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Cementerio del Este: la vecindad de Arturo Uslar Pietri y Heyker Vásquez

Parcela 22 del Cementerio del Este

UN HOMBRE CON BOTAS DE HULE, chaleco, lentes de seguridad y casco corta la grama con una podadora; otro vierte agua sobre las tumbas, con una manguera. Ambos son parte del verde y apacible paisaje del Cementerio del Este en La Guairita, municipio El Hatillo, al Sureste de Caracas. Temprano en la mañana ningún carro transita por las accidentadas veredas y un trío de personas ataviadas con ropas blanco y negro conversa frente a la capilla velatoria principal.

Es una escena de recogimiento diametralmente opuesta a la convulsión vivida el pasado miércoles 17 de enero, cuando miembros del colectivo Tres Raíces y de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, enterraron a su compañero Heyker Vásquez. Tampoco se asemeja al revuelo, cuatro días después, por la militarización del camposanto debido al sepelio del policía rebelde Óscar Pérez y dos de sus compañeros: Abraham Agostini y José Alejandro Díaz Pimentel.

La necrópolis es la última morada de personajes venezolanos emblemáticos como los expresidentes Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez, así como del cantautor Simón Díaz, la periodista Sofía Imber, el narrador Marco Antonio “Musiu” Lacavalerie, el músico Hugo Blanco o el intelectual Arturo Uslar Pietri, entre otros.

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Desde 1960 y con 170 hectáreas, el Cementerio Metropolitano Monumental y el Cementerio del Este Promociones y Ventas, además de la Funeraria Monumental (propiedades del Grupo Kaufman), han ofrecido la alternativa a los venezolanos de enterrar a sus deudos en un paraje apacible y alejado de la ruidosa ciudad. Concebido para la familia de clase media y alta, el lugar sigue en renovación y actualmente se construye una ampliación de 8 capillas velatorias nuevas, una cafetería y 430 puestos de estacionamiento.

El precio de una parcela particular en La Guairita ronda los 30 millones de bolívares. Un funeral, dependiendo del tiempo de duración (de 6 a 24 horas) y de si es inhumación o cremación, oscila entre los Bs. 14 y los 37 millones.

Las parcelas 22, 28 y 42

Sitio de descanso eterno de expresidentes e intelectuales, también es el hogar definitivo de figuras como la de Vásquez, quien según la cuenta de tuiter @DignidadMP, manejada por fuentes del Ministerio Público vinculadas a la Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, posee seis investigaciones: cinco por homicidio y una por extorsión.

El día del entierro de Vásquez, más temprano en la mañana, una ráfaga de tiros despertó a los vecinos del 23 de Enero. Las detonaciones anunciaban la partida del cortejo fúnebre y la activación de otros miembros de colectivos de la popular parroquia de la que Vásquez era vecino y líder. El homenaje causó un embotellamiento en la autopista Francisco Fajardo sentido Oeste-Este y quedó registrado en las redes sociales. Más tarde, la imagen de individuos portando pasamontañas, chalecos y fusiles en la fosa donde fue enterrado el cuerpo sin vida de Vásquez dio la vuelta al mundo.

Empleados del cementerio dicen que no es la primera vez que La Guairita es anfitriona de estos peculiares honores. Visitantes al camposanto han denunciado que han quedado atrapados en medio de rituales como el “Coliseo”, que hacen motorizados para homenajear a los fallecidos, mientras beben, fuman y muestran sus armas en la puerta del camposanto. Otros, con peor fortuna, han sido víctimas de robos dentro del lugar.

“No es nuevo ver a gente armada aquí. En la parcela 22, que es la nueva, ya han enterrado a malandros. La otra vez casi me golpean porque no supe darle a un muchacho la información que me estaban pidiendo”, dijo el hombre que regaba la grama con la manguera. “Ese día del entierro del colectivo vi cómo llegaron todos en moto con armas. Afortunadamente no pasó nada, pero si me di cuenta de que la gente estaba tensa; uno no puede hacer nada, sino dejar que ellos hagan su cosa”, agregó.

En la parcela 22, la más reciente inaugurada en el Cementerio del Este y ubicada en la parte baja del lugar, están también enterrados cuerpos de víctimas de la violencia: policías y civiles. “No es que a los malandros los entierren acá, es que esta es la más nueva y aquí se mezclan todos, el del colectivo (Heyker Vásquez) está en la parcela 28 y, Óscar Pérez ,en la 42”, dijo otro empleado del camposanto, quien prefirió no revelar su identidad.

El trabajador aseguró que ha presenciado varias escenas similares a la del sepelio de Vásquez, quien también empleaba el nombre de Adriun Ugarte, alter ego que develó el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, en la alocución posterior a la masacre de El Junquito. “Ellos enterraron a su colectivo y se fueron. No es la primera vez que sucede, aquí ya hemos visto a gente que viene con armas; a veces son policías, echan tiros al aire, algunos son de salva, bueno eso es lo que dicen”.

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“El cementerio no se puede negar”
Lea también: Colectivo Tres Raíces: «Ha muerto el león más feroz del 23 de Enero»

Una de la señoras que ofrece café y agua en las capillas centrales de La Guairita, quien también optó por el anonimato, aseguró que mientras los restos mortales de Vásquez eran sepultados, el tiempo se detuvo. “Por supuesto que uno se asusta y también la gente que está aquí, pero cómo hace el cementerio, no se pueden negar, porque además esa es la misma gente del gobierno”.

Otra trabajadora salió al paso y aseveró que, el fin de semana del entierro de Óscar Pérez y dos de sus compañeros, el paso estuvo restringido incluso para los empleados. “Ellos trajeron los cadáveres a la morgue que está debajo de la capilla memorial; allí al lado nosotros tenemos nuestros cuarto de reposo y no nos dejaron bajar, eso estaba lleno de Guardias Nacionales y señores del Sebin. Yo estaba dejando mi guardia y no pude salir, tuve que esperar a que todo terminara”.

Pese a que el equipo de Runrun.es buscó, en persona y por teléfono, la reacción de voceros del departamento de Asesoría Legal del Cementerio del Este, nunca se recibió respuesta.

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Prohibido portar armas

La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y Vicepresidente del Comité de Derechos Humanos Parlamentarios, Delsa Solórzano, enfatizó que el porte de armas de fuego es exclusivo para funcionarios del Estado.

“El artículo 277 del Código Penal es muy claro y dice que el porte, la detentación u ocultamiento de armas se castigará con pena de prisión de tres a cinco años”, dijo.

También se refirió a la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, que a su juicio, no ha dado resultados. “Para muestra, allí están los últimos estudios: somos el país más violento del hemisferio, estamos por encima de Nicaragua y El Salvador, que ya es bastante decir”.

Según Solórzano, espectáculos en los que se exhiben armamento, como el acaecido en La Guairita, son el reflejo de una sociedad corroída por la violencia. “Nos acostumbramos a vivir en medio del dolor y la muerte. Se ha banalizado la violencia y eso se refleja en situaciones como esta”.

Hizo hincapié en que toda la ceremonia de despedida del líder de colectivo Tres Raíces fue una violación a los Derechos Fundamentales del ciudadano. “Portar un arma, y mucho más accionarla, es un delito. Entonces, estos señores que se andan paseando por la ciudad, ¿a quién le rinden cuentas?”.

Apuntó que cualquier persona puede enterrar a su ser querido en donde le plazca, siempre y cuando cumpla con los parámetros establecidos en la Ley para la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios. “Mientras a este señor, del que por cierto nunca tuvimos acceso al acta de defunción, le rindieron honores, a la familia de Oscar Pérez le negaron el derecho a que los actos fúnebres hubiesen sido oficiados bajo la religión evangélica cristiana que profesaba. Tuvieron que ser presididos por un sacerdote católico, porque fue lo que ellos consiguieron”.

 

Asamblea Nacional denunció paralización del caso de Óscar Pérez a un mes de su muerte

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La presidenta de la comisión especial de la Asamblea Nacional que investiga la muerte de Óscar Pérez y seis miembros de su grupo de sublevados hace un mes, Delsa Solórzano, denunció hoy que la Fiscalía no ha abierto investigaciones por el tema de derechos humanos y aseguró que eso acarrea responsabilidad penal.

“A un mes de la #MasacreDeElJunquito aún no se abren las investigaciones por violación de DDHH en la Fiscalía. Hay responsabilidad penal por omisión, encubrimiento y complicidad”, afirmó Solórzano en su cuenta de Twitter.

Hace un mes, un amplio operativo de las fuerzas de seguridad abatió a Pérez junto con seis compañeros, tras ser acorralados en una casa en El Junquito, a las afueras de Caracas, lugar desde el que el expolicía se sirvió de las redes sociales para informar que deseaba negociar su entrega a las autoridades.

Pérez se rebeló contra el Gobierno en junio pasado, cuando sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia con un helicóptero policial y contra el que disparó y arrojó granadas sin causar heridos o muertos.

Desde entonces, ya en la clandestinidad, grabó varios videos en los que pedía un alzamiento popular contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Solórzano reiteró hoy que desde la Comisión de Política Interior que también preside siguen trabajando en el caso: Y no vamos a descansar hasta que estén encarcelados todos los responsables de la masacre de El Junquito.

La diputada recordó que la violación de derechos humanos es un crimen que no prescribe y su sanción no tiene fronteras.

Informó además que ayer se consignó ante el representante en Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) el informe que están llevando a cabo en la eomisión especial de investigación y adelantó que esta semana seguirán con más acciones que pronto anunciarán.

El también diputado opositor y miembro de esta comisión Winston Flores calificó de ejecución extrajudicial el operativo de seguridad de hace un mes, un evento en el que, sostuvo, no se respetó el derecho a la vida.

“Con tiros en la cabeza el régimen cegó la vida de 7 Venezolanos” señaló Flores en Twitter.

“Todas las investigaciones del caso llevadas por la comisión especial de la #AN han sido minuciosas hemos contado con expertos y NO queda la menor duda que los asesinaron #MasacreDelJunquito”, señaló el diputado en otro trino.

Reiteró que tras la actuación policial intentaron ocultar las pruebas, demolieron la casa, acosaron a las familias y amigos y realizaron un entierro controlado sin permiso de las familias.

Tras la muerte del expolicía científico y de su grupo, los cuerpos tardaron varios días en ser entregados a los familiares, quienes, acompañados de diputados opositores, denunciaron presiones para que permitieran que fueran quemados.

Tras la presentación a la Asamblea Nacional el pasado 30 de enero de las conclusiones de la comisión especial de investigación, el Legislativo decidió prorrogar 60 días más sus tareas.

Estudiantes marcharon para recordar a víctimas de las protestas este #12F

Estudiantes marcha

 

El movimiento estudiantil realizó una caminata que partió en Plaza Las Américas hasta el Cementerio del Este, en el Cafetal, en honor  a los caídos en las protestas realizadas desde 2014.

La convocatoria fue difundida por el presidente de la Federación de Centros Universitarios, FCU, de la Universidad Central de Venezuela, UCV, a través de las redes sociales con el nombre “Unidos por la Vida”.

La sociedad civil se acercó al sitio donde fueron enterrados los cuerpos de Óscar Pérez, dos de los integrantes de su equipo y varios manifestantes.

Los familiares de Juan Pablo Pernalete y Neomar Lander encabezan la marcha homenaje a los caídos, convocada por el movimiento estudiantil.

Javier Silva, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Simón Bolívar, expresó que la manifestación del movimiento estudiantil honra la memoria de jóvenes fallecidos en protestas entre 2014 y 2018. “Vamos a conmemorar el día de la Juventud marchando en honor a nuestros muertos, cuya única esperanza era cambiar el rumbo del país”, sostuvo.


 

 

*Con información de El Pitazo

Infografía | Las masacres que manchan el rostro de la democracia en Venezuela
El pasado 15 de enero ocurrió una matanza en El Junquito. Óscar Pérez y seis de sus aliados cayeron, por disparos en la cabeza, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Las víctimas se suman a las casi 700 personas que han muerto en procedimientos policiales y militares, y en condiciones similares, durante el gobierno de Nicolás Maduro

 

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A LO LARGO DE LAS ÚLTIMAS SIETE DÉCADAS, la historia de Venezuela ha sido salpicada por hechos de sangre que fueron perpetrados con la anuencia del Estado. A partir de 1958, cuando el país superó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, estos ataques masivos de funcionarios – que suelen triplicar en número a sus víctimas – dejaron de ser frecuentes. Sin embargo, desde la década de los 80 empezó a observarse cómo los gobiernos de turno, o los uniformados bajo su mando, los pusieron en práctica. Las masacres – matanzas en las que mueren al menos tres personas que, por lo general, están indefensas ante sus victimarios – despuntaron así en medio de la democracia.

La mayor cantidad de masacres se ha ejecutado en el último lustro. En menos de cinco años en Miraflores, Nicolás Maduro y los policías y militares que le obedecen han estado al frente de al menos 49 de estos procedimientos. Solo en el marco de las Operaciones de Liberación del Pueblo, entre 2015 y 2017, se llevaron a cabo 44 matanzas. A estos sucesos se suman la tragedia de Tumeremo, donde participaron uniformados como aliados de la banda criminal que ejecutó a 17 mineros; la persecución y asesinato de 9 pescadores de Cariaco; los ataques a las cárceles de Uribana y al retén de Amazonas, que dejaron 61 y 39 reos muertos, respectivamente; y más recientemente la masacre de El Junquito, que acabó con la vida del piloto rebelde Óscar Pérez y seis de sus compañeros. En total, 693 personas han caído en estos hechos.

Aunque ningún gobierno había alcanzado estos números, estos procedimientos, plagados de irregularidades, también fueron noticia en la era democrática. El primero se registró en 1982, cuando seis cuerpos de seguridad rodearon a 41 rebeldes marxistas en Cantaura, estado Anzoátegui, y mataron a 23 de ellos.

Después de Cantaura hubo nuevas operaciones policiales y militares que registraron un alto número de víctimas civiles. Así sucedió en poblaciones rurales como Yumare y El Amparo, y también en la capital venezolana, donde se produjo la mayor cantidad de muertes de El Caracazo – que es por cierto la única de estas masacres que no fue planificada, sino que sucedió como una reacción ante los disturbios y protestas –y donde también ocurrió la masacre del Retén de Catia, en 1992, el mismo día en el que hubo una segunda intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez durante un mismo año. En total, 489 personas cayeron en estos sucesos. La mayoría de ellos lo hicieron en El Caracazo.

Con el arribo de Hugo Chávez al poder, las matanzas que contaron con la actuación de funcionarios de seguridad del Estado no cesaron y 26 personas fueron víctimas de estos operativos. En sus 14 años de gobierno, los uniformados intervinieron en al menos cinco hechos de esta naturaleza: dos se ejecutaron en zonas populares de Caracas (Barrios Kennedy y El 70), una se escenificó en la cárcel de (Vista Hermosa, estado Bolívar) y otra en una zona rural (La Paragua, estado Bolívar). Runrun.es presenta un recuento de estas masacres que ponen en vilo el papel del Estado frente a la defensa de los derechos humanos.

VIDEO | Robos, maltratos y armas sembradas: así fue la detención del dueño del chalet donde murió Óscar Pérez

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La madre del médico Williams Aguado aseguró que, 20 días después del arresto, no ha podido ver a su hijo

@loremelendez

Mientras más de 500 funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado rodeaban el chalet donde el exinspector Óscar Pérez se había escondido con seis de sus compañeros, más de una decena de uniformados, vestidos de negro y enmascarados, destrozaba el apartamento de Graciela de Aguado, la madre Williams Aguado, el propietario de la vivienda donde ocurrió la masacre de El Junquito que aniquiló al piloto rebelde.

Eran alrededor de las 5:00 am del pasado 15 de enero cuando los miembros de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) arribaron a la casa de Graciela, ubicada en la UD5 de Caricuao, en el suroeste de Caracas. Al lugar ingresaron a la fuerza. No hubo una orden de allanamiento de por medio, ni tampoco solicitaron que les abrieran la puerta. “Cuando me estaban tumbando la reja, yo les decía: yo les abro, yo les abro. Pero nada. Se llevaron hasta las llaves de mi casa”, denunció la mujer.

Al entrar, los funcionarios empujaron contra la pared a la anciana, desconectaron su teléfono y la encerraron en un cuarto. La amenazaron con detenerla. A su hijo, el médico Williams Aguado, de 57 años de edad, lo maniataron y golpearon repetidas veces antes de llevárselo. Eran los dos únicos habitantes de la casa.

“Decían que era un terrorista”, afirmó la madre, quien escuchó cómo despedazaban su hogar mientras buscaban los fusiles que, según ella, nunca hallaron. Tampoco dieron con el paradero de los dólares que, de acuerdo con los uniformados, “les mandaba el imperio”.

“Encontraron una escopeta vieja y un arpón que era de mi esposo, porque él era militar. Yo tengo 23 años de viuda y, por supuesto, él tenía esa escopeta que era una reliquia. Eso fue todo lo que encontraron, más nada. Sacaron maletas y maletas, decían que era armamento, y eso es totalmente falso porque no consiguieron ni una aguja en mi apartamento”, apuntó Graciela, quien se mantiene con una pensión de sobreviviente del Seguro Social.

La declaración de la mujer contradice lo expuesto por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien un día después de la masacre de El Junquito mostró todo un arsenal presuntamente extraído de la vivienda de Aguado. El armamento, supuestamente, era parte de lo que Óscar Pérez había robado en diciembre pasado de un cuartel de la Guardia Nacional ubicado en Los Teques, estado Miranda, y había sido trasladado en una camioneta pick up que también era de Williams.

“Mientras ocho (Dgcim) estaban en el apartamento, el resto estaba en el estacionamiento llevándose la camioneta. Entonces, la pararon al frente, lo metieron a él (a Williams), metieron las armas y les tomaron fotos”, sentenció la mujer.

Cuando la Graciela pudo salir del cuarto donde la tenían cautiva, vio que su casa había quedado destrozada. Los funcionarios se habían llevado una cocina para empotrar, un equipo de sonido, prendas, alimentos y productos de higiene personal.“Me robaron desde el desodorante hasta la comida. Se llevaron un equipo de música y todo lo que consiguieron, y lo que dejaron, me lo destrozaron”, señaló.

Graciela desconoce qué relación tenía su hijo con Óscar Pérez. Afirmó que tampoco sabía que él estaba construyendo el chalet, hoy destruido, de El Junquito. Antes de su detención, Williams Aguado se desempeñaba como médico en la sede de la Policía Nacional Bolivariana del Helicoide. También trabajaba a destajo en un par de clínicas privadas como cirujano.

Más de 20 días después de aquellos hechos, Graciela no ha podido ver a su hijo. “Yo no sé dónde está. Me han dicho que está en Ramo Verde (el Centro Nacional de Procesados Militares, Cenapromil), pero yo no lo he visto y hasta tanto yo no lo vea, está desaparecido”, reclamó quien ha ido tres veces a la cárcel, sin éxito, para visitarlo. Zoraida Cisneros, la madre de otro de los detenidos, Antonio José Pérez Cisneros, tampoco ha logrado ver al muchacho.

Ambas ofrecieron sus declaraciones durante una rueda de prensa de la ONG Foro Penal realizada el miércoles 7 de febrero, en la cual se anunció la creación de una organización que unirá a las mujeres que son familiares de los presos políticos, quienes están sujetas a constantes vejaciones, requisas y persecuciones.

Hasta la fecha, Foro Penal ha contabilizado que 233 presos políticos se mantienen tras las rejas. Desde las protestas antigobierno de 2014 se han producido 12.098 detenciones arbitrarias por los mismos motivos. Durante los primeros 35 días del año, se registraron 84 nuevos detenidos. De este número, 59 personas se mantienen arrestadas.

¿Por qué es tan grave que un audio exponga la presunta ejecución de Óscar Pérez y su grupo?

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Cada día hay más elementos que confirman que el rebelde Óscar Pérez y su grupo se habían rendido en una operación policial que ya se conoce como ‘La masacre de El Junquito’, en Venezuela. La evidencia más reciente de presunta violación de derechos humanos durante la operación armada ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro ha sido un audio en el que claramente se escucha a comandantes de las fuerzas policiales hablando y dando cuenta de una negociación para detenerlos con vida. Pero luego, los cadáveres de las siete personas mostraban tiros en la cabeza, según informes forenses.

Pese a que el audio es un elemento que podría ser probatorio en una investigación –y ha provocado una gran reacción internacional (medios dentro y fuera de Venezuela, políticos, defensores de derechos humanos)– portavoces del Estado venezolano y sus instituciones permanecen en silencio.

Activistas defensores de derechos humanos como Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional; Rafael Uzcátegui, de Provea, y Liliana Ortega, del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), han hecho la denuncia y ofrecieron a Univision Noticias declaraciones que llevan a inferir que lo ocurrido en El Junquito posee todos los elementos de un caso de violación de derechos humanos histórico que puede sumarse al expediente de denuncias que ya se han hecho ante organismos internacionales. Aquí lo explicamos.

Uso excesivo de la fuerza

Partiendo de los videos tomados en el lugar y su divulgación en redes sociales, los expertos han podido determinar el uso de armamento de guerra, como lanzagranadas RPG, armas largas y un grupo de hombres que parecen no haber cumplido los protocolos establecidos para resguardar la vida de los rebeldes atrincherados y permitir así que un tribunal los juzgara.

Irrespeto a la rendición

Los especialistas ponen luces sobre las múltiples veces que mediante videos subidos a redes sociales, Óscar Pérez y sus compañeros manifestaron la intención de rendirse y negociar su entrega. El audio confirma que se estaba produciendo esa negociación hasta un punto en el que no se sabe por qué no continuó y terminaron muertos. «¿Por qué si se ha venido presentando evidencia de que Pérez y su grupo tenía intención de rendirse..? ¿Por qué si hay un protocolo que en apariencia se venía cumpliendo (negociación entre el comandante de la acción y los rebeldes) aparecen todos en la morgue?», se pregunta Jiménez, de Amnistía. En uno de los videos publicado por el propio Óscar Pérez horas antes de su muerte se le ve y oye gritar en medio de un incesante tiroteo. «¡Nos vamos a entregar, no sigan disparando!».

Pena de muerte

En Venezuela está prohibida la pena de muerte y el Estado debe garantizar el derecho a la vida. Con preocupación, los defensores advierten que en el país hay un contexto de violación a este derecho que persevera. «Tenemos que entre 2012 y 2017 se han producido 8,000 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, según informe de Cofavic», explica Liliana Ortega.

El trasfondo de lo que viene ocurriendo

Existe una historia documentada de violación de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Algunas de las organizaciones consultadas, como Cofavic, nacieron producto de masacres como la del Caracazo, en febrero de 1989, durante las protestas populares durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Amnistía y Provea advierten sobre detenciones sin orden judicial, represión contra manifestantes fuera de las leyes establecidas (tanto en 2014 como en 2017) y las muertes asociadas al plan OLP (Operación de Liberación y Protección del Pueblo, creada por fuerzas policiales) «con la justificación de estar aplicando la ley» contra delincuentes, refiere Uzcátegui.

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Sin embargo, qué hace diferente este caso. «La impunidad de la que parecen estar seguros quienes hicieron este operativo en El Junquito, a plena luz y con redes sociales», explica Jiménez. «Pero luego destruyes la casa que es destrucción de la cadena de evidencias, retrasas la entrega de los cuerpos y luegos los escondes y los entierras irrespetando a los familiares y las leyes», subraya Uzcátegui.

Sigue leyendo este trabajo de Tamoa Calzadilla en Univisión

“Nadie dispara, esto es una entrega”: grabación policial confirma que Óscar Pérez fue capturado con vida

 

El audio revela que, entre las 11:15 y las 11:42 de la mañana del 15 de enero, el piloto rebelde y su grupo negociaron su rendición con el militar a cargo de la captura. Dos horas más tarde, sus cadáveres llegaron a la morgue de Caracas, todos con disparos en la cabeza.

Medina Roa: Abogados del capitán Caguaripano y de detenidos por el caso de Oscar Pérez están siendo hostigados y amenazados

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El abogado Alonso Medina Roa alertó a la comunidad internacional sobre la arremetida por parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los defensores de los derechos humanos en Venezuela quienes están siendo perseguidos por los cuerpos de seguridad del Estado imponiendo una política de terror y tortura.

“A raíz de las constantes denuncias realizadas por los defensores de derechos humanos sobre la tortura sistemática, los tratos crueles e inhumanos, de la institucionalización de la tortura en Venezuela, y por defender a los presos políticos como el Capitán Juan Carlos Caguaripano, fue iniciada una ola de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas por parte de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado”, denunció Roa.

El abogado detalló que hasta el momento la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga el caso de la masacre de El Junquito ha contabilizado 31 detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del estado, como también han ocurrido allanamientos sin orden judicial y secuestros. “Los abogados defensores de los ciudadanos vinculados con el caso del Capitán Caguaripano y ahora también relacionados con el caso de Oscar Pérez, están siendo hostigados y amenazados constantemente por funcionarios del estado, con la finalidad de hacer que se abstengan y tengan temor a defender a cualquier ciudadano que esté relacionado con dicha causa”.

Como prueba de esto, Medina Roa informó que el pasado 25 de enero de 2018 fue allanada la casa del abogado defensor del capitán Juan Carlos Caguaripano, Luis Argenis Vielma, por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) quienes llegaron a la residencia del abogado “con una orden de aprehensión y como éste no se encontraba, fueron detenidos por los funcionarios, su madre y su hermano, quienes probablemente están siendo víctimas de torturas y tratos crueles”.

Medina Roa también denunció que él mismo ha sido víctima de persecución política al recibir constantes llamadas telefónicas amenazándolo y los órganos de inteligencia han interceptado sus llamadas. “Esta acción demuestra una vez más, la inseguridad jurídica que reina en nuestro país, para el régimen no basta con tener presos políticos sino que además arremete en contra de sus abogados defensores, quienes, cabe recordar, forman parte del Poder Judicial venezolano”, aseguró el abogado.