Les corresponde a los diferentes sectores del país la defensa de la descentralización como un instrumento para recuperar la democracia
En cada lance político que observamos en Venezuela aflora la paradoja de la crisis política institucional. La Constitución consagra en su artículo 4 el Estado federal descentralizado, pero sobre este pende la pretensión del régimen, aún no consumada plenamente, de imponer un Estado comunal autoritario que no tiene registrada ni una letra en la vigente y violada carta magna.
Esta ambivalencia ha determinado que la tiranía, iniciada con Chávez y profundizada con el actual usurpador, vaya rebanando los rasgos federales sin lograr extinguirlos totalmente.
Inició su andadura en 2006 con la Ley de Consejos Comunales. Luego con la intención frustrada de reforma en 2007. Para finalmente retomarla, en diciembre de 2010, con el racimo de leyes orgánicas comunales, que hoy tienen su extensión en la ley de ciudades comunales aprobada en 2021.
La violación del texto constitucional llegó a tal magnitud que se aprobaron, con el lamentable consenso opositor, leyes regionales y ordenanzas ajustadas al autoritario proyecto de Estado comunal.
En el fondo de sus entrañas dictatoriales, el régimen no quisiera que existieran alcaldías, gobernaciones o entes descentralizados; ni tampoco situados constitucionales a estados y municipios. Esto lo demostró la desaparición del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Especiales (LAE), aplicada en los estados de explotación minera e hidrocarburos; así como el despojo de competencias concurrentes, exclusivas y residuales a gobernaciones y alcaldías. En fin, el detestable estilo tirano ha sido durante estos 22 años repartir en cadenas presidenciales recursos como si Venezuela fuera su hacienda y ahora un bodegón.
Aunque de facto, como dictadura al fin, la envilece cuando le place con procesos electorales truculentos, como ha ocurrido con las recientes elecciones del 21 de noviembre. Convierte en caricatura la descentralización, que fue la experiencia política más refrescante ocurrida en la última década del siglo XX venezolano.
Pero esta se mantiene como una piedra en el zapato para la dictadura. Se le aparece en la ocasión menos esperada, como aquel espanto de la sabana representado en la leyenda del Silbón; muestra al mundo las verrugas del régimen, que desconoce el poder más cercano al ciudadano como lo son las alcaldías y gobernaciones.
Les corresponde a los diferentes sectores de la vida política, económica y social retomar la defensa de la descentralización como un instrumento para restaurar la democracia. Si los sindicatos y sus centrales luchan en la OIT por defender los derechos laborales, de igual forma la confrontación contra el centralismo de todo corte es un eje fundamental; esto, junto con el resto de tareas democráticas a ser asumidas para restablecer el Estado derecho, a saldarse con el fin de la dictadura que agobia a los venezolanos.
No es tiempo del capitulador doblarse para no partirse. Entre los antídotos para enfrentar al régimen, la descentralización concentra uno de los mejores argumentos por ser constitucional. Para darle batalla a una dictadura infame apoyada en las bayonetas. Y despreciada por más del 80 % de la población venezolana.
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