OVS

El año pasado en el mercado hubo 33,25% menos medicinas que en 2015

El año pasado las empresas que deben importar insumos para producir medicinas en el país, así como las casas de representación que traen medicamentos terminados, recibieron menos divisas, lo que provocó que al mercado nacional salieran 33,25% menos unidades que en 2015, afirmó Tito López, presidente dela Cámara de la Industria Farmacéutica.“Mientras en 2015 se sacaron al mercado alrededor de 575 millones de unidades, entre nacionales e importadas, el año pasado no se llegó a los 400 millones de unidades”, dijo López.Recordó que 90% de la materia prima que requiere el sector es importada y los proveedores internacionales han suspendido los créditos por el atraso del gobierno en cancelar las divisas que les adeudan.Solo con las 24 empresas afiliadas en Cifar, la mayoría laboratorios de producción nacional, las liquidaciones de divisas pendientes ascienden a 665,8 millones de dólares. Sin embargo, el año pasado el gobierno solo les liquidó 79,3 millones de dólares, 34% de lo que les liquidaron en 2015, que fueron 234 millones de dólares.Si se comparan las divisas liquidadas el año pasado con las que se entregaron en 2014, la caída es más notoria. “En 2016 se recibieron apenas 17% de las divisas que se liquidaron en 2014, ese año se liquidaron 458 millones de dólares”, agregó López.

El directivo añadió que dadas las restricciones para la adquisición de materia prima, las empresas afiliadas a la cámara en este momento operan a 58% de su capacidad. “La capacidad de producción instalada en el país, con las plantas de nuestros afiliados, está en el orden de 282,6 millones de unidades, pero actualmente la capacidad operativa es de 150,6 millones de unidades”. Añadió que la realidad en el resto de las empresas del sector no es muy distinta.Reuniones. López destacó que el año pasado permanecieron en contacto con el gobierno nacional, por medio de los representantes de los organismos relacionados con la industria farmacéutica, y esperan que este año puedan reunirse con las nuevas autoridades que ha designado el presidente Nicolás Maduro.Dijo que recientemente conversaron con el ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, en un encuentro del sector que elabora artículos de higiene y esperan reunirse pronto con Elías Jaua, que recientemente fue designado como encargado del sector farmacéutico, para buscar soluciones.Aseguró que en el Consejo de Integración Empresarial Bolivariano, en el que han estado participando, han expuesto las necesidades y peticiones del sector y hasta el momento las respuestas oficiales que han obtenido han sido conciliatorias. “Entendemos la crisis económica que vive el país, pero debemos tener presente que el rubro farmacéutico no tiene sustitución”.Reiteró que la petición del sector sigue siendo que se elabore mensualmente un presupuesto que recoja las necesidades de divisas de las empresas productoras, para que haya celeridad en las asignaciones y se garantice 70% de la operatividad de cada compañía.Agregó que como una estrategia para mejorar la situación, algunas empresas están estudiando negociar su deuda, adquiriendo el último bono que emitió la República a finales del año pasado.

Cerraron más de 40 farmacias

Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, coincide con los representantes del sector industrial en que para reducir el desabastecimiento de medicinas es necesario garantizar la liquidación de divisas al sector privado.“Lo que el gobierno debe hacer es establecer un cronograma de pago de divisas, un cronograma real, de fiel cumplimiento. Que haya un compromiso con la industria para que se pueda producir más y en las farmacias las personas consigan lo que necesitan”, dijo.Reiteró que además del desabastecimiento, la normativa que regula el marcaje de precios de las medicinas ha afectado fuertemente a las farmacias. Aseguró que al momento de fijar un precio no están tomando en consideración todos los costos de la cadena de comercialización.“Las políticas establecidas están ahorcando a las farmacias independientes. Mientras en otros países de Latinoamérica hay una farmacia por cada 3.000 habitantes, en Venezuela hay una por cada 7.000 habitantes, y la situación está empeorando. El año pasado cerraron más de 40 farmacias y si no se hacealgo el número será mayor”, alertó.

Indicó que esperan reunirse con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos para volver a plantear los problemas del sector. (El Nacional)

Encovi 2016 revela consumo de solo 4 alimentos al día

Los datos preliminares de la Encuesta Condiciones de Vida de 2016 revelan que de 20 tipos de alimentos que debe consumir una persona para considerar que tiene una dieta adecuada, el venezolano come solo 4 de ellos, según la coordinadora del Observatorio Venezolano de la Salud, Marianella Herrera.La OVS alerta que la combinación de escasez y alto costo de los alimentos incide directamente en el registro de la doble carga de malnutrición en el país.Ese concepto indica que una misma persona puede ser obesa y a la vez tener un déficit de nutrientes que la hace anémica. También se presentan varias enfermedades por exceso de nutrientes o por déficit de estos, y eso es lo que llaman la doble carga de la malnutrición.Herrera rememora que en las encuestas hay personas que dicen que desayunaron café con casabe y almorzaron arepa con mantequilla. Luego en el resto del día solo tomaron café.“Ver loncheras de los niños en las que solo tienen la arepa sin nada y de paso la comparte con el amiguito que no llevó nada es uno de los días más duros de mi vida”, contó.Maritza Landaeta, miembro de la directiva de la OVS, explicó  a través de un comunicado que el fenómeno de la doble carga de malnutrición existe en el país y se ha agravado con la crisis porque los alimentos económicos para las familias son los carbohidratos y grasas. Agrega que hay pocos nutrientes complementarios como vitaminas, vegetales, proteínas y aceites en la dieta del venezolano en estos momentos.

“Hay un cambio en el patrón de 2014 (cuando comenzó a  aplicarse la encuesta Encovi) en los hábitos alimenticios. Antes el venezolano consumía primordialmente arroz, panes y pastas; ahora son tubérculos. En los estudios cualitativos observamos madres que dicen que alimentaron a sus hijos solo con plátanos o auyamas para satisfacer las necesidades de alimentación”, reitera Herrera de forma preliminar.Para Herrera se tardaría por lo menos 10 meses volver a abastecer los automercados para comenzar a resarcir los daños, pero el panorama aún se ve sombrío, pues no han comenzado las acciones y desde el gobierno no hay una detección de la población vulnerable con  desnutrición o en riesgo. (El Nacional)

Exportadores administrarán 80% de divisas

El Ejecutivo y una representación de exportadores llegaron a un acuerdo para modificar la proporción respecto al mecanismo de utilización de divisas por esta actividad económica.La nueva disposición reza que el 80% del ingreso por vía exportaciones serán manejadas a criterio de las empresas, mientras el 20% serán destinadas al Banco Central de Venezuela (BCV).Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex), señaló a El Mundo Economía y Negocios (Emen), que las negociaciones surgieron en el Consejo de Economía Productiva que promueve el Gobierno nacional. “El año pasado fue aprobada esta nueva disposición. Esto es positivo para el empresariado que desea exportar”, aseveró el representante de la Avex.Subrayó que están en la espera de la publicación del nuevo convenio cambiario para que empiece a aplicar la nueva disposición, de manera de darle respuesta a una demanda de los exportadores, quienes solicitaron que se cambiara la proporción de retención por concepto de exportaciones; pues la disposición vigente determina que el exportador administra 60% de las divisas y entrega 40% al BCV.En cuanto a los avances en la reducción de trámites para la exportación, explicó que esperan por la ejecución de la Ventana Única de Comercio Exterior (Vuce) y la reducción de los permisos para realizar la actividad. (El Mundo)

Estiman que divisas para casas de cambio continuarán limitadas

La disponibilidad de divisas que aportará el BCV para sostener el sistema de canje en la frontera con Colombia, a través de la instalación de una red de casas de cambio en Táchira, Zulia, y en el futuro inmediato en Santa Elena de Uairén, limítrofe con Brasil, continuará siendo restringida, lo que determinaría que el impacto de esta estrategia sobre el mercado paralelo, “no sea significativo”, analizó este lunes la firma Torino Capital.El plan de instalación y activación de casas de cambio para la compra de dólares con bolívares para su canje a pesos colombianos, entró en operaciones desde el 16 de este mes, como parte del impulso, en el caso de la línea limítrofe con Colombia, de la Zona de Desarrollo Económico Fronterizo Colombo-Venezolano; y como una iniciativa para combatir las mafias que hacen vida en la frontera, debilitando el valor del bolívar, informó el presidente Maduro.Los analistas económicos de Torino, no están convencidos de que el sistema pueda mantenerse en el tiempo, con la musculatura necesaria.“En este caso, dado el significativo potencial de oportunidades de arbitraje capturado por la diferencia de casi 5 a 1 entre la tasa paralela y oficial, esperamos que los niveles de demanda crezcan a medida que los participantes se acostumbren a usar el sistema y superar las restricciones administrativas existentes. Sin embargo, también es improbable que en el contexto de las limitaciones significativas en la disponibilidad de divisas del gobierno, las autoridades opten por dedicar una parte significativa de los ingresos de divisas al mantenimiento de este sistema”, señala el texto.

–Por lo tanto, creemos que la disponibilidad de divisas bajo el nuevo sistema seguirá siendo altamente restringida y no esperamos que tenga un efecto significativo en el mercado paralelo, determinan.Avalan su análisis en la medida tomada por el gobierno colombiano de cerrar el tránsito vehicular a través de la frontera, medida que limitaría el acceso de quienes pudiesen comprar gasolina venezolana a precios internacionales, en las estaciones de servicio nacionales dispuestas para tal fin, una de las estrategias adelantadas por el gobierno, para la obtención de divisas.“Las autoridades parecen haber esperado que una fuente de suministro para el sistema proviniera de una iniciativa simultáneamente develada para vender gasolina en pesos colombianos en la frontera a un precio de 1.200 pesos/litro. Dado que esto es un 20-40% por debajo de los precios del mercado colombiano, esperan que los habitantes de ese país, crucen la frontera para comprar gasolina y así proveer ingresos de pesos. Estas ganancias serían transferidas al nuevo sistema de divisas y servirían como su principal fuente de suministro. (…) Sin esta fuente de suministro, podemos esperar que el gobierno acabe siendo el único proveedor de pesos para las nuevas casas cambiarias”, estiman.

Según destaca este informe, las limitaciones implícitas marcadas por los requerimientos del sistema, contrario a lo afirmado por el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, sí restringen el acceso de un porcentaje importante de personas, al canje de divisas, enfatizan.“Sólo aquellos que ganan más de 1,03 millones de Bs, cerca de 5 veces el salario mínimo promedio de 2016, están obligados a pagar el Impuesto Sobre la Renta de personas naturales en Venezuela, por lo que este requisito limitaría efectivamente las compras a los relativamente ricos. Del mismo modo, es improbable que los que están en condición de inquilinos tengan facturas de servicios públicos a su nombre y, por lo tanto, no puedan ofrecer tal documento como prueba de residencia. Aunque el gobernador de Táchira, Vielma Mora, negó que los que ganan salario mínimo no pudieran comprar pesos en el sistema, un funcionario de alto rango en su oficina dijo a periodistas que tales transacciones deben ser evaluadas cuidadosamente, ya que sería poco probable que una persona que gana 41 mil Bs. (el salario mínimo actual) pueda pagar los 200 mil Bs. de una transacción típica», especificanAmplían que si se toman como fidedignos los datos preliminares que ubican en 1 millón de dólares el total de lo canjeado después de los primeros siete días hábiles de operación del nuevo sistema, “a este ritmo, el sistema asignaría solo 37 millones de dólares al año, suficiente para cubrir sólo el 0,2% de las importaciones estimadas para el 2017. Por el contrario, estimamos que el 13% de todas las transacciones se realizan a la tasa del mercado paralelo”. (El Universal)

Venalum negocia importación de 15 mil toneladas de alúmina por fallas en Bauxilum

La reductora estatal de aluminio CVG Venalum negocia la importación de 15 mil toneladas de alúmina -materia prima para la producción del metal- para restituir su inventario de seguridad agotado por la paralización de la planta de alúmina de Bauxilum que se extendió por un mes, debido a fallas por déficit de equipos e insumos, publica Correo del Caroní.El presidente de la empresa, Luis Augusto Jiménez, informó vía telefónica que la producción de alúmina de la también estatal Bauxilum -el primer eslabón de la cadena del aluminio en el país- se reactivó a finales de la semana pasada tras un mes de paralización. “Hicimos una estrategia en conjunto y ya estamos saliendo de la coyuntura. Desde hace cinco días, ha tenido un suministro constante sobre las mil toneladas diarias”, precisó.La paralización de la planta de alúmina desde el 26 de diciembre de 2016 puso contra la pared a Venalum, cuya directiva se vio obligada a ordenar la recolección de forma manual del insumo que quedó en los silos y que no podía ser succionado por el sistema: una alúmina de menor calidad con repercusiones negativas en la producción de aluminio primario.

“Al no estar en óptimas condiciones, causó que algunas celdas se hayan enlodado y se haya tenido que adelantar su salida de servicio. En enero teníamos programado sacar 8 celdas y se sacaron 20 celdas en total (…) Una vez controlada la situación, retomamos el programa de producción y comenzamos a mejorar la calidad”.No obstante, Jiménez sostuvo que la interrupción de los suministros de la materia prima los obligó a desempolvar el plan de importación de alúmina elaborado en enero de 2016, cuando la planta de Bauxilum también se detuvo.“El año pasado se analizó la importación de alúmina pero se descartó porque económicamente tiene un peso muy fuerte por el costo y preferimos atender la situación crítica de Bauxilum. Este año la situación se repitió, el suministro de alúmina está limitado a la cantidad requerida diariamente y el inventario de respaldo se perdió”.Estos factores, dijo, motivaron a negociar la importación puntual de 15 mil toneladas de alúmina “para recuperar el inventario de seguridad”. La compra, que permite cubrir la mitad del inventario de seguridad, está en proceso de negociación con tres proveedores en Jamaica, México y Brasil.“El inventario de seguridad debe ser de 30 mil toneladas para 45 días… por cualquier emergencia y porque estamos haciendo trabajos y necesitamos ese inventario de seguridad”.Jiménez resaltó que para que se dé un crecimiento en la producción de aluminio debe aumentarse la producción de alúmina, una variable que -aseguró- está en proceso de discusión actualmente. Entretanto, dijo, le aportan recursos para la compra de insumos y equipos, “la estamos apalancando financieramente en bolívares y dólares para que compre insumos y repuestos. Afortunadamente el 2016 permitió tener un músculo financiero importante”.El presidente de Venalum precisó que en la operadora de alúmina se requiere una inversión superior a los 100 millones de dólares; “la parte de corto plazo la estamos resolviendo, falta la parte de mediano y largo plazo”. Solo así, aseguró, será posible lograr la meta de contar con 420 celdas activas en junio de 2017 y elevar la producción a 16 mil toneladas de aluminio como promedio al mes, en el caso de Venalum. (La Patilla)

Conindustria cuestiona traspaso de funciones al vicepresidente

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga, expresó que duda que la industria o el comercio se beneficie del nuevo decreto  en el que el presidente Nicolás Maduro sede varias de sus funciones al vicepresidente.En entrevista a Globovisión afirmó que durante años se han delegado funciones en aras de hallar soluciones económicas y ninguna ha dejado consecuencias positivas.Olalquiaga instó a que se tome en cuenta que Venezuela esta en un proceso de estanflación o estancamiento económico, por lo que de deben producir acciones contundentes para preservar el mercado. Finalmente, el presidente Conindustria ratificó que la clave para corregir la inflación es disminuir los egresos y pasivos del Estado, para lo cual muchas de sus empresas deberían pasar al sector privado. (El Mundo)

Sector inmobiliario considera necesario un proceso dinámico de producción

La reactivación de Sidor es importante para el crecimiento de la construcción. El expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) y actual tesorero de Fedecámaras, Aquiles Martini Pietri, cree necesario  adelantar  un «proceso dinámico de producción» para revertir la contracción general del aparato productivo, y en particular del sector construcción que ya lleva 26 trimestres continuos sin crecer.Explicó que ese comportamiento viene dado por varios factores, como las dificultades en la financiación tanto para compradores como para constructores. «Si alguien logra conseguir alguna vivienda en Bs 18 millones, por ejemplo, tiene que justificar un ingreso de  500 o 600 mil bolívares mensuales en su núcleo familiar, ¿quién los gana?».

Indicó además: «La parte de financiación está trancada.  Si a ello le agregamos que no hay materia prima, el escenario se complica. Sidor producía 5 millones de toneladas de acero líquido, en 2016 no llegó ni a 1 millón de toneladas; antes se producían 10 millones de toneladas de cemento y el año pasado no llegó a 5 millones».Asimismo observó fallas en el suministro de cerámicas, baldosas, grifería y ausencia de repuestos para maquinarias. Precisó que «se llegarán a construir  8 o 10 mil viviendas, cuando antes, en 2009, se construían casi 90 mil viviendas en el país. Ese es el panorama. El que tenga vivienda que la cuide, que no la venda; no va a ser posible  adquirir una  por lo que venda».Cita Martini que «el juego se  destranca con confianza y ésta se genera con acciones, no con palabras. El Gobierno debe  entender que no es apartando al sector privado de la actividad económica productiva;  todo lo contrario, es insertándolo en la promoción de bienes y servicios».Manifestó que «hay que poner a producir de nuevo a  Sidor y las cementeras, para combatir los altos niveles de escasez en todos los sectores,  y la construcción lamentablemente no escapa a ello». «La banca tiene una inflación muy fuerte y no se le puede capitalizar. Hay decisiones en que  esas entidades no pueden prestar más del 10% del capital a un empresario o grupo económico. Por eso  se construyen pocas viviendas», dijo. (El Universal)

Billete de Bs. 10.000 aún no llega a todas las agencias bancarias

En un recorrido hecho por diversas agencias bancarias del Unicentro El Marqués, el equipo de El Mundo Economía y Negocios (Emen) verificó que el billete de 10.000 bolívares no llegó este lunes como se había anunciado.El gerente del Banco de Venezuela, Harry Vargas, informó que el de Bs. 10.000 no se encontraba en la sucursal, sin embargo, aseveró que de otras piezas como el de Bs. 20.000 sí.Algunos encargados de comercios del centro comercial, informaron que han recibido pagos con billetes de 500, 5.000 y 20.000 bolívares. La señora Nora González, cliente del Banco de Venezuela manifestó que hasta ahora no se ha topado con ninguno de los integrantes del nuevo cono monetario, que entró en circulación a partir del 16 de enero.Lilian Bermúdez, gerente encargada del Banco Occidental de Descuento (BOD), contó a Emen que los clientes han acatado bien la nueva política monetaria, al tiempo que manifestó que han entregado paulatinamente billetes de los nuevos y también de los anteriores.Una cajera de Banesco expresó que ya se les terminaron los billetes de nuevas piezas y que además el de 10.000 no se ha recibido en la entidad bancaria. Los billetes nuevos que se encuentran en el circulante son los de denominaciones de: 500, 5.000 y 20.000 bolívares.La gerente del Banco Provincial comunicó que no poseen la pieza de 10.000, no obstante, aseguró que manejan los de las otras denominaciones.En otro recorrido por agencias del centro de la ciudad, tampoco se pudo verificar la circulación del billete de 10 mil bolívares. Se consultó en agencias del Banco de Venezuela y de Banesco; y no estaban entregando el nuevo billete de 10 mil bolívares en las agencias. El domingo el presidente, Nicolás Maduro, anunció que a partir de este lunes se sumaría el billete de 10.000 bolívares al nuevo cono que entró en vigencia el pasado 16 de enero. (El Mundo)

Este 1 y 2 de noviembre Venezuela se someterá por segunda vez al Examen Periódico Universal (EPU), un proceso del Sistema de Naciones Unidas que examina el cumplimiento de los Estados miembros de sus obligaciones relativas a los derechos humanos.

En este examen se analizan los informes de cada país acerca de la situación de los derechos humanos y se evalúa el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a los países en exámenes anteriores. Los informes que se analizan son tres: el realizado por el Estado venezolano, el de la Defensoría del Pueblo y el elaborado por las organizaciones de la sociedad civil, los cuales abordan la situación de los derechos sociales, políticos, civiles, económicos y culturales. Los Estados miembros de la ONU pueden realizar recomendaciones que ayuden a mejorar la situación de los derechos humanos en un determinado país, en este caso a Venezuela, y el Estado venezolano puede aceptarlas o anotarlas para su revisión posterior, y está en la obligación de cumplirlas. Rechazarlas no es una opción, según la metodología del examen.

En el año 2011, cuando se realizó el último EPU, dentro de las recomendaciones realizadas a Venezuela el Estado aceptó tres sobre el derecho a la alimentación, referidas a agilizar la implementación de medidas y políticas para la reducción de la pobreza, erradicación de la malnutrición y seguridad alimentaria; continuar aplicando políticas públicas para la erradicación de la pobreza extrema y la hambruna; y desarrollar políticas y programas orientados a garantizar el derecho a la alimentación.

En el campo del derecho a la salud, en 2011 hubo cinco recomendaciones para Venezuela: reforzar los esfuerzos para reducir la mortalidad materna y neonatal a través del incremento del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como facilitar la calidad y las instalaciones para la salud de la mujer; revisar la política de salud materna e introducir los cambios necesarios para garantizar el acceso de las embarazadas a los centros médicos en todo el país; continuar el mejoramiento y la expansión de los servicios de salud que fueron concebidos para la atención primaria de las personas y así prevenir y combatir enfermedades; implementar políticas y programas para garantizar el derecho a la salud y seguir apoyando aquellos que hubieran mostrado éxito.

Sin embargo, ante estas recomendaciones dadas hace 5 años, el Estado venezolano ha adoptado medidas regresivas que han comprometido severamente el derecho a la salud y a la alimentación y ha ignorado la realidad del país, caracterizada por una gran escasez de insumos médicos, medicamentos y alimentos. La infraestructura hospitalaria se encuentra sumamente deteriorada y los pacientes deben enfrentar situaciones injustificables como la falta de agua, de electricidad e incluso de camas.

Además, el aumento en la mortalidad materna y neonatal es una clara evidencia del limitado acceso a los servicios de salud y de la inadecuada nutrición de las madres venezolanas.

Las medidas adoptadas por el Estado venezolano en materia de alimentación han promovido el agravamiento del ya deteriorado acceso a los alimentos, pues la inflación, las continuas amenazas al sector privado y la implementación de políticas de distribución de alimentos basadas en la orientación política de las personas, no permiten el acceso de todos los venezolanos a los alimentos, ni siquiera los básicos, para cubrir sus necesidades.

Como consecuencia, la conflictividad se ha incrementado por la escasez de alimentos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha reportado 4.725 protestas entre enero y agosto de 2016 por derechos económicos y sociales, y estados fronterizos como Zulia y Táchira reportan cada vez más un aumento de detenciones e irregularidades en el proceso de la adquisición de alimentos.

La comunidad internacional ha dado seguimiento a lo que sucede en Venezuela. A través de las comunicaciones realizadas en los años 2014, 2015 y 2016, el Relator para el derecho al disfrute del más alto nivel de salud física y mental y el Relator para la situación de las y los defensores de derechos humanos de la ONU, han expresado su preocupación por el desabastecimiento de insumos médicos y de medicamentos, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado al Estado venezolano a adoptar medidas de políticas públicas destinadas a mejorar el grave desabastecimiento de medicamentos, garantizando el derecho a la salud y considerando las condiciones especiales de las personas.

Ante la presentación del país, por segunda vez, del Examen Periódico Universal, el Observatorio Venezolano de la Salud exhorta al Estado venezolano a aceptar y reconocer la situación existente, y a trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y grupos académicos de expertos técnicos, para solventar de manera pronta y eficiente la grave situación en la cual se encuentra Venezuela en las áreas de la salud, alimentación y nutrición.

El Ministerio del Poder Popular para la Salud no ha emitido declaraciones sobre los casos de difteria que se han registrado en el estado Bolivar, a pesar de que se ha alertado sobre la presencia de la enfermedad desde el 17 de septiembre. La Red Defendamos la Epidemiología Nacional y la Sociedad Venezolana de Salud Pública, desde el 17 de septiembre cuando avisaron en sus alertas epidemiológicas sobre los casos, instaron a las autoridades sanitarias nacionales a informar sobre el brote de difteria, proveer el tratamiento recomendado y garantizar el cuidado de los pacientes que padecieran la enfermedad.

En virtud del aumento de los casos de difteria, el Observatorio Venezolano de Salud, junto con las dos ONG, han emitido un comunicado en el cual explican los hechos, además de realizar el llamado de atención a las autoridades gubernamentales competentes.

A continuación puede leer el comunicado completo:

El 17 de septiembre la Red Defendamos la Epidemiologia Nacional y la Sociedad Venezolana de Salud Pública difundimos un Alerta Epidemiológico (AE), bajo el título “Tres casos sospechosos de difteria en el Km 88 del estado Bolívar”, estos casos correspondían a niños que fallecieron pocos días después. En ese Alerta Epidemiológico, además de hacer una revisión preliminar sobre esta patología, recomendábamos a las autoridades sanitarias nacionales informar a la población y a la comunidad médica en general acerca de  un posible brote de difteria en esa entidad federal; proveer el tratamiento recomendado en estos casos y garantizar el cuidado de los pacientes en hospitales tipo IV, incluyendo atención en unidades de cuidados intensivos (UCI) a los pacientes que lo requirieran, para evitar los fallecimientos e identificar los contactos para administrar antibióticos profilácticos y vacunar a la población infantil del Km 88 de esa entidad federal lo más rápido posible para yugular el posible brote, así como revisar la cobertura del plan ampliado de vacunación, incluyendo la vacuna contra la difteria en la población infantil de todo el país.

Posteriormente, en la segunda Alerta del 26 de septiembre, mencionamos que desconocíamos   el número de casos y  de fallecidos que estaban  siendo afectados por la enfermedad, pero por información extraoficial, sabíamos que los enfermos y fallecidos se habían incrementado. Añadimos además: «Desconocemos si los enfermos y fallecidos corresponden a la población indígena pemón, residente en la zona; los indígenas son más vulnerables a enfermedades infecciosas y la mortalidad pudiera ser mayor.  Este posible brote de difteria se suma a la epidemia de malaria que afecta al  municipio Sifontes del estado Bolívar, una de las áreas más afectadas por la malaria en Venezuela».

Han pasado ya 19 días de nuestro primer AE y hasta el presente ninguna autoridad sanitaria nacional o regional ha emitido declaración alguna, la única declaración oficial realizada sobre el hecho que mencionamos es la realizada, hace apenas nueve días, el 27 de septiembre, cuando el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez señaló: “…ciertamente existen reportes de casos de difteria en algunas zonas del municipio Sifontes”, y la nota del Instituto de Salud Pública del estado Bolívar (ISP), que registra su declaración, agrega:  “pero añadió que tras conocerse la información de inmediato los equipos del ISP acudieron para constatar los agentes que causaron estos casos (sic) y desde allí determinar los pasos a seguir en situaciones de esta índole a fin de evitar la propagación de la enfermedad.”

Además de lo señalado, los medios de comunicación regionales y nacionales vienen reseñando informaciones sobre un número superior a 17 defunciones, atribuidas a esta enfermedad, ocurridas en los municipios Sifontes y Caroní; en una de esas reseñas se señala: “El Ministerio de Salud comenzó a sospechar en abril. Ya en junio había casos confirmados y en julio hicieron pruebas de reacción en cadena de polimerasa (PCR) para difteria a tres muertos de Tumeremo. Los tres dieron positivo. Todo fue porque iban a hacer el cerco epidemiológico en Sifontes y se toparon con eso, pero no dijeron nada para que no hubiera escándalo. Esto es meramente política, mal manejo por causas meramente políticas”.

En el marco de lo indicado, las autoridades regionales de salud, en conjunto con las autoridades nacionales y la gobernación del estado Bolívar, iniciaron el 27 de setiembre del presente año “Acciones para minimizar cualquier eventualidad sanitaria … en aras de atender y prevenir casos puntuales y focalizados de difteria y otras enfermedades infecto contagiosas en la entidad.” Estas acciones están ocurriendo sin que el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) haya hecho pronunciamiento alguno sobre la reaparición de la difteria en nuestro país, luego de 23 años sin haber registrado la aparición de casos de esta enfermedad, y en consecuencia no haya publicado la guía correspondiente sobre las pautas para la Vigilancia Epidemiológica de Difteria en Establecimientos de Salud, cuyo contenido establezca los lineamientos que deben caracterizar la detección,  registro, notificación, verificación, investigación y aplicación de medidas de prevención, control y monitoreo ante eventos de esta enfermedad (casos, muertes y brotes) en los establecimientos de salud, tanto ambulatorios como hospitalarios, públicos y privados, cualquiera sea su nivel de complejidad; así como la Guía Clínica para el manejo de casos.

Esta situación que produce desasosiego en nuestra población amerita ser atendida con carácter de urgencia por el MPPS, atendiendo a las Normas de Comunicación sobre Brotes Epidémicos de la Organización Mundial de la Salud, en particular la que señala que “La meta primordial para la comunicación de brotes epidémicos es comunicarse con la gente de tal forma que se fomente, mantenga o recupere la confianza. Esto se aplica a todos los sistemas políticos, culturas y grados de desarrollo”. No hay duda de que nuestro órgano rector en salud hizo todo lo contrario a lo indicado  en aras de fomentar y mantener la confianza. Esperamos que después de nuestro llamado y del realizado ciertamente por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, pueda recuperarla.

Ese intento por recuperar la confianza mencionada tendrá sus frutos si se actúa de manera transparente, lo que exige información completa y veraz, que se atenga exactamente a las evidencias. Lamentablemente señales como la siguiente, de ser cierto el texto “no se puede informar nada porque eso va contra la revolución”, difundido en la prensa nacional y regional, atribuido a la Coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización del MPPS, Marisol Escalona, no auguran voluntad para transitar por el camino correcto.

Finalmente expresamos nuestra preocupación porque, salvo la Asamblea Nacional, el resto de los Poderes Públicos Nacionales, en particular la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República, no hayan dado muestras de atender las violaciones que, al derecho a la salud y a la vida, y al derecho a estar debidamente informado y tener acceso oportuno, completo y continuo a fuentes de información oficiales, ha cometido el MPPS, al incumplir su obligación con la población ante una situación epidemiológica de extrema gravedad como la que hemos venido denunciando.

El 6 de septiembre fue anunciado un nuevo relanzamiento de la Misión Barrio Adentro, programa social creado en 2003 para acercar la atención primaria de salud a sectores populares y zonas alejadas. Su principal personal de atención sería un médico cubano y el centro de operaciones estaría en una nueva infraestructura dentro del barrio, denominada consultorio popular (módulo octogonal).

13 años después de su creación el programa ha pasado por varios altibajos, en 2009 el propio presidente Hugo Chávez reconoció que Barrio Adentro no estaba funcionando como esperaban y precisó que 2.000 módulos octogonales (de 6.000 existentes en ese año) no estaban funcionando. Le aplicaron un “reimpulso”.

Ahora, en medio de una crisis de salud que golpea con la escasez de medicamentos e insumos tanto en centros públicos como privados, se anuncia una “nueva” fase denominada Barrio Adentro 100%, con la que buscan aumentar la cantidad de consultorios populares de 7 mil a 14 mil, tener un médico por cada 250 o 300 habitantes y abarcar a todo el país. Algo que ya se ha propuesto y que no se ha logrado.

Jorge Díaz-Polanco, sociólogo especialista en Políticas de Salud y profesor jubilado de la UCV, considera que este relanzamiento de Barrio Adentro es una nueva “propaganda oficial” de un programa que se ha caracterizado por tener “un conjunto de establecimientos que eventualmente atienden a la población, con un conjunto de medidas ajenas al ideario nacional, con insumos cuyo control sanitario no existe, con una presencia eventual porque muchos módulos están cerrados o no cumplen el horario establecido, y con una cobertura que no es real”.

Aclara que siempre fue definido como una red paralela y antagónica, no complementaria ni susceptible de ser integrada dentro de un solo sistema, y por lo tanto no puede considerarse un sistema de salud.

“Un sistema de salud es una red institucional que está articulada en función de la necesidad de salud. Su uso adecuado comienza cuando la gente asiste a la atención primaria, esa es su puerta de entrada al sistema y es allí donde debe determinarse si necesita atención especializada”, detalla Díaz-Polanco, quien es miembro del Observatorio Venezolano de la Salud (OVS).

En un sistema de salud -continúa explicando- la red de atención primaria cuenta con el personal mejor remunerado de toda la cadena porque son los que trabajan más, se enfrentan a la mayor cantidad de problemas y deben estar capacitados para atenderlos. Son los médicos generales, médicos de familia o de choque.

Pero en Venezuela ocurre lo contrario, el especialista debe ser la última instancia en ser consultada pero es la primera, poco se asiste a la red de atención primaria, sus médicos no son los mejores remunerados, y además debe existir un sistema de referencia desde los niveles más simples hacia los más complejos, y de contrareferencia si es necesario.

“Eso no existe en Venezuela. En Venezuela tienes un conjunto de instituciones regadas que eventualmente funcionan cuando tiene con qué, y eso no es un sistema. Nosotros no tenemos un sistema de salud ni Barrio Adentro lo es”, precisa Díaz-Polanco.

Desmembrado desde los 80

El especialista del OVS recuerda que esta situación no ha sido así siempre. Fue a partir de la década de 1980 que el sistema de salud empezó a desmembrarse. “Lo que Ocurrió fue que los grupos de interés fueron apropiándose de los espacios públicos para sacarles provecho”.

Cita el caso del Ipasme, un sistema de salud –entre otras cosas- para los profesores. “Eso no tiene sentido”, dice Díaz-Polanco, pues lo correcto es contar con un sistema de salud para todo el mundo.

Para conformarlo es necesario contar con una autoridad central y una estructura descentralizada, con poderes de decisión a nivel regional y local. Pero si no se tiene un Gobierno central que participe activamente en el sistema, éste puede fracasar y eso fue lo que pasó con el modelo de descentralización de los años 90, explica el profesor.

“El Gobierno nunca asumió políticamente lo que eso era. Mi interpretación personal es que lo hizo para acceder a los recursos de la banca multilateral que financiaba el proceso de reforma del sector salud, pero nunca como una política de Estado en la cual se creyese y se impulsase de manera auténtica. En consecuencia nosotros no tenemos un sistema de salud y un sistema público muchísimo menos”.

Mayor privatización

En los últimos 17 años, en lugar de afianzarse el carácter público de la salud venezolana lo que se ha multiplicado es su privatización.

“Los pacientes ponen los insumos, las medicinas, la ropa, la comida, todo tienen que ponerlo los usuarios del sistema y eso no es un sistema público, es un sistema privado”, indica Díaz-Polanco.

El especialista informó que desde la creación de Barrio Adentro en 2003, y hasta el año 2014, el Estado ha invertido cerca de 38 mil millones de dólares en esta misión. La cifra resulta de estimaciones realizadas con base en el presupuesto nacional, aportes de Pdvsa, créditos adicionales y otras fuentes de financiamiento.

“Con ese dinero pudo haberse hecho todo, pero no se hizo nada. Con este nuevo relanzamiento se meterá nuevamente dinero en un saco sin fondo, sin una estructura para utilizar esos recursos de forma eficiente”, expresa el integrante del OVS.

Al país le tomaría como mínimo 10 años poder construir un verdadero sistema de salud. Díaz-Polanco precisa que es necesario reunificar todas las instituciones, hacer un Ministerio técnicamente competente que reduzca su tamaño y deje de prestar servicios, delegando esto a las gobernaciones, alcaldías y parroquias en un esquema de descentralización.

Solo así el Ministerio de Salud podrá dedicarse a emitir normas para que todo funcione dentro de un mismo parámetro, a establecer políticas nacionales porque las regionales las establecen los estados, y desplegar iniciativas técnicas de acompañamiento o apoyo al desarrollo local y regional en los servicios de salud.

“Eso es lo que tiene que hacer el ministerio, no prestar los servicios. Eso va a tomar mucho tiempo, sobre todo por los cambios en la cultura que tiene el venezolano para usar el sistema; tiene que aprender que debe entrar por la atención primaria”.

Díaz-Polanco también advierte que en épocas de crisis los venezolanos suelen buscar más la atención especializada porque se cree que en esos servicios, hospitales o clínicas están los mejores profesionales, la mejor tecnología y la mejor atención, pero cada vez eso es menos cierto porque la infraestructura se ha deteriorado, no hay insumos y no hay médicos porque se van del país.

“Sin embargo la gente sigue confiando más en esos sistemas desprotegidos y desfinanciados que en Barrio Adentro. ¿Entonces, por qué inviertes en Barrio Adentro, por qué no inviertes en los hospitales y en los ambulatorios que existían y en una red primaria nueva, fortalecida, para ser un sistema y conectarlos entre sí?”, se pregunta el profesor jubilado de la UCV, al tiempo que continúa explicando lo que está pasando en el país. “Todo eso es mucho trabajo, se juega mucho poder, hay muchos intereses. Los grupos de intereses tienen sus zonas muy bien delimitadas y han conseguido cosas en el tiempo”.

Duda que en esta oportunidad Barrio Adentro funcione, pues su estrategia ha sido y es dar una medicina a los pobres, “y una medicina para los pobres es una pobre medicina, para que se quede quieto, para que no proteste. Fue  un mecanismo para controlar socialmente a la población y no para solucionar sus problemas de salud”, sostiene el especialista en Políticas de Salud.

El Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes) y la Organización Médicos por la Salud mostraron  la radiografía más reciente de la salud pública en el país.

La imagen revela los resultados de la tercera Encuesta Nacional de Hospitales 2016, un sondeo aplicado entre el 14 y 20 de agosto, basado en el reporte de médicos de 92 hospitales públicos y privados en 23 entidades.

Después de exponer cada uno de los aspectos del balance, el médico y presidente de la subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, diputado José Manuel Olivares, afirmó: “Los hospitales venezolanos están peor que los de países en guerra”.

En la presentación del informe, el diputado opositor estuvo acompañado por Julio Castro, coordinador general de la red Médicos por la Salud.

A la fecha, precisaron, 41 % de los pabellones están fuera de servicio y 89% de las emergencias en los centros asistenciales públicos funcionan con intermitencia, al igual que 80% de las Unidades de Terapia Intensiva para adultos.

La indisponibilidad en el caso de la UTI pediátricas se estima en 76%, mientras que 34% de las 15 mil 230 camas del sistema nacional están inoperativas.

Ruleteo mortal

A causa de la escasez de quirófanos, muchos pacientes deben esperar meses para poder ser intervenidos, denunció el diputado Olivares, quien además llamó la atención sobre el grave hecho de que apenas 10% de las emergencias estén en capacidad de atender las urgencias. “Esto se refleja en la muerte de venezolanos que tienen que ruletear de hospital en hospital”, denunció.

A las fallas y deterioro de la infraestructura, la medición del OVS le añade los alarmantes indicadores de la escasez de insumos y medicinas. El reporte indica que la falta de medicamentos escala hasta 76%, un porcentaje superior a los registrados en 2014 y 2015: 55% y 67% respectivamente.

La escasez de material médico-quirúrgico se estima en 81%, mientras que la de catéteres y sondas asciende a 87%.

Enfermedad sin comida

De acuerdo con el informe, 92,7% de los médicos encuestados reportaron graves deficiencias en el suministro de alimentos a los pacientes. Especial énfasis, por lo crítico, hicieron al alertar que en 63% de los hospitales no hay fórmulas lácteas y 27% las dispone pero en cantidades limitadas.

En general, los servicios de nutrición hospitalaria funcionan con fallas en 70, 9% de los hospitales.

Justo ayer, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, visitó el hospital Ana Francisca Pérez de León II, ubicado en Petare, y desde ahí afirmó que en 1 mil 100 inspecciones realizadas por la institución, aunque evidenciaron falta de reactivos para exámenes de laboratorio y equipos para diálisis, también pudo verificar que los hospitales están dotados y los quirófanos funcionan plenamente.

El OVS anunció que consignarán un informe técnico a la Asamblea Nacional, a organizaciones no gubernamentales y a entes internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Médicos Sin Fronteras y a todos aquellos relacionados con la garantía fundamental de la salud. La alianza OVS y Médicos por la Salud también entregará el reporte a la ministra Luisana Melo, a quien le solicitarán una reunión.

Antes de finalizar el año, la coalición médica independiente tiene previsto realizar una nueva encuesta.

Toda la encuesta está disponible en la dirección web enh2016.blogspot.com. Allí se pueden analizar los gráficos de manera interactiva y descargar la data.

EL MINISTERIO DE RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ (MRIJP) prepara el despliegue de amplios contingentes de policías y militares tanto en Caracas como en otras ciudades del país donde se reporta un incremento en la criminalidad violenta.

El nuevo titular de esa cartera, mayor general Néstor Reverol, ha sostenido esta semana reuniones por separado con el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mayor general Antonio Benavides, y con directores de algunas policías municipales y regionales. El sábado 13 de agosto de 2016 fue convocada una reunión más amplia en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, para informar las características que tendrá este nuevo despliegue.

La actividad es planteada como una continuación de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, indican documentos ministeriales.

Un informe de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) indica que el objetivo es disminuir en 40% la incidencia delictiva en el estado Miranda y Distrito Capital. No se indica qué delitos serán tomados en consideración para evaluar los resultados. Pero en la referida misión, así como en otros planes aplicados por el Ejecutivo, son evaluadas las cifras de homicidios, lesiones, violaciones, robos y hurtos genéricos, robos y hurtos de vehículos, secuestros y extorsiones.

El informe elaborado por el comisionado Carlos Martínez precisa que el despliegue inicial se llevará a cabo entre los días 22 y 28 de agosto, “en las estaciones policiales de mayor incidencia delictiva”.

El seguimiento estadístico de la actividad, tanto en su fase preparatoria como en su desarrollo, según lo declarado por el general Benavides el viernes, estará a cargo del Observatorio Venezolano de Seguridad (OVS), un ente adscrito a Relaciones Interiores.

Fuentes de ese observatorio explicaron que actualmente están aportando al MRIJP documentos diarios elaborados sobre la base de las denuncias conocidas por la policía judicial, que dan una referenciación geográfica de los delitos hasta el nivel de las parroquias. Utilizan para ello un programa elaborado con software abierto que genera mapas en forma automática, una vez llenados ciertos formularios con las cifras de criminalidad.

Desde la llegada de Reverol al MRIJP, el OVS entró en un proceso de reajuste para adaptarse a las exigencias de este plan.

Compensar el déficit

Debido al deterioro de las condiciones socioeconómicas, los agentes policiales han continuado migrando desde las policías preventivas hacia las empresas privadas de seguridad.

Para compensar este déficit, la GNB ha implantado un nuevo esquema que obliga a una permanencia más prolongada de los efectivos de tropas en los cuarteles. Aún así, la ausencia de uniformados es notoria en toda la capital. En El Hatillo, según lo declarado por el alcalde David Smolansky, el pie de fuerza policial tendría que ser incrementado en 160% para llegar al estándar mínimo exigido por el “nuevo modelo policial”.

Para cumplir con las exigencias del nuevo plan del MRIJP en Caracas, la PNB restará funcionarios emplazados en Zulia, Táchira, Lara y Anzoátegui. Serán trasladados la semana entrante 3138 agentes. Esto representa el 12% del total de uniformados a la disposición.

La propuesta presentada a Relaciones Interiores sigue el siguiente esquema:

Posteriormente, está planteada una “segunda avanzada” de oficiales de este cuerpo, para cubrir las necesidades de los municipios de los Altos Mirandinos, es decir, Los Salias, Carrizal y Guaicaipuro.

Para distribuir a los funcionarios, la Policía Nacional no contaba con los datos del observatorio. Por esta razón, tomó en cuenta solamente los homicidios reportados a la llamada “sala situacional nacional” de ese cuerpo. Los datos sobre robos genéricos y de vehículos, secuestros y violaciones no fueron tomados en consideración.

Según este diagnóstico, en los primeros seis meses de 2016 han sido reportados 140 homicidios en la parroquia Sucre de Libertador, 71 en Antímano, 63 en La Vega, 52 en El Valle y San Juan, 37 en Santa Rosalía, 22 en La Pastora y 1 en Ciudad Belén. Por lo tanto, la mayor parte de los nuevos agentes irá a Catia.

Primeros ensayos

El fin de semana pasado, el MRI ordenó un primer despliegue en toda Caracas. Para cubrir los municipios mirandinos (Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo) se hicieron coordinaciones entre las policías municipales y la Guardia Nacional, que incluso ordenó la salida del Grupo Antiextorsión y Secuestros para hacer labores de policía preventiva, con puntos de control y verificación a vehículos.

El jueves, se ordenó reforzar la presencia de la PNB en la avenida Boyacá, donde había mermado. Ahora deberá tener permanentemente cinco puestos con funcionarios en actividad. De igual forma, la vigilancia deberá ser extendida a toda la Troncal 9.

Reverol anunció además que las operaciones llamadas Liberación del Pueblo serán revisadas. El MRI proyecta que este despliegue policial y militar tenga mayor permanencia, como lo fue en sus inicios el Dispositivo Bicentenario de Seguridad y posteriormente el plan Patria Segura.

En los documentos manejados por el MRI, las iniciales OLP no figuran.

Los “puntos calientes”

En los datos evaluados por la PNB, los puntos del municipio Libertador que ameritan mayor atención debido a la frecuencia de los homicidios son:

*Barrios Los Eucaliptos y Nuevo Mundo de San Juan, sector San José de Antímano: 19 homicidios respectivamente.

*Sector Las Casitas de La Vega: 17 homicidios

*Los Magallanes de Catia y Las Marías de El Valle: 15 homicidios

*San Andrés de El Valle; Montalbán y Juan Pablo II: 14 homicidios en cada uno.

*Los Frailes de Catia, Gramovén y Nueva Caracas: 12 en cada una

*Sector Bicentenario de Antímano: 11 homicidios

*Calle 14 de El Valle; Isaías Medina Angarita y Propatria: 10 homicidios en cada uno.

Uno de los problemas planteados para la ejecución del plan es la cantidad de oficiales de policía que se encuentra de reposo o de permiso por diversas razones. En el casco central de Caracas y la parroquia Sucre se han implantado medidas para la revisión y verificación de los reposos médicos.

Estandarizar el control de las manifestaciones

Durante la reunión en el Helicoide, Reverol planteó la necesidad de estandarizar las doctrinas sobre el control a las manifestaciones. Ordenó que la Guardia Nacional trace una doctrina en conjunto con la Policía Nacional.

Otros puntos planteados por el nuevo ministro fueron:

-Resolver los problemas y deficiencias presupuestarias de la PNB

-No habrá otro plan distinto a la Gran Misión A Toda Vida Venezuela

-Facilitar el acceso de los policías a los programas sociales

-Evaluación de otorgamiento de prima por riesgo para los policías

-En Venezuela hay una “guerra no convencional” orquestada por lo que denominó “enemigos de la patria”. Refirió los casos de Brasil 1964 y Chile 1973.

-Mantener al personal policial en alerta permanente

-Necesario hacer un “mapa de la criminalidad”, que incluya no sólo áreas de incidencia sino también a los delincuentes que allí operan

-Reactivación del Consejo General de Policía