El diputado Miguel Pizarro señaló que este es un paso para el camino de la justicia y que el informe recomienda a la CPI hacer las investigaciones penales
«Maduro no es el que intenta venderse en las últimas dos semanas como demócrata, el maduro que enfrentamos es el que está dibujado en este informe», aseveró el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro (PJ-Miranda).
En la sesión virtual de la Asamblea Nacional -que inició su segundo periodo legislativo del año- Pizarro reconoció la labor de los sobrevivientes, familiares, víctimas y funcionarios activos que dieron su testimonio a la Misión Internacional de Naciones Unidas, que publicó su informe el miércoles, 16 de septiembre.
El diputado y Comisionado para la Ayuda Humanitaria también destacó que en dicho informe se determinan responsabilidades individuales y cadenas de Mando. «Desde el propio Maduro, pasando por Nestor Reverol, siguiendo hasta Diosdado Cabello, son responsables directos de dar órdenes, de pedir detenciones, desapariciones, de saber de violaciones de Derechos Humanos y no hacer nada para detenerlos».
También señaló que la Misión Internacional hace un conjunto de recomendaciones, entre ellas a la Corte Penal Internacional (CPI) de profundizar y sustanciar las investigaciones penales. «Esto es un paso en la dirección correcta del largo camino para la justicia, reparación, no repetición. Que al final de todo este ciclo se pueda cerrar este capítulo oscuro de la historia de Venezuela», expresó.
También señaló que la Misión Internacional hace un conjunto de recomendaciones, entre ellas a la Corte Penal Internacional (CPI) de profundizar y sustanciar las investigaciones penales
Igualmente el diputado Rosmit Mantilla (Encuentro Ciudadano-Táchira) informó que colaboró con el informe y dio su testimonio de cómo torturan en las cárceles venezolanas, especialmente en la Sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Plaza Venezuela.
«Participé como testigo en la elaboración de este informe y conté lo que viví. Se violan a los reos, se muelen a batazos, se les coloca bolsas plásticas con excremento humano, se somete a aislamiento a los privados de libertad en la tumba de Plaza Venezuela», relató.
Por eso señaló que en Venezuela la democracia no se cuenta en votos o elecciones, sino en su respeto a los Derechos Humanos. «La única solución posible es la constitución inmediata de un gobierno de emergencia nacional, que haga respetar los DDHH».
«No es posible una Venezuela de futuro, del perdón si antes no pasamos por la justicia. Hago un llamado a que las bases de la transición reposen sobre la base de la búsqueda de la justicia», concluyó.
Impunidad en alza
La diputada Dennis Fernández (AD-Cojedes) también intervino y señaló que la ruptura de la instituciones y del Estado de derecho, ha provocado un crecimiento vertiginoso de la impunidad, crímenes de lesa humanidad, asesinatos, encarcelamientos.
Consideró importante la recomendación de la Misión Internacional de que la CPI inicie las investigaciones correspondientes y así «las víctimas puedan obtener oportuna justicia».
Igualmente el parlamentario Luis Florido (UNT-Lara) aseguró que la administración de Nicolás Maduro debe «pagar sus delitos» y rendir cuentas a los venezolanos y ante los órganos de justicia nacionales e internacionales por los crímenes de lesa humanidad.
“Esa es la responsabilidad que tenemos con este informe, que no se convierta en letra muerta, sino en acciones concretas, para que aquí respondan los que tengan que responder”, acotó.
“Esa es la responsabilidad que tenemos con este informe, que no se convierta en letra muerta, sino en acciones concretas, para que aquí respondan los que tengan que responder”, acotó.
Educación en crisis
Los diputados también debatieron y aprobaron un proyecto de acuerdo por la crisis en el sistema educativo, además de las últimas medidas anunciadas por Nicolás Maduro sobre el regreso a clases.
Bolivia Suárez (Independiente-Lara) criticó las «contradicciones» de Maduro, por señalar un día que las clases serían virtuales, en otro momento que el año escolar se iniciaría en enero y luego que serían en octubre bajo el esquema del 7×7.
«¿Habrá luz, Internet, jabón, agua? Cuánta improvisación obviando el distanciamiento social y las medidas de seguridad. La COVID-19 expone la vida de todos. Los docentes no cuentan con una póliza acorde a la realidad inflacionaria del país, esgrimió.
Suárez indicó que apoyan el pacto unitario para impulsar otras acciones como la aprobación de un bono para los maestros y personal de educación. «Procurar la cooperación técnica, educativa y financiera internacional para hacer frente a la crisis educativa”.
Sobre esto la diputada Ana Mercedes Aponte (AD-Vargas) reveló que un profesor de categoría 6 -máximo escalafón- gana poco más de 700 mil bolívares y que Maduro les «robó» su contratación colectiva. «Adeuda desde el mes de mayo de 2018 a septiembre del 2020, 280 por ciento de aumento salarial y si a eso le sumamos la recurrencia estaríamos hablando de cerca de 700 por ciento que el régimen les adeuda a los docentes».
Investigación de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela concluyó que Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país
Este miércoles, 16 de septiembre, la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de las Naciones Unidas (ONU), denunció que presentó limitaciones para poder investigar las violaciones de Derechos Humanos cometidos en contra de pueblos indígenas.
Asimismo, señalaron que no contaron con los recursos necesarios para examinar los casos de DDHH violentados tanto en los pueblos indígenas como en el Arco Minero, lugar donde se han registrado masacres en manos de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, según denuncias de diferentes ONG y dirigentes opositores.
«Debido a las limitaciones de tiempo y recursos, la Misión no ha podido analizar todos los contextos en los que se producen violaciones que podrían corresponder a las cuatro áreas de su mandato. Esto incluye, en particular, las violaciones dentro de la región de ArcoMinero», afirmó el texto.
La Misión de la ONU recomendó que se sigan investigando las denuncias de violaciones graves de los derechos humanos y de delitos en esta región, incluso contra los pueblos indígenas.
La denuncia surgió en medio de la presentación de los resultados preliminares sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2014, un informe que terminó documentando 100 casos de tortura en el marco del Plan Zamora.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU señaló que investigó 223 casos individuales y que examinó otras 2891 denuncias de violaciones de DDHH para corroborar patrones.
El informe publicado hoy por esa Misión ofrece amplia información «que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados»
Una Misión Internacional a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela concluyó que Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.
El informe publicado hoy por esa Misión ofrece amplia información «que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados».
«La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe», se señala en las conclusiones de la investigación.
Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.
Los investigadores han recogido evidencias de que a pesar de que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora (periodo que cubre el informe) incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.
«Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes», denuncia el informe, que será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Su oficina y el gobierno de Nicolás Maduro renovaron la Carta de Entendimiento, que incluye la triplicación de oficiales de derechos humanos en Venezuela y la formalización de un mecanismo de seguimiento de casos individuales
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este 14 de septiembre una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Bachelet informó que su oficina y el gobierno de Nicolás Maduro renovaron la Carta de Entendimiento, que incluye la triplicación de oficiales de derechos humanos en Venezuela y la formalización de un mecanismo de seguimiento de casos individuales.
Alta Comisionada, Michelle Bachelet, acordó con Maduro la renovación de la Carta de Entendimiento de su oficina. Triplicando oficiales de derechos humanos en #Venezuela y la formalización de un mecanismo de seguimiento de casos individuales. #JusticiaParaVenezuela#14Seppic.twitter.com/EArMdLEVYM
Según la alta comisionada, el primer año de este acuerdo permitió avanzar en la cooperación técnica, como la revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza o el compromiso asumido por el fiscal general de avanzar en la investigación de 58 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.
Por primera vez, los dos funcionarios de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU pudieron entrevistar de forma confidencial a 39 presos políticos (en sedes del Sebin y de la Dgcim) vinculados a casos significativos, lo que Bachelet valoró como «un salto cualitativo» en la colaboración con las autoridades.
«Confío en que esta práctica constructiva continúe y sirva para mejorar la condición de los detenidos y que próximamente se puedan visitar otros centros emblemáticos», añadió.
De igual manera, Bachelet instó a Maduro a continuar con las liberaciones de personas detenidas arbitrariamente en el país.
«Decisiones como estas contribuyen a la distensión política y a la apertura del espacio democrático», expresó.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, en octubre de 1945, las más grandes potencias políticas del momento: Inglaterra, la Unión Soviética, Estados Unidos y Rusia fundaron las Naciones Unidas con la clara intención de, antes de todo, evitar más conflictos bélicos y guerras que afectaran al planeta.
¿Pero para que sirvió esta gran idea y a quién realmente sirvió la creación de la ONU? ¿Acaso contribuyó a poner fin a la Guerra de Corea, o a la Guerra de Vietnam u otros conflictos menores como los conflictos en los Balcanes, Yemen o Siria entre algunos de los que vinieron después?
A pesar de sus buenas intenciones, la ONU poco o nada ha logrado hacer para resolver estos enfrentamientos armados, toda vez que se han involucrado una o más potencias. Véanse los casos de Crimea y Ucrania, manejados a su placer por Rusia.
Lo máximo conseguido con la intervención del organismo mundial ha sido promover sanciones, cuyos efectos han sido en muchos casos inciertos o dudosos.
Cuando esto ocurre, las grandes potencias intervienen y no aceptan condiciones argumentando que cada país tiene el derecho de defender sus intereses según sus propios criterios.
Lo nuevo e inesperado es que, desde el principio del 2020, tan grave como una guerra, ha aparecido el coronavirus causante de la primera verdadera crisis de la salud en escala mundial desde la Edad Media.
¿Porque la ONU no ha tomado acción y obligado a las varias potencias a unir esfuerzos para combatir y derrotar esta plaga que afecta a todo el mundo?
El coronavirus nació en un laboratorio de Wuhan, China, desde donde -a propósito o por error- “se fugó el virus” para invadir al mundo causando las graves consecuencias médicas y económicas cuyos alcances todavía no se han podido estimar.
Debido a su poder destructivo, todo lo relacionado con este virus es de gran importancia estratégica. Y ha dado inicio a una verdadera carrera para alcanzar ser el primer país en descubrir su antídoto y casi seguramente derivar ventajas inesperadas.
Por lo tanto, es sumamente importante que la búsqueda de un antídoto se produzca de una manera ecuánime para que nadie pueda derivar injustas ventajas.
Lo lógico es que los líderes mundiales lleguen a un acuerdo con el mismo espíritu que utilizaron en la creación de la Naciones Unidas, estableciendo como meta humanitaria común el descubrimiento de una vacuna que ponga fin a esta pesadilla antes de que ocurran mayores daños adicionales.
Esta es una actitud contraria al espíritu de Donald Trump, el cual, incapaz de entender la naturaleza del virus, está responsabilizando a los varios gobernadores de los estados de su país por el fracaso en contener la pandemia en sus territorios; obligándolos a hacerse cargo del problema global, por lo menos en los Estados Unidos.
Es increíble cómo el jefe de Estado del país que cuenta con las mayores y mejores universidades y mejores laboratorios de investigación del mundo no haya podido juntar a los mejores científicos y los más grandes expertos de pandemia del planeta y, apoyados por el poderío económico de los países más ricos del mundo, concertar un formidable frente para derrotar al enemigo común.
Este vacío está siendo criticado por los líderes democráticos del mundo, los cuales -a esta altura- no saben qué más esperar del presidente estadounidense tanto en los temas de la salud, la defensa y la economía internacional, donde todos son afectados por la pandemia.
¿Podrá Estados Unidos cambiar su rumbo a través de las inminentes elecciones presidenciales ?
Agosto 8 2020.
⊛ Bianchi es periodista activo y fue corresponsal jefe de Reuters en Venezuela en los años 60/70. Escribe para medios internacionales desde Venezuela.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
El informe que la oficina de la ONU presentó esta semana, alerta sobre las pésimas condiciones de vida que llevan quienes habitan los pueblos mineros asediados por la criminalidad y los yacimientos de oro que han dejado cientos de hectáreas deforestadas
@loremelendez
@boonbar
Violencia a manos de bandas criminales, explotación laboral, corrupción, explotación sexual, abuso de niños y contaminación del ambiente son algunas de las violaciones de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco que registra el más reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentado el pasado 15 de julio en la 44a edición del Consejo de DDHH de la ONU.
Por primera vez, la ONU reconoce que «gran parte de la actividad minera tanto dentro como fuera del Arco Minero está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados”. Destaca también el elevado nivel de la explotación de la mano de obra, el tráfico de personas y la violencia como consecuencia de un sistema de corrupción y soborno al servicio de las bandas criminales que controlan las minas y que pagan a los jefes militares para mantener su presencia y sus actividades ilegales.
También da un vistazo a las condiciones de vida de la población que habita el territorio del Arco Minero, la vulnerabilidad de mujeres, niños y pueblos indígenas, la migración interna hacia los yacimientos y el empeoramiento de la salud de quienes viven en un ambiente destruido por el extractivismo. Se trata de un documento que confirma y analiza cada una de las denuncias que durante años han hechos desde organizaciones de derechos humanos hasta medios de comunicación que se han dedicado a la cobertura del tema.
Corrupción
Lo primero que destaca la ONU es que la opacidad de la administración de Nicolás Maduro sobre el funcionamiento del Arco Minero del Orinoco ha impedido al organismo determinar en qué medida se ha regularizado la actividad minera y frenado la extracción ilegal de oro en esa zona. Recuerda que no hay cifras ni información relacionada al tema, proveniente de las instituciones responsables como Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico o el Banco Central de Venezuela. Ninguno ha presentado estudios de impacto ambiental y sociocultural, señalado cuáles y cuántas son las empresas con las que se alió el Ejecutivo, aportado datos sobre el Registro Único Minero o anunciado la cantidad de oro y otros minerales que reporta Minerven o los metales que exporta el Estado.
Violencia
El documento constata que la actividad extractivista en Venezuela está controlada por grupos delictivos organizados y armados conocidos como “sindicatos”, cuya presencia se hizo más visible desde 2011, cuando Hugo Chávez sacó a las empresas extranjeras de la zona, y aumentó en 2015 cuando se incrementaron los precios internacionales del oro. “Son estos los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”, apunta el informe.
La ONU recalca que estos grupos pagan a los militares para mantenerse en el negocio, ya que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la que tiene, por decreto, “la responsabilidad de salvaguardar, proteger y mantener las actividades de las industrias estratégicas ubicadas en el Arco Minero. Por esa razón, hay más de 25 alcabalas de los uniformados a lo largo de la carretera que atraviesa la zona minera del estado Bolívar.
Internamente, las bandas criminales reproducen el modelo del «pranato» que existe en las cárceles venezolanas, ya que son conducidos por un «jefe o pran que impone brutalmente sus órdenes” y controla todas las actividades en los yacimientos. La oficina de Bachelet también advierte que en época reciente hay “elementos irregulares armados” que han tomado el control de minas en el centro y oriente de Bolívar. Se refiere así, aunque no los menciona, a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se han apoderado de la zona con el aval de Maduro.
En vista de que la violencia es el arma utilizada para mantener la zona bajo control, quienes hacen vida en el Arco Minero son víctimas constantes de los grupos criminales. “Según el Gobierno, en 2019, en el estado de Bolívar se registraron 36 homicidios por cada 100.000 habitantes; en cambio, para la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) la cifra fue de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según el Gobierno, los municipios mineros de El Callao, Roscio y Sifontes registraron tasas de 94, 109 y 64 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente”, aseveran desde la oficina de Bachelet. Añaden que quienes no acatan las reglas impuestas por estas bandas son objeto de castigos corporales y hasta de asesinatos.
Las desapariciones son también mencionadas en el informe. La oficina de Bachelet documentó cinco casos de mineros desaparecidos entre 2016 y 2020, y tiene reportes que señalan que es frecuente que los cadáveres de mineros sean arrojados en pozos abandonados que sirven de fosas clandestinas.
“Los familiares que buscan a los desaparecidos denunciaron la falta de apoyo de las autoridades, incluidas las agencias de investigación, en sus esfuerzos por descubrir la verdad y obtener justicia”, resalta.
Como consecuencia de la violencia por el control de las minas, el informe señala que entre marzo de 2016 y 2020 se registraron 16 enfrentamientos armados entre bandas criminales y guerrilleros que dejaron muertos a 140 hombres y nueve mujeres. La mayoría de las víctimas eran mineros o miembros de bandas criminales. “Según la información recopilada, en ocho de esos incidentes, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que llevan a cabo operaciones de seguridad en la zona estuvieron involucrados en algunas de las muertes. El ACNUDH solicitó al Gobierno información sobre estos incidentes, pero no recibió respuesta”, señala.
#Venezuela: People working in the #ArcoMinero del Orinoco region are caught up in a context of labour exploitation and high levels of violence by criminal groups that control the mines in the area, including who enters & who leaves – ? report. Learn more: https://t.co/20ySk8b213pic.twitter.com/YI1PGKoZhA
El desempleo y la crisis económica por la que atraviesa el país ha traído como consecuencia una creciente migración interna hacia la región minera de mano de obra que no tiene ninguna experiencia en el sector. Los empleados abandonan sus puestos, incluso en el sector educativo o de la salud, para irse a las minas a practicar un trabajo informal y sin ningún contrato.
En el Arco Minero, “el trabajo se organiza en cuadrillas de cuatro o cinco mineros, que realizan turnos diurnos y nocturnos de aproximadamente 12 horas”, indica el informe. Los riesgos laborales son altos, no solo por la exposición de los obreros ante los grupos criminales, sino porque los accidentes y deslizamientos de tierra son habituales y han dejado sepultados bajo tierra a decenas de mineros.
El documento habla de la identificación de “un patrón de explotación laboral”, según el cual los mineros “se ven obligados a entregar un gran porcentaje del oro extraído a los diversos actores que controlan las minas”. La ONU pudo comprobar que los trabajadores deben entregar entre 10% y 20% del mineral extraído a los pranes o guerrilleros que controlan el yacimiento, y además pagar entre 15% y 30% al propietario del molino que procesa el material aurífero que sacan. De paso, cancelan altos precios por comida, agua y cualquier servicio a los vendedores que hacen vida en la mina, quienes a su vez deben dar un tributo a los grupos criminales. En esta cadena, los compradores de oro pagan precios 25% inferiores a los que se aplican a nivel internacional.
Mujeres y niños vulnerables
Las mujeres también se van a trabajar en las minas y se dedican a diversas tareas que van desde la extracción hasta la venta informal y la cocina. Sin embargo, dice el informe, desde 2016 aumentó la prostitución en la zona, además de la explotación sexual y la trata no solo de mujeres sino también de adolescentes.
“La prostitución se organiza ya sea en pueblos cercanos o dentro de las zonas mineras en las llamadas ‘currutelas’, que son barracones construidos con tablones de madera cuyos propietarios abonan una tarifa a los grupos criminales para poder organizar su actividad”, subraya el documento.
La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos fue informada sobre la presencia de niños y niñas de hasta 7 años, sin compañía alguna, que son explotados en la zona minera. Pequeños de 9 y 10 años ya trabajan en los yacimientos.
Salud
El informe cita a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para destacar que, según esta organización, los municipios mineros de Bolívar “son la principal fuente del aumento de los casos de paludismo” en Venezuela desde 2015.
Tanto esta como afecciones como la diarrea y enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión, u otras que atacan las vías respiratorias, proliferan no solo entre los mineros sino entre comunidades indígenas que no tienen acceso a los tratamientos, lo que los deja a la deriva y expuestos a “desenlaces fatales”.
La situación empeora debido a la contaminación con mercurio presente en el área, a pesar de que está prohibido su uso en el tratamiento de los metales.
“Una vez que se ha formado la aleación del mercurio con el oro, esta es quemada, el mercurio se volatiliza y las partículas en suspensión son respiradas por los mineros y los habitantes de la zona minera. El mercurio también se vierte en el suelo y luego es arrastrado a los ríos por el agua de lluvia. Como consecuencia, se han detectado altos niveles de mercurio en las comunidades indígenas que viven en las partes bajas de los ríos del Arco Minero. La contaminación por mercurio de las vías fluviales tiene un impacto desproporcionado en las mujeres que pasan gran parte de su tiempo en contacto directo con el agua”, señala el documento.
Asamblea Nacional
Pueblos indígenas
El documento de la oficina de Bachelet tiene un apartado dedicado a la afectación de la minería, y del decreto del Arco Minero del Orinoco, sobre los territorios indígenas. Detalla que en esta área geográfica hay 16 grupos indígenas que viven en 197 comunidades y que los daños del extractivismo van mucho más allá de la zona minera.
“La minería tiene distintas repercusiones para los pueblos indígenas y el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, principalmente debido a la presencia y la actuación de los grupos armados y al daño ambiental. Una de tales consecuencias es la pérdida de control de los territorios tradicionales y los recursos naturales, lo cual incide fuertemente en su derecho a la autodeterminación”, afirma el documento.
Desde hace al menos dos años, dice el informe, los indígenas han denunciado ser víctimas de abusos contra los derechos humanos, actos de violencia física y verbal, robo y abuso sexual contra las mujeres no solo por parte de las bandas criminales y guerrilleros sino también de militares. Los casos recientes de la masacre de Ikabarú y del ataque a las comunidades que hacen vida en el río Caura son una muestra de ello.
Las comunidades indígenas también reclamaron ante los representantes de la oficina de la ONU que los grupos criminales les “imponían un pago en oro para obtener bienes y servicios esenciales, como combustible y medicamentos”.
La destrucción del medio ambiente, que fue la preocupación más recurrente de los entrevistados por la ONU, ha traído como consecuencia la deforestación de sus territorios, contaminación de las vías fluviales y fauna, así como brotes de enfermedades infecciosas. Todo esto menoscaba la capacidad productiva de tierras y recursos indígenas, afecta sus dietas tradicionales y coarta su derecho a la salud.
El equipo de Bachelet menciona en el informe el decreto dictado por Maduro en abril pasado, que permite la explotación minera en seis ríos de Bolívar y áreas geográficas protegidas, las cuales sirven como fuentes de agua potable y alimentos a varias etnias de la zona. Tanto indígenas como expertos indicaron que la medida se ejecutó sin la realización de consultas ni de estudios de impactos ambientales. “Los pueblos Ye’kwana y Sanema de la cuenca del río Caura estiman que dentro de cinco años este espacio fluvial estará contaminado, eventualidad que es sumamente preocupante para el futuro de sus habitantes”, resalta.
El documento también subraya que los indígenas afirmaron que haberse visto obligados a explotar sus tierras tradicionales para sobrevivir debido a la situación económica del país. “La incapacidad para proseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural coarta su derecho a la autodeterminación”, sentencia.
Recomendaciones
La ONU recomendó a Maduro que garantizara que toda actividad minera en el país se practique en apego a los derechos humanos, estudios de impacto socio-cultural y ambiental y en el cumplimiento de normas ambientales nacionales e internacionales. Además, exigió la publicación de informes sobre el Arco Minero que ofrezcan datos socioeconómicos de la población de la zona, la violencia e indicadores económicos de la minería.
Pidió que se lleven a cabo “investigaciones efectivas y transparentes y operaciones de aplicación de la ley” que desmantelen las bandas criminales que controlan las minas, acaben con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas; y combatan la corrupción y enjuicien a los responsables de la violencia y la violación de derechos humanos en la zona.
Abogó por la realización de “consultas adecuadas y representativas” ante los pueblos indígenas que puedan verse afectados por medidas gubernamentales vinculadas con la minería, para que estos puedan desarrollar y tener control de sus tierras, territorios y recursos. Insistió en que se les dé reparación a las comunidades que ya han sufrido las consecuencias de la actividad extractivista.
Exigió que se revoque la Resolución 0010, dictada el pasado 8 de abril, y relacionada con la explotación del oro en ríos de Bolívar.
Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de Naciones Unidas (ONU) del gobierno interino de Juan Guaidó, se pronunció este miércoles 15 de julio sobre el informe de Venezuela del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Pizarro aseguró que en el estudio se evidencia la persecución, el hostigamiento y las restricciones a los derechos civiles y políticos, las sentencias del TSJ designando ilegalmente un CNE y los ataques a los partidos políticos en Venezuela.
“En esta oportunidad, el informe no solo afirma, sino que demuestra la erosión del estado de derecho en Venezuela, la ausencia de independencia judicial, el inexistente acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humano, y la explotación de las riquezas nacionales para el beneficio de la corrupción, las masacres indígenas y el control del sur del país bajo grupos armados y criminales”, señaló el diputado a la AN.
Pizarro afirmó que el ACNUDH recibió información fidedigna en la que se denunciaba que las personas privadas de libertad por la DGCIM fueron sometidas a sesiones que involucraban una o varias formas de tratos crueles, se hacía referencia a palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales.
Sobre el Arco Minero del Orinoco, el diputado dijo que gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera, está controlada por grupos delictivos organizados que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas.
El Grupo de Lima y la Unión Europea expresaron su preocupación por la represión hacia la oposición política, los casos reiterados de detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, así como la violación a los derechos económicos y sociales de los venezolanos y rechazaron las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre el Consejo Nacional Electoral.
Miguel Pizarro concluyó la rueda de prensa asegurando que lo mencionado en el informe de ACNUDH es un importante avance: “Hoy no son solo las ONG Nacionales, los defensores de DDHH, ni los familiares de las víctimas quienes detallan lo que ocurre, hoy es el Sistema de Nacional Unidas que evidencia las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y tratos crueles la explotación minera, la masacre de indígenas y la vulneración de mujeres y niños en Venezuela”.
El comisionado en la ONU sostuvo que el informe de Michelle Bachelet confirma la profundización de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela
Miguel Pizarro, comisionado del gobierno de Juan Guaido en la Organización de las Naciones Unidas, ratificó la denuncia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en torno a la política represiva de la administración de Nicolas Maduro en Venezuela.
Después de la presentación del informe de Bachelet, en el cual habla de violaciones a los derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, el diputado sostuvo un encuentro con representantes de los medios de comunicación vía Zoom y aquí tenemos algunas claves.
El parlamentario hizo mención a la letalidad de las fuerzas policiales y militares del gobierno de Maduro como instrumento para reprimir y castigar la protesta popular en Venezuela. De acuerdo al informe presentado este 1 de julio por Bachelet 1.324 personas murieron durante operativos de seguridad entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, 432 por responsabilidad de las Faes. “El gobierno no solo no eliminó a las Faes como ha sido la recomendación de la Alta Comisionada en informes pasados, sino que ahora amplió sus funciones y realiza labores de control social”.
Pizarro acusó a Maduro de incumplir su palabra e impedir el acceso de al menos 10 relatores especiales, especialmente los que tienen que ver con desapariciones forzadas y detenciones ilegales. “Ya ha pasado un año y nada. No tiene sentido que se hable de cooperación y no dejen entrar a los relatores. El gobierno creía que por ocupar una silla dentro del Consejo de Seguridad de la ONU se iba a salvar de ser señalado, pero se equivocó”, dijo Pizarro.
El comisionado de Guaido en la ONU se refirió también al nombramiento de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, asumiendo funciones de la Asamblea Nacional. “El nombramiento del CNE por medio del TSJ disminuye la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.
Pizarro también hizo hincapié en las detenciones arbitrarias, la persecución a dirigentes políticos, activistas de derechos humanos y periodistas y el hacinamiento en las cárceles. “En el informe se habla de la agresión contra los diputados y la toma del Parlamento el pasado 5 de enero por una Asamblea Nacional paralela. A estas alturas todavía no se sabe dónde está Gilber Caro, eso en cualquier otro país es un escándalo”.
El diputado de la Asamblea Nacional aseveró que el régimen de Maduro ha optado por radicalizarse y prueba de ello son los acercamientos que ha tenido con el gobierno irani en materia energética. “Por eso sus aliados ahora no son Nicaragua ni Cuba, sino países como Irán y Rusia”. Dijo además que la precariedad en Venezuela no es producto de las sanciones, sino de un modelo económico que ha apostado por la destrucción del capital privado.
Pizarro indicó que el esfuerzo que hace el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no es aislado, sino en cooperación con los países aliados al gobierno interino de Guaidó. Pidió a la comunidad internacional una respuesta más dura frente a los atropellos que a diario comete el gobierno venezolano.
