El presidente estadounidense, Donald Trump, intentó hoy frenar el aluvión mundial de críticas con un decreto que pone fin a la separación de los niños inmigrantes de sus padres en la frontera sur, pero no resuelve la situación de los más de 2.300 menores que ya han sido alejados de sus progenitores.
En lugar de ser separados de sus padres al cruzar la frontera, como ocurría desde abril, a partir de ahora los niños indocumentados serán retenidos indefinidamente junto a sus familiares en centros de detención de inmigrantes, según la orden firmada por Trump.
«No me gustaba ver a las familias separadas ni los sentimientos que eso provoca», aseguró Trump al rubricar el decreto.
El presidente no necesitaba usar su poder ejecutivo para acabar con la separación de las familias: Podría haberlo hecho con una simple llamada a su fiscal general, Jeff Sessions, en la que le ordenara detener o modificar la política de «tolerancia cero» contra la inmigración ilegal, que originó el problema.
Esa política, inaugurada formalmente en abril, lleva a presentar cargos criminales contra cualquier adulto que cruza irregularmente la frontera con México, y el inicio de ese proceso por la vía penal llevaba a separarles de los niños con los que hubieran viajado.
Pero Trump no quiso acabar con esa política, que ha provocado la separación de al menos 2.342 niños de sus padres desde mayo y, en cambio, optó por ordenar que se empiecen a ingresar juntas a las familias en centros de detención de inmigrantes u otras instalaciones de las que disponga el Gobierno federal.
El decreto abre incluso la posibilidad de que se detenga a inmigrantes en bases militares si es necesario, algo que se rumoreaba desde mayo y para lo que se están considerando, según informes de prensa, tres instalaciones en Texas y una en Arkansas.
«Mantendremos una frontera poderosa y seguirá habiendo tolerancia cero», aseguró Trump.
El presidente reconoció que tanto su hija Ivanka como su esposa, Melania, «tenían muchos sentimientos» acerca de la separación de los niños y se los han comunicado en los últimos días.
«El dilema es que si eres débil, el país quedará inundado de millones de personas. Y si eres fuerte, no tienes corazón. Quizá prefiero ser fuerte, pero es un dilema difícil», indicó Trump.
A lo largo de la última semana, Trump había defendido que el único que podía acabar con la separación de las familias era el Congreso, y hoy insistió en que sigue esperando un cambio en las leyes migratorias del país que incluya fondos para el muro.
La oposición demócrata cree que el Gobierno de Trump decidió procesar criminalmente a los inmigrantes y separar a las familias precisamente para forzar al Congreso a ceder en sus prioridades migratorias, además de disuadir a los indocumentados de entrar en EE.UU..
Sea cierto o no, Trump consiguió devolver el debate migratorio al Congreso, y la Cámara de Representantes votará este jueves sobre proyectos de ley que otorgarían fondos para el muro con México, además de abordar la situación de los llamados «soñadores», jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país.
El decreto de Trump tiene un futuro incierto, dado que contraviene un acuerdo extrajudicial conocido como «Flores», al que se comprometió en 1997 el Gobierno de Bill Clinton y que impide a las autoridades privar de libertad durante más de 20 días a los menores indocumentados detenidos en la frontera.
Por eso, el Departamento de Justicia planea pedir a una corte federal de California que modifique el llamado «acuerdo Flores» para que el Gobierno de Trump pueda «mantener juntas a las familias durante todo el proceso» judicial relativo a los cargos criminales o el procedimiento de deportación, según el decreto.
El consejero de la Fiscalía General de EE.UU., Gene Hamilton, defendió hoy que la orden de Trump es «claramente legal», y dijo que, pese a su recurso a los tribunales, la Casa Blanca prefiere que el Congreso apruebe una ley que acabe con el «acuerdo Flores».
El decreto de Trump no resuelve, por lo demás, la situación de los más de 2.300 niños que ya han sido separados de sus padres, porque el Gobierno no planea facilitar la reunificación familiar.
«Esto no se aplicará a los casos ya existentes», aclaró Kenneth Wolfe, un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos -bajo cuya custodia están los niños-, a The New York Times.
