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Denuncian que cuatro presos políticos fueron golpeados en Yare II por oponerse a extorsiones
El OVP denunció que una de las cuatro víctimas tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA)

 

Este miércoles, 31 de enero, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que cuatro presos políticos fueron golpeados por oponerse a pagar extorsiones en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda.

Según informó el OVP, la golpiza y violación contra los derechos humanos fue ordenada por un custodio conocido como “El Federal”.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el OVP publicó un video de uno de los reclusos golpeados, quien es un sargento segundo, en donde denuncia «haber sido víctima de unos presos que se hacen llamar funcionarios».

«Nos golpearon con tubos», dijo, y responsabilizó a la ministra del Servicio Penitenciario, al fiscal Tarek William Saab y a Nicolás Maduro de la situación y posibles represalias en su contra. 

El observatorio denunció que una de las cuatro víctimas tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) lo que, a juicio del OVP, constituye una doble violación flagrante de sus derechos humanos y arroja luces sobre las consecuencias de un sistema penitenciario «sin diferenciación de género y mucho menos de condición mental».

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones solicitó una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial del hecho por parte de los organismos del Estado. También, investigar las acciones del funcionario Geomar Cabrera, alias “El Federal”, quien manipula al resto de la población penal para que arremetan contra los presos políticos.

OVP: Gobierno sabía desde el #30Nov que un preso organizaba concierto de Romeo
El OVP hace varios cuestionamientos que al final dan seña de que el gobierno sabía que un preso organizaba un mega evento, como por ejemplo: ¿Por qué no se suspendió el espectáculo?, ¿Por qué se permitió que el preso continuara con su negocio?

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que «desde hace 10 días el régimen sabía que un narco preso estaba organizando un mega concierto».

En una nota publicada en su página web, el OVP explicó que el pasado 30 de noviembre se realizó una requisa en el Centro de Formación Hombre Nuevo Simón Bolívar, conocido como el antiguo Anexo de Damas del retén de La Planta en Caracas, donde resultó detenido Argenis José Guerra Barreto, director del penal, por actos de corrupción, así como dos funcionarios y el jefe de régimen de ese establecimiento. 

Según reportes de medios de comunicación,  Guerra Barreto permitía que el preso Juan Carlos Araujo Durán, presidente de Producciones Solid Show, condenado a 30 años de prisión por tráfico de droga organizara eventos musicales.

El concierto de Romeo Santos estaba pautado para las 8 de la noche en la Base Aérea La Carlota; sin embargo, el show comenzó a las 4:00 de la mañana del lunes. En el evento, marcado por la desorganización y la desesperación de personas que llevaban horas bajo el sol, el mismo cantante en pleno escenario se disculpó con el público y responsabilizó a la empresa Panteras Entertainment del retraso no solo del concierto en Caracas, también de su presentación el día anterior en Aruba. 

Ante todo el escándalo del concierto, el OVP hace varios cuestionamientos que al final dan seña de que el gobierno sabía que un preso organizaba un mega evento, como por ejemplo: ¿Por qué no se suspendió el espectáculo? ¿Por qué se permitió que el preso continuara con su negocio? Si todo el concierto se hubiera dado sin ningún contratiempo ¿la  Fiscalía habría hecho una investigación? ¿La fiscalía habría informado que el preso es quien estaba detrás de este show?

«Cuando observamos esta clase de hechos es que reafirmamos que todas las irregularidades que ocurren dentro de los penales venezolanos son de conocimiento del Ministerio de Servicio Penitenciario y además son consentidas por el régimen», sentenció el OVP.

El observatorio también cuestionó que Juan Carlos Araujo Durán, un recluso considerado como de alta peligrosidad y condenado a una pena de 30 años, haya estado recluido en La Planta, un penal que no cumple con las mínimas medidas de seguridad.

Finalmente, el OVP instó al Ministerio Público a que la investigación no quede solamente en el director del penal, sino que llegue a la cadena de mando del Ministerio Penitenciario que tenía conocimiento de estas irregularidades.

OVP: Casas de paz en calabozos policiales violaría derechos de los detenidos
Según el director de OVP, el policía municipal, estadal y funcionario de la PNB están formados para la seguridad pública, no para cuidar y velar por los derechos humanos de los presos
Una de las principales preocupaciones de Prado ante el anuncio de Tarek William Saab es la coacción y presión a la que puede exponerse un recluso si el plan de casas de paz se lleva a cabo
Se debe hacer inventario de personas procesadas, penadas, con medidas cautelares y que poseen medidas alternativas de cumplimiento de pena para sacar la cuenta de  cuánto personal se necesita para que el servicio a los detenidos no viole el debido proceso, ni caiga en el retardo procesal

 

Entre el 17 y 19 de julio, 107 personas que se encontraban detenidas en el centro de detención preventiva de La Morita II del estado Aragua iniciaron un motín para denunciar el atropello y abusos que recibían por parte de las autoridades del calabozo policial, el retardo procesal en sus causas y supuestos hechos de corrupción en tribunales de Aragua.

Durante el hecho, cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron secuestrados por más de 24 horas en el centro de detención. Katerin Vargas, Rubén Rojas, Darwin Alvarado y el oficial Saulo Kiñones fueron liberados luego de que el conflicto culminara al trasladar a 38 privados de libertad al Internado Judicial de Aragua, mejor conocido como Tocorón.

Un día después, y a raíz del hecho, el fiscal general Tarek William Saab, anunció la puesta en marcha de un plan para reducir el número de personas recluidas en las estaciones policiales, consideradas centros de detención preventiva, que actualmente albergan a 25.000 internos en todo el país, reseñó la Agencia EFE.

La Fiscalía, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se comprometieron «a convertir los centros preventivos» en «casas de paz», de modo que puedan celebrarse en esos calabozos las audiencias de juicio para combatir el retardo procesal que mantiene a miles de detenidos durante años en estos lugares, originalmente concebidos para 48 horas de detención.

“¿Cómo traerás casas de paz cuando no hay espacio para calabozos?. Esto no se resuelve con buenas intenciones, se resuelve con experticia, gerencia y disposición para hacerlo”, opinó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en conversación con Runrun.es.

Para el director del OVP, en los calabozos policiales se excede el tiempo establecido por el artículo 44 de la Constitución venezolana y el Código Orgánico Procesal Penal al dejar más de 48 horas a personas detenidas en sus instalaciones. Adicionalmente, en un espacio diseñado para 20 personas, detienen a 100 o 200 detenidos. 

“Los funcionarios de cuerpos policiales no están formados para lo que les ponen a hacer. Los policías carecen de presupuesto para brindar desayuno, almuerzo y cena a los reclusos en sus calabozos”, aseguró Prado.

Según el director de OVP, el policía municipal, estadal y funcionario de la PNB son formados para la seguridad pública, no para cuidar presos. “No están formados para velar por los derechos humanos de los presos, o para registrar comida y personas que visitan a su ser querido que está detenido preventivamente.

“En ningún comando policial existe un área de atención médica para los detenidos, ni siquiera para los policías”, indicó Prado.

Coacción y presión a los reclusos

Una de las principales preocupaciones de Prado ante el anuncio de William Saab es la coacción y presión a la que puede exponerse un recluso si el plan de casas de paz se lleva a cabo. 

El director del Observatorio explicó que un detenido es trasladado al tribunal para que esté libre de coacción y presión. “No es que no esté de acuerdo en poner unos salones para algunas diligencias que se puedan hacer, pero esas diligencias no pueden estar vinculadas con el proceso”, afirmó.

“Si un muchacho fue detenido por policías, ¿cómo lo vas a poner dentro de la misma sede de la policía a declarar contra los policías?. No tiene sentido”, señaló Prado.

Según el director de OVP, el cambio de abogado de un detenido es una de las diligencias que se puede ejecutar, pero en el proceso no se puede hacer mucho porque el traslado al tribunal garantiza que la persona que esté presuntamente involucrado en determinado tema esté libre de presión y coacción, si no se cumple, se viola ese aspecto por saltar encima de la norma.

Prado explicó que las irregularidades que se han dado en el sector carcelario han intentado ser solventadas a través de actividades que son espasmódicas, pues no atacan el problema estructural. 

La reestructuración es la solución del problema

De acuerdo con Prado, la solución al problema de retardo procesal y todas las irregularidades que implica pasa por establecer un sistema gradual para otorgar medidas cautelares y medidas alternativas de cumplimiento de pena para que no haya impunidad. 

Una vez que se inicie esa reestructuración, el problema puede solucionarse en un año de trabajo continuo y sostenido. 

El director del OVP reiteró que, para ello, hay que tener una visión de cómo resolver el problema estructural a corto, mediano y largo plazo.  Sugirió las siguientes acciones:

Devolver la autonomía e independencia del Poder Judicial. “Cuando un juez dicta una medida preventiva y ordena el traslado de una persona al centro penitenciario, tiene que ser trasladado de inmediato, no tiene que estar un año en un calabozo policial”, dijo.

Se debe hacer inventario de personas procesadas, penadas, con medidas cautelares y que poseen medidas alternativas de cumplimiento de pena para sacar la cuenta de  cuánto personal se necesita para que el servicio a los detenidos no viole el debido proceso, ni caiga en el retardo procesal. 

Nombrar más jueces, fiscales y  defensores públicos, según el número de personas que se encuentren privadas de libertad y tengan sentencia firme o un proceso abierto. 

Hacer un concurso de credenciales, entrenarlos y después “soltarlos al ruedo”. “Independientemente de que es un proceso que tomará tiempo, estas personas solucionarán el problema estructural, porque van a nivelar la situación del proceso de cada persona”, señaló Prado.

Observatorio Venezolano de Prisiones alerta sobre brote de tuberculosis en el INOF
De acuerdo al estudio, 2022 fue el año con el porcentaje más elevado de fallecidos por condiciones de salud en cárceles, calculado en un 72,37 %

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó este jueves sobre un «brote de tuberculosis y hepatitis» dentro del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), única prisión solo para mujeres en el país, ubicada en Los Teques, estado Miranda.

En una nota de prensa, la organización aseguró que familiares de las reclusas han reportado esta situación y que, ante la propagación de las enfermedades, «las presas son obligadas a usar tapabocas, pero no se los proporcionan y ellas mismas deben buscar la forma de protegerse».

El observatorio recordó que este centro de reclusión «alberga a 655 privadas de libertad, aunque la capacidad instalada es para 400 mujeres», lo que mantiene el penal en un «hacinamiento crítico».

«Desde OVP hacemos un llamado al Ministerio de Servicios Penitenciarios para que brinden atención médica oportuna y preventiva a esta población penal, así como también al personal penitenciario. El objetivo es evitar la propagación de enfermedades contagiosas que incluso puedan afectar a los familiares y las comunidades aledañas», apuntó la ONG.

Muertes por razones de salud en las cárceles alcanzaron el porcentaje más alto en cinco años

El pasado jueves, 23 de marzo, el Observatorio Venezolanos de Prisiones (OVP) presentó el informe del año 2022 sobre la situación en las cárceles venezolanas. 

El informe titulado, «El hambre es sinónimo de muerte en las cárceles venezolanas» recopiló información de 45 centros carcelarios con una población reclusa de 33.558 personas.

De acuerdo al estudio, 2022 fue el año con el porcentaje más elevado de fallecidos por condiciones de salud en cárceles, calculado en un 72,37 %.

A esta cifra se suman los decesos en calabozos de detención preventiva, donde el OVP computó 53 muertes, 27 de ellas «por condiciones de salud».

tuberculosis

Informe 2022 del OVP: muertes por razones de salud en las cárceles alcanzaron el porcentaje más alto en cinco años
Los decesos en los calabozos de detención preventiva para 2022 se contabilizaron en 53 muertes, 30 de ellas «por condiciones de salud»

 

Este jueves, 23 de marzo, el Observatorio Venezolanos de Prisiones (OVP) presentó el informe del año 2022 sobre la situación en las cárceles venezolanas. 

El informe titulado, «El hambre es sinónimo de muerte en las cárceles venezolanas» recopiló información de 45 centros carcelarios con una población reclusa de 33.558 personas.

De acuerdo al estudio, 2022 fue el año con el porcentaje más elevado de fallecidos por condiciones de salud en cárceles, calculado en un 72,37 %.

A través de una rueda de prensa virtual, Humberto Prado, director del OVP, afirmó que «la tuberculosis y la desnutrición, desde el 2017 y hasta la fecha, son la causa principal de los decesos tras las rejas».

Los decesos en los calabozos de detención preventiva para 2022 se contabilizaron en 53 muertes, 30 de ellas «por condiciones de salud».

El informe destacó que Lara fue el estado con mayor cantidad de fallecidos, con un saldo de 17 reclusos muertos, seguido por Carabobo (12), Aragua (3),  Anzoátegui (4), Zulia (3), Miranda (2), Táchira (2), Falcón (1), Mérida (1) y Monagas (1).

Hacinamiento crítico 

El Observatorio señaló que el hacinamiento de reclusos es de 64,19 % lo que genera la proliferación de patologías como la tuberculosis, neumonía, hepatitis, paludismo, enfermedades cardiovasculares, en la piel y gastrointestinales, las cuales no son atendidas correctamente. 

El estudio afirmó que 71% de la población reclusa en Venezuela se encuentra en 14 cárceles con una capacidad instalada de 10.402 plazas. «Estos 14 centros tienen un hacinamiento de 229.23%».

El observatorio explicó que la situación de hacinamiento, que -aseguró- es de 164,19 %, y el encierro generan la proliferación de las patologías antes descritas que, según la investigación, no son correctamente atendidas.

«Las condiciones de reclusión cada vez empeoran. Ningún centro penitenciario del país cuenta con los estándares mínimos de reclusión conforme al marco jurídico internacional, y mucho menos con un enfoque diferenciado (para atender a personas con necesidades particulares)», apuntó el informe

Sin acceso al agua y alimentación deficiente

El poco o nulo acceso al agua potable en los centros de reclusión afecta considerablemente a los reclusos, quienes deben pagar una cantidad de dinero en divisas para poder gozar de este recurso. 

De acuerdo con un testimonio que obtuvo el OVP, los reclusos deben pagar entre 30 y 50 dólares para comprar una cisterna de agua. 

Humberto Prado, director del OVP, destacó que en el 2022 murieron alrededor de 76 personas bajo el resguardo del Estado, de los cuales un 68 % fue por falta de alimentación.

OVP: Pran obliga a presos de la cárcel de Vista Hermosa a pagar $20 semanales para evitar “castigos”
Los presos que son denominados como “manchados” deben dormir a la intemperie. Se encuentran cerca de las puertas del penal, no tienen derecho a recorrer las instalaciones, ni recibir visitas y muchos comen de la basura

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo conocer que en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocida como cárcel de Vista Hermosa, 400 hombres son presionados  por el pran (líder de la cárcel), quien tiene el control de la cárcel con sus propias reglas y normas.

En una nota de prensa, aseveraron que si estas «normas» son irrespetadas por la población penitenciaria corre peligro la integridad física de los reclusos.

Según el observatorio, en el recinto penitenciario sobreviven alrededor de 1.790 privados de libertad y en el lugar hay espacios de entretenimiento «como discoteca o piscina, además de una granja con animales.¡».

«Es tal cual una ciudad, incluso con restaurantes y bodegas donde venden alimentos», relataron. 

Para que estas «comodidades» puedan seguir en funcionamiento y reciban mantenimiento, el pran cobra una “causa” semanal de 350 bolívares o 20 dólares en efectivo a cada preso.

El OVP asegura que si los presos quieren pagar por transferencia o pago móvil, entonces el monto es el doble.

Los castigos

La denuncia de la organización es que si los presos no pagan la “causa” son castigados. Los someten y encierran en un cuarto hasta que paguen y, en caso de no hacerlo, son expulsados al área donde se encuentran los “manchados”.

Los presos que son denominados como “manchados” deben dormir a la intemperie. Los ubican cerca de las puertas del penal, no tienen derecho a recorrer las instalaciones, ni recibir visitas y muchos comen de la basura.

Según lo que explicaron al equipo de OVP, en esta área anteriormente estaban al menos 100 reclusos que no podían pagar la “causa”. Muchos son foráneos y no cuentan ni siquiera con la visita de su familia, pero la situación económica ha llevado a que al menos 400 presos no tengan dinero para pagar este monto extorsivo impuesto por el Pran y, por ende, fueron expulsados a la zona de «castigo

Las enfermedades también son un problema

Vista Hermosa no escapa de las enfermedades que azotan a los recluidos en las cárceles venezolanas.

Se pudo conocer que existen al menos 34 reclusos con tuberculosis y 3 con VIH, quienes no reciben atención médica con regularidad y mucho menos el tratamiento adecuado.

*Con información del OVP

OVP pide a la CPI reanudar investigación sobre Venezuela
La coordinadora de la investigación del Observatorio Venezolano de Prisiones, Daniella Suárez, recordó en rueda de prensa que el gobierno venezolano interpuso en abril una solicitud de aplazamiento de la investigación de la CPI
El OVP también denunció que las autoridades venezolanas no han hecho investigaciones genuinas, exhaustivas e imparciales sobre los crímenes de lesa humanidad y que la cadena de mando no ha sido involucrada en las pesquisas

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exhortó este lunes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a reanudar la investigación sobre Venezuela.

Esto luego de que el chavismo haya pedido formalmente que deje el caso en manos de las autoridades judiciales del país.

«En abril de este año, el Estado interpuso ante la Sala de Cuestiones Preliminares una solicitud de aplazamiento de la investigación y como consecuencia, desde abril, la investigación se encuentra suspendida», dijo la coordinadora de investigación de la ONG, Daniella Suárez, en la presentación del informe «24 testimonios de crímenes de lesa humanidad».

El fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en abril pasado su deseo de seguir investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad, pese a la solicitud del Estado venezolano.

El Estatuto de Roma, fundacional de la CPI, exige que el fiscal acepte la solicitud del chavismo o que presente una petición a la Corte para que autorice a reanudar la investigación que incluya observaciones de las víctimas, sus representantes legales y otras partes interesadas en el caso.

La abogada del OVP exhortó a Khan a hacer esta solicitud a la mayor brevedad posible, en caso de que todavía no lo haya hecho.

Irregularidades en las investigaciones locales

Por otra parte, denunció que las autoridades venezolanas no han hecho investigaciones genuinas, exhaustivas e imparciales sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad.

Añadió que la cadena de mando no ha sido involucrada en las pesquisas.

«En la mayoría de los casos, cuando existe más de un perpetrador, estos tampoco son investigados», apostilló.

«Es decir, en casos donde se observa que intervinieron, por ejemplo, más de cinco (funcionarios de la) Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) en la perpetración del crimen, a lo sumo, solamente uno de ellos es investigado», sostuvo.

El caso venezolano se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, desde, al menos, abril de 2017.

Colombia retirará denuncia contra Maduro

A través de distintos voceros, el nuevo gobierno colombiano reveló su intención de retirar la demanda de ese país contra Maduro ante la CPI.

La ONG Acceso a la Justicia explicó que esta decisión no afectaría la continuidad de la investigación, puesto que en el Estatuto de Roma no existe un proceso para dejar sin efecto una remisión hecha a la Fiscalía de la CPI.

«Esto ya ocurrió en el caso de Argentina sin que afectase la continuación de la investigación», señaló la organización a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, Acceso a la Justicia recordó que el caso Venezuela I ante la CPI se abrió de oficio sin intervención de país alguno.

«Luego, varios países, entre ellos Colombia, remitieron el caso, lo cual tuvo un impacto positivo en algunos aspectos procesales del examen preliminar», acotó la ONG.

Finalmente, señalaron que la información que en su momento enviaron estos países ya reposa en el expediente del caso Venezuela I.

¿Si Petro retira la denuncia de Colombia contra Maduro ante la CPI se afectará la investigación?

OVP reporta 4 reclusas heridas en cárcel Fénix
La ONG informó que se produjo una riña entre internas debido a la llegada de una reclusa, por lo que los funcionarios que custodian el recinto ingresaron a los calabozos de modo «violento» 

 

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este 25 de julio que cuatro mujeres que están recluidas en la cárcel Fénix, en el estado Lara, sufrieron heridas por arma de fuego, supuestamente por parte de un custodio del lugar.

«Las lesiones fueron ocasionadas presuntamente por un funcionario del Ministerio de Servicio Penitenciario que presta sus servicios en la Comunidad Penitenciaria Fénix, lugar donde se registraron los hechos», se lee en una nota de prensa de la organización que cita a familiares de las reclusas.

A las mujeres, «que presentaron heridas producidas por arma de fuego», las trasladaron a un centro de salud cercano al penal. A tres de ellas las dieron de alta este lunes. Se desconoce el estado de la cuarta reclusa.

«Las heridas fueron (causadas) con perdigones, pero los disparos fueron a corta distancia, por lo que una de las mujeres presentó una herida abierta en la mano y otra fue enyesada por una herida en la pierna. Asimismo, presentaron lesiones en el abdomen y múltiples golpes», aseguró el OVP.

Según la información que maneja la organización, se produjo una riña entre internas debido a la llegada de una reclusa, por lo que los funcionarios que custodian el recinto ingresaron a los calabozos de modo «violento».

«Posteriormente, se escucharon los disparos que hirieron a las cuatro mujeres», añadió la nota de prensa.

Covid-19 en la cárcel

La directora del OVP, Carolina Girón, denunció recientemente que «la información oficial sobre casos de COVID-19 en las cárceles del país no ha sido compartida».

«Al parecer, Venezuela es el único país donde en las cárceles no llegó el COVID-19. No hay información oficial por parte del Estado», dijo. «Sabemos que sí han habido vacunaciones. No sabemos si se ha hecho el esquema completo o qué tipo de vacuna se suministró».

La directora del OVP destacó que desde el año 2020, durante la pandemia, las muertes dentro de los centros penitenciarios del país aumentó, pero no se especifican las condiciones de manera oficial y el observatorio «no está en las capacidades para corroborar la información». 

«La capacidad instalada de los centros penitenciarios en el país es para 21.000 personas. Sin contar los calabozos policiales, existen alrededor de 32.000 privados de libertad», explicó.

«La comida no está llegando a los detenidos. El suministro de agua potable, aseo personal, ropa y comida recae en los familiares»,  agregó Girón.

Con información de EFE