La principal causa de muerte en las cárceles venezolanas ya no son los enfrentamientos violentos, sino las pésimas condiciones de salud dentro de los penales
95% de los presos fallecidos por problemas de salud estaban desnutridos
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó este 28 de julio su Informe 2020:Muertes en las cárceles por denegación de alimentos, en el que registraron un aumento de 281% en las cárceles venezolanas con respecto a 2019.
En la presentación vía Zoom de esta investigación estuvieron presentes Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Tamara Taraciuk, subdirectora de la división de las Américas de Human Rights Watch.
El informe refleja que en los centros de prisión nacional, las enfermedades y problemas de salud representaron más de la mitad de los decesos el año pasado, con 63,01%.
«184 personas fueron víctimas de la desidia del sistema penitenciario venezolano. Entre 2017 a 2020 podemos verificar un aumento desproporcionado, inclusive, resulta extremadamente preocupante que entre el año 2019 y 2020 se registrara un incremento del 178,79%«, se lee en el documento.
«Hasta el año 2017, los reclusos fallecían producto de enfrentamientos violentos dentro de los penales, pero para el año 2020, las pésimas condiciones de salud han sido el motivo principal de los decesos de las personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios. Esta situación se encuentra claramente en contravención con las
obligaciones inherentes que posee el Estado venezolano como garante de la vida de cada interno», explica el OVP
Como condiciones de la vida en prisión que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad, describen una ingesta alimenticia deficiente, falta de espacios de recreación o donde los internos puedan simplemente recibir luz solar e insalubridad en el suministro de agua potable.
Añaden que, al encontrarse en espacios totalmente saturados, la propagación de cualquier enfermedad resulta casi automática y tampoco reciben atención médica oportuna.
Por otra parte, el OVP denuncia que el tema de la alimentación representa uno de los puntos más críticos de los padecimientos afrontados por las personas privadas de libertad en Venezuela.
«Los niveles de hambruna, en ocasiones, rondan la totalidad de los recintos penitenciarios. Esta problemática constituye probablemente uno de los temas más denunciados por las personas que permanecen tras las rejas, e incluso, por sus familiares, ya que son estos últimos los que se han dado a la tarea de suplir todas y cada una de las necesidades básicas de sus seres queridos», explican.
Detallan también que los presos del país deben lidiar con una ingesta calórica insuficiente, falta de proteína en el menú penitenciario, el excesivo consumo de carbohidratos, la ausencia de frutas o verduras en el régimen alimenticio, e incluso, con la «ausencia absoluta de ingesta dentro de los penales».
Como consecuencia de esta situación, la desnutrición es una enfermedad palpable en un gran porcentaje de las personas que conforman la comunidad penitenciaria, según lo expuesto en el informe, y se convierte en una de las causas principales de los decesos.
Informe de la OVP en claves
A continuación, destacamos los hallazgos más importantes del informe 2020 del Observatorio de Prisiones por categoría.
Muertes por problemas de salud y desnutrición
La mayoría de los fallecimientos de los privados de libertad en todo el territorio nacional han sido motivados por complicaciones en ciertas patologías que no han sido debidamente tratadas.
El reporte indica que la tuberculosis y desnutrición son las causas principales de los decesos. 85% del total de las muertes por salud se asocian con dichas patologías, mientras que el otro 15% corresponde a hepatitis, cuadros diarreicos, obstrucción intestinal, personas diabéticas o con crisis convulsivas sin tratamiento.
Agregan que más de 95 % de los fallecidos estaban desnutridos, y que un número significativo de fallecidos presentó cuadros de desnutrición severa aun cuando sus causas de
muertes fueron otras.
Según las denuncias recibidas por OVP de parte de personas privadas de libertad y familiares, y además constatadas por los coordinadores de esta organización, los
privados de libertad habían presentado pérdidas de peso de 40 a 50 kilos.
Los estados en los que se registraron la mayor cantidad de decesos por salud fueron: Carabobo, Lara, Miranda y Guárico.
En los calabozos policiales, la problemática se presenta de forma similar. En 2020, el OVP reportó el fallecimiento de 59 personas por condición salud, lo que representa 49,58% del total de fallecidos en calabozos policiales, es decir, casi la mitad de las muertes se asocian con problemas en la salud.
Otro elemento relevante que se resalta en el informe de 2020 es que la restricción de visitas a los centros carcelarios por la pandemia de COVID-19 (vigente hasta septiembre de 2020) propició el aumento de «niveles de desnutrición, propagación de enfermedades de tipo contagiosa y afectaciones de carácter psicológico» entre los privados de libertad en cárceles venezolanas.
Población reclusa total, sobrepoblación y situación jurídica.
El OVP reporta que desde hace 4 años ha disminuido continuamente el número de personas privadas de libertad en Venezuela, teniendo en cuenta que en el año 2017, 2018 y 2019, existía una población reclusa de 57.359, 46.915 y 43.992, respectivamente.
Pese a la tendencia decreciente anteriormente mencionada, la situación de los centros de reclusión en Venezuela se sigue caracterizando por la sobrepoblación, y en consecuencia, por altos índices de hacinamiento, ya que por cuarto año consecutivo, las cárceles venezolanas se encuentran con una sobrepoblación mayor al 40% de su capacidad instalada.
Asimismo, se especificó que la población actual de reclusos en todo el país es de 37.543: 35.360 hombres y 2.183 mujeres.
Se registra también una disminución significativa en el número de plazas para albergar personas en prisión. En teoría, las cárceles venezolanas tienen una plaza de 26.238 personas privadas de libertad, pero con el cierre de 10 establecimientos, esa capacidad se ha visto reducida.
Al año 2020, la capacidad real instalada se sitúa en 21.188 plazas, es decir, se estarían desaprovechando 5.050 plazas. Por otra parte, se contabilizaron 851 personas extranjeras presas en cárceles venezolanas.
El OVP también destaca que la mayoría de las personas privadas de libertad se encuentran sin condena. Para el año 2020, solo 37% de las personas recluidas en el país se encuentran en situación de procesados, «gozando incluso del principio de presunción de inocencia y sometidos constantes vulneraciones de sus derechos fundamentales».
Con relación a este último punto, especifican que para el año 2020, el índice de retardo procesal alcanzó la alarmante cifra del 100% de los procesos judiciales seguidos en Venezuela.
Añaden que 63% de la población reclusa venezolana (23.472) se encuentra a la espera de una sentencia condenatoria, es decir, como procesados/as, amparados incluso por el principio de presunción de inocencia; sin embargo, ante la falta de respuesta de la justicia venezolana, permanecen privados de su libertad a la espera de una respuesta judicial.
Situación de las mujeres privadas de libertad
El Observatorio Venezolano de Prisiones alerta sobre las condiciones de vulnerabilidad y discriminación de las mujeres en prisión, que se evidencian ante las necesidades desatendidas, especialmente, en lo que respecta a la «falta de protección especial a las mujeres embarazadas o lactantes, cuidado a la salud de la población femenina y precariedad en las condiciones de higiene y salubridad en atención a sus necesidades ginecológicas».
Aunque en 2020 se registraron 2.183 mujeres privadas de libertad y una disminución respecto a los años 2017, 2018 y 2019, la capacidad instalada se encuentra por debajo del número de encarceladas, lo cual trae como resultado una sobrepoblación del 101,34%. Según estándares internacionales, la población está en un «riesgo moderado de hacinamiento en materia penitenciaria».
En el año 2020, aumentaron las denuncias en temas de alimentación, indicando que las reclusas comían una vez al día o incluso llevaban días sin recibir alimentos.
Autogobierno en centros penitenciarios y calabozos
Una conclusión relevante del informe es que se detectó la proliferación y crecimiento de las figuras de autogobierno dentro de los establecimientos penitenciarios.
El OVP añade que esta situación irregular además se ha extendido a los calabozos policiales, en los cuales se ha reportado la exigencia injustificada de cuotas monetarias para la obtención de beneficios personales.
Denuncian que en algunos centros cobran elevadas sumas en dólares por «celdas con privilegios» y advierten que este «pago ilegal y fraudulento» corresponde a tener posibilidad de recibir comidas/paquetería y acceso a servicios básicos como agua, espacios para asearse o recibir la luz del sol.
La presencia de armas sigue siendo otro problema recurrente en las cárceles venezolanas, y fue constatado también en 2020.
