oscar perez

Este domingo 15 de julio se cumplen seis meses de la muerte de Óscar Pérez y sus aliados, José Pimentel, Daniel Soto, Abraham y Jairo Lugo, Abraham Agostini y Lizbeth Ramírez, en El Junquito durante la Operación Gedeón, por lo que la diputada Delsa Solórzano compartió, a través de sus redes sociales, fotografías de cómo luce en la actualidad la casa en la que se atrincheraba el grupo.

La también presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) reiteró que luego de la investigación realizada se puede “concluir que hubo una MASACRE, que los ciudadanos asesinados estaban ‘rendidos’, que hubo uso desproporcionado de la fuerza, que se utilizaron armas de guerra contra civiles, que se destruyeron evidencias”.

Solórzano informó también que fue remitido un informe de lo ocurrido a instancias internacionales, entre ellas a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Corte Criminal Internacional.

1. Oscar Pérez, José Díaz Pimentel, Daniel Soto, Abraham y Jairo Lugo, Abraham Agostini y Lizbeth Ramírez fueron ASESINADOS por el régimen de Maduro hace 6 meses. Hoy la dictadura sigue obstruyendo la justicia interna

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) July 15, 2018

2. La investigación que llevamos en #PoliticaInterior permitió concluir que hubo una MASACRE; que los ciudadanos asesinados estaban “rendidos”; que hubo uso desproporcionado de la fuerza; que se utilizaron armas de guerra contra civiles; que se destruyeron evidencias

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) July 15, 2018

3. Que hubo obstrucción la justicia; que se impidió acceso de @AsambleaVE al lugar de los hechos el día de la masacre; que la Cadena de mando que ordena el operativo tiene a la cabeza a Cmdte en Jefe FFAA; que actuaron civiles y militares (MIN Defensa y MIN Interior)

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) July 15, 2018

4. Que se negó información a @AsambleaVE ; que se cometieron tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los familiares; que se ha perseguido políticamente a las familias de los masacrados; que actuaron civiles (colectivos armados) con doble identidad haciéndose pasar por PNB

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) July 15, 2018

5. Que se impide a @AsambleaVE obtener lista de funcionarios actuantes, con lo que se oculta evidencia; que se pretendió cremar a los cadáveres; que se nos oculta la autopsia de ley y sólo tenemos acta de defunción que dice: causa de muerte: disparo en la cabeza

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) July 15, 2018

6. Que hay encubrimiento por parte de funcionarios encargados de la investigación; que se siguen cometiendo delitos para pretender ocultar la verdad

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) July 15, 2018

8. No descansaremos hasta obtener justicia. Seguiremos brindando apoyo a las familias

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) July 15, 2018

*Fotos Delsa Solorzano

Carlos D´Hoy

@carlos_dhoy

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció este miércoles, 18 de abril, la ejecución de la “Operación Gedeón II”, la cual desmanteló una supuesta célula terrorista “que planificaba operaciones para atentar contra el orden interno” y estaba integrada por al menos 12 personas. Explicó el ministro que tal operativo consecuencia de las investigaciones realizadas luego de la primera Operación Gedeón en la que fue asesinado el piloto disidente Oscar Pérez y seis integrantes del grupo que lo acompañaba.

Entre los detenidos se encuentran Yorfrán Quintero, alias “Collar”, de 28 años de edad, capturado el pasado 15 de abril en el municipio Chacao, quien tendría como objetivo colocar explosivos en diferentes sedes de poderes públicos, entre ellos el Consejo Nacional Electoral y la base aérea Francisco de Miranda (La Carlota), con el fin de sembrar zozobra en la población.

Dijo además que se evidenció que Quintero prestó servicio militar en la GNB  y sería el autor de los ataques con explosivos realizados en los alrededores de la Plaza Altamira en el año 2017.

Informó que se realizaron allanamientos en Los Teques, específicamente en “un centro de captación y entrenamiento donde se logró la detención de tres personas”, quienes presuntamente eran “ miembros activos de la resistencia de choque e insurgencia”.

En Los Teques fueron arrestados Alonso José Mora Alfonso (33), Erick Anderson Villalba Suárez (20) y Stefanie Madeleine Chávez (20)

El ministro aseguró además que Vasco Manuel Da Costa Corrales, quien fue detenido el pasado lunes en su residencia, era el “líder de estas células terroristas y financista de las operaciones” además señaló que la información aportada por Da Costa permitió la recuperación de un arsenal que se encontraba oculto.

Reverol recordó que Da Costa, quien había sido liberado el año pasado, “tiene antecedentes por estar vinculado en las guarimbas del año 2014, y estaba relacionado con el detenido Isaías Baduel”

Dijo que tras ser sometido a interrogatorios, Da Costa los llevó a la Quinta Vista Hermosa, en donde bajo tierra se encontraron municiones (…) Fueron incautados más 3 mil cartuchos 7 mm, metro y medio de mecha lenta para explosivo, 1 pistola calibre 9 mm con 6 cartuchos sin percutir, solicitada por el delito de hurto”.

En este allanamiento fueron detenidas otras seis personas identificadas como José Luis Santamaría Vargas (46), Pedro Rafael Urbina Rosales (37), Régulo José García Castro (25) y Luis Felipe Leal Fernández (33), así como dos adolescentes de 16 y 17 años de edad, “quienes recibían instrucción y entrenamiento para posteriormente ser desplegados y planificar actos desestabilizadores y evitar las elecciones presidenciales del 20 de mayo”.

Reverol anunció la detención de Carlos Aristimuño (60) en el municipio Chacao, quien habría “sido contratado por la célula terrorista como instructor de diferentes cursos dirigidos al grupo de choque e insurgencia”.

Además dijo que se emitió una orden de captura internacional contra María Isabel Rodríguez Briceño (60) a quien señaló de ser financista de “los grupos de exterminio”.

1. “Operación Gedeón II” logró el desmantelamiento de una célula terrorista que planificaba operaciones de desestabilización para atentar contra el orden interno y la paz de la República. pic.twitter.com/V65QfSUOmg

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 18 de abril de 2018

2. Capturado líder de la célula terrorista Yorfran Quintero, alias “Collar” (28) el pasado 15/04/18 en Chacao, edo. Miranda que tenía como objetivo colocar explosivos a diferentes sedes de Poderes Públicos e instituciones del Estado para causar zozobra en la población pic.twitter.com/8QLuvquc5q

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 18 de abril de 2018

3. Se determinó que este sujeto participó en la detonación de explosivos que fueron colocados al grupo de Guardias Nacionales y Policía Nacional en el Distribuidor y Plaza de Altamira pic.twitter.com/M1G23s9MZF

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 18 de abril de 2018

4. Tras allanamiento en Los Teques, se desmanteló un centro de captación y entrenamiento y se logró la detención de tres personas, miembros activos de la resistencia de choque e insurgencia, vinculados con las guarimbas del 2017 #OperaciónGedeónII pic.twitter.com/d4e5vDRnGe

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 18 de abril de 2018

5. En la av. principal del Bosque en Chacao, se logró la detención de Carlos Aristimuño (60), quien estaba siendo contratado por la célula terrorista como instructor de diferentes cursos dirigidos a este grupo de choque e insurgencia #OperaciónGedeónII pic.twitter.com/DCd30jrayv

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 18 de abril de 2018

7. Se realizó allanamiento a vivienda ubicada en Baruta, donde se logró la detención de seis personas, que recibían inducción y entrenamiento para posteriormente ser desplegados y planificar actos desestabilizadores y evitar elecciones presidenciales el #20May #OperaciónGedeónII pic.twitter.com/G6BCFj2DkD

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 18 de abril de 2018

8. Todas las evidencias nos llevaron a otro allanamiento en la Quinta El Pinar, en la urbanización El Paraíso, Dtto. Capital, donde se logró la detención de Vasco Da Costa (58), también líder y financista de esta célula, vinculado a los guarimbas del 2014 #OperaciónGedeónII pic.twitter.com/79I7cyiJR9

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 18 de abril de 2018

9. Vasco aportó información sobre la ubicación de material de guerra enterrado en la Quinta Vista Hermosa en #Baruta #OperaciónGedeónII pic.twitter.com/EnV5EiIWp5

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 18 de abril de 2018

10. Seguiremos ejerciendo la autoridad democrática que nos da la constitución y demás leyes de la República para seguir garantizando la Paz de nuestro pueblo #OperaciónGedeónII pic.twitter.com/Uuv4KIW9o4

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 18 de abril de 2018

Vanessa Barroso, directora de la Fundación «GV33 Moral y Luces» y ligada al caso Óscar Pérez, fue liberada con medidas cautelares la tarde de este lunes 26 de marzo.

La información la dio a conocer Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano a través de Twitter, donde agregó que también fueron excarcelados Johnny Calderón, Everth Celis y Gilberto Quintero.

Barroso y los demás presos políticos tienen régimen de presentación, pesa sobre ellos prohibición del país, pueden moverse dentro del país con permiso del tribunal, y no pueden dar declaraciones a los medios

La directora de la Fundación GV33 fue detenida el pasado 2 de febrero dentro de su residencia, ubicada en San Martín, Caracas. Estaba recluida en la cárcel militar de Ramo Verde.

#26M Hoy excarcelada Presa Política Vanessa Barroso, Johnny Calderón y otros 2. Felicitaciones gran familia @ForoPenal @MaferTorresA Mariana Ortega Luis Medina, Mariela Suarez pic.twitter.com/Fj9kM725cf

— Alfredo Romero (@alfredoromero) March 26, 2018

#26Mar 3PM Excarcelados bajo cautelares Vanessa Barroso, Yhonny Calderón, Everth Celis y Gilberto Quintero. Equipo del @ForoPenal y otros abogados con ellos ¡Seguimos! Gracias al abuelo, a @MaferTorresa a @Poramor20 y @marielsuarez pic.twitter.com/zLWyEcaKM9

— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) March 26, 2018

#26M Preso Político Yhonny Calderón en “libertad” bajo régimen de presentación cada 8 días, prohibición de salida del país , hablar con medios y puede salir para el interior del país con permiso del tribunal. En foto con nuestra abogada @ForoPenal Mariana Ortega pic.twitter.com/xgqFXN7ldY

— Alfredo Romero (@alfredoromero) March 26, 2018

* Con información de La Patilla

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, informó este viernes desde la Corte Penal Internacional (CPI) en la Haya que amplió la denuncia consignada el pasado 16 de noviembre contra el presidente Nicolás Maduro y funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado por violaciones a los derechos humanos.

“En Venezuela se continúan violando los derechos humanos. Hay un hecho que marca la continuidad como lo ocurrido el 15 de enero cuando asesinaron a siete venezolanos. Entre ellos, Oscar Pérez”, dijo la abogada.

Ortega expuso que en la ampliación de la denuncia se incluye al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional (FANB), Remigio Ceballos y al director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Carlos Pérez Ampueda.

“Consignamos un cúmulo de elementos probatorios que certifican lo que digo. Las personas que fueron masacradas estaban rendidas. Ya se había negociado la entrega y llegó la orden de Nicolás Maduro de que se procediera a aniquilarlos”, sentenció la fiscal.

#ENVIVO Declaraciones desde la @IntlCrimCourt en La Haya #16Mar https://t.co/SrtrLLHveX

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) March 16, 2018

Su familia pensó que la habían secuestrado, pero dos días después pudieron hablar con ella: estaba en la sede de la Dgcim de Boleíta sin saber el porqué de su arresto. Esta es la historia de una de las detenidas que vincularon al piloto rebelde y que, todavía hoy, no entiende por qué está tras las rejas

Lorena Meléndez G.

@loremelendez

Carola Hernández había salido de su oficina en compañía de su socio y de su novio cuando se la llevaron. De una camioneta Chery de color naranja y dos motos VStrom sin ningún tipo de identificación, descendió un grupo de hombres armados y vestidos de negro que la interceptó en plena avenida Francisco de Miranda a la luz del día. Cuando todo pasó, estaba a la altura del Centro Plaza, en la urbanización Los Palos Grandes de Chacao, en Caracas y eran alrededor de las 3:00 pm del miércoles, 24 de enero de 2018. Su familia no volvería a saber de ella hasta dos días después. Quienes estaban allí pensaron que se trataba de un secuestro, pero se equivocaron.

Los encapuchados tomaron a los dos hombres que andaban con Carola y los inmovilizaron y lanzaron contra el suelo. A ella se la llevaron con rumbo a la urbanización El Paraíso donde aparecieron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para arrestarla. Días después, en su audiencia de presentación, supo que todo había ocurrido porque la habían relacionado con Óscar Pérez, el piloto rebelde que fue asesinado por las fuerzas de seguridad del Estado junto con seis de sus aliados en un chalet de El Junquito, al oeste de la capital venezolana. Hoy está acusada por ser su supuesta cómplice.

A Carola – diseñadora gráfica y emprendedora que lleva 12 años al frente de una empresa de producción de eventos –  no la presentaron de inmediato ante las autoridades. A los dos días de su aprehensión, apenas le permitieron llamar a sus padres para explicarles lo ocurrido y decirles que estaba en la sede de la Dgcim de la urbanización Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda. Cinco días después la llevaron a su primera audiencia, en lugar de hacerlo durante las 48 horas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Tras seis semanas de aquella detención arbitraria, un tribunal militar ordenó que Carola quedara privada de libertad y la acusó por traición a la patria, rebelión militar y sustracción de artefactos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), e hizo lo mismo con otros dos civiles – el taxista Juan Carlos Urdaneta y el mecánico Joaldy Javier Deyon – y con ocho uniformados – el teniente Carlos Arias y siete primeros tenientes: Eduardo Amaya, Jhoander Ceiba, Alberto Maita, Simón Torres, Anderson Pérez, Gustavo Sandoval y Robert Escalona –. De todo el grupo, Carola había sido la última detenida. No conoce a ninguno de los otros arrestados.

Aunque hasta ahora no hay ninguna prueba que vincule a Carola con Óscar Pérez, ella permanece tras las rejas en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Su abogada, Lilia Camejo, indicó que la asociaron al robo de armas que el piloto llevó a cabo en un comando militar.

Para la abogada, en el caso de la diseñadora se han hecho evidentes todas las irregularidades que se han registrado en los procesos a los que han sido sometidos los presuntos cómplices de Óscar Pérez. Los agentes que la apresaron nunca se identificaron, ni tampoco mostraron la orden de detención que ordenaba su arresto, tal como lo dictan las “Reglas para la Actuación Policial” contenidas en el artículo 117 del COPP. A Carola la dejaron incomunicada durante días, nunca informaron sobre su paradero a su familia y violaron los lapsos de presentación ante las autoridades establecidos en el artículo 250 de la misma legislación. Al final, la acusaron sin tener indicios de su relación con el piloto rebelde.

El efecto de la aprehensión siguió fuera de Ramo Verde. La oficina de la empresa de Carola fue allanada ilegalmente días después de su detención. De allí se llevaron computadoras, el pasaporte de uno de los socios de la compañía y hasta una botella de whisky sin explicación alguna.

La defensa de Carola no pudo tener acceso a su expediente porque la Fiscalía Militar, que tampoco debería llevar su caso porque se trata de una civil, pidió una reserva por 15 días. Sin embargo, después de esas dos semanas, los abogados tampoco pudieron ver los documentos que muestran los fundamentos de una acusación que se hizo prácticamente en grupo y no individualizada, como debería ser.

A lo largo de los casi dos meses que lleva encarcelada, Carola ha perdido peso. Dicen sus familiares que la angustia por no saber por qué está encerrada la tiene así. Para distraerse, puso la creatividad que la caracteriza, según quienes la conocen, al servicio del ambiente que la rodea: decidió decorar con telas el ambiente en donde los detenidos reciben a los niños que los visitan. Mientras tanto, espera su próxima audiencia que está pautada para el 3 de abril.

Describir con detalles, a través de un mensaje de Whatsapp, los entierros de José Díaz Pimentel, Abraham Agostini, Óscar Pérez y Heyker Vásquez le valió al padre Alexander Hernández, capellán del cementerio del Este, ser perseguido por las autoridades y, posteriormente, la ruta del exilio.

Una fuente de la iglesia Santa Paula informó que el padre, quien también ofició los entierros del los expresidentes Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi, tuvo que emigrar a los Estados Unidos tras la persecución de funcionarios del Estado. De acuerdo con la persona, quien pidió omitir su identidad, el mensaje por la red social y una foto publicada por The New York Times lo habría puesto en el ojo de las autoridades.

En un mensaje titulado “Y al final todos llegan al cementerio”, el capellán del camposanto narró lo que sucedió el 17 de enero (entierro de Heyker Vásquez) y el sábado 20 de enero (sepelio de Pimentel y Agostini):

“A las 8:00 am llegué al Cementerio del Este y no era un día normal, pues había muy pocos carros en la vía, poco ruido en la calle, en fin, todo estaba cerrado en La Guairita; lo que no sucede en la zona ni un primero de enero.

“Cuando entré al camposanto me llené de sorpresa al ver hombres pertenecientes a colectivos y tantos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana vestidos de negro, exhibiendo fusiles y armas cortas. Esto sin dejar de lado los autobuses de la Vicepresidencia de la República, los cuales con un cartel de ‘Uso de la Vicepresidencia’ se habían encargado de llevar a familiares y amigos a la terraza donde descansaría el líder del colectivo del 23 de Enero, Tres Raíces.

Sigue leyendo esta nota de Daisy Galaviz en El Pitazo

La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional aprobó un informe sobre los sucesos ocurridos el lunes 15 de enero en El Junquito, donde fueron ejecutados siete ciudadanos y dos funcionarios policiales, hecho también conocido como la masacre de El Junquito.

Asimismo, el informe será remitido a la Corte Penal Internacional (CPI), instancia que recientemente inició un examen preliminar a Venezuela por la violación de derechos humanos. La presidenta de la comisión, Delsa Solórzano, informó que el documento será enviado de manera electrónica para la apertura de la investigación de oficio.

La aprobación de este informe se produjo en el contexto de la cuarta reunión ordinaria que contó con la presencia del equipo de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) y de la Comisión Especial que estudia el caso.

Durante la reunión Solorzano criticó que a estas alturas el Ministerio Público no ha abierto hasta ahora investigación penal alguna acerca de la masacre. «Todo en virtud de que hubo una clara y franca denegación de justicia en Venezuela ya que nunca se abrieron las investigaciones penales correspondientes en contra de los autores materiales e intelectuales y tampoco de los encubridores de un hecho tan grave como éste», precisó la parlamentaria quien, según los resultados de la investigación, determinó que fue una ejecución extrajudicial.

«No se ha realizado la planimetría y habrán experticias que no se podrán hacer jamás porque las evidencias las destruyeron, destruyeron la casa», aseguró.

*Con información de El Impulso