará este 2023 como el país de Latino América con mayor cantidad de muertes violentas, con un registro de 7.607 homicidios entre enero y octubre, según el Ministerio del Interior de ese país y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado

Para la ONG, las causas de la reducción de la violencia en Venezuela aún no se puede precisar, debido a que el Estado no ha brindado información demográfica desde el año 2011: la migración de los jóvenes podría significar la reconfiguración de las oportunidades del crimen.

Incluso, afirmaron que no se puede precisar con exactitud la magnitud del desplazamiento interno o externo debido a la violencia, aunque la OVV hizo una encuesta y el 22 % de los participantes aseguraron que se han tenido que mudar por estos motivos

Pese a la reducción de la violencia delictiva y policial, el 43 % de los participantes encuestados afirmaron que la situación de violencia en el país se mantiene igual, mientras que el 35 % señaló que ha aumentado.

Cada cuatro días ocurre un suicidio o un intento de suicidio en la región andina
Las cifras son consecuencia de factores como la pobreza, desempleo, pésima calidad de los servicios públicos, falta de atención medica y la migración

@Luciapietf

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA)  registró 43 suicidios y 28 intentos de suicidio entre enero y el 10 de septiembre de este año en la región andina, conformada por Mérida, Táchira y Trujillo, lo que se traduce en una ocurrencia promedio de cada cuatro días, de acuerdo a la información publicada en sus redes sociales. 

El estado con mayor cantidad de casos es Mérida, con 33 suicidios y 25 intentos. Le siguió Táchira con siete suicidios y dos intentos y, por último, Trujillo, con siete suicidios y un intento, según datos recabados por la institución mediante monitoreos en redes sociales, páginas web de periodistas, medios de comunicación y, en menor medida, información de los cuerpos de seguridad de la región, debido a la ausencia de datos oficiales emitidos por entes públicos.

«La falta de información pública impide contar con estadísticas oficiales, situación que genera márgenes de error y diferencias en los registros que hacen distintas organizaciones no gubernamentales», aclararon. 

El observatorio advirtió que estas cifras son consecuencia de factores como la pobreza, desempleo, pésima calidad de los servicios públicos, falta de atención medica y la migración, situaciones que aumentan el riesgo de cometer un suicidio.

En un estudio reciente, la ODH-ULA concluyó  que mejorar la calidad de vida y facilitar el acceso a servicios de salud eficientes para la población puede reducir las tasas de mortalidad por suicidio. 

Declara que es responsabilidad del Estado prevenir este suceso y exhorta a las autoridades a atender de manera urgente las causas de riesgo mediante políticas públicas adecuadas «lo cual requiere de una verdadera voluntad política para tomar acciones que permitan al país superar la Emergencia Humanitaria Compleja que viene atravesando desde hace varios años». 

El primer lugar

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) contabilizó 2.173 muertes por suicidio durante el 2022, según su informe sobre violencia autoinfligida, donde Mérida también fue la entidad con mayor mayor cantidad de acontecimientos, con una tasa de 8,3 suicidios por cada 100 mil habitantes.

El documento indicó que el ahorcamiento, dispararse con un arma de fuego y el envenenamiento fueron los métodos más empleados por las personas para atentar contra su vida.

 

OVV: Familiares de desaparecidos en naufragios temen vinculación con trata de personas
Miembros del comité de familiares aseguran que el Ministerio Público ha llevado las averiguaciones «a destiempo, de forma negligente y precaria»

 

Familiares de personas desaparecidas en embarcaciones de Venezuela, algunos de los cuales zarparon hace años y no volvieron a establecer comunicación, temen que estos casos estén vinculados con la trata de personas, un delito que está en auge en el país, por lo que les pidieron este sábado a las autoridades investigar esta posibilidad.

Según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en los últimos cinco años han desaparecido 150 migrantes en altamar, cuando intentaban dejar Venezuela a bordo de embarcaciones rudimentarias para buscar mejores oportunidades y salir de la crisis económica que vive el país.

Solo en el estado Falcón, limítrofe por el mar Caribe con las islas neerlandesas de Aruba, Bonaire y Curazao, 32 personas desaparecieron en embarcaciones y, según el Comité Nacional de Víctimas de las Desapariciones Forzadas en las Costas de Venezuela (Confavit), hay «indicios» para presumir que estos hechos guardan relación con el delito de trata.

«Nuestros familiares son víctimas de bandas de trata de personas», dijo el presidente de Confavit, Jhonny Romero, citado en una nota de prensa del OVV, en la que también se denuncia la falta de «voluntad institucional del Gobierno para investigar estos delitos», por lo que los familiares de los desaparecidos «lo están haciendo por su cuenta».

Miembros del comité de familiares aseguran que el Ministerio Público ha llevado las averiguaciones «a destiempo, de forma negligente y precaria».

En 2022, reportaron al menos ocho personas desaparecidas luego de que las embarcaciones en las que navegaban zozobraran, sin que hasta el momento haya una actualización oficial sobre los operativos de búsqueda.

El aumento de la trata de personas en Venezuela preocupa a las autoridades, a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a agrupaciones de derechos humanos que suman esfuerzos contra este flagelo en el país.

Según la ONG Mulier Venezuela, un total de 1.390 venezolanas fueron rescatadas de redes de trata de personas en el año 2022, cuando aumentaron estos casos detectados en varios países, así como las detenciones de implicados por estos hechos.

OVV: extorsiones disminuyeron la producción y desmejoraron la economía en varios estados
Fue el delito de mayor crecimiento en el 2020 y se convirtió en una de las principales fuentes de ingreso de las bandas criminales, después del narcotráfico. 
En Lara, los victimarios son, en su mayoría, funcionario de los cuerpos de seguridad del Estado

@Luciapietf

El aumento de la extorsión en Venezuela como una de las principales fuentes de ingreso para grupos delictivos ha traído miedos, empobrecimiento y cambios en los estilos de vida de las poblaciones afectadas, de acuerdo con lo reportado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su reciente informe «Extorsión como delito en ascenso», presentado el pasado 15 de junio.

Jorge Govea, abogado, profesor universitario y coordinador del OVV en el estado Zulia, expresó que en esa región las prácticas de extorsión vienen desde los años 60 con el inicio de la guerrilla en la frontera colombiana, cuando los ganaderos pagaban «protección» para evitar ser secuestrados. En los años 80 se extendió a las zonas urbanas del Zulia. Para este siglo, el delito se intensificó y visibilizó con más fuerza alrededor del 2018. 

Govea narró que la extorsión es realizada por Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (Gedo) a través de modalidades con distintos matices de intensidad, comenzando por la intimidación mediante panfletos o notas extorsivas dejadas en las puertas del negocio u hogar de la víctima, así como llamadas telefónicas, mensajes de audio y escritos vía Whatsapp. 

Seguidamente, esta el envío de fotos y videos de las propiedades y vivienda del objetivo, la quema de vehículos y embarcaciones y los disparos a propiedades. Por último, mencionó la colocación de artefactos con gases, lanzamiento de explosivos —bombas molotov o granadas— a las fachadas de las propiedades y el envío de coronas mortuorias con inscripciones de «Q.E.P.D» («Que en paz descanse»)

Zulia, según lo dicho por Govea, se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso de bandas y Gedo, después del narcotráfico

Registros en el Zulia

El abogado afirmó que en el año 2021 hubo 55 eventos extorsivos, que representan 8% del total de delitos vinculados con dinámicas de violencia —muertes por intervención policial, abuso sexual, violencia de género, entre otros— en Zulia. Para el 2022, el OVV monitoreó 26 casos reseñados por la prensa, 10 contra la persona y 16 contra la propiedad. Los municipios con más casos fueron Maracaibo (12), Lagunillas (4), Cabimas, Mara  y San Francisco (2), y los establecimientos con mayor afectación fueron los supermercados/tiendas (6) y los bodegones (5). 

En el primer cuatrimestre de 2023, el observatorio contabilizó 13 casos. Govea comentó sobre este año que «la extorsión, en términos de violencia y letalidad, está a otro nivel» e hizo mención a un suceso en febrero, donde «gatilleros» llegaron a una carnicería en Maracaibo y dispararon contra todas las personas en el establecimiento,.  El hecho dejó un muerto. 

El mismo día atacaron un supermercado bajo el mismo modus operandi y cobraron la vida de otra persona, además de dejar varios heridos. 

«En un mes y 18 días, al inicio de 2023, las extorsiones en el Zulia sumaron cinco casos, con cinco muertos y ocho heridos por arma de fuego», declaró.

Victimarios en uniforme

Carlos Meléndez, sociólogo, profesor y coordinador del OVV en Lara, explicó que en esa entidad las extorsiones han tenido a otros protagonistas y victimarios: los productores agrícolas y los funcionarios de seguridad del Estado, respectivamente.

Desde el 2016 en adelante, se evidenció un aumento de la violencia policial en el estado Lara, según la prensa. Tuvo un pico entre 2018 y 2021 por la ampliación del uso desproporcionado de la fuerza por parte de organismos policiales. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) son los cuerpos de seguridad con mayor incidencia de participación en la criminalidad conocida por prensa.

Entre las formas de extorsión captadas, Meléndez describió el cobro de protección a unidades productivas en los sectores agrícolas; amenazas a pequeños o medianos comerciantes por supuesta evasión de regulaciones impuestas por el Estado o por su implicación en presuntos delitos. Los montos de cada caso han ascendido hasta 10 mil dólares para que las víctimas se liberen del calabozo. 

Se suma a esta variable la extorsión a personas con antecedentes penales que tienen medidas otorgadas por el poder judicial, por las cuales los victimarios cobran por el otorgamiento de boletas de excarcelación, traslados, audiencias, entre otros. También están las detenciones arbitrarias a profesionales de la salud por presunto ejercicio ilegal de la profesión y arrestos a presuntos estafadores que terminan en el cobro de dinero para evitar un proceso judicial, con cuotas que pueden llegar a 20 mil y 30 mil dólares. 

Empobrecimiento forzado

En Sucre, las principales víctimas de extorsión son los pescadores, productores de coco, cacao, café y otros productos agrícolas, comerciantes y familias del estado, informó Carmen Amundarain, doctora en patrimonio cultural, profesora universitaria y coordinadora del OVV en la entidad oriental

Según la investigadora, los tipos de extorsión presentes son la amenaza y secuestro exprés, robos y atracos a personas y comercios. Los pescadores de la costa han sido los más afectados, sufriendo robos de embarcaciones o motores en altamar, y el robo de vacunas, donde los pescadores deben dejar parte de su mercancía como pago a los grupos armados. 

La extorsión ha tenido como consecuencia la merma en la producción en el estado y el empobrecimiento de la mayoría de la población, indicó Amundarain. Las denuncias de las víctimas y la información oficial son escasas. «La inseguridad cambia el estilo de vida y rutinas diarias de la población, que siente temor a ser víctima de acciones delictivas», declaró.

El OVV ha monitoreado la entidad mediante el seguimiento de las redes sociales, debido a que el estado Sucre no posee prensa escrita desde el 2018. En mayo de 2022, en Cumaná, una familia fue secuestrada por hombres armados y fueron rescatados por funcionarios de la polcía municipal. En junio del mismo año, la Cámara de Comercio de Cumaná alertó sobre los secuestros exprés y prolongados para robar a los comerciantes o familias en la ciudad. 

En lo que va de 2023, reaparecieron los delitos de secuestro y violencia con mayor intensidad en la Península de Paria (municipios Arismendi , Mariño y Valdez), según Amundarain. En febrero, un grupo delincuencial secuestró a un gerente de comercialización de una empresa productora de cacao y, en el mismo mes, siete personas fueron asesinadas con armas de fuego durante Carnaval por un grupo armado. 

Jorge Govea advirtió que la extorsión ha trastocado la vida social y económica de los habitantes, particularmente los empresarios que manejan dólares americanos, y que en 2020 fue el delito de mayor crecimiento. Uno de los elementos fundamentales del auge de este delito es la dolarización de la economía nacional

ONG piden fortalecer prevención en casos de abuso sexual contra menores
Una investigadora de la Redhnna considera que para prevenir la violencia sexual y basada en género se debe fortalecer el sistema de protección, contar con recursos humanos y económicos, con programas y formación constante

 

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) exhortaron al Estado a fortalecer la prevención para evitar casos de abuso sexual contra menores, tras la presentación de un libro sobre la violencia contra la juventud difundida este 8 de junio.

«El Estado debe enfocarse en la prevención, porque nuestro trabajo como sociedad, como Estado, nuestro trabajo de corresponsabilidad con los niños, niñas y adolescentes debe ser prevenir (…) evitar que sucedan porque daña profundamente sus vidas», indicó Angeyeimar Gil, investigadora de Redhnna, en la presentación del libro «Violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela».

Gil sostuvo que la crisis y la «desestructuración en las familias» provocan que haya más casos de abuso sexual, por lo que cree que se debe impulsar la acción del Estado.

«La educación es una base para nosotros, para poder reconstruir cómo entendemos a la sociedad y cómo nos relacionamos en la sociedad los niños, niñas y adolescentes con los adultos. La educación para una sexualidad integral es un pilar obligatorio», apuntó.

Asimismo, dijo que para prevenir la violencia sexual y basada en género se debe fortalecer el sistema de protección, contar con recursos humanos y económicos, con programas y formación constante.

La investigadora señaló que actualmente el sistema de justicia está en «muy malas condiciones» para poder enfrentar todos los casos de violencia, por lo que llamó a los organismos públicos a trabajar de manera colaborativa para evitar la revictimización.

Nuevas modalidades de trata en estados fronterizos, según el OVV

Matrimonios forzados de adolescentes, el auge de mujeres como coordinadoras de redes de trata y la explotación sexual de víctimas a través de transmisiones de streaming son algunas de las novedades que el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reportó en su más reciente informe sobre trata de personas en zonas fronterizas el pasado viernes 2 de junio. 

Eumelis Moya, abogada y coordinadora del OVV en el estado Bolívar, explicó que al hablar de trata en el estado se incluye, entre otros, la explotación sexual y laboral, tráfico de migrantes, servidumbre y trabajos forzosos. 

Las coordinadoras de la organización en Nueva Esparta y Táchira, advirtieron sobre el uso de los estados como puente hacia otros países o como focos de trata nacional, siendo este el caso del estado andino. 

Trabajo en la mina y matrimonios infantiles

En Bolívar, el uso de presuntas «agencias de modelaje» o de talentos deportivos que se promocionan en redes sociales para atraer víctimas ha aumentado. Moya manifestó que las personas firman supuestos contratos con estas agencias y luego las condiciones de trabajo no se cumplen o «son divulgadas en redes sociales exhibiendo sus cuerpos para temas de prostitución, pornografía, etcétera», comentó.

También, la variable del Arco Minero del Orinoco ha incrementado las ofertas de trabajo engañosas en las minas. El modus operandi más utilizado consiste en llamar a las mujeres para trabajar como cocineras, lavanderas o vendedoras, y luego son obligadas a prestar trabajo sexual. Sigue leyendo esta nota

Con información de EFE

Instan a garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado para evitar violencia contra niños y jóvenes
Jóvenes venezolanos están en situación de «desprotección absoluta» según Roberto Briceño-León, director del OVV:  «El mundo normativo se acabó, los jóvenes no tienen posibilidad de educación y lo que les ofrece el mundo del trabajo no les permite sobrevivir»
La pérdida de oportunidades para niños y adolescentes en Venezuela se agravó con la emergencia humanitaria compleja y, posteriormente, con el COVID-19, lo que los hace más vulnerables a situaciones violentas
Ante la falta de protección estatal y familiar, el dilema de muchos jóvenes venezolanos para sobrevivir en contextos violentos es someterse a la pandilla o crear otra pandilla para defenderse

 

Este 7 de junio se llevó a cabo una rueda de prensa sobre el presente y futuro de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de violencia y desprotección en Venezuela. 

Varios expertos del Observatorio Venezolano de Violencia y de la Red por los DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) analizaron el contexto de violencia contra niños y jóvenes venezolanos y sugirieron cómo prevenir estas acciones.

En la presentación vía Zoom Roberto Briceño-León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales, LACSO, y del Observatorio Venezolano de Violencia, destacó que además de crecer en medio de la mayor situación de violencia de la historia contemporánea del país, los jóvenes  tratan de sobrevivir en familias sin recursos y con la obligación de salir a trabajar o a buscar un poco de comida.

«Están en situación de desprotección absoluta, el mundo normativo se acabó, los jóvenes no tienen posibilidad de educación y lo que les ofrece el mundo del trabajo no les permite sobrevivir. Así, se les presentan alternativas, una de ellas es irse del país, por lo que tres millones de jóvenes se han ido. Pero otros se incorporan al mundo de la violencia», explicó. 

Las dinámicas de victimización

Briceño-León expuso las cinco formas  de victimización de jóvenes en Venezuela.

  1. Jóvenes víctimas de agresión de otros jóvenes: es una dinámica «común» entre jóvenes, pero que debe ser controlada y regulada. La regulación primaria la debe hacer la familia y la escuela, pero cuando no la hacen porque la familia está desestructurada y la escuela deja de cumplir esa función, se entra en una situación que se da pasaje al acto violento:  «De la agresión se puede pasar al delito violento sin intencionalidad», destaca el director del OVV.
  2. Jóvenes víctimas de otros jóvenes delincuentes:  ante la falta de protección estatal y familiar, el dilema de los jóvenes para sobrevivir en contextos violentos es someterse a la pandilla o crear otra pandilla para defenderse.
  3. Victimización de jóvenes sanos por la policía:  En este punto, el experto abundó que los jóvenes son objetos de robos y extorsiones por nada más «tener cara de joven», esa sola circunstancia los hace potenciales víctimas de policías. A tal respecto, comentó que recientemente, los jóvenes de clase media están viviendo algo que históricamente les pasó a los jóvenes en situación de pobreza: ser ‘sembrados» con drogas por los cuerpos policiales.
  4. Victimización del joven delincuente por el policía individual: los victimizan por el ejercicio arbitrario de la ley, pueden ser heridos y asesinados. O los victimizan los policías «delincuentes», que los extorsionan o los convierten en sus peones de trabajo.
  5. Victimización de los jóvenes por una política de Estado: En este caso, no se habla de las decisiones individuales de policías, sino de las «órdenes superiores» para actuar en operativos como las OLP y los operativos de las FAES, que se concentraban en los jóvenes. Briceño-León comentó que en un  “enfrentamiento”, la probabilidad de morir un joven es 110 veces mayor que la de un policía. «Es una política de “muertes preventivas”, donde se les juzga y condenan por lo que pudieran hacer en el futuro, no por lo que han hecho», resaltó. 

Doble exclusión como factor de violencia

Carla Serrano, secretario adjunta de la Redhnna (Red por los DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes), expuso detalles del contexto adverso en el que vive la niñez y juventud venezolana.

Entre ellos, citó cifras de la Enjuve 2021, que reportó un aumento entre 2013 y 2021 de la «doble exclusión», al pasar de 23% a 37%  los venezolanos entre 15 y 32 años que no están inscritos en ningún centro educativo ni insertos en el mercado laboral.  Además, 821.000 entre 15 y 19 años de edad abandonaron sus estudios.

Resaltó que la pérdida de oportunidades para niños y adolescentes en Venezuela se agravó con la emergencia humanitaria compleja y, posteriormente, con el COVID-19.

Niñas y adolescentes, más vulnerables a la violencia

En la rueda de prensa el equipo de Redhnna analizó las formas de violencia contra  niños, niñas y adolescentes. Destacaron que quienes se quedan en Venezuela con familiares o tercer personas tras la migración de sus padres o cuidadores tienen mayores riesgos de sufrir violencias sexuales.

Según sus cifras, la población más afectada por la violencia son niños y niñas de 5 a 11 años (51%), adolescentes entre 12 y 17 (42%) y por último, las niños y niñas de 0 a 4 años (6,7%).

Las niñas y adolescentes son las principales víctimas en un 64,9% de los casos. En 19,5% las víctimas fueron niños y adolescentes hombres.

Entre 2020 y 2021, encontraron una variación entre los principales victimarios. En 2020, 52,5% estaban vinculados al ámbito familiar;  41,7% eran personas desconocidas o del ámbito comunitario y 5,6% son docentes o líderes religiosos.

Mientras que en 2021 la situación se invirtió: 54% eran personas desconocidas, no vinculadas al medio íntimo familiar; 31% eran familiares (padres, padrastros, tíos) y 15% de los victimarios pasaron a ser docentes, médicos, funcionarios policiales, personas de grupos religiosos -iglesias católicas y evangélicas- y se encontraron algunos casos de situaciones violentas relacionadas con cultos de santería. 

¿Cómo prevenir la violencia contra niños y jóvenes?

Los expertos presentes en la rueda de prensa virtual del OVV y Redhnna coinciden en que para prevenir la violencia contra la niñez y juventud, además de mitigar el daño y garantizar una adecuada atención a las víctimas, el foco debe estar en garantizar a toda población el derecho humano a un nivel de vida adecuado. 

Esto pasa por asegurar el «acceso equitativo» de la población vulnerable a servicios y programas de alimentación, agua potable y otros servicios básicos.

Otras sugerencias son implementar protocolos especializados para proteger de manera inmediata e integral a las víctimas de violencia en servicios de salud y órganos de protección, así como también erradicar normativas y prácticas violatorias de DDHH por parte de funcionarios e instituciones públicas.

También, piden ejecutar programas «socioeducativos, inclusivos» y que garanticen el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

Las nuevas modalidades de trata en los estados fronterizos venezolanos según el OVV
Entre los casos referenciados se mencionó a una mujer de 26 años ofreció a su hija por servicios sexuales a cambio de divisas en Nueva Esparta
La ONG advirtió que una red de explotación y abuso infantil fue desmantelada en Táchira

@Luciapietf

Matrimonios forzados de adolescentes, el auge de mujeres como coordinadoras de redes de trata y la explotación sexual de víctimas a través de transmisiones de streaming son algunas de las novedades que el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reportó en su más reciente informe sobre trata de personas en zonas fronterizas el pasado viernes 2 de junio. 

Eumelis Moya, abogada y coordinadora del OVV en el estado Bolívar, explicó que al hablar de trata en el estado se incluye, entre otros, la explotación sexual y laboral, tráfico de migrantes, servidumbre y trabajos forzosos. 

Las coordinadoras de la organización en Nueva Esparta y Táchira, advirtieron sobre el uso de los estados como puente hacia otros países o como focos de trata nacional, siendo este el caso del estado andino. 

Trabajo en la mina y matrimonios infantiles

En Bolívar, el uso de presuntas «agencias de modelaje» o de talentos deportivos que se promocionan en redes sociales para atraer víctimas ha aumentado. Moya manifestó que las personas firman supuestos contratos con estas agencias y luego las condiciones de trabajo no se cumplen o «son divulgadas en redes sociales exhibiendo sus cuerpos para temas de prostitución, pornografía, etcétera», comentó.

También, la variable del Arco Minero del Orinoco ha incrementado las ofertas de trabajo engañosas en las minas. El modus operandi más utilizado consiste en llamar a las mujeres para trabajar como cocineras, lavanderas o vendedoras, y luego son obligadas a prestar trabajo sexual.

Otra  técnica de captación común es la «experiencia de vidas exitosas», en la que el tratante llega a comunidades vulnerables a seducir a otros con la promesa de aumentar su poder adquisitivo y trasladarlos al sur del estado.

La abogada detalló que los victimarios prometen llevar a las mujeres a Europa como una promesa durante una relación amorosa viciada, pero al llegar a sus destinos les quitan sus documentos y las obligan a prostituirse.

Para la ONG, Bolívar es el estado de origen, tránsito y destino de la trata de personas: 75% de las víctimas con las que el OVV logró contactar para el estudio eran mujeres,  25% niños, niñas y adolescentes, y 24% hombres

Moya expresó que hay un repunte en los matrimonios infantiles, donde los padres entregan a sus hijas a personas mayores que las mantengan. El Observatorio no ofreció cifras sobre esta modalidad.

 

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Mujeres tratantes y streaming forzoso

Hilda Mendoza, periodista y coordinadora del OVV en Nueva Esparta, indicó que el estado insular venezolano es una zona estratégica que sirve como puente de tráfico de víctimas a otros países de Suramérica, el Caribe o Europa.

Desde el 2021 se han capturado siete bandas en Nueva Esparta dedicadas a la trata de personas, con fines de explotación sexual en adolescentes y mujeres jóvenes. El OVV documentó tres capturas entre mayo y agosto de 2022 de tratantes implicados en la prostitución forzada de jóvenes entre 12 y 17 años de edad. 

Mendoza indicó que la figura de «mujeres tratantes» ha venido en auge. Ellas participan como reclutadoras mediante ofertas laborales engañosas publicadas en redes sociales o como líderes del negocio criminal. Por lo general, «las tratantes han sido víctimas de trata y se familiarizan con los procesos», declaró Mendoza. 

En octubre de 2021, una mujer de 26 años captó y reclutó a sus víctimas a la isla para despojarlas de sus documentos y forzarlas a prostituirse. 

También estacó a las «madres tratantes», un fenómeno observado recientemente, en el que las mujeres presionan a sus hijas a prostituirse para sostener el hogar. Narró el caso de una mujer detenida en Porlamar en agosto de 2022 porque ofrecía a su hija de 13 años y dos amigas adolescentes para prestar servicios sexuales a cambio de divisas. Mendoza contó que la victimaria vendió a las tres adolescentes a una banda peruana que pretendía trasladarlas a través de la frontera colombo-venezolana.

 

 

Otras modalidades identificadas en la localidad fueron el uso de las redes sociales para fines de explotación sexual para la captación de las victimas y la oferta de servicios sexuales a los clientes; el sexo transaccional —donde infantes y adolescentes en situación de vulnerabilidad se ven empujados a intercambiar sexo por comida en el centro de Porlamar– y la producción de contenido audiovisual pornográfico, como grabaciones caseras que se distribuyen y venden en redes. 

Mendoza explicó que una joven fue rescatada en Porlamar en junio de 2021 de una pareja de tratantes – un hombre peruano y una mujer venezolana- que la obligaron a realizar grabaciones de contenido sexual para venderlas en línea. 

Táchira: el foco de la trata nacional

Ximena Biaggini, abogada y coordinadora del OVV en Táchira, advirtió que durante el 2022 y 2023 el estado andino se ha fijado como territorio de tránsito y destino para las víctimas en los casos de trata de personas, reportando más de 16 casos en la entidad.

En octubre de 2022, dos adolescentes oriundas de Miranda fueron rescatadas en San Antonio del Táchira y dos miembros de la red de trata que las llevarían a Colombia fueron detenidos. Las víctimas fueron captadas por una ex-compañera de estudios a través de Facebook

En marzo de 2023 las autoridades desmantelaron una red de explotación y abuso infantil en Coloncito, donde niñas y adolescentes eran obligadas a ser grabadas en plataformas de transmisión en vivo  en «prendas no acordes», según la ONG. De las tres personas detenidas por este delito, una era la madre de una de las denunciantes. 

La abogada recordó que la trata de personas es un fenómeno complejo y complicado de cuantificar debido a la gran cantidad de modalidades y rutas para efectuarla. En el 2022, el fiscal general Tarek William Saab se refirió al Táchira como uno de los puntos utilizados para el movimiento de víctimas a otros países, y anunció a la detención de 26 personas vinculadas con estos delitos. 

 

Observatorio Venezolano de Violencia: El 2022 termina con 9.367 muertes violentas
 Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2022 hubo, en promedio, 26 muertes violentas por día, 180 cada semana y 781 por mes
El OVV contabilizó 2.328 homicidios en 2022, 25,19% menos que en 2021
Caracas lideró los índices de violencia en 2022, con 89 muertes por cada 100.000 habitantes, seguida por La Guaira con 62,  Miranda con 54 y  Bolívar con 50

 

Venezuela contabilizó este año 2.328 homicidios, un 25,19 % menos que en 2021 -cuando se computaron 3.112-, lo que representa una tasa de 8,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes, informó este jueves el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en la presentación de su informe anual.

El año 2022 termina con 9.367 muertes violentas, de las cuales 2.328 se corresponden a víctimas de homicidios. En la categoría de «muertes por averiguación» se registran 5.799 casos, así como 1.240 muertos por intervención policial.

El OVV explicó que la categoría «muertes por averiguación» es una especie de «caja negra» en la que caben «homicidios o víctimas de la intervención policial», casos que no han sido investigados ni han generado procesos judiciales.

Esta categoría, de acuerdo con cifras del OVV, representa el 62 % de los casos registrados en el año.

La organización agregó que en 2022 hubo, en promedio, 26 muertes violentas por día, 180 cada semana y 781 por mes.

Especificaron que si a las 9.367 muertes violentas contabilizadas se le suman los 1.370 casos de denuncias por desapariciones, «en las cuales hay una sospecha importante de muerte», el total de víctimas fatales por violencia durante 2022 asciende a 10.737.

 

Caracas es la ciudad con mayores índices de violencia

El OVV reveló que Caracas lideró los índices de violencia en 2022, con 89 muertes por cada 100.000 habitantes, seguida por el estado La Guaira con 62, e Miranda con 54 y  Bolívar con 50.

El director de la ONG, Roberto Briceño-León, quien hizo la presentación del informe, indicó que «no hubo variaciones» en el nivel de violencia y criminalidad en el país en 2022 con relación a 2021, cuando registró 9.437 muertes violentas.

«Los cambios ocurridos en la economía del país permiten explicar las variaciones en la actuación criminal que se mueve de acuerdo a las oportunidades que se encuentra para la depredación y la apropiación de rentas ilícitas», señaló.

Briceño-León sostuvo que procesos como la dolarización del comercio y el trabajo, las actividades de «minería extractiva», el «lavado de dinero y la droga», así como las remesas familiares, «ofrecen nuevas oportunidades de actuación a los criminales y permiten explicar el resurgimiento de tipos de delitos y de violencia que se habían reducido de una manera significativa».

Asimismo, dijo que Venezuela se mantiene entre los tres países «más violentos» de América Latina en 2022 si se toma en consideración la tasa de muertes que incluye las calificadas como «intervención policial» y «bajo averiguación».

«La estimación que podemos hacer es que está en el segundo lugar, detrás de Honduras, pero eso dependerá de los resultados definitivos de Honduras», apuntó.

Con información de EFE