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Organizaciones condenan detenciones de dirigentes de Vente Venezuela 

El mismo día que la Misión Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas denunció que en Venezuela se cometen violaciones a los derechos humanos y el que el Ministerio Público que dirige el fiscal impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, actúa como parte de la maquinaria represiva del Gobierno de Nicolás Maduro, el Ministerio Publico aprehendió a dos dirigentes del partido Vente Venezuela y ordenó otras órdenes de captura. 

Aplicando la misma estrategia que usaron con el expresidente interino Juan Guaidó, el régimen mantiene una persecución contra el entorno de la candidata presidencial María Corina Machado.

En esta oportunidad le tocó el turno al jefe del partido Vente Venezuela, Henry Alviarez y a la secretaria política, la exdiputada Dignora Hernández, quienes fueron montados a la fuerza en una camioneta de los cuerpos de seguridad del Estado.

A raíz de esto varias organizaciones nacionales e internacionales repudiaron los hechos y fustigaron al Gobierno madurista  por acentuar la persecución a escasas horas de que comience el periodo de postulaciones de cara a la elección presidencial.

La senadora colombiana, Paola Holguín, hizo un llamado a la comunidad internacional para estar vigilante ante los atropellos del régimen chavista.

“Seguramente, el presidente Gustavo  Petro guardará silencio frente a estos atropellos porque para él,  la afinidad política es igual a complicidad criminal, esto demuestra que en Venezuela no hay voluntad para realizar unas elecciones libres y transparentes”, dijo. 

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó las detenciones de dirigentes políticos.  

“Una vez más el régimen muestra que su única arma electoral es atacar con más represión. Nos unimos a los reclamos para la liberación de los dirigentes de Vente arbitrariamente detenidos y que cese la persecución política contra sus militantes”.

También el Comité Republicano de Asuntos Externos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos repudió las intimidaciones: «Condenamos el acoso a María Corina Machado y a su equipo. Mañana (21 de marzo) este comité votará para reimponer las sanciones a Maduro”.

ONG con derechos de Vente

La ONG Provea se pronunció igualmente. El mismo día que la Misión de la ONU sobre Venezuela denuncia la reactivación de la represión más violenta, el Ministerio Público continúa con su papel para perseguir y detener a opositores y disidentes. Maduro sigue con detenciones, abusos y su estructura de represión ante elecciones”.

La también ONG Justicia, Encuentro y Perdón hizo un llamado a la comunidad internacional. 

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional, pues la persecución en Venezuela sigue agravándose pese a los constantes exhortos y peticiones de que cese la criminalización por motivos políticos en Venezuela y a informes como los presentados en el Consejo de DDHH de la ONU. Exhortamos a las autoridades a que esta política de persecución en tiempos electorales se redireccione en favor de los DDHH y se detengan estas acciones represivas”.

 

 

Secretario de la OEA insta a actuar en contra el avance “depredador” de la minería ilegal
Luis Almagro señaló que los ambientalistas manifestaron que el Estado y el gobierno son los que «promueven activamente la minería ilegal»

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, advirtió que el avance de la minería ilegal transfronteriza «constituye una amenaza al medio ambiente y a los pueblos originarios de las Américas».

En un artículo que publicó Almagro en Crónicas Económicas, manifestó que la minería ilegal provoca «la contaminación de los ríos por el uso indiscriminado del mercurio y la destrucción del medio ambiente», particularmente en tierras que habitan pueblos indígenas.

Asimismo, alertó sobre las consecuencias en el aumento de las violaciones de los derechos humanos, «como la trata y el asesinato de activistas ambientalistas».

Con relación a esa situación, señaló que esta semana se reunió con ambientalistas de la región, los cuales denunciaron que la minería ilegal «se ha convertido en un problema transnacional».

Según el secretario general de la OEA, esa situación «afecta territorios comunes de las fronteras binacionales de la región y que las mafias del crimen organizado algunas veces actúan en connivencia con gobiernos subnacionales locales».

En ese sentido, manifestó que no se pueden «quedar de brazos cruzados frente al avance depredador de la minería ilegal, cuyos efectos son devastadores para el medio ambiente» y en especial, los pueblos originarios.

El Estado promueve la minería ilegal

Con respecto al caso Venezuela, Luis Almagro señaló que los ambientalistas manifestaron que el Estado y el gobierno son los que «promueven activamente la minería ilegal, en concierto con grupos ilegales, causando un grave deterioro al medio ambiente, en especial en la cuenca del Orinoco y en lo que denominan ‘ecocidio’, con un especial impacto para los pueblos indígenas que habitan las márgenes del río».

Mencionó que la ONG SOS publicó, a principios de este 2023, un informe en el que advirtió sobre “el rápido e incontrolado aumento de la actividad minera en la zona de desarrollo estratégico nacional” conocida como Arco Minero del Orinoco (AMO).

El Arco Minero alberga decenas de espacios naturales protegidos, incluidos varios parques nacionales, y en su seno se han localizado grandes reservas de oro, cobre, diamantes, coltán o bauxita, entre otros minerales de gran demanda de mercado.

Según Almagro, esos minerales «son explotados por el crimen organizado».

Los activistas denunciaron que el modus operandi del crimen organizado consiste en «explotar yacimientos mineros en áreas protegidas y parques nacionales, donde paulatinamente se instalan y avanzan en la explotación de la minería ilegal».

En este sentido, advirtieron del alto grado de contaminación de los ríos por el uso indiscriminado del mercurio, «lo que envenena a peces y mariscos, principal fuente alimenticia de los pueblos originarios que habitan en las orillas de los ríos de nuestro continente», advirtió Almagro.

Expertos de la OEA piden que la CPI anuncie investigación contra Venezuela
El panel de especialistas considera que «cualquier retraso» en este proceso «sería inapropiado y solo produciría mayores daños al pueblo venezolano»

 

Un grupo de expertos designado por la Organización de Estados Americanos (OEA) urgió a la Corte Penal Internacional (CPI) a que anuncie la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Venezuela, cuyo caso se encuentra en examen preliminar.

En un comunicado, el panel de expertos se refirió a la situación venezolana, que desde febrero de 2018 se encuentra bajo examen preliminar por abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.

El panel, designado en 2017 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió que se abra la investigación. Pero sobre la apertura o no de esa investigación debía pronunciarse la exfiscal de la CPI Fatou Bensouda, quien dejó su cargo el pasado 15 de junio, y fue reemplazada por el abogado británico Karim Khan.

Para los expertos, «cualquier retraso» en este proceso «sería inapropiado y solo produciría mayores daños al pueblo venezolano».

Bensouda dijo el 8 de junio a Efe que esperaba anunciar si abriría o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud de Venezuela, que se quejó de trato «discriminatorio» y «desigual».

En la nota, los expertos indicaron que la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI rechazó el pasado 2 de julio por «improcedente» el pedido de Venezuela.

En ese contexto, el panel consideró que «corresponde anunciar el comienzo de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela».

El grupo de expertos, integrado por Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Santiago Canton (Argentina) e Irwin Cotler (Canadá), señaló que demorar este caso permitiría además que «se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos».

De igual forma, planteó que cualquier visita a ese país «se realice como parte de una investigación, una vez abierta», tras la invitación que extendió el fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan.

Almagro pide fe de vida de diputado Renzo Prieto
 Luis Almagro solicitó el cese de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió al gobierno de Nicolás Maduro dar respuestas sobre la situación del diputado Renzo Pietro. El parlamentario sufre graves problemas de salud y se encuentra preso.

“Exigimos noticias del diputado de la AN, Renzo Prieto. Y que se permita la visita de sus abogados y familiares para dar fe de su vida y de la condición en la que está”, expresó Almagro a través de su cuenta oficial en Twitter.

Asimismo, el representante de la OEA solicitó cesar la persecución y la violación de los DD. HH. “Reclamamos a la dictadura criminal de Venezuela que pare la persecución y la violación de los derechos humanos”, concluyó.

Tamara Sujú presenta ante la OEA informe de patrones de tortura en Venezuela
Sujú destacó de forma especial a la Dgcim como organismo que representa «la forma individual de la tortura»

Tamara Sujú, abogada defensora de los derechos humanos, presentó este jueves 12 de diciembre el informe anual sobre los patrones de tortura del 2019 ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El documento está titulado «Tortura sistemática en Venezuela 2019 y la participación de cubanos en los patrones de tortura».

«Los métodos de tortura más aberrantes se ejercieron contra aquellos que mostraban mayor resistencia. Además de aquellos contra los que el régimen exige obediencia por su profesión o afinidad política y se rebelaron», afirmó Sujú.

Entre las acciones de Sujú, reprodujo un video de Waleska Pérez, esposa del asesinado capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

En las referidas imágenes, Pérez describió las irregularidades del proceso de su esposo, quien fue torturado y finalmente asesinado por el régimen.

La abogada destacó que hay una clara determinación por parte de los torturadores de dejar huellas físicas y psicológicas.

«Esto sucede porque existe la intención de mostrar a la sociedad civil la capacidad que tienen para perpetrar estos crímenes con total impunidad, sin un sistema de justicia imparcial que ordene investigaciones sobre las tortura denunciadas por las propias víctimas o sus familiares», explicó.

 

Por otra parte, indicó que la impunidad genera un aumento del crimen y el consecuente terror de la sociedad civil y de los miembros de la FANB a sufrirlo.

«Queremos hacer referencia especial este año al organismo que representa la forma individual de la tortura: la Dgcim, dirigido por Iván Hernández Dala. A ellos se les atribuye 51% del total de los testimonios individuales recibidos», expresó Sujú.

Maduro califica sucesos de Bolivia como golpe de Estado y acusa a la OEA de estar involucrada
Según el gobernante, la organización dio una «puñalada por la espalda a Evo Morales con el informe que denunció múltiples irregularidades en los comicios del 20 de octubre

 

Para Nicolás Maduro, los sucesos ocurridos durante las últimas horas en Bolivia, que decantaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, son parte de un «golpe de Estado».

«No se puede estar con medias tintas a esta hora. Es un golpe de estado de derecha y fascista, preparado con saña, odio, violencia y racismo, mucho racismo», denunció el gobernante la noche de este domingo, 10 de noviembre de 2019, a través de un contacto telefónico transmitido por Venezolana de Televisión.

Maduro también señaló que el opositor boliviano Luis Fernando Camacho era el «fascista mayor» por haber convocado a las protestas antigobierno y al ataque contra la familia de Morales.

Según el mandatario venezolano, el plan para dar el «golpe de Estado» a Morales arrancó hace tres semanas, tras las elecciones generales del pasado 20 de octubre que, de acuerdo con un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), fueron escenario de múltiples irregularidades.

Para Maduro, el documento emitido por la institución, que actuó como observadora en los comicios, «era desencadenante para más violencia».

«La OEA no es capaz de mostrar una sola irregularidad, pero le mete la puñalada a Evo por la espalda. La OEA, que ha avalado todos los golpes de Estado en América Latina durante 100 años. La OEA forma parte de este golpe de Estado contra Evo Morales», fustigó.

El gobernante dijo que este domingo «se consumó el golpe» con la desobediencia de los cuerpos policiales, que se acuartelaron como medida de protesta contra el gobierno, y el llamado que hizo el Alto Mando Militar boliviano a Morales para que dimitiera.

«Los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaramos en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo», escribió Maduro en Twitter tras la renuncia del ahora expresidente.

La hasta hace poco presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, María Eugenia Choque, y el ex vicepresidente del organismo, Antonio Costas, fueron aprehendidos el domingo por la policía después que un informe preliminar de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encontró irregularidades en el cómputo en la contienda presidencial del pasado 20 de octubre.

El comandante de la Policía, Yuri Calderón, informó que otros 36 funcionarios de esa institución también fueron detenidos para que enfrenten cargos por presuntos delitos electorales y falsificación, entre otros.

El fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, explicó que se procedió de esa manera para tranquilizar las manifestaciones antigubernamentales en las calles y en una jornada agitada en que el presidente Evo Morales dimitió al cargo.

“Ella (Choque) estaba vestida de hombre (por lo que) nos hace pensar que estaba intentado distraer la atención de nuestro personal”, dijo Calderón.

Choque presentó renuncia después de conocerse el informe preliminar de la OEA. Costas había presentado su renuncia hace dos semanas.

Evo Morales convoca a nuevas elecciones en Bolivia

Bajo una presión cada vez mayor, el presidente boliviano Evo Morales llamó el domingo a nuevas elecciones “incorporando nuevos actores políticos” y un cambio total del órgano electoral, después de que su reclamo de haber ganado un cuarto mandato desencadenó sospechas de fraude y protestas violentas en la nación andina.

El líder indígena hizo el anuncio luego de divulgarse un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos que encontró “un montón de irregularidades” en los comicios del 20 octubre y dijo que deberían celebrarse nuevas elecciones.

Morales aseguró que renovaría el Tribunal Supremo Electoral e instó a todos los actores políticos y a sectores de la sociedad a ayudar a estabilizar la nación después de las prolongadas protestas que dejaron al menos tres muertos y centenares de heridos.

“Todos tenemos que pacificar Bolivia”, dijo a los periodistas el gobernante, de 60 años, y en el poder desde 2006.

La Fiscalía General anunció horas después en un comunicado el “inicio de acciones legales” en contra de los jueces del Tribunal Supremo Electoral por supuestos “actos electorales ilícitos”, en respuesta al informe de la OEA.

El exmandatario Carlos Mesa –segundo en la contienda presidencial según los cuestionados cómputos– dijo que Morales no debe volver a postularse tras comprobarse lo que calificó como un “monstruoso fraude”, aludiendo al informe ofrecido por la OEA, en tanto que los opositores continuaron en su exigencia de que el gobernante renuncie al cargo.

Mesa, un historiador de 66 años que renunció a la presidencia en 2005 en medio de un estallido de manifestaciones lideradas por Morales, entonces líder de un sindicato de cocaleros, instó a la Asamblea Legislativa a convocar un “acuerdo nacional” con participación de partidos de la oposición y líderes cívicos para elegir un nuevo juez electoral y definir un cronograma de los futuros comicios. Y llamó a mantener las movilizaciones pacíficas en las calles.

Tras al anunció de la OEA, manifestantes salieron a las calles a celebrar en varias ciudades. Una marcha rodeó la plaza Murillo en La Paz, donde está el palacio legislativo y la casa de gobierno, sin resguardo policial en los exteriores desde la víspera cuando la tropa policial se replegó a sus cuarteles.

«Toda la población boliviana sabía que era un fraude, lo que había cometido Evo Morales”, dijo Mario Guzmán, uno de los protestantes.

Manifestantes en Santa Cruz, bastión opositor, anunciaron un viaje en caravana a La Paz para sumarse a la protesta que inició el líder cívico Luis Fernando Camacho, quien se propone entregar una carta de renuncia a Morales el domingo.

Camacho, a quien se tribuye haber unificado la oposición callejera contra el gobierno tras los comicios, señaló ante una concentración en La Paz que “Morales debe renunciar al haber fracturado el orden constitucional”, por el denunciado fraude. También planteó la renuncia de senadores y diputados del partido oficialista parara elegir una “junta transitoria” integrado por “ciudadanos notables” que llamen a elecciones en dos meses con un nuevo tribunal electoral.

Mesa también dijo en la jornada que un minero murió la madrugada del domingo tras la intercepción a los buses en los que viajaban otros 3.000 mineros con destino a La Paz.

Tras eso –en la región sureña de Potosí– se registraron las renuncias del ministro de Minería, César Navarro, el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, y otros tres asambleístas. Todos miembros del partido de gobierno y quienes denunciaron que fueron presionados por los manifestantes tras la muerte del minero, se reportó.

Las sospechas de fraude denunciadas por la oposición desataron una convulsión social hace dos semanas, con protestas a favor y en contra del mandatario en todo el país.

La situación se tornó más explosiva desde el viernes con el amotinamiento de la policía en varias regiones del país. El agravamiento del conflicto llevó a Morales a plantear el sábado un diálogo nacional que fue rechazado por la oposición.

Morales en declaraciones a radio Panamericana no dijo si declinará participar en los comicios como piden los opositores. “En este momento es secundario, hablar de candidatos. La prioridad en elegir un nuevo tribunal electoral y en qué tiempo se van a hacer las nuevas elecciones”, planteó.

La comisión conformada por 36 expertos señaló que “teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato (Carlos) Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta”, y recomendó el reinicio del proceso electoral “tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral”.

La vicepresidenta de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo en un comunicado posterior que el informe de la OEA confirma varias deficiencias que ponen en duda la integridad de los resultados anunciados y aseguró que el “retorno a la estabilidad en Bolivia requiere de un proceso electoral nuevo y organizado sin demora, que sea creíble y refleje fielmente la voluntad del pueblo”.

Christopher Sabatini, profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York e investigador en Chatham House, expresó a The Associated Press que es un “paso positivo y muestra por qué los observadores internacionales son creíbles”.

«La pregunta ahora es si la oposición aceptará nuevas elecciones convocadas por Evo después de que él ya haya intentado robar las elecciones», agregó.

Tras casi tres lustros en el gobierno, Morales llegó con la popularidad mermada a los comicios para optar por un cuarto mandato. Escándalos de corrupción, su afán de reelegirse a pesar de un referendo que le negó esa posibilidad y acusaciones de autoritarismo, debilitaron su capital político a pesar de su buena gestión económica que condujo al país andino hacia el crecimiento con baja inflación.