Organización de Naciones Unidas

Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, eseñaló la tendencia de hostigar a personas cercanas a líderes de la oposición

Organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) para exigir la liberación de Roberto Abdul, presidente de Súmate, así como el cese de la persecución política y actos de tortura en Venezuela.

Esta denuncia se realizó el pasado lunes, 11 de diciembre, durante la 22° Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional, que se realiza en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, señaló la tendencia de hostigar a personas cercanas a líderes de la oposición.

Al respecto, Diamanti advirtió sobre el recrudecimiento de esta persecución ante las próximas elecciones presidenciales, cuya agenda comenzó con la persecución y órdenes de detención del sector más cercano de María Corina Machado y la detención arbitraria de Roberto Abdul, presidente de la organización Súmate.

“Como no se atreven a detener a quienes levantarían las alertas internacionales, como puede ser la detención de María Corina Machado, van detrás de su equipo de confianza”, sentenció.

Diamanti recordó que esto ha ocurrido en casos como los de Henrique Capriles y Juan Guaidó: «No hay dudas de un patrón sistemático de persecución política por parte del gobierno de Maduro para mantenerse en el poder, a través de la comisión de crímenes de lesa humanidad».

Además, alertó sobre el riesgo inminente que enfrentan cientos o miles de venezolanos el próximo año debido a esta persecución, tortura y asesinato, subrayando la urgencia de la denuncia.

Víctimas de la represión

José Gregorio Pernalete y Elvira Llovera de Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete, demandaron que el crimen de asesinato constituya una de las prioridades en la investigación de la Fiscalía de la CPI en la situación Venezuela I.

Igualmente, Olga González, esposa de Leonardo González, víctima de asesinato en 2017, narró la terrible historia de cómo su esposo fue perseguido por funcionarios policiales, quienes le propinaron más de 20 impactos de bala y ocasionaron su muerte.

“Hablo no solo en representación de mi esposo, sino de todas las personas asesinadas en Venezuela por el hecho de pensar distinto. Venimos a exigir justicia”, señaló González.

Durante el evento, se pudo conocer que el Panel de Expertos próximamente presentará un nuevo informe en el que se evidencia la falta de procesos judiciales en Venezuela que cumplan con los estándares de justicia, lo que reforzará la solicitud de que la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúe.

*Nota de prensa

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ONU reveló que sólo 5% de la ayuda gubernamental mundial va destinada a la atención de la violencia contra las mujeres

De acuerdo con la ONG Transparencia Venezuela, en el país solo hay cinco centros de acogida para víctimas de violencia de género, un número que está por debajo de lo estipulado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual establece que debe haber uno por cada localidad. 

Según cifras arrojadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), 736 millones de mujeres (casi una de cada tres) han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida.

De acuerdo con el organismo internacional, la violencia contra la mujer se ha extendido a varios entornos, incluidos los lugares de trabajo y espacios en línea.

La ONU destacó que tan solo 5% de la ayuda gubernamental mundial va destinada a la atención de este problema y menos de 0,2% se invierte en su prevención.

El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 160 femicidios consumados y 93 en grado de frustración desde el 1 de enero al 31 de julio de 2023, es decir que hubo un hecho de esa naturaleza cada 19 horas.

Ante esta panorámica, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó al Estado venezolano reforzar las medidas para prevenir, enjuiciar y castigar los casos de violencia de genero. 

Asimismo planteó la necesidad de diseñar un protocolo con perspectiva de género para la investigación de los femicidios y adoptar un plan nacional de acción para combatirlo.

Exhortó a adoptar los reglamentos y protocolos con perspectiva de género necesarios para la aplicación de la  Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como fortalecer los servicios de apoyo a las víctimas, aumentando sin demora los centros de acogida y dotándolos de una financiación adecuada. También alentaron a ofrecer acceso a asistencia jurídica, pruebas forenses, asesoramiento psicosocial y programas de rehabilitación.   

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El fiscal general impuesto por la extinta ANC, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público iniciaría una investigación contra la Comisión Nacional de Primaria por supuesto «fraude electoral»

Foto: EFE/Rayner Peña R.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó este jueves, 26 de octubre, a que la administración de Nicolás Maduro respete el acuerdo firmado en Barbados y garantice los derechos políticos y electorales a los venezolanos.

También, señaló el vocero, Guterres reitera su llamado a «implementar de buena fe el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos, firmado en Barbados el 17 de octubre de 2023″.

Esta declaración se produce luego de realizarse la primaria opositora, donde resultó ganadora María Corina Machado por Vente Venezuela y la administración de Maduro intentara desacreditar el proceso tildándolo de «fraude».

Después de efectuarse la elección primaria, dirigentes oficialistas como Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Cilia Flores arremetieron contra el proceso. Incluso, Flores pidió judicializar a los organizadores.

Tras todas esas declaraciones, el fiscal general impuesto por la extinta ANC, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público iniciaría una investigación contra la Comisión Nacional de Primaria por supuesto «fraude electoral».

Saab informó que citarán «como investigados» a Jesús María Casal, presidente de la Comisión y a Mildred Camero, vicepresidenta, para que “respondan a las irregularidades”, en la primaria.

También, el representante del Ministerio Público señaló que los delitos precalificados son «usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir».

La administración madurista persigue con la garra de sus cuestionadas instituciones a los organizadores del evento opositor, el cual no contó con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Entre enero y junio, la ONU recibió el 14 % del monto requerido para financiar su plan de ayuda de este año para Venezuela, el cual contempla 720 millones de dólares para beneficiar a 5,2 millones de personas con necesidades urgentes

Las donaciones internacionales destinadas a la ayuda humanitaria en Venezuela cayeron 25 % en el primer semestre del año, en comparación con el mismo período de 2022. Así lo informó el 19 de julio la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

«Al 30 de junio, los donantes han aportado 104 millones de dólares (…) Esta cifra es inferior al promedio mundial del 20 % para los planes de respuesta humanitaria y representa tres cuartas partes del financiamiento recibido en Venezuela a mitad del año 2022», dice un comunicado del organismo multilateral.

Entre enero y junio, la ONU recibió el 14 % del monto requerido para financiar su plan de ayuda de este año para Venezuela, el cual contempla 720 millones de dólares para beneficiar a 5,2 millones de personas con necesidades urgentes.

«En general, y tras varios años de crecimiento, la financiación para Venezuela ha ido disminuyendo desde 2022 -con un 10 % menos entre 2021 y 2022-, con más reducciones previstas en 2023. A nivel mundial, la financiación actual sitúa a Venezuela como el segundo país con la respuesta humanitaria más desfinanciada», prosigue el reporte, que no aclara cuál es el país con menos donaciones.

La ONU advierte que la falta de financiación «podría dejar a millones de venezolanos con necesidades críticas en áreas prioritarias clave», como la nutrición, la educación, la salud y la seguridad alimentaria en un país que tiene a la mitad de su población en pobreza extrema, según estimaciones académicas.

«Las brechas actuales limitan la capacidad de suministrar vacunas y ampliar los programas de inmunización, dejando a niños y niñas menores de cinco años en riesgo de sufrir brotes de enfermedades transmisibles», subraya el escrito.

Además, prevén que la caída en las donaciones disminuya «los servicios de salud sexual y reproductiva para unas 700.000 mujeres y adolescentes», los cuales considera «esenciales para reducir las tasas de mortalidad materna e infantil».

«El apoyo a profesores y alumnos se verá afectado, incluyendo una reducción en los programas de alimentación escolar. Esto impactaría el acceso a una educación de calidad para 1,4 millones de niños», concluye el organismo tras urgir a aumentar el financiamiento del programa humanitario en el país suramericano.

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A través de la Línea de Contacto se han resuelto solicitudes de ayuda humanitaria, principalmente en temas como protección ante casos de violencia de género, nutrición y acceso a tratamientos antirretrovirales para personas con VIH

La Organización de Naciones Unidas (ONU) atendió, al menos, 7.100 respuestas sobre la ayuda humanitaria entregada en Venezuela durante 2022, a través de un novedoso mecanismo que busca «escuchar las voces de los beneficiarios», según datos del organismo internacional, a los que EFE tuvo acceso el 26 de marzo.

Las reacciones de las comunidades fueron canalizadas por medio de la Línea de Contacto, una plataforma telefónica gestionada por varias agencias de Naciones Unidas, entre ellas la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Fondo de ONU para la Infancia (Unicef).

Se trata de comentarios, quejas y sugerencias expresadas de forma voluntaria, algunas bajo anonimato, las cuales son apuntadas por personal de la ONU, que reportó en 2022 una «tendencia» hacia los agradecimientos y sugerencias, sin aclarar si hubo un número de quejas y de qué tipo.

Los usuarios de la Línea de Contacto llaman para «solicitar más información sobre las actividades humanitarias que se desarrollan en el país y aclarar dudas sobre la forma en cómo se desarrollan estas actividades», dice el reporte del organismo, puesto en marcha para cumplir con el mandato de «rendición de cuentas a las comunidades».

«Las personas pueden alertar sobre comportamientos inapropiados de los trabajadores humanitarios», por lo que la ONU espera que los beneficiarios usen este mecanismo «confidencial y seguro», especialmente cuando se produzcan acciones que puedan «generar daño en las comunidades».

Hasta ahora, insiste el organismo, la Línea de Contacto ha servido también para resolver algunas solicitudes de ayuda humanitaria, principalmente en temas como protección ante casos de violencia de género, nutrición y acceso a tratamientos antirretrovirales para personas con VIH.

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Jefa de Misión de la ONU en Venezuela habla sobre graves violaciones a DDHH 

Marta Valiñas, jefa de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU en Venezuela, presentó el 22 de marzo una actualización de su informe sobre el país, donde estacó un aumento en la represión contra las ONG.

De acuerdo con la declaración de Valiñas, en informes anteriores se describieron violaciones a los derechos humanos, así como la ausencia de investigación y sanción hacia los autores.

Según la jefa de la ONU, lo anterior parece haber producido un «efecto inhibidor de la protesta que ha conseguido atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política».

Sin embargo, añadió Valiñas, en el presente se siguen produciendo «graves violaciones de derechos humanos en Venezuela», entre las que destaca «la detención de personas opositoras o consideradas como tales».

Al respecto, indicó que la sociedad estima que 282 personas se mantienen presos por motivos políticos, a la par que se verifican nuevas detenciones de «carácter selectivo». Sigue leyendo esta nota.

Con información de EFE

En Venezuela, los docentes se han mantenido en las calles protestando, en reclamo de un sueldo que esté acorde con el de la canasta básica. El sueldo de un profesor venezolano puede llegar a un máximo de 18 dólares, mientras que la canasta básica se ubica en los 486,87 dólares para el mes de febrero de 2021. Esta y otras informaciones en el Mañanero:

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«Lucha por el sueldo mínimo que no alcanza para nada. El hambre, el sueldo y la salud. Tengo un hijo enfermo y no tengo cómo cubrir los gastos», dijo una manifestantes que es trabajadora obrera en la Universidad Central de Venezuela (UCV). 

La instancia concluye que los crímenes de lesa humanidad ocurridos desde 2014 no son hechos aislados

Los organismos de inteligencia venezolanos, a diferencia de sus pares de la región y de otros países, no están dedicados a proteger a los ciudadanos de amenazas como el terrorismo, narcotráfico, el crimen organizado o la corrupción, sino que tienen por misión resguardar al Gobierno; para ello, están dispuestos a todo, incluso a cometer gravísimas violaciones a los derechos humanos.

La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela, en su tercer informe sobre la situación del país que presentó el 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra (Suiza). En dicho reporte, la instancia concluye que los crímenes de lesa humanidad ocurridos desde 2014 no son hechos aislados, sino que forman parte de una «política» para «silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno del presidente [Nicolás] Maduro, incluso atacando a personas que, por diversos medios, demostraban su desacuerdo con el Gobierno o eran percibidas como contrarias al Gobierno, y a sus familiares y amigos».

«La información recabada indica que han existido esfuerzos concertados por mantener el poder acudiendo a medios que incluyen la comisión de delitos y violaciones contra personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales», se agrega en el documento, de 123 páginas de extensión.

El duro informe fue elaborado a partir de 471 entrevistas —incluidas 230 a víctimas, sus familiares o sus representantes y 53 a exfuncionarios— y se abordaron  casos que abarcan 215 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos —122 cometidos por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y 51 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Como en los anteriores dos reportes, las autoridades se negaron a responder a las solicitudes de información hechas por los investigadores y les negaron la posibilidad de visitar el país para recabar datos.

El Sebin y la DGCIM al banquillo

La MDH volvió a fijar su mirada en la actuación del Sebin y de la DGCIM, cuerpos de los que dijo que no solo han cometido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales, sino también el secuestro de familiares de sus víctimas.

En el informe se lee lo siguiente:

«La DGCIM supuestamente utilizó tácticas que implicaban actos delictivos para forzar la entrega de las personas contra quienes se actuaba, incluidos varios casos en los que la DGCIM orquestó el secuestro de sus familiares. Esta parecía ser una táctica empleada específicamente por la inteligencia militar. Como informó la Misión en 2021, en un caso los funcionarios de la DGCIM le dijeron a la víctima que, si no cooperaba con el interrogatorio, encarcelarían a algunos de sus familiares como forma de presionarla».

Además, la instancia asegura haber contabilizado al menos cinco casos ocurridos desde 2018 en los cuales funcionarios de los servicios secretos recurrieron a esta práctica.

Si lo anterior no fuera suficiente, el grupo de investigadores también reveló que ambos organismos mantienen en Caracas y en otras ciudades unas «casas de seguridad». Los agentes llevan a los opositores y disidentes que detienen a estas instalaciones y allí los interrogan durante horas, días e incluso semanas, antes de ponerlos a disposición de los tribunales.

Ni justicia ni reparación

La MDH tomó nota de las medidas que las autoridades aplican desde principios de 2021 para supuestamente castigar las violaciones a los derechos humanos y evitar su repetición. Sin embargo, al hacer una evaluación de ellas las consideró insuficientes, cuando no ineficaces. Así, por ejemplo, aseguró haber recibido información que indica que 85 personas continúan detenidas en alguno de los diversos centros de detención operados por la DGCIM en todo el país, de los cuales 13 permanecen en Boleíta. Esto a pesar del decreto que Maduro firmó a principios de 2021 en el que ordenaba enviar a estas personas a prisiones administradas por el Ministerio del del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

La instancia creada por el Consejo de Derechos Humanos no se limitó a cuestionar las medidas del Ejecutivo, sino que también fustigó al sistema de administración de justicia.

«Los individuos implicados en estos delitos y violaciones no solo han escapado a las investigaciones y los juicios, sino que han recibido ascensos en sus carreras. Varios oficiales de alto rango de la DGCIM, identificados como implicados en la perpetración directa de crímenes, han sido promovidos a rangos militares superiores».

Acto seguido, la MDH lamentó no haber hallado información que indique que

«las víctimas de los delitos y violaciones cometidas en los centros de detención El Helicoide (Sebin) y Boleíta (DGCIM), documentadas en este informe y en el de 2020, hayan recibido reparaciones por los daños sufridos, sea mediante indemnización, restitución o rehabilitación».

Se concluye en el reporte que «El daño que sufrieron [las víctimas] sigue sin repararse. Esto ha perpetuado una situación de falta de justicia y reparación».

Llamado a la CPI

En el reporte, la instancia hizo un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que tome en consideración sus hallazgos, y en particular para que analice «si Venezuela está investigando y persiguiendo realmente los crímenes que caen bajo su jurisdicción», mediante «procedimientos contra los individuos identificados en el presente informe, en particular los de nivel medio y alto de responsabilidad».

Hasta ahora, la justicia ha condenado a los autores materiales de casos emblemáticos como el del concejal Fernando Albán o del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, pero no ha indagado sobre las posibles responsabilidades de los mandos superiores.

Tal y como lo prometió a principios de año la presidenta de la MDH, la portuguesa Marta Valiñas, en este tercer informe se señala a algunos de los presuntos responsables de los crímenes. En el documento se mencionan trece nombres de altos funcionarios y de mediano rango.

Los acuerdos allanaban el camino a la exportación de millones de toneladas de cereal ucraniano y a algunas exportaciones de grano y fertilizantes de Moscú suspendidas por la guerra

Misiles rusos alcanzaron el sábado el puerto ucraniano de Odesa, en la costa del Mar Negro, horas después de que Moscú y Kiev firmaron acuerdos para permitir la reanudación de las exportaciones de cereales desde allí. El Ministerio de Exteriores de Ucrania calificó el ataque de “escupitajo en la cara” de Turquía y de Naciones Unidas, que mediaron en los pactos.

Dos misiles rusos golpearon la infraestructura portuaria y las defensas aéreas ucranianas derribaron otros dos, de acuerdo con Comando Sur del ejército ucraniano, que no concretó los daños materiales ni indicó si causó víctimas.

“Rusia ha tardado menos de 24 horas en lanzar un ataque con misiles contra el puerto de Odesa, incumpliendo sus promesas y socavando sus compromisos ante la ONU y Turquía en base al acuerdo de Estambul», afirmó el vocero del Ministerio de Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko. “En caso de incumplimiento, Rusia será totalmente responsable de la crisis alimentaria global».

Nikolenko describió el ataque con misiles, que coincide con el 150mo día de la guerra rusa en Ucrania, como un “escupitajo (del presidente de Rusia, Vladimir Putin) en la cara del secretario general de la ONU, António Guterres, y del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quienes hicieron grandes esfuerzos para alcanzar el acuerdo”.

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Durante la ceremonia de firma el viernes en Estambul, Guterres describió los acuerdos como “un faro de esperanza, un faro de posibilidades, un faro de alivio en un mundo que lo necesita más que nunca». Los pactos allanan el camino a la exportación de millones de toneladas de cereal ucraniano y a algunas exportaciones de grano y fertilizantes de Rusia suspendidas por la guerra.

En su discurso nocturno a la nación, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que los acuerdos ofrecen “una oportunidad de evitar una catástrofe global: una hambruna que podría derivar en caos político en muchos países del mundo, en particular en los países que nos ayudan”.

Además del incidente en Odesa, el ejército ruso disparó el sábado una ronda de misiles contra un aeródromo en el centro de Ucrania y mató a al menos tres personas, mientras que las fuerzas de Kiev lanzaron proyectiles sobre cruces de ríos en una región del sur ocupada por las tropas de Moscú.

Los ataques a infraestructuras clave fueron una muestra de los renovados esfuerzos de ambos bandos para decantar la balanza del prolongado conflicto a su favor.

En la región central de Kirovohradska, 13 misiles rusos alcanzaron un aeródromo y una instalación ferroviaria. El gobernador, Andriy Raikovych, indicó que a menos un soldado y dos guardas perdieron la vida. El gobierno regional reportó que los ataques cerca de la ciudad de Kirovohrad dejaron otros 13 heridos.

En la región sureña de Jersón, que las tropas rusas tomaron poco después del inicio de la invasión, las fuerzas ucranianas que se preparan para una posible contraofensiva lanzaron proyectiles sobre cruces del río Dnieper para tratar de cortar los suministros a los rusos.

Pese a los avances en ese frente, los combates no arreciaban en la región industrial del Donbás, en el este de Ucrania, donde los rusos tratan de realizar avances frente a una férrea resistencia ucraniana.

Las tropas del Kremlin también han enfrentado contraataques de Kiev, pero siguen controlando en gran medida la región de Jersón, justo al norte de la península de Crimea que Moscú se anexionó en 2014.

A principios de semana, los ucranianos bombardearon el puente Antonivskyi, que cruza el río Dnieper utilizando el sistema de lanzamisiles múltiple ligero, o HIMARS, proporcionado por Estados Unidos, dijo Kirill Stremousov, jefe adjunto del gobierno regional nombrado por Rusia en Jersón.

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En declaraciones a la agencia noticiosa estatal rusa Tass, Stremousov indicó que el único otro paso sobre el río, la represa de la central hidroeléctrica Kakhovka, también fue atacada por proyectiles lanzados con las armas enviadas por Washington, pero no sufrió daños.

Los HIMARS, que disparan cohetes guiados por GPS contra objetivos situados a una distancia de hasta 80 kilómetros (50 millas), lo que los sitúa fuera del alcance de la mayoría de los sistemas de artillería rusos, han mejorado notablemente la capacidad de ataque de Ucrania.

Además, las fuerzas ucranianas bombardearon un puente para autos sobre el río Inhulets en la aldea de Darivka, dijo Stremousov a Tass, agregando que la infraestructura situada al este de la capital regional sufrió siete impactos pero seguía abierta al tránsito.

Desde abril, el Kremlin se ha centrado en la toma del Donbás, una región oriental mayoritariamente rusófona donde los separatistas prorrusos han declarado su independencia.

Sin embargo, el ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov, hizo hincapié el miércoles en que Moscú tiene previsto mantener el control de las otras zonas ocupadas por sus fuerzas durante la guerra.

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