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Denuncian opacidad en información sobre derribo de aeronaves del narcotráfico en Venezuela
Control Ciudadano determinó que el 90 % de las operaciones del primer trimestre de 2023, no se reportaron las siglas de las aeronaves (matrícula) y en el 100 % se desconoce el destino de las tripulaciones y la supuesta carga ilícita de las aeronaves

 

 

La ONG Control Ciudadano denunció este martes, 4 de abril, la opacidad en la información sobre el derribo de aeronaves utilizadas para el narcotráfico en Venezuela.

Según explica la ONG, el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) es la autoridad competente para aplicar las medidas de interceptación, persuasión, inutilización e inmovilización de aeronaves presuntamente provenientes del narcotráfico, debiendo dejar registro de estos procedimientos. Sin embargo, no ofrece detalles al respecto.

«Queda en evidencia la opacidad de la política de derribo e inutilización de aeronaves provenientes del narcotráfico, pues el registro oficial de estos procedimientos no se conoce, quedando muchas dudas al respecto», señala la ONG.

Control Ciudadano determinó que en el 90 % de las operaciones del primer trimestre de 2023 no se reportaron las siglas de las aeronaves (matrícula) y en el 100 % se desconoce el destino de las tripulaciones y la supuesta carga ilícita de las aeronaves.

«También se evidencia total opacidad de información del Ceofanb sobre la inutilización o derribo de narcoavionetas, en el 45 % de las operaciones realizadas en el primer trimestre de 2023», señala Control Ciudadano.

Se desconoce la cooperación militar 

En 2023 y años anteriores, en Apure, Barinas, Falcón y Zulia, se efectuaron las operaciones de derribo e inutilización de narco avionetas. Sin embargo, también se desconoce si se está efectuando cooperación militar con Colombia y el Reino de los Países Bajos.

Control Ciudadano exhorta al Ceofanb a publicar oficialmente el registro de estos eventos, aportando el mayor número de datos para un efectivo control democrático de esta actividad.

Elsa Cardozo: Maduro paga apoyo internacional con acuerdos secretos, opacidad y corrupción
En un artículo publicado en la revista Democratización del Instituto de Estudios Políticos FORMA, la internacionalista señala que el régimen chavista somete a Venezuela a “relaciones en extremo desiguales que suman debilidades a las normas y procedimientos de transparencia, comercio e inversiones”

¿Cuánto le cuesta a Venezuela la alianza establecida por Nicolás Maduro con Rusia, China, Irán, Cuba y Turquía? Además del daño a la imagen del país y la condena de la comunidad democrática internacional, el apoyo de los gobiernos autoritarios también fomenta la corrupción y la opacidad.

“La ineficacia y la creciente ilegitimidad interior y exterior del régimen venezolano han limitado su capacidad de maniobra exterior, y sumarse a las estrategias de otros países en el desafío a la institucionalidad internacional tiene sus costos y consecuencias”, advierte la internacionalista Elsa Cardozo en un ensayo publicado en la revista Democratización, editada por el Instituto de Estudios Políticos FORMA.

Cardozo señala: “A la disposición a votar y apoyar todas las posiciones y propuestas de esos países se suman los términos de acuerdos comerciales y financieros suscritos con ellos. Cláusulas y acuerdos secretos, garantías y condicionalidades extremas, opacidad y corrupción en la ejecución de convenios son algunas de las características de los tratos bilaterales con aliados autocráticos, particularmente con China y Rusia, aunque también, en sus propias escalas, con Cuba, Irán o Turquía, entre otros”.

La analista indica que la misma oscuridad rodea a la llamada Ley Antibloqueo, con la cual Maduro dice buscar inversiones internacionales, al tiempo que vulnera la Constitución de 1999 y pasa por encima de los mínimos principios de transparencia, utilizando como coartada las sanciones impuestas por su deriva autoritaria.
“Todo esto hace parte a Venezuela de relaciones en extremo desiguales que suman debilidades a las normas y procedimientos internacionales de transparencia, comercio e inversiones, mientras complican la solución de la crisis nacional en todas sus dimensiones”, sostiene la doctora en Ciencia Política.

En la mira

Aunque Maduro patalea, no se ha logrado zafar del control internacional. “Es notable que pese a las iniciativas del régimen venezolano por descalificar y obstaculizar el escrutinio en derechos humanos, no ha logrado detenerlo”, observa la antigua directora de la Escuela de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana.

“En el régimen venezolano ha prevalecido la descalificación y la ruptura de acuerdos y foros hemisféricos y regionales, también el aliento a los propiciados por él, aunque cada vez más limitados por la ineficacia y pérdida de legitimidad del propio régimen. En el sistema multilateral de Naciones Unidas ha cultivado en todas sus instancias –cada vez más, en medio de la reducción de sus apoyos regionales– la cercanía y los respaldos de regímenes afines”, manifiesta Cardozo.

La profesora expone que “desde 2014, la aceleración en la pérdida de democracia y Estado de Derecho en Venezuela no solo han ido acompañados por iniciativas para atrincherarse con las banderas de la soberanía ofendida y la seguridad nacional amenazada. Con la mengua de la legitimidad y efectividad del régimen y las de los foros y acuerdos regionales impulsados por el gobierno de Hugo Chávez, aumentó la necesidad de sumarse a las iniciativas de otros autoritarismos, bilateralmente y en foros multilaterales”.

Pesos pesados

Cardozo sostiene que en su lucha por conquistar la democracia en Venezuela, la oposición “requiere una agenda trazada nacionalmente, con asesoramiento y cooperación internacional”. “El reto democrático es cultivar apoyos y evitar que las prioridades enunciadas por regímenes autoritarios –socioeconómicas– obstaculicen la atención integral liberal”, acota.

“Moderar o manejar la incidencia de China, Rusia y otros actores autoritarios sobre la institucionalidad internacional y su disposición a desafiarla es un reto mayor para poderes como Estados Unidos y Europa. A los demócratas venezolanos corresponde estudiar en detalle su incidencia en Venezuela, identificar aquello que es necesario contrarrestar, lo que puede ser reorientado en beneficio de los intereses de la recuperación democrática y, especialmente, cultivar y ampliar los apoyos internacionales afines que hagan contrapeso democrático en espacios multilaterales”, finaliza la académica.

SVPP denuncia poca transparencia en la investigación del caso del bebé fallecido en jornada de vacunación
La organización denuncia que no presentar el informe forense a tiempo genera dudas sobre el proceso de investigación

 

Este domingo 28 de junio la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP) denunció «muy poca transparencia» en la investigación del caso del bebé de 11 meses que falleció luego de ser vacunado en el municipio Chacao el pasado 15 de mayo. 

La organización emitió un comunicado a través de su cuenta en Twitter, firmado por Huníades Urbina, presidente de la SVPP, en el que destaca que el Comité de Expertos omitió algunas de las recomendaciones que realizaron en su debido momento.

 

 

«La desconfianza en los biológicos suministrados por Ministerio de Salud en el PAI, tanto en el gremio médico así como en la comunidad al no hacer pública toda la valiosa y técnica información presentada en la primera reunión presencial en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, hace muy difícil que una sociedad científica pueda por si sola generar confianza en la comunidad sobre un tema que es potestad del ministerio», agregó el comunicado.

 

La sociedad añadió que no presentar un informe forense completo y a tiempo a este comité, sin ninguna explicación y con el retraso de más de 45 días de acontecida la muerte del menor, también generó dudas sobre la seriedad del proceso investigativo.

«Por todo lo antes expuesto, nos vemos en la imperiosa necesidad de tomar la decisión de retirarnos del Comité de expertos en Esavi, y a hacer público el porqué de esta decisión», concluyó el comunicado.

 

 

El pasado 15 de mayo Protección Civil (PC) Miranda confirmó la muerte de un bebé de 11 meses luego de recibir una vacuna en una jornada médica convocada por la gobernación de la entidad y realizada por médicos cubanos, según informó la periodista Beatriz Adrian. Asimismo, al menos 10 niños más resultaron afectados.

*Con información de EN

Transparencia Venezuela exige información veraz
En ocasión de celebrarse el Día Mundial de la Salud y en medio de la pandemia provocada por el COVID-19, exige transparencia y acceso a la información pública en el manejo de la emergencia, ante los riesgos de que la corrupción y la opacidad profundicen la crisis.

Transparencia Venezuela, 02 de abril de 2020:

La opacidad está en el origen de la pandemia que acaba con miles de vidas humanas alrededor de todo el planeta. La censura, la persecución y la manipulación política, impidieron advertir a la sociedad y atajar a tiempo la peor crisis sanitaria que se ha registrado en los últimos tiempos

En el caso de Venezuela, existen muchos vacíos de información que impiden a la población conocer el verdadero alcance del coronavirus. Además, lejos de privilegiar una vocería científica y experta en el área de la salud, todo se ha dejado en mano de portavoces partidistas que mezclan sus informes con consignas y denuncias de supuestas conspiraciones.

Estos portavoces ofrecen declaraciones cuando lo estiman pertinente, pero no convocan ruedas de prensa para que los medios independientes puedan consultar y contrastar la versión oficial. Por esta razón, Transparencia Venezuela presenta este cuestionario y exige a las autoridades despejar las dudas sobre el combate contra la pandemia en el país.

Preocupada por la salud de los venezolanos, que ya padecen los estragos de una emergencia humanitaria compleja que ahora se profundiza, Transparencia Venezuela recuerda que en este caso la opacidad y el silencio informativo pueden costar vidas humanas y provocar una tragedia sin precedentes en la historia de la República.

– ¿Cuántas pruebas se están realizando al día?

– Visto que se ha indicado que existen pruebas PCR – Reacción en Cadena de la Polimerasa- y los test rápidos chinos, aclarar: ¿Qué tipo de pruebas se están aplicando?

– ¿Cuántas muestras reciben, cuántas se procesan al día, cuántos de esos resultados son reportados y a quién se reportan esos casos?

– ¿Por qué los laboratorios privados no tienen autorización para hacer el diagnóstico por PCR, pero sí se hacen pruebas rápidas en las comunidades? ¿Cómo se registran esos resultados?

– ¿Cuántos médicos, enfermeros, técnicos y personal de salud están enfrentando la pandemia en el país?

– ¿Cuántos casos estiman que se registrarán en el país y cuándo se produciría el pico de la pandemia en Venezuela?

– ¿Cómo funcionan las pruebas en el interior del país? ¿Cómo es posible que haya estados que registren un solo caso?

– ¿Cuánto dinero se invirtió en la dotación y acondicionamiento de los hospitales “centinela” para atender la emergencia? ¿Estos hospitales están funcionando al máximo de su capacidad? En particular, ¿pueden ofrecer un balance de la situación de los hospitales de Coche, Lídice, El Algodonal y Pérez de León 2?

– ¿Cuándo difundirán una lista por parroquias y municipios que precise los centros donde deben acudir los paciente que presentan síntomas?

– ¿Cuándo publicarán el boletín epidemiológico, tal como hacen todos los países para informar sobre el avance de las epidemias?

– ¿Qué principios éticos aplican al momento de usar medicamentos como el cubano Interferón, que no están aprobados para tratar la enfermedad? ¿Solicitan a pacientes y familiares firmar alguna autorización para proceder en ese sentido?

– ¿Cuándo publicarán la lista de camas y ventiladores disponibles de cada uno de los centros asistenciales del país?

– ¿Por qué los pacientes positivos son visitados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), situación que los expone a la criminalización y discriminación de sus vecinos?

– Si sabían que la epidemia llegaría, ¿por qué no dotaron oportunamente a los hospitales con equipos de protección para el personal y tratamiento para los pacientes?

Más de 60% de los créditos adicionales aprobados en 2018 no fueron publicados en Gaceta Oficial

DURANTE 2018 EL GOBIERNO INCREMENTÓ LA OPACIDAD, el secretismo y la improvisación al aprobar recursos mil millonarios para los diferentes organismos del Estado sin publicar la información en las gacetas oficiales y a punto de finalizar el ejercicio fiscal, según refiere el más reciente análisis de presupuesto elaborado por Transparencia Venezuela.

La organización obtuvo de manera extraoficial un informe de la Oficina Nacional de Presupuesto que revela que en 2018 el gobierno aprobó créditos adicionales por Bs.S. 511.624.252.236, sin embargo en las gacetas oficiales solo se publicaron 149 decretos de créditos adicionales por Bs.S. 318.612.892.705, de acuerdo con el seguimiento del gasto público que realiza Transparencia Venezuela.

Los datos recabados demuestran que Bs.S. 193.000 millones, es decir, más de 60% de los recursos extrapresupuestarios que se aprobaron en bolívares en 2018, no fueron publicados oficialmente. Eso sin contar el dinero que es aprobado vía fondos paralelos en divisas.

Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas, que prefirieron no ser identificadas, informaron que la mayoría de los recursos se aprobaron cuando estaba por finalizar el ejercicio fiscal 2018 y confirmaron que desde la Tesorería Nacional se realizan asignaciones sin dejar registro en los decretos de créditos adicionales, situación que empeora el panorama de indisciplina, desorden fiscal y de monetización del déficit, que a su vez alimenta la hiperinflación que tanto ha empobrecido a los venezolanos.

La información filtrada evidencia que el año pasado el gobierno infló el presupuesto del país en 141.616%, en términos nominales. Pues 2018 arrancó con un presupuesto de Bs.S. 361.020.591,87 y concluyó con uno de Bs.S. 511.624.252.236. Sin embargo, en términos reales (tomando en cuenta la hiperinflación estimada en 1.689.488% por la Asamblea Nacional), el presupuesto cayó en 92%.

La repartición de los recursos

Los datos de la Onapre, obtenidos de manera extraoficial, permiten hacer un análisis de los organismos que recibieron más recursos durante 2018, aunque no proveen información sobre partidas, entes, proyectos y fechas de aprobación de estos fondos.

Según el informe, 10 organismos se quedaron con 85% del presupuesto total, mientras que el restante 15% se distribuyó entre los otros 43 organismos. El que más dinero recibió fue el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz con Bs.S. 99.390.901.338, pero los créditos adicionales que se publicaron en Gaceta Oficial fueron por solo 75.631.086.574,38.

A pesar de que el despacho recibió 19% del presupuesto total de Venezuela en 2018, al tomar en cuenta la inflación, la variación real entre el monto inicial aprobado para el organismo y el total se ubica en -92%. Además, de los casi 100 billones que se les otorgó, solo fueron ejecutados Bs.S. 33.997.531.610, es decir, 34% de todos los recursos que se le asignó, lo que demuestra una gran improvisación y falta de planificación al entregar los recursos, y una gran ineficiencia por parte del organismo al solicitarlos y ejecutarlos, cabe recordar que este ministerio es el que asigna las transferencias a estados y municipios.

El Ministerio para el Proceso Social del Trabajo fue el segundo en tener el mayor presupuesto, al recibir Bs.S. 67.549.058.946 (177% más que lo publicado en Gaceta Oficial). 78% de los recursos que se le otorgaron fueron ejecutados durante 2018. Su presupuesto total presenta una variación real de -92% comparado con el presupuesto inicial.

El Ministerio de Educación, por su parte, fue el tercero que más recursos obtuvo. De acuerdo con el documento obtenido de manera extraoficial, en 2018 le asignaron Bs.S. 63.484.921.452, un monto 71,48% superior al que fue publicado en Gaceta Oficial. El presupuesto final de este despacho presentó una reducción de -94% en términos reales, al compararlo con lo presupuestado originalmente.

El Ministerio de Alimentación fue el cuarto organismo que más recursos recibió en 2018, con Bs.S. 48.420.456.974. La diferencia porcentual entre los cálculos del Ministerio de Finanzas y lo publicado en gacetas oficiales es de 29%, siendo el organismo con la menor diferencia porcentual entre ambos cálculos. El Ministerio de Alimentación tuvo una variación real de 186%, recibiendo una cantidad de recursos inmensa comparado con su presupuesto inicial, lo que le permitió crecer casi dos veces a pesar de la inflación.

Una de los aspectos que más llama la atención sobre el Ministerio de Alimentación es el bajo nivel de ejecución. De todos los recursos que le aprobaron solo fue ejecutado 2%, según la información filtrada. Esto pese a los graves problemas de abastecimiento que hay en Venezuela y su impacto en la nutrición de los ciudadanos.

El Ministerio de Defensa fue el quinto organismo que más obtuvo recursos en 2018, al recibir Bs.S. 34.895.381.620, una cifra superior a lo otorgado a ministerios claves para el desarrollo de la nación como salud y educación universitaria. La variación entre el presupuesto inicial y el total asignado fue de -93% y ejecutaron 65% de los recursos.

Un presupuesto desproporcionado

El seguimiento a los créditos adicionales que fueron publicados en las gacetas oficiales sí permite identificar a qué entes en particular se dirigió, al menos, una parte de los recursos.

Del dinero destinado al Ministerio de Alimentación, por ejemplo, la mayoría (Bs.S. 33.838.116.661) fueron otorgados a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, C.A. Cuspal, a través de un solo decreto de crédito adicional, asignado el 5 de diciembre de 2018, en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.414, decreto 3.698. Esa gaceta es escandalosa dada la gran cantidad de dinero que se aprobó y el escaso tiempo que había para ejecutarlo.

En cuanto a los recursos asignados vía créditos adicionales al Ministerio de Educación (publicados), Bs.S. 21.301.605.864 se dirigieron a gastos de personal, es decir, sueldos y salarios de profesores y personal administrativo y obrero. Mientras que a la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) recibió únicamente Bs.S. 70.080.935, para mantenimiento, construcción y dotación de las instituciones educativas públicas.

La Corporación Nacional de Alimentación Escolar (CNAE), empresa pública del Estado encargada del Programa de Alimentación Escolar PAE, recibió Bs.S. 4.700.764.909. El 14 de enero de 2019, durante la presentación de su memoria y cuenta ante la Constituyente, Nicolás Maduro aseguró que a través del Programa de Alimentación Escolar se habían atendido a 5.381.057 niños. Si esta información es cierta, se habrá destinado a cada niño un total de BsS. 873,58 para su alimentación durante todo 2018.

Transparencia Venezuela reitera la urgente necesidad de ordenar la administración financiera del sector público, contar con un presupuesto abierto, que esté basado en una correcta planificación, justa distribución del dinero de acuerdo a las prioridades de la sociedad venezolana, fuentes de financiación que no atenten contra la estabilidad monetaria y que se garantice el uso eficiente de los recursos.

#TenemosDerechoARespuestas, campaña venezolana por el Día Internacional del Acceso a la Información

 

ESTE VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE se celebra el Día Internacional del Acceso a la Información. En Venezuela la opacidad de autoridades e instituciones en temas tan vitales como la salud, la educación y la seguridad, llevó a periodistas de diversos medios digitales a promover la campaña denominada #TenemosDerechoARespuestas.

El 28 de septiembre es conocido también como el Día Mundial del Saber. La Carta Magna venezolana garantiza el derecho de los ciudadanos al acceso a la información de los asuntos que lo afecten en el país, así como a estar informados oportuna y verazmente.

La fecha, que se celebra desde el año 2002, hizo que losportales informativos venezolanos se unieran a la campaña para demandar respuestas a preguntas de interés público. Entre los medios que participaron están Efecto Cocuyo,  Arepita, Clímax, Chigüire Bipolar, Crónica Uno, El Estímulo, El Interés, Bus TV, El Pitazo, Prodavinci, Runrunes y Tal Cual.

En Venezuela no se publican desde hace varios años indicadores económicos como el de inflación, Producto Interno Bruto; pero tampoco el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud o la tasa de criminalidad que hay en las regiones.

También la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y ONG defensoras del derecho a la información y a la libertad de expresión como en Instituto Prensa y Sociedad (Ipys-Venezuela), Espacio Público y Mediánalisis.

La campaña #TenemosDerechoARespuestas busca que los ciudadanos también se hagan preguntas que las autoridades nacionales, regionales y locales -por estar establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Crbv)- están en la obligación de responder a cada venezolano que lo exija, de forma transparente y oportuna.

Transparencia Venezuela difunde informe sobre opacidad en presupuesto del país

Presupuesto2016

La ONG Transparencia Venezuela denunció hoy la supuesta opacidad en la administración de los recursos públicos del país al difundir el reciente estudio conducido por la International Budget Partnership (IBP) que calificó con la peor puntuación a la nación en el manejo de su presupuesto.

«Venezuela tuvo la peor nota en el Índice de Presupuesto Abierto, un ranking mundial que evalúa la gestión de los gobiernos en la administración de sus recursos», dijo Transparencia Venezuela al presentar un informe sobre este estudio de IBP 2017 que destacó que el país petrolero obtuvo «cero» como puntuación.

«Cero es la puntuación obtenida por el Gobierno nacional por la falta de transparencia en las cuentas públicas, que tiene su origen en el cerco informativo levantado en torno a las finanzas del Estado, lo que ha permitido un manejo abusivo del dinero de todos los venezolanos», señaló la ONG venezolana.

Asimismo, resalta que por quinta vez consecutiva, Venezuela forma parte de este estudio y asegura que «desde 2015 ya mostraba un franco declive por la marcada opacidad, pues ese año el país cayó 30 puntos con respecto a las anteriores evaluaciones».

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, dijo a periodistas que la calificación de toda América Latina en este estudio que se desarrolló durante 18 meses -entre agosto de 2016 y enero de 2018- es «triste» pues solo logró 42 puntos sobre 100, pero que el caso de este país es un caso de análisis.

«Sacar cero en el Índice de Presupuesto Abierto, un informe tan serio que se realiza durante dos años (…) significa que hay muchas posibilidades de corrupción con todo el dinero de los venezolanos», dijo de Freitas que recordó que ni el jefe de Estado ni sus ministros pueden usar los recursos públicos sin la aprobación de una ley.

Transparencia Venezuela también recuerda que desde 2016 el Ejecutivo desconoce al Parlamento controlado por la oposición y por lo tanto no le rinde cuentas al Legislativo en materia presupuestaria, como dicta la Constitución, y en consecuencia se dejaron de presentar y publicar los proyectos de Ley de Presupuesto.

«Desde que cambió la composición del Parlamento en 2016, el Poder Ejecutivo -con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia- ha utilizado la figura de decretos de emergencia económica que le dan poderes para modificar partidas presupuestarias, elevar la Unidad Tributaria y suscribir contratos de interés nacional» sin contar con el visto bueno de la Cámara, subraya la ONG.

Gobierno profundiza la opacidad al recortar información pública de empresas contratantes con el Estado
El Registro Nacional de Contratistas (RCN) donde se inscribe y reposa la información de todas las entidades contratantes con el Estado, fue reducido a su mínima expresión en fecha reciente, lo que implica un retroceso en la transparencia y en la promoción de la participación ciudadana en la necesaria contraloría social

 

SEGÚN SE LEE EN EL PROPIO SITIO en la web (www.rnc.gob.ve) el Registro Nacional de Contratistas tiene por objeto centralizar, organizar y suministrar en forma eficiente, veraz y oportuna la inscripción e información necesaria para la calificación legal y financiera, experiencia técnica y clasificación por especialidad, de las personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas o privadas, que deseen contratar con el Estado.

Transparencia Venezuela constató que tras un breve lapso fuera del aire, el sitio web del RNC volvió a estar disponible, pero donde antes se detallaban las características de cada entidad contratante con el Estado en veintinueve (29) ítems (ver aquí), ahora solo aparecen cinco (5) ítems (ver aquí): 1. Se encuentra o no habilitada para contratar con el Estado, 2. Nombre, 3. Número de RIF, 4. Si es persona jurídica o natural y 5. Años de experiencia en la actividad o servicio que presta, así como la determinación de si es principal o no. El sitio intervenido no tiene disponible información necesaria como, por ejemplo, fecha de constitución de la entidad jurídica; dirección fiscal de acuerdo a los estatutos; nombre, apellido, cédula de identidad de los accionistas, cargos dentro de la junta directiva y porcentaje de acciones.

La disminución de la información de las empresas, publicada por el Registro Nacional de Contratistas RNC, es contraria a los principios de transparencia, economía, simplificación de trámites y publicidad establecidos en el Decreto Ley de Contrataciones Públicas y en el Decreto de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Con la reducción de la información, los miembros de la comisión de contrataciones de cada órgano o entidad pública no tendrán a su disposición la información necesaria para evaluar los aspectos legales, técnicos y financieros de los potenciales contratistas y cada vez que necesiten seleccionar un proveedor deberán solicitar a las empresas, asociaciones o cooperativas, copia de los estatutos sociales y sus modificaciones, copia de sus estados financieros, así como declaración jurada de los servicios prestados.

Lo expuesto, supone que la administración pública realice una y otra vez los análisis efectuados por el RNC, con los riesgos que implican las valoraciones subjetivas o que se incurra en errores en el análisis que amenacen la mejor selección.

Adicionalmente, dificulta la participación ciudadana en el control de la gestión, por cuanto no se podrá conocer la fecha de inicio y finalización de los pocos contratos que eran publicados por el RNC o el nombre de las empresas con las cuales contrata el Estado, así como el porcentaje de ejecución de los contratos suscritos.

La reducción de la información publicada significa un retroceso en la transparencia y promoción de la participación ciudadana, y sugiere que al Estado no le interesa que se publique información relacionada con las contrataciones públicas, con todo y los riesgos que conlleva la falta de publicación de información para una adecuada selección y para el control ciudadano. El Estado, con esta acción, coloca la opacidad sobre la información que permite una adecuada selección del contratista y el control de la gestión pública.

Las razones de la reducción de información se desconocen, pero lo que sí podemos afirmar es que la falta de información no es aislada, por cuanto ninguno de los Ministerios publica información sobre las contrataciones públicas conforme a lo establecido en el Decreto Ley de Contrataciones Públicas, ni siquiera se publica la totalidad de las adjudicaciones efectuadas o los compromisos de responsabilidad otorgados.