Las organizaciones manifestaron su preocupación por las actuaciones de distintas agencias y mecanismos que parecieran contribuir a reforzar la imagen de cooperación y normalización de la situación en Venezuela
Este lunes, 11 de diciembre, un grupo de organizaciones de la sociedad civil venezolana (OSC), solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, «una diplomacia más efectiva, centrada en derechos, que reoriente la visión del trabajo de la Organización de Naciones Unidas hacia Venezuela».
En el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las organizaciones firmantes ofrecieron consideraciones y propuestas que permitan generar de una estrategia coordinada y efectiva de la ONU hacia Venezuela y también en el terreno.
Reiteraron que «la actuación de la ONU en Venezuela debe estar orientada sobre todo a velar por el máximo estándar de goce de derechos para todas las personas. Sus esfuerzos por asistir y proteger deben abocarse primero a la población, y debe alentar la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos».
Para las OSC venezolanas, una diplomacia efectiva, centrada en derechos, que pueda reorientar el trabajo de la ONU en el país debe:
- Procurar que la actuación de las distintas agencias y mecanismos sea complementaria, coherente y coordinada.
- Priorizar la atención humanitaria de la población en el terreno, y atender a la población migrante y refugiada venezolana.
- Monitorear la situación de libertades democráticas y derechos humanos en el contexto electoral y pronunciarse oportunamente.
- Velar por la protección del espacio cívico y denunciar las amenazas a personas defensoras, periodistas, disidencia política, liderazgos indígenas, gremiales, sindicales, estudiantiles, entre otros.
- Incorporar la importancia de la búsqueda de justicia en los pronunciamientos sobre la crisis venezolana.
Llamado al Estado
En el escrito, las organizaciones de la sociedad civil recordaron al Estado que ya suma más de tres mil recomendaciones en su mayoría aún sin implementar, provenientes tanto de mecanismos de protección, como de comités de tratado y el examen periódico universal, entre otras instancias.
«Las organizaciones independientes hemos demostrado y denunciado de forma reiterada la falta de voluntad del Estado por cumplir e implementar estas recomendaciones. A pesar de ello, en los foros intergubernamentales pareciera que se instala la opinión de que existe una mejora de la situación humanitaria, de derechos e institucional. Esta falsa narrativa invisibiliza el sufrimiento de los millones de venezolanas y venezolanos».
Para las OSC los próximos dos años se perfilan como una oportunidad para la transformación pacífica del conflicto en Venezuela, pues las elecciones presidenciales de 2024 y las de gobernadores y alcaldes en 2025, «generan la posibilidad de avanzar en la reinstitucionalización democrática y crear las condiciones necesarias para reconstruir la confianza, restaurar el estado de derecho, y emprender la búsqueda de justicia y paz».
Las organizaciones manifestaron su preocupación por las actuaciones de distintas agencias y mecanismos que parecieran contribuir a reforzar la imagen de cooperación y normalización de la situación en Venezuela. Como por ejemplo, «los nombramientos de representantes del Estado venezolano a una vicepresidencia en la Reunión de Estados Parte a la Convención contra la Tortura de 2023 y la relatoría de la Tercera Comisión de la Asamblea General».
«La participación del Estado venezolano en instancias multilaterales, y la presencia de agencias de Naciones Unidas en el terreno, debería aumentar el escrutinio en materia de estándares internacionales de derechos humanos y cumplimiento de buena fe de las obligaciones, incluidas las recomendaciones, como medida de la verdadera cooperación del Estado y transformación de la situación de afectación de los derechos humanos» recomendaron las OSC.
Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil venezolana aseguraron que seguirán trabajando con los distintos mecanismos de las Naciones Unidas para contribuir a la defensa y protección de los derechos de la ciudadanía.
«Aspiramos a que se consideren las propuestas que hemos ofrecido, como necesidades esenciales para un liderazgo diplomático que sea capaz de apoyar a las y los venezolanos en la construcción de soluciones duraderas y sostenibles, garantizando el respeto de los derechos humanos, justicia para las víctimas y la construcción de paz», concluye la carta.
