80% de las 1.262 protestas registradas durante el primer mes del 2023 por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social fueron por demandas laborales
La celebración del Día Internacional del Trabajador suele ser el marco para el anuncio de aumentos salariales y otros beneficios laborales. Sin embargo, este año las expectativas del personal activo, pensionados y jubilados han caído en la incertidumbre ante el escándalo de corrupción que compromete miles de millones de dólares de las arcas públicas e involucra a funcionarios, exfuncionarios, dirigentes políticos y empresarios. En medio de esta crisis, no se vislumbra cómo el gobierno responderá a las demandas formuladas por los gremios y sindicatos, especialmente del magisterio y del sector salud.
El descontento de la clase trabajadora se evidenció con fuerza el pasado enero, cuando protagonizó 80% de las 1.262 protestas registradas durante el primer mes del 2023 por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). De acuerdo con esta cifra, hubo un promedio de 42 movilizaciones diarias, la mayoría vinculadas con exigencias de derechos laborales y servicios básicos, lo que representa un incremento de 136 % con respecto al mismo período del año anterior.
La oleada de protestas coincidió con la tercera ronda del llamado Foro de Diálogo Social, que se desarrolló del 30 de enero al 1° de febrero en el estado Nueva Esparta con el apoyo de una misión técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se esperaba que el evento, que reunió a representantes gubernamentales, empresarios y sindicatos, avanzara en una agenda para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero culminó sin resultados concretos.
Según la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), el Ejecutivo venezolano ha incumplido 90% de las recomendaciones formuladas por la OIT y reafirmadas por el foro, especialmente las relacionadas con el establecimiento del salario mínimo, la libertad sindical y la consulta tripartita.
Con las mejoras salariales insatisfechas, el gobierno ha respondido con la entrega de bonos a través del sistema Patria. Estas asignaciones, aunque representen un alivio para alguna parte de la población, resultan insuficientes para cubrir siquiera una mínima parte de la canasta básica que, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), en marzo de este año se ubicó en 482,26 dólares.
Esto significa que una familia de cinco personas necesita ganar un promedio de 91,86 salarios mínimos para adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad. En contraste, el ingreso mensual de los trabajadores es de apenas Bs 130 o 5,25 dólares, a la tasa de hoy; considerado el peor de América Latina, muy por debajo de los USD 57 mensuales que según la ONU marcan el umbral de pobreza extrema.
Expectativas al alza
Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) 2022, por primera vez en siete años se redujo la pobreza multidimensional en Venezuela, pero aumentó la desigualdad y el país se convirtió en el
“más desigual” de la región, con casi 40% de los hogares con mayores ingresos ubicados en la capital, Caracas, ciudad con apenas 16% de la población total. Por otra parte, la medición reveló que, aunque se superó la hiperinflación producida desde 2017, Venezuela todavía es la economía “más inflacionaria del mundo”, y se prevé que puede cerrar este año en 125 %.
Por otra parte, aunque algunos analistas apuntan a que el país experimenta una leve recuperación económica, para la inmensa mayoría de los venezolanos su principal preocupación sigue siendo el aumento de precios de los productos de primera necesidad, así como los bajos ingresos y las fallas en servicios públicos esenciales como salud, alimentación, electricidad, agua y combustible.
Ante este panorama desalentador y en el marco del Día del Trabajador ha crecido la expectativa en los gremios y sindicatos que exigen un ingreso justo, incluso en términos de divisas. Entre las distintas propuestas que se han manejado está la de la Alianza Central Independiente, que estima que el salario mínimo se establezca en USD 200, lo que representa un incremento de más de 3.000%.
En tanto que para la misión técnica de la OIT que ha acompañado el Diálogo Social, el salario debería fijarse en USD 400, y para la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) el monto ideal estaría entre USD 120 y USD 200. Ninguna de estas cifras es respaldada por el empresariado afiliado a Fedecámaras, que insiste en que un aumento de esta magnitud, aunado a la inflación, sometería al sector al “exterminio”. Sin embargo, el gremio plantea que cualquier ajuste debe estar basado en la canasta familiar.
Más bienestar, menos corrupción
Tras las protestas del sector educativo iniciadas en enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que el Ejecutivo anunciaría nuevas medidas salariales, pero luego de tres meses el compromiso no se ha materializado y se mantiene vigente el salario fijado en marzo de 2022, el cual se ha venido a menos por efecto de la inflación y la caída del poder adquisitivo. Al igual que en otras áreas del sector público, la opacidad y la desinformación han prevalecido en el manejo de la información sobre las reivindicaciones salariales y sociales de los trabajadores.
En una de las pocas ocasiones en la que ha abordado el tema, Nicolás Maduro, a través de Twitter, afirmó que el gobierno “seguirá protegiendo el salario integral de los trabajadores” y que buscarían los recursos necesarios para invertir en áreas como salud, educación y vivienda. No obstante, en su mensaje con motivo de presentación de la Memoria y Cuenta 2022, el mandatario expresó que, con la imposición de sanciones del Gobierno estadounidense bajo la administración de Donald Trump, Venezuela dejó de percibir más de 90 % de los ingresos petroleros; es decir, unos 232.000 millones de dólares, que según dijo estaban destinados a los salarios, la educación y la salud.
No obstante, pese a la justificación de las sanciones y el desplome de la industria petrolera, desde hace aproximadamente un mes, el país y el mundo han conocido de denuncias de corrupción y detenciones masivas en el seno del oficialismo. Según estimaciones no oficiales, los casos de corrupción, denunciados por el propio gobierno y vinculados con Pdvsa y otras empresas estatales, rondaban los 3.000 millones de dólares. Sin embargo, investigaciones de Transparencia Venezuela revelan que sistemas de justicia de 26 países investigan 146 tramas de gran corrupción que involucran a venezolanos. El monto del desfalco se calcula en casi 70.000 millones de dólares.
En este contexto, cualquiera que fuere el monto de los recursos públicos comprometidos en el escándalo de corrupción, total o parcialmente, pudieron destinarse a satisfacer las demandas salariales de maestros, profesores universitarios, trabajadores del sector salud y de las industrias básicas que han liderado las protestas en lo que va de año, y a mejorar la calidad de vida de miles de familias que dependen, para subsistir, de asignaciones esporádicas, insuficientes y sin impacto alguno en la seguridad social.
Este 1° de mayo, Transparencia Venezuela reitera su compromiso de lucha contra la corrupción, así como la exigencia de rendición de cuentas sobre la administración de los recursos que pertenecen a todos los venezolanos y, en consecuencia, deben estar destinados también a garantizar los derechos de los trabajadores y de sus familias.
