La visita se efectuaría entre el 1 y el 12 de febrero de 2021
La relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos de la ONU, Alena Douhan, realizará una visita en Venezuela para determinar la forma en que las sanciones de varios países de la comunidad internacional han impactado en la situación de los derechos humanos en el país.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) anunció este viernes 29 de enero que la visita se efectuaría entre el 1ro y el 12 de febrero, día en el que expondrá sus primeras conclusiones en una rueda de prensa. El informe formal sobre todo lo observado podría publicarse a mediados de septiembre.
El objetivo de Douhan en esta visita será examinar «si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones obstaculiza la plena realización de los derechos humanos de las personas y en qué medida».
Para determinar el impacto de las sanciones, tiene previsto reunirse con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, de la Asamblea Nacional administrada por el chavismo y autoridades del Poder Judicial. De igual forma, sostendrá encuentros con organizaciones internacionales, diplomáticos, líderes de oposición, la sociedad civil y otros actores que puedan proporcionar información relevante.
El examen de la Acnudh pondrá lupa sobre las medidas impuestas por Washington, entre las que destacan las sanciones contra la industria petrolera, principal fuente de ingresos de Venezuela y actividad vital para diversos sectores productivo del país.
De igual forma, revisará el impacto que pudiesen generar las sanciones individuales de la Unión Europea (UE), impuestas contra responsables directos de atentar con la democracia o los derechos humanos en el país.
Para el chavismo, las sanciones son las causantes de la mayoría de los problemas en el país, especialmente los financieros, a pesar de que Venezuela arrastraba años de contracción continua de su Producto Interno Bruto (PIB) y se adentraba en un proceso hiperinflacionario incluso antes de las primeras medidas financieras, aplicadas en 2017.
En este sentido, la Asamblea Nacional de Maduro solicitó a las Naciones Unidas «adoptar las medidas a su alcance» para eliminar las sanciones y liberar los «recursos bloqueados» para comprar vacunas contra la covid-19.
Entre 2015 y 2019 asesinaron a 14 defensores de Derechos Humanos en Venezuela
Mary Lawlor, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), incluyó a Venezuela en el más reciente informe sobre países en los que se reporta una alta tasa de persecución y asesinatos de defensores de Derechos Humanos.
La información la publicó el Comisionado para la Ayuda Humanitaria, designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, Miguel Pizarro.
«De 2015 a 2019, el ACNUDH registró 1.323 asesinatos de defensores de los derechos humanos, de los que 166 eran mujeres y 22 eran jóvenes», asegura el informe de la relatora. 14 de estos asesinatos a defensores de DDHH, fueron en Venezuela.
El informe de Lawlor revelaría que entre 2015 y 2019 asesinaron a 14 defensores de Derechos Humanos en Venezuela. El reporte recabó información de 64 países, donde hubo un total de 1.323 asesinatos a defensores de DDHH, 166 eran mujeres y 22 eran jóvenes.
«La Relatora Especial desea subrayar que el asesinato de cualquier defensor de derechos humanos es una tragedia para sus seres queridos, para la construcción de sociedades justas; un gravísimo atentado contra el espacio cívico y una mancha indeleble en el compromiso del gobierno pertinente de aplicar la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos», advierte el informe de la relatora especial.
La relatora advirtió que los defensores de Derechos Humanos informan que a menudo se les demoniza y estigmatiza, a ellos mismos y su labor; se les difama en la prensa y se les ataca de otras formas, lo que los hace vulnerables a ataques físicos o asesinatos.
El informe precisa que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos insta a los gobiernos a que cumplan con sus obligaciones y garanticen leyes para la protección de los defensores de derechos humanos.
Alí Daniels añadió que la medida es un retroceso en la ayuda humanitaria y que desconoce cuándo se reanudará el envío de fondos a ONG humanitarias
La Organización de Naciones Unidas (ONU) informó este martes sobre la suspensión temporal de transferencias correspondientes a fondos de ayuda humanitaria en Venezuela debido a la “falta de claridad” del contexto institucional y financiero.
En la nota oficial la ONU argumentó: “En vista de la falta de claridad sobre el marco institucional financiero/bancario respecto al uso de la modalidad de Programas de Transferencias Monetarias dentro de las actividades del Plan de Respuesta Humanitaria, vemos la necesidad de suspender de forma temporal las transferencias monetarias”.
La ONU trabaja con socios y las autoridades competentes, sin precisar nombres, con el fin de acordar un procedimiento que permita seguir con la modalidad.
El director de la organización Acceso a la Justicia, Alí Daniels, recordó en ese contexto el caso de Azul Positivo, organización que tiene a cinco de sus miembros presos, acusados de presunto manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Daniels destacó que así como Azul Positivo, hay decenas de programas que realizan transferencias a personas de bajos recursos con fondos de la cooperación internacional de organismos como la ONU.
“Nada de lo que están haciendo es delito. Quienes pagan los platos rotos por esta situación son los más indefensos”, dijo Daniels en un contacto con El Pitazo. Explicó que la suspensión temporal de transferencias será hasta que el gobierno de Nicolás Maduro señale la manera de no meter en problemas a las personas.
El activista añadió que la medida es un retroceso en la ayuda humanitaria y que desconoce cuándo se reanudará el envío de fondos a ONG humanitarias.
Peter Grohmann, de nacionalidad alemana, ha ocupado el mismo cargo en el Reino de Bahrein, fue director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Panamá y fue representante residente adjunto del Pnud en El Salvador y Belice. En 2016 Grohmann fue designado por la ONU para ser coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas y representante residente del Pnud en Venezuela.
Defensores de los derechos humanos en Venezuela indican que en la gestión de Grohmann se destacan débiles o nulos pronunciamientos acerca de la emergencia humanitaria que atraviesa el país y cuestionamientos a informes que detallan la crisis del país por parte de ONG encargadas de defender los derechos humanos.
El coordinador general de la Organización de Derechos Humanos Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, indicó el año pasado que una de las principales críticas por parte de los defensores de derechos humanos a la gestión del representante residente es que no ha sido una persona independiente del Gobierno.
Una de las acciones impuestas en la DGCIM y el SEBIN es la figura de la desaparición cuando una persona es detenida
Desde octubre se ha venido realizando una serie de audiencias de los juicios políticos, muchos de ellos engavetados (archivados), con presos que tienen años detenidos. La acción responde a la recomendación de la Comisión de Bachelet sobre acelerar los casos, entre esos más de una docena de conspiraciones.
En las audiencias hay muchas denuncias sobre las torturas recibidas por los militares y civiles desde el momento en que son detenidos. La mayoría tiene coincidencia. Lo insólito es que no se le da curso a la gravedad que representa el hecho. No es cualquier cosa violar derechos humanos.
La Misión de Determinación de los hechos que se reactiva en sus funciones dentro de unas semanas, dijo en su último informe que investigó 77 casos en los que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) arrestó, detuvo y torturó a oficiales militares activos y retirados y a personas civiles asociadas.
Detalló ocho de esos 77 casos, basándose según explican en información directa, que contempló entrevistas, expedientes de causas judiciales, grabaciones de video, “también en información fidedigna reunida por fuentes indirectas fiables”.
Reconocen haber revisado la información recibida por el Foro Penal sobre 339 detenciones de personal militar y personas civiles asociadas. Para ese momento hablaron de 187 detenidos, 61 con medidas sustitutivas y 41 en libertad. “En unos pocos casos, la DGCIM arrestó, detuvo y torturó a civiles no afiliados a ninguna operación o personal militar”.
Los pasos de los arrestos
Es muy importante acercar el foco a los arrestos que hace la DGCIM y que el informe de la ONU explicó muy bien, porque siguen patrones similares, muchos de ellos denunciados en el marco de los juicios que se están llevando a cabo actualmente.
La Misión identifica los siguientes:
1. Tuvieron lugar durante el día, ya sea en el lugar de trabajo del detenido o en la base militar o en las instalaciones de la DGCIM, en ocasiones después de que el detenido fuera convocado a una reunión.
2. Los oficiales de la DGCIM no se identificaban y a menudo tenían el rostro cubierto y/o usaban alias. No obstante, su afiliación institucional era evidente por sus uniformes o, en algunos casos, por el logotipo de los vehículos.
3. Los arrestos tuvieron lugar en diferentes lugares del país. En los casos revisados, los arrestos se realizaron en 13 de los 23 estados de Venezuela.
4. Los detenidos fueron llevados a la sede central de la DGCIM en Boleíta en Caracas, ya sea directamente o pasando primero por sitios clandestinos de detención, por un periodo de horas o días.
5. Durante los traslados, la mayoría de las víctimas tenían los ojos vendados o eran traídas por rutas indirectas, supuestamente para confundirlas sobre su paradero.
6. La Misión identificó un patrón en el que los funcionarios de la DGCIM no presentaban órdenes de detención y/o no explicaban el motivo de la detención en el momento del arresto, en violación de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.
7. La Misión tiene motivos razonables para creer que esa práctica era habitual.
8. En todos los casos investigados, salvo uno, la Misión observó una discrepancia entre la fecha del último paradero conocido de la víctima y la fecha oficial de detención o la fecha oficial de la orden de aprehensión.
9. Las actas oficiales solían señalar la fecha de detención dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de la audiencia de presentación, supuestamente para cumplir el plazo establecido por la ley para la presentación ante un tribunal después de la detención. Por ejemplo, se desconocía el paradero del capitán Rafael Acosta Arévalo desde el 21 de junio de 2019, según lo anunciado por su familia en los medios de comunicación social, pero su fecha oficial de detención aparece como el 26 de junio de 2019, dos días antes de su audiencia de presentación.
10. En cada uno de los casos que la Misión investigó, en las horas o los días siguientes a las detenciones, las autoridades gubernamentales de alto nivel hicieron declaraciones públicas sobre los delitos de los que el detenido era culpable y a veces mostraron información que lo respaldaba, como las imágenes de video recogidas por los informantes de las reuniones en las que supuestamente se habían planeado intentos de golpe de Estado.
11. La Misión observa que esas declaraciones perjudicaron la presunción de inocencia y además ejercieron presión sobre los agentes judiciales, en violación de los párrafos 1 y 2 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre los representantes del Gobierno que formularon declaraciones con frecuencia se encontraban el Presidente Maduro, Diosdado Cabello (en su programa de televisión “Con el Mazo Dando”); el Ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez Gómez; el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y/o el Ministro del Interior, Néstor Reverol.
“Llegó a tener desprendimiento de testículos a causa de las torturas”: El sufrimiento del capitán Caguaripano
La costumbre de desaparecer
Una de las acciones impuestas en la DGCIM y en el SEBIN es la figura de la desaparición cuando una persona es detenida. Eso permite que la torturen sin notificar ante el Tribunal que está bajo custodia del organismo en cuestión.
La comisión de la ONU reveló que tuvo motivos fundados “para creer que algunos disidentes militares y personas relacionadas con ellos fueron objeto de desapariciones forzadas de corta duración”.
“Una vez detenidos, militares y civiles asociados fueron mantenidos sin ningún contacto con el mundo exterior, durante periodos de cinco a siete días sin poder llamar a familiares o abogados para informarles de su paradero”.
Lo que ha sucedido en cientos de casos, los familiares de los detenidos se presentan a las oficinas de la DGCIM para averiguar su paradero. “En algunos casos, no se les proporciono información y en otros, el personal de la DGCIM negó tener conocimiento del paradero de los detenidos”.
Es relevante lo que indicó la Misión. “Las normas internacionales de derechos humanos no establecen un periodo mínimo de tiempo durante el cual un detenido deba ser sometido a una desaparición forzada para que se produzca la violación”.
La investigación que hizo la Misión les reveló que “la DGCIM detenía con frecuencia a las personas en centros de detención clandestinos o non-oficiales, especialmente en las primeras horas o días de detención. El examen de los casos por la Misión reveló que desde 2018, el uso de estas instalaciones por parte de la DGCIM ha incrementado”.
“Los primeros días de la detención personas detenidas fueron llevadas a la sede de la DGCIM Boleíta o a centros no oficiales de detención”. Identificó seis lugares de detención clandestinos:
• Un sitio en San Bernardino cerca de Crema Paraíso.
• Una casa en el área de Bello Monte de Caracas.
• Una casa en la urbanización San José en el Fuerte Tiuna o cerca, en Caracas.
• Un sitio en el Fuerte Tiuna donde el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejercito tienen su sede.
• Un sitio comúnmente conocido como Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de Los Altos en el estado Miranda.
• Una ubicación en la zona montañosa del municipio de El Hatillo, estado Miranda.
Es tortura
Los investigadores de Naciones Unidas dijeron tener “motivos razonables para creer que el trato infligido a los detenidos militares en los casos investigados equivale a tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se define como los actos que causan dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental. Para que puedan calificarse como tortura, esos actos deben ser infligidos intencionadamente, cometidos con un propósito especifico e implicar a un/a funcionario/a publico/a, ya sea directa o indirectamente”.
“El propósito específico podría incluir la obtención de una confesión, la obtención de información, el castigo, la intimidación, la humillación, la coerción o cualquier razón basada en la discriminación”.
“Oficiales de la DGCIM cometieron torturas contra los detenidos en cada uno de los casos estudiados”, asevera la Misión y es exactamente lo que demuestran los testimonios de los militares detenidos y torturados, que son simbólicos como los casos de Igber Marín Chaparro y el coronel Jonny Mejía Laya.
“Los actos de tortura se produjeron generalmente durante los interrogatorios, poco después del arresto mientras los detenidos estaban incomunicados y antes de la audiencia de presentación. Algunos detenidos también fueron torturados durante periodos posteriores de detención en Boleíta”.
“Las preguntas formuladas a los detenidos sugieren que los actos se llevaron a cabo para obtener una confesión del detenido, obtener información sobre la participación de otros en presuntas conspiraciones y/o castigar al detenido”.
Es importante lo que revela el informe sobre lo que un ex funcionario de Dgcim le dijo a la Misión, confirmando la tortura en la DGCIM. “La fuente dijo: ‘Había tortura en los centros de detención. Lo supe por los colegas que me hablaron de ello. Tenías que sacarle la información a la persona a cualquier precio’”.
Los investigadores dijeron que tienen información sobre los patrones de conducta y los métodos de tortura utilizados por oficiales masculinos y femeninos de la DGCIM, contra militares y personas asociadas. “Los casos examinados sugieren que los métodos de tortura de la DGCIM evolucionaron entre 2014 y 2020, con una agudización de la violencia desde 2017”.
Los diputados pedirá una investigación independiente de los hechos a la OEA
Tras un minuto de silencio por las víctimas del naufragio en Güiria, los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron un proyecto de acuerdo en el cual exhortan a los organismos internacionales a presionar a Trinidad y Tobago para que detenga las violaciones de Derechos Humanos, en contra de los migrantes venezolanos.
En la última sesión ordinaria del año, los parlamentarios -en sesión virtual- también aprobaron llevar a cabo una investigación sobre los hechos, a través de la Comisión de Política Exterior. Sin embargo la AN no aclaró si continuará trabajando el año que viene y bajo cuál modalidad, ya que termine el periodo legislativo e inicia un nuevo nuevo el 5 de enero.
En el proyecto de acuerdo de la AN, también aprobaron enviar una comunicación al gobierno de Trinidad y Tobago, por su «actitud de complicidad ante la muerte de estos compatriotas migrantes-refugiados». También se le emplazó al Comisionado para las Relaciones Exteriores, Julio Borges a realizar una denuncia con urgencia este hecho, ante organismos multilaterales, como la OEA, la ONU, la CIDH, la oficinal de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y la Misión Especial de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
Además solicitarán una investigación independiente de los hechos y que se remita a los organismos jurisdiccionales internacionales para que fijen las responsabilidades en el caso. Los diputados aprobaron declarar la responsabilidad política «frente a la actitud indolente e
irresponsable del régimen ilegitimo de Nicolás Maduro».
Más de una vez
La diputada Manuela Bolívar (VP-Miranda) aseguró que se debe permitir el trabajo de ONG nacionales e internacionales que puedan verificar la situación de los migrantes en la isla. «No es la primera vez que Trinidad y Tobago, en complicidad con el régimen de Nicolás Maduro, ha violado los derechos de los venezolanos que han huido del país. Trinidad debe tener consecuencias», agregó.
En este punto también participó el Comisionado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para los migrantes y refugiados, David Smolansky, quien aseguró que este es el tercer episiodio en tres semanas entre Trinidad y Venezuela. Recordó la deportación de los 16 menores de edad y también la de 160 venezolanos, incluyendo a ciudadanos que tenían sus papeles en regla.
«Trinidad y Tobago es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Convención para los Refugiados de 1951. Están actuando al margen de los compromisos internacionales que tienen», explicó.
«Trinidad y Tobago es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Convención para los Refugiados de 1951. Están actuando al margen de los compromisos internacionales que tienen», explicó.
Smolansky recomendó hacer una investigación sobre los hechos, porque los cuerpos de seguridad y grupos afines al régimen de Maduro «son promotores de la trata de personas, del contrabando y narcotráfico. Eso no puede seguir siendo ignorado por la comunidad internacional. Es importante que haya acciones concretas para que Trinidad y Tobago tengan una política diferente y se acabe este flagelo».
Historial de denuncias en la AN
Los diputados de la AN Milagros Paz (PJ-Sucre) y Robert Alcalá (AD-Sucre) recordaron que desde hace un año y medio, la Asamblea Nacional ha denunciado el zarpe ilegal de peñeros desde las costas de Sucre y otros puntos del país.
«Son varias las embarcaciones que a diario zarpan de manera ilegal, con la complacencia económica de las autoridades», indicó Paz.
Alcalá señaló también que no basta con pronunciamientos de organismos internacionales o informes. «Hay que presionar a Trinidad para que deje de violar los Derechos Humanos. Hay venezolanos que están presos por querer buscar un mejor futuro, están en jaulas que no tienen ni la altura para que estén de pie. Les hacemos un llamado a la ONU, Acnur, la OEA y el resto de países para ejercer la presión necesaria para que Trinidad cumpla con los tratados internacionales en materia migratoria».
Igualmente señaló que el fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, debe detener la corrupción que tienen funcionarios militares y civiles que son los que permiten que salgan esos peñeros, que se utilizan normalmente para pescar.
«Es responsabilidad de ustedes parar estos zarpes ilegales de manera casi interidaria, que son para la pesca artesanal y no para el transporte de personas. Es un crimen dejar que salgan esas embarcaciones con 30-40 venezolanos que no cumplen con ninguna condición de seguridad», aseveró.
Por último, el presidente encargado y de la AN, Juan Guaidó, ratificó el decreto de duelo por tres días, «por lo que representa las condiciones forzosas en la que los venezolanos han sido obligados a huir, lazandose a la nada, a la incertidumbre de no ser recibido por un país, donde los venezolanos han recibido maltrato».
También criticó que la administración de Nicolás Maduro privilegie el trato político con Trinidad, antes que defender a los ciudadanos de Güiria.
Guaidó aseguró que no es relativizable el dolor humano en Venezuela. «No lo pueden ocultar tras camisas del Che Guevara o canciones de Silvio. Tiene que ver con asesinatos, dignidad, Derechos Humanos. Ya basta del cinismo oculto tras supuestas solidaridades de carácter ideológico, no lo es, es asesinato», expresó.
El comisionado del gobierno interino culpó directamente al gobierno de Maduro
El líder político Leopoldo López condenó la muerte de 19 venezolanos a bordo de una embarcación que zozobró en su intento por llegar a Trinidad y Tobago.
“La tragedia de Güiria nos toca profundamente”, dijo el comisionado del gobierno interino.
López sostuvo que de seguir la dictadura de Maduro en el poder, pronto habrá más refugiados venezolanos que sirios en el mundo. La crisis migratoria venezolana es la segunda más grande del mundo, solo superada por la crisis siria.
La afirmación tiene sustento en la proyección de la ONU, la cual afirma que para el final del año 2021 podría haber más de 8 millones de venezolanos migrantes.
López visitó recientemente la ciudad de Cúcuta, donde pudo oir y acompañar a miles de personas que han huido de Venezuela buscando refugio. “La muerte de hombres, mujeres y niños venezolanos, ahogados en nuestras costas luego de sufrir un naufragio al intentar huir de la crisis causada por la dictadura, debe llamar a la reflexión y a la acción a todos los países y pueblos del mundo contra los culpables de tanto dolor”.
“La dictadura culpable de las violaciones sistemáticas a los DDHH que denunció y comprobó la ONU, culpable del hambre y de la pobreza de millones, vinculada con el narcotráfico y el terrorismo, debe terminar y enfrentar la justicia internacional. Ese es nuestro compromiso” sentenció López.
Con excepción de Hungría, casi todos los estados de la Unión Europea sumaron una mayoría simple de 27 votos para aprobar el cambio
La Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoció oficialmente este miércoles, 2 de diciembre, las propiedades medicinales del cannabis en una votación en Viena de la Comisión de Estupefacientes.
Durante el encuentro, la mayoría simple de los 53 Estados de la Comisión decidió retirar el cannabis y su resina de la Lista IV de la Convención sobre drogas de 1961.
No obstante, aunque se reconozcan sus propiedades medicinales, el uso recreativo del cannabis sigue siendo prohibido en la normativa internacional.
Con excepción de Hungría, casi todos los estados de la Unión Europea sumaron una mayoría simple de 27 votos para aprobar el cambio. Es una de las reformas más importantes en materia de drogas en las últimas décadas.
Asimismo, en la Convención se clasifica al cannabis en las listas I y IV, esta última reservada a las drogas más peligrosas, como la heroína, y a las que se otorga escaso valor médico.
En tal sentido, este cambio facilitará la investigación con cannabis, que cuenta con principios activos que mostraron resultados prometedores en el tratamiento del párkinson, la esclerosis, la epilepsia, el dolor crónico y el cáncer.
Esta votación se produjo casi dos años después de un dictamen de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que reconocía la utilidad médica del cannabis y recomendaba su retirada de la Lista IV.
El comisionado afirmó que Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y por tanto, debe ser condenado
La ONU ratificó las incoherencias en las versiones sobre la muerte del concejal Fernando Albán, que fueron documentadas por la Misión de Determinación de Hechos, afirmó el Julio Borges, comisionado para las Relaciones Exteriores del gobierno encargado de Venezuela que preside Juan Guaidó.
Borges aseveró que en el informe se revela que las huellas dactilares encontradas por el Cicpc en la ventada no pertenecían a Fernando Albán, sino a un funcionario del Sebin.
La Misión de la ONU ratificó la incoherencia en las versiones sobre la muerte de Fernando Albán. Sabemos que fue asesinado por el régimen de Maduro y por ello, estamos luchando para que la justicia universal se imponga y los responsables de este y tantos delitos sean juzgados. pic.twitter.com/ENDI0EO8uD
«La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ratificó las incoherencias en las versiones sobre la muerte de nuestro hermano Fernando Albán. Sabemos que fue asesinado por el régimen criminal de Nicolás Maduro y por ello, estamos luchando para que la justicia universal se imponga y los responsables de este y tantos delitos sean juzgados», indicó Borges.
«El informe de la ONU debe alimentar varios procesos de presión. Uno es la justicia universal, que debe ejercerse tanto en la CPI como en cada país, el otro es la responsabilidad para proteger. Tiene que haber un antes y después de este informe, ya no se trata de indicios o presuntos hechos, es una realidad firme, Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y por tanto, debe ser condenado», reiteró el comisionado.
El informe es un instrumento fundamental para el ejercicio de la justicia universal y la activación de la responsabilidad para proteger.
