“Me encerré seis meses, me tiré al olvido por tanto dolor… Hasta que yo misma me di cuenta que tenía que volver a salir adelante, por mis nietos que quedaron sin padre”.
Anaís Montilla rompió el silencio del duelo que le dejó la “masacre de Tumeremo”, suceso que este 4 de marzo cumple un año de haber manchado de sangre (una vez más) al sur del estado Bolívar. Sus tres hijos, Néstor (30), José Armando (27) y José Ángel (26) Ruíz Montilla, murieron en la matanza que contabilizó 17 cadáveres, tras un enfrentamiento por el control de la mina El Miamo.
Recuerda la incertidumbre de esos días de marzo, en los que pedían a gritos que aparecieran sus familiares desaparecidos en el suceso y que el gobernador Francisco Rangel Gómez daba por falso. Protestaron durante tres días seguidos hasta que el Gobierno nacional decidió investigar. “En ese momento había demasiado dolor, demasiada rabia, yo no podía hablar con nadie. No podía más”.
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció el hallazgo de los cadáveres el 14 de marzo, y ya para el 16 los cuerpos habían sido entregados a las familias. La masacre fue confirmada.
Todo Tumeremo conoce a Montilla, una mujer de 53 años con temple de hierro que se ha levantado de la depresión para continuar con su vida y mantener contacto con las 10 familias que perdieron a un ser querido en esa matanza, hecho que el Gobierno no ha sabido reivindicar.
Tras entregar a los fallecidos, la Defensoría del Pueblo, Gobernación de Bolívar y Ministerio Público prometieron casa, comida, protección, educación y asistencia médica… Pero a un año de la tragedia, ninguna ayuda social del Estado se hizo realidad para las madres, esposas e hijos de los fallecidos.
“Me reuní con (Francisco) Rangel Gómez personalmente y nos prometió 10 casas, una para cada familia. Nos prometió la bolsa de comida semanal… Pero yo no he visto nada”, denunció Montilla, quien accedió a declarar a El Pitazo en un café discreto de Tumeremo, “donde no nos vea mucha gente, porque ahorita uno no sabe quién está oyendo”.
Mientras el Instituto de Viviendas, Obras y Servicios (Inviobras) del estado Bolívar, reporta que la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) construyó 21.576 viviendas en 2016; en Tumeremo ni siquiera se seleccionó el terreno para las casas que se ofrecieron para que estas personas dejaran de protestar.
La bolsa de comida semanal tampoco llegó. Durante 2016 solo recibieron una, alrededor de la fecha de la masacre. La segunda bolsa llegó un año después, este febrero… bolsas que no suficientes para ninguna de los cuatro deudos entrevistados para este trabajo.
Tras la masacre, el miedo reina en el municipio Sifontes, tanto que ni el alcalde, Carlos Chancellor, quiere referirse sobre el tema. Pero Montilla sí. Quiere recordarle al país que el terrible suceso no murió cuando la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) mató a Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias El Topo, líder de la banda criminal que efectuó la masacre.
Montilla tiene 18 nietos en total. Tuvo que comenzar a “pasar trabajo e irme pa’ las minas como cocinera”, hacia los lados de El Dorado y el Kilómetro 88, para ayudar a las dos nueras y los niños que viven con ella. “En mi casa, un mercado de 200.000 ó 300.000 bolívares no da sino para tres días”.
Para el momento de la masacre, cuando todo el pueblo exigía en las calles que aparecieran los fallecidos, ella también se reunió con el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien les prometió asistencia médica para todos los niños que quedaron huérfanos.
“Yo le llevé todos los informes y documentos de mi nieto, que es autista, porque nosotros lo atendemos es en Puerto Ordaz, pero no vimos respuesta. Con todos hablé y nos engañaron. Se olvidaron de todo (…) yo perdí mis tres hijos en un solo momento, ¿Sabes qué es no tener a quién pedirle nada, más nunca?”, dijo la mujer que no tiene más lágrimas para llorar a su descendencia.
“Nos engañaron y bien engañados, sin derecho a reclamo, porque ¿A quién más le vamos a reclamar nosotros? ¿A ellos mismos para que nos sigan mintiendo?”, dijo Anaís Montilla, expresando desconfianza con cualquier funcionario del Gobierno actual.
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El pasado año 2016 cerró como el más turbulento en materia judicial, los ojos del mundo se pusieron en Venezuela ante el irregular manejo de la justicia, el cual ha sido cuestionado por organizaciones mundiales que además han criticado la crisis multifactorial que aqueja a los venezolanos.
Con referencia a esto ya la ONG Human Rights Watch (HRW), había denunciado al principio del régimen que el Poder Judicial de Venezuela “prácticamente dejó de funcionar de forma independiente al Gobierno” desde que el chavismo y “sus partidarios en la Asamblea Nacional” asumieron “el control político de la Corte Suprema”.
A la ya consuetudinaria anormalidad del Poder Judicial se sumó la llegada de la oposición a la Asamblea Nacional hace un año; lo normal y característico de un país democrático es que los tres Poderes descritos por Montesquieu en el famoso “Espíritu de las Leyes” trabajen por separado demostrando transparencia y justicia en la Nación, cosa que en Venezuela a todas luces no sucede.
Puesto que en Venezuela no existe tal separación, la ilusión opositora de tener voz, contando con la mayoría en el Parlamento, desvaneció cuando el Ejecutivo y el Poder Judicial relegaron al Poder Legislativo, limitando sus funciones y declarándolo en desacato.
No es de extrañar que cada vez menos venezolanos confíen en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por considerar que está sesgado, esto se evidencia en el estudio de Acceso a la Justicia sobre su desempeño, donde se muestra que la confianza en él ha bajado por la gran disminución de casos que recibe respecto a hace 10 años, a pesar de que en los tribunales se han triplicado.
También lo demuestran las sentencias dictadas por la Sala Constitucional, las cuales sólo favorecen las decisiones tomadas por el Ejecutivo, que son aprobadas con gran celeridad, y en contraposición, se observa la ausencia de ecuanimidad del órgano de justicia cuando el Poder Legislativo toma alguna decisión que es inmediatamente desestimada por el máximo órgano judicial del país.
Asimismo, las polémicas declaraciones del fiscal encargado del caso de Leopoldo López, el cual huyó a los Estados Unidos revelando información confidencial, incrementó la tesis de que en Venezuela existen presos por pensar distinto y que el Poder Judicial sirve al Ejecutivo, lo cual elevó aún más la desconfianza en el TSJ mundialmente: este ocupa el último puesto en independencia judicial en el mundo, de 140 países evaluados por el Foro Económico Mundial en su reporte 2015-2016.
Otra crítica al Poder Judicial reside en que menos de la mitad de quienes actualmente ocupan los puestos de magistrados en el TSJ no cumplen con el perfil establecido en la Constitución y en la Ley. Acceso a la Justicia analizó la síntesis curricular de estos funcionarios concluyendo que un 50% no cuenta con los requisitos y tan sólo un 31,25% cumple con estos para ostentar el cargo.
Igualmente grave es que el 73% de los jueces del país no son titulares y no cuentan por tanto con estabilidad alguna.
Crisis económica
Al igual que todos los sectores del país, el Poder Judicial no escapa a la grave crisis económica que atraviesa Venezuela, su presupuesto de 2015 fue exactamente el mismo que en el año 2001 y a pesar de la bonanza petrolera de hace unos años, el número de jueces y tribunales no ha aumentado tampoco en más de 15 años, aunque ha sí se ha incrementado significativamente la demanda de casos que se ha triplicado en el período antes indicado.
Asimismo, el ahorro energético provocó una mayor inactividad de los tribunales generando retraso judicial sobre el cual el Tribunal Supremo de Justicia no ha informado. El Poder Judicial venezolano aparece en este aspecto como uno de los más lentos del mundo como se puede ver en el estudio sobre el Estado de derecho de 2016 de World Project Justice.
Por otra parte, en los recintos carcelarios muchos imputados permanecen sin juicio apresados en sitio improvisados, que el mismo defensor del pueblo, Tareck William Saab rechazó, pidiendo que los 33 mil reclusos hacinados en estaciones policiales del país fueran trasladados a las respectivas cárceles.
El mundo pone sus ojos en Venezuela
Ante la coyuntura del sistema judicial y las irregularidades cometidas durante los últimos años, ha sido inexorable que el mundo voltee su mirada hacia Venezuela; la gran cantidad de presos políticos, contrarios al Gobierno; la falta de reconocimiento al Poder Legislativo, y la fusión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, han provocado que las principales ONG alcen su voz para alertar lo que parece un Estado carente de los elementos democráticos inherentes a él, como lo es la división de Poderes.
Las OLP dispuestas por el Gobierno para disminuir la inseguridad en el país fueron cuestionadas por generar más violencia en lugar de erradicarla, según Provea más de 60 personas perdieron la vida durante el año de su implementación, lo cual fue calificado como una violación a los derechos humanos. El proceder de estos funcionarios para poner “mano dura” al hampa ha rayado en transgresión, puesto que el famoso “dispare y después pregunte” que en palabras de algunos funcionarios del actual Gobierno existía en otros tiempos se ha puesto de manifiesto con esta operación de forma evidente.
Todo indica que no ha habido una investigación concienzuda ni las previsiones a la hora de cumplir su función, por lo cual inocentes han caído a causa de una bala mal direccionada y delincuentes que han debido ser procesados han sido prácticamente condenados a una pena de muerte sin que exista tal castigo en ninguna norma del país.
Linchamientos: “la justicia tomadas por las manos”
Los casos de linchamientos también se hicieron frecuentes durante el 2016, famoso fue el suceso de un chef que fue asesinado por una muchedumbre enardecida que exigía justicia, luego las investigaciones pertinentes arrojaron que el presunto delincuente era un señor que sólo se encontraba ayudando a alguien que había sido atracado y que todo se debió una confusión, lo que comprueba que es un error tomar la justicia por las propias manos.
El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), aseguró al respecto que “los linchamientos no contribuyen a pacificar o hacer una mejor sociedad, sino que exacerban los comportamientos violentos de delincuentes y ciudadanos”, y que es una consecuencia de la desconfianza del pueblo en la administración de justicia en el país. Sin embargo, el porcentaje de linchamientos en 2016 aumentó en un 650%.
La visión de que puedes matar sin ir a la cárcel fue la misma que hizo que públicamente el asesino de la ex miss Venezuela y actriz Mónica Spear se preguntara por qué ella y no otro venezolano cayó en la trampa que junto a sus secuaces montó para atracar libremente y sin miedo a ser castigado por la ley. Una razón por la cual muchos jóvenes de las barriadas venezolanas eligen el mundo de la criminalidad: la impunidad.
La misma conmoción social y sensación de ausencia de justicia en Venezuela produjo una ola de protestas y saqueos durante todo el 2016, las cuales fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas policiales del país, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la cifra equivalía a 17 protestas diarias a nivel nacional y las causas principales respondían a la escasez de alimentos, la falta de derechos políticos, la inseguridad, los derechos laborales y a la educación.
Reacción internacional:
Ante este panorama la comunidad internacional fijó su posición, alertando al mundo sobre los problemas estructurales del Poder Judicial en Venezuela.
La CIDH en relación con la administración de justicia en Venezuela, en su Informe Anual 2015 señaló que Venezuela sufre problemas estructurales en acceso a la justicia e independencia judicial. Aspectos como la provisionalidad de los jueces, su vulnerabilidad en la permanencia del cargo y las limitaciones al Código de Ética son indicadores de este deterioro.
Amnistía Internacional por su parte, hizo un llamado de atención en el problema de la provisionalidad de los jueces y su vulnerabilidad a injerencias políticas: “Las injerencias en el sistema judicial de cargos públicos de los más altos niveles de la administración ponían en entredicho su compromiso con la independencia del poder judicial y con el Estado de Derecho. El hecho de que más del 60 % de los jueces ocupara su cargo de manera temporal hacía temer que éstos pudieran ser vulnerables a las presiones políticas”.
Como estos pronunciamientos cientos han sido publicados por organizaciones internacionales. Al observar el inevitable debacle del Poder Judicial, desde Acceso a la Justicia se estudiaron las opciones para enmendar el rumbo de la justicia en Venezuela, entre las cuales destacan:
Dictar un código de ética acorde con los estándares internacionales aplicable a todos los jueces, incluyendo a los magistrados del TSJ.
Restablecer y aplicar el procedimiento constitucional para el nombramiento de magistrados.
Derogar el marco legal que permite la injerencia del Poder Ejecutivo en las actuaciones del Poder Judicial.
Asignar recursos suficientes para que brinde un servicio de calidad,
Ampliar las horas hábiles y disminuir los días de no despacho.
Ratificar de nuevo la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre otras no menos importantes que podrá leer en el informe anual de Acceso a la Justicia.
Recordemos que sin justicia no hay democracia y sin democracia no hay derechos humanos.
La reformulación de la OLP, solo llegó al nombre. Se rebautizó de manera absurda y engañosa como “Operación de Liberación Humanista del Pueblo”, y se ha seguido implementado bajo continuas denuncias de violaciones a los derechos humanos, ejecuciones sumarias y hostigamiento a la población civil.
Con las OLP, el gobierno dictatorial busca afianzar la cultura de la violencia que tanto daño nos ha hecho a los venezolanos, enmarcándola en la lucha contra la inseguridad y la criminalidad. Problemas que ha desconocido, (negando sistemáticamente su dimensión, no priorizándolo en la agenda gubernamental), o condonado (justificando “socialmente” al crimen en un discurso supuestamente revolucionario, estimulándolo con políticas tan nefastas como las “zonas de paz”).
Las OLP se dan además en medio de una profunda crisis de credibilidad y confianza en las instituciones del Estado y sus representantes. Apoyadas en un militarismo exacerbado, niegan otros aspectos fundamentales de la situación como la necesaria reestructuración de los cuerpos policiales (atendiendo deficiencias materiales como cantidad de funcionarios o equipamiento, por ejemplo), fallas del sistema judicial y penal (desbordados, muy corrompidos, con un 98% de impunidad) y las carencias crónicas que el Estado ha tenido en el diseño de planes para el control de la criminalidad.
El régimen madurista se ha caracterizado por un recrudecimiento de la represión, la institucionalización de la violencia, y una militarización forzada en todos los ámbitos de la vida nacional. También, por la manipulación de los graves problemas nacionales y las carencias de la población para establecer formas de control, servilismo y sometimiento. Planes como los CLAPS o la tarjeta Alimentación Hogares Patria, que se aprovechan de la brutal crisis alimentaria que atravesamos, son un ejemplo de esto.
La implementación de las OLP refuerza discursos tan destructivos y falsos como el de que “solo la violencia enfrenta la violencia”, valiéndose de los sentimientos de retaliación que muchos sienten frente a los abismales índices de homicidios o el desprecio a conceptos como la reinserción y la rehabilitación frente a los resultados de instituciones corrompidas o ineficaces.
Como muchos venezolanos he sido víctima de la violencia criminal. Esa ha sido una de las razones que me llevaron a estudiar políticas públicas de seguridad y a crear, hace 5 años, el movimiento Caracas Mi Convive para transformar la cultura de la violencia en convivencia para la ciudad. Nuestra experiencia con personas y comunidades nos da una visión del problema en su enorme proporción y matices.
El pasado domingo 22 de enero, por ejemplo, estuvimos en la cota 905, horas antes de que se produjeran las primeras acciones de la reformulada OLP. Escuchamos el testimonio de una las madres que nos relató como las OLP llegaron a su casa y ajusticiaron a su hijo, un muchacho sin ningún antecedente delictivo. Las denuncias de este hecho no han recibido respuesta y la facilitadora ha sido hostigada por efectivos policiales. Su nieto, de 4 años, le dice que no quiere crecer, para que la OLP no lo mate como a su papá.
La respuesta a la violencia criminal pasa necesariamente por la creación de planes de prevención en los que las comunidades y sociedad tengan un papel activo y participante. También por la reestructuración y equipamiento de fuerzas policiales y la exigencia de un compromiso político de gobierno y Estado, no solo en la aplicación de la justicia y la lucha contra la impunidad, sino en el fortalecimiento de la convivencia.
Ejemplos de esto lo hemos visto en ciudades como Medellín, donde se han producido transformaciones y recuperado espacios para la vida social desde situaciones de crimen y narcoviolencia aún peores a las que actualmente tenemos en nuestro país.
Lo contrario es lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro, que aprovecha la angustia, el dolor y el miedo que causa la criminalidad en los venezolanos, utilizándolas para fortalecer falsas premisas como la efectividad de la mano dura o la intervención militar y exacerbar prejuicios latentes, minando la convivencia al estigmatizar sectores sociales y criminalizar a las víctimas. Una visión simplista y manipuladora que en países como Guatemala y el Salvador ha producido décadas de sangre y padecimientos.
Los excesos y transgresiones de la OLP deben ser detenidos, y las formas de combatir el crimen en nuestro país deben transformarse con decisión y sin hipocresías. Los cambios de nombre son solo medidas irresponsables que parecen burlarse de los venezolanos cuya humanidad continúa viviendo la tragedia diaria de ser atacada y mermada por la violencia.
Nicolás Maduro acaba de anunciar una reformulación del Plan Patria Segura que fue presentado en el año 2013, ahora llamado Carabobo 2021 y que viene a ser el plan número 25 que se hace desde que Hugo Chávez tomo el poder en el año 1.999, diecisiete años después podemos decir que todos han fracasado y hoy en día Venezuela es el 2 país con mayor índice de inseguridad en el mundo y Caracas la ciudad más peligrosa, según el último informe del Observatorio Venezolano de Violencia.
El Plan Patria segura originalmente tenía 9 vértices de acción: 1. Prevención integral y convivencia solidaria; 2.- Fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana; 3.- Transformación del sistema justicia penal y creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos; 4.- Modernización del sistema penitenciario venezolano; 5.- Sistema nacional de atención a víctimas de violencia; 6.- Creación y socialización de conocimiento para la convivencia y seguridad ciudadana; 7.- Lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas; 8.- Lucha contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo y 9.- Fortalecimiento de la política para el control de armas de fuego y municiones y el desarme en el territorio nacional.
Es claro que todos estos vértices de acción fracasaron, no los ejecutaron y por eso ahora lo reformularon y establecieron ahora 5 ejes de acción para esta nueva fase del Plan Patria Segura o Carabobo 2021 que son: 1.- Expansión de todos los planes deportivos, culturales y de creación de valores, que conforman el Movimiento por la Paz y la Vida; 2.- Reimpulsar el Patrullaje Inteligente establecido en el Plan Patria Segura, a través de la activación de todos los cuerpos policiales del país; 3.-Ampliación de los Cuadrantes de Paz en el territorio nacional, con capacidades sociales y comunicacionales entre los cuerpos de seguridad, y la comunidad; 4.- Fortalecimiento del Sistema de Protección Popular para la Paz (SP3); 5.- Reformular y hacer más eficientes las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) y 6.- Establecer Casas de Justicia en las comunidades.
Maduro designó como responsable de la ejecución de esta nueva propuesta del plan Patria segura a el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami; en conjunto con la primera dama, Cilia Flores; el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Néstor Reverol Torres; sus viceministros, directores de entes y cuerpos de seguridad; y el ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López.
Yo quiero referirme hoy a un tema que me preocupa de este plan y que creo será la piedra del zapato para el éxito de su aplicación, y que no se tomó en cuenta en estos nuevos ejes de acción y no es otro que donde van a llevar a los delincuentes que sean detenidos en los operativos que se ejecuten pues no hay recintos carcelarios, ni centros de detención preventiva donde llevarlos, el sistema penitenciario está colapsado y en un completo caos, no hay espacio en Venezuela donde llevar nuevos presos.
En un informe elaborado en el mes de diciembre por Una Ventana a la Libertad dio como resultado que en los Centros de Detención Preventiva hay un 378% de hacinamiento y en las cárceles a cargo del Ministerio para el Servicio Penitenciario supera el 250%. Tenemos una población de 100 mil reclusos, 55 mil en las cárceles tradicionales y 45 mil en los Centros de Detención Preventiva y solo hay cupo para 20 mil reclusos, se necesita espacio para tener 80 mil reclusos lo que equivaldría a 80 nuevas cárceles para mil reclusos cada una.
La situación es de extrema gravedad tanto las cárceles nacionales que dependen del Ministerio para el Servicio Penitenciario como los Centros de Detención Preventiva que dependen de los diferentes cuerpos policiales, no tienen espacio donde albergar nuevos detenidos por lo que los delincuentes que sean aprendidos en el marco de este plan no tendrán lugar donde llevarlos.
No puede ser eficiente un plan de seguridad que no tiene un lugar a donde llevar a los delincuentes que detengan, el Estado venezolano debe avocarse a solucionar este problema si pretende desarrollar un plan que sea exitoso y beneficie a la comunidad.
Lamentablemente desde la época en que el ahora Vicepresidente de la Republica Tareck El Aissami era Ministro de Interiores y Justicia donde presento un Plan de Humanización Penitenciaria que contemplaba la construcción de 25 nuevos recintos carcelarios, aunque solo hizo 3, y las promesas de la Ministra Penitenciaria hace 5 años de construir un recinto carcelario nuevo para procesados en cada estado del país y de la cual solo ha hecho 3, han llevado, estas falsas promesas, a colapsar el sistema penitenciario venezolano y el hacinamiento carcelario ha tomado proporciones nunca vistas.
El gran problema para implementar el plan de seguridad que aspira el régimen es que no tienen donde llevar a los delincuentes que apresen, sin dudas un gran problema que les será difícil resolver.
Lo único nuevo que ofrece la versión más reciente de Patria Segura es la incorporación abierta de formaciones políticas para la recopilación de inteligencia en materia criminal
Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca
El presidente Nicolás Maduro anunció la reformulación de las operaciones conocidas como Liberación del Pueblo (OLP). Ahora supuestamente tendrán una cara más amigable, y por eso se llamarán Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP). La primera conocida luego de este anuncio se llevó a cabo en la Cota 905, justo en el mismo lugar donde se llevó a cabo la primera OLP en julio de 2015. En aquella oportunidad, las reseñas periodísticas dieron cuenta de por lo menos doce muertos en supuestos enfrentamientos con agentes de la ley. En la de este 23 de enero fueron tres. Claro está, entre ambos extremos se llevaron a cabo otras tres OLP en la Cota 905. En algunas, con participación de militares, fueron abarcados también los sectores de Cementerio y El Valle.
Las OLP de entonces y las OLHP que comenzamos a ver desde enero de 2017 obedecen al mismo formato: son redadas en espacios geográficos más o menos delimitados que intentan mitigar la criminalidad mediante la «neutralización», ya sea por muerte o detención, de determinados individuos o conglomerados que operan en esos sectores. En la Policía Nacional las llaman «operaciones de saturación», puesto que las calles de estos barrios se ven inundadas de uniformados, quienes abandonarán el lugar a la vuelta de unas horas o, en casos excepcionales, un par de días.
Decir que las OLP u OLHP se inspiraron en las experiencias de Brasil y Colombia es una expresión de ignorancia, cuando no de un interés deliberado por engañar a la gente. En las comunas del Medellín colombiano y las favelas brasileñas se hicieron operaciones de saturación, con tanta o más violencia que las vistas en Venezuela, pero el propósito no era matar a los líderes de las bandas. De hecho, por lo menos en Brasil, en las últimas versiones los funcionarios de la Policía Militar han anunciado su entrada mediante perifoneos, de manera que los criminales han abandonado el territorio. Y estos sectores han sido ocupados y reinstitucionalizados. Esto quiere decir que los policías permanecen allí, y son construidas escuelas, comedores, dispensarios, bibliotecas y desde luego estaciones para los cuerpos de seguridad. Todo esto en las partes altas, lo que permite ejercer un mayor control sobre la actividad del barrio.
Este es el error de concepto de las OLP, con o sin H.
La reformulación de estas operaciones fue decidida ante las numerosas críticas, algunas incluso de sectores afines al Gobierno, que advertían la creciente impopularidad de las OLP en lo que llaman la «base de sustentación política» del chavismo-madurismo.
Ahora bien, esta decisión se inscribe dentro del llamado relanzamiento del plan Patria Segura. La primera versión de este plan fue en 2013 por iniciativa del entonces ministro de Relaciones Interiores, general Miguel Rodríguez Torres, que luego incorporó un sistema de patrullajes por circuitos, calcado de la experiencia en algunas ciudades de Colombia.
El gran problema con este sistema, según me comentó el actual director de PoliMiranda Elisio Guzmán, es que resulta inviable en Venezuela debido a la crónica carencia de recursos en las policías. Este déficit se incrementará ahora, puesto que el Gobierno planea aumentar 15% el total de circuitos en el país y cada uno deberá tener un «estado mayor».
Me pregunto cómo llevar a la práctica esta expansión de los circuitos de patrullaje, cuando actualmente las flotas de patrullas y motocicletas de todos los cuerpos policiales, incluida la PNB, están inservibles en más del 45%, de acuerdo con diagnósticos disponibles. La situación es tan grave que los propios funcionarios motorizados deben pagar de su bolsillo los repuestos y las reparaciones. En la PNB además se ha admitido ya que algunos vehículos sean «canibalizados», es decir, despojados de las piezas que aún sirven para colocárselas a otros y ponerlos en funcionamiento.
También está el problema del llamado «pie de fuerza» de los cuerpos de seguridad. En Caracas solamente son necesarios unos 30.000 policías, pero no se dispone de más de 9.000. A esto hay que restar los agentes que no van a trabajar porque están de reposo, presos, de permiso académico, en comisión de servicio en otros cuerpos, en grupos de apostamiento (vigilancia de detenidos) o son escoltas de algún jerarca. Además, hay otros que no van a sus cuartelesporque no les da la gana, se jubilan y se ponen a trabajar como parceleros o custodios de pequeños comercios, léase abastos o panaderías.
Estas carencias terminarán por desvirtuar el plan Patria Segura II. Sin embargo, Maduro cree que las podrá afrontar mediante la incorporación de nuevos recursos humanos desde varias procedencias: 1) 10.000 nuevos oficiales de la Policía Nacional; 2) 10.000 tropas de la Fuerza Armada Nacional; 3) el pie de fuerza del Sebin, y 4) miembros de colectivos y unidades de batalla que actúen como «patriotas cooperantes» y aporten pie de fuerza en determinadas operaciones.
Sobre el último punto hay que señalar que la participación de colectivos y miembros de formaciones políticas oficialistas ya venía ocurriendo en asuntos de seguridad ciudadana. Para esto se tomaban en consideración las disposiciones de las leyes orgánicas de Seguridad de la Nación, los Consejos Comunales y las Comunas. Hubo experimentos en sectores como Catuche, Mérida, Juan Pablo II y Ciudad Caribia. En esto se avanzó hasta tal punto que ciertos colectivos de «inteligencia popular» participan en operativos de control a transeúntes en Catia y Sabana Grande, tal y como quedó en evidencia a finales del año pasado.
Todas estas decisiones acentuarán la politización de la actividad de los cuerpos policiales, algo que es rechazado no sólo por buena parte de los funcionarios de tales instituciones sino también por la población en general. Quede claro entonces que el problema de fondo no será proteger a la ciudadanía sino incrementar el control político a través de cuerpos profundamente ideologizados.
Ahí está el sentido de la segunda versión de Patria Segura.
Breves
* La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará el 9 de febrero en San José de Costa Rica para debatir sobre una posible denegación de justicia por parte del Estado venezolano en el caso del homicidio del estudiante de la Guardia Nacional Johan Alexis Ortiz. Esta muerte se produjo el 15 de febrero de 1998 durante un ejercicio en una cancha del destacamento 19 de ese componente militar en Táchira. Por este caso ha sido imputado Jean Carlos Rafael Malpica, un efectivo de tropa que se suponía debía disparar salvas con un fusil M61 calibre 7.62mm. Malpica se encuentra en libertad. Además, de acuerdo con el papá de la víctima, Edgar Ortiz, él no fue el responsable por este homicidio. Las pruebas de planimetría y experticias balísticas indican que los dos disparos que mataron a Johan Ortiz fueron hechos desde un lugar distinto al que ocupaba el imputado, presumiblemente por un oficial que entonces tenía el grado de capitán y hoy es flamante general de brigada de la GN, gracias a un ascenso otorgado por Maduro en 2013.
*La Policía Nacional adelanta un plan para el «rescate de la imagen» de ese cuerpo. El documento correspondiente no hace un diagnóstico preciso sobre las condiciones de hecho que motivaron esta iniciativa. Pero es obvio que la evaluación general de la PNB entre la ciudadanía no es positiva. Una de las evidencias más claras al respecto es que se trata del cuerpo armado civil con mayor número de procesados por diversos delitos, en especial homicidios, robos y extorsiones. El plan establece dos frentes de acción: puertas adentro y hacia las comunidades.En el primero se intentará incrementar el «sentido de pertenencia» y el orgullo de formar parte de las filas de esta policía. Algunas historias relativas a procedimientos exitosos serán exaltadas, al punto que un comité escogerá al «héroe del mes». Hacia afuera la cuestión es más complicada. El plan reconoce de antemano las dificultades para transmitir una sensación de efectividad. La Dirección de Comunicaciones será reestructurada. Se ordenó un monitoreo constante a las redes sociales, los medios y los periodistas que general opinión en cuestiones de seguridad. El mensaje a transmitir es que «los funcionarios que roban y matraquean son lunares en la institución».
* El criminólogo y docente Luis Gerardo Gabaldón llevó a cabo una encuesta de victimización para la región centro-norte-costera del país, que incluye a los estados Aragua, Carabobo, Vargas, Miranda y Distrito Capital. Se hicieron entrevistas en hogares para determinar si esa persona había sido afectada por secuestros y extorsiones, lesiones personales, robo y hurto genéricos, corrupción, abuso sexual, estafa, amenaza y el homicidio de algún familiar directo. Por razones metodológicas, las preguntas abarcaron el lapso julio 2014 a julio 2015. Los resultados indican hasta qué punto la criminalidad violenta arremete contra la población. Por ejemplo, se proyectó una cifra de 28.241 secuestros y 32.151 extorsiones solo para los referidos estados, así como 845.406 robos y 12.285 homicidios. Este último dato es muy relevante, pues la región centro-norte-costera suele abarcar el 50% de tales crímenes. Por lo tanto, durante el año objeto de investigación la cifra homicidios para el país debió estar alrededor de 24.570. Esto se acerca mucho a los cálculos hechos por el Observatorio Venezolano de la Violencia. Gabaldón fue miembro de la Comisión Nacional para la Reforma Policial y corredactor del Estatuto para la Función Policial.
* En la medida en que avanza la disolución del Estado venezolano, los medios para el ejercicio legal de la fuerza son reemplazados por agrupaciones de diversa índole. Llámelas comités de vigilancia, frentes bolivarianos o colectivos. En este último caso, es claro que algunos gozan de beneficios clientelares a través de instituciones estatales como Petróleos de Venezuela o el Ministerio para las Comunas, por citar algunos. Pero el flujo de dinero también ha mermado para estos grupos. La crisis finalmente les llegó, y para mantener las lealtades ahora es necesario acudir a otros mecanismos. El primero es la extorsión. Los comerciantes de la avenida Sucre de Catia pueden hablar de esto. También los habitantes de los barrios ubicados a partir del kilómetro 7 de la vía a El Junquito. En octubre del año pasado un colectivo se reunió con los residentes para exigir el pago de 2 mil bolívares mensuales a cambio de garantizar la seguridad. Posteriormente, pasaron casa por casa para reunir los aportes. El dinero era recibido por una mujer acompañada por un sujeto encapuchado. En una oportunidad, colocaron una pancarta con los números telefónicos a los que se podía llamar para comunicar las novedades. Pero los robos continuaron y el colectivo no dio respuesta, así que la removieron.
DESDE EL NOMBRE (CAMPAÑA CARABOBO 2021), pasando por las seis líneas de acción, hasta llegar a los ejecutores del programa: El “nuevo” plan de seguridad de Nicolás Maduro es un refrito de políticas de criminalidad ya conocidas, con los mismos actores y un final predecible.
Hasta los funcionarios designados para ejecutar el Plan Campaña Carabobo 2021 fueron reciclados: Tareck El Aissami, Néstor Reverol y Gustavo González López lideraron las políticas de seguridad del país como ministros de Relaciones Interiores (2008, 2012, 2016) y ninguno logró reducir la criminalidad.
“Es un plan reactivo ante la muerte de una figura pública como el animador Arnaldo Albornoz. Ensamblaron lo primero que se les ocurrió para hacer un refrito y dar respuesta a ese asesinato. No tenían nada y lo que hicieron fue juntar todos los planes anteriores y los mezclaron. Agarraron Patria Segura -el primer plan de Maduro-, patrullaje inteligente, cuadrantes de paz, Movimiento por la Paz y la Vida, hicieron una reedición de la ley sapo y a la OLP le colocaron una “h”, lo metieron en una licuadora y sacaron eso”, explicó Luis Izquiel abogado penalista y experto en seguridad ciudadana.
Esta instancia gubernamental existe desde 2013. Está adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y en su primera etapa fue dirigida por José Vicente Rangel Àvalos, quien para ese entonces era viceministro de Seguridad Ciudadana.
No hay nada nuevo en su versión 2017 y su primera edición no dejó logros para añorar. El Movimiento por la Paz y la Vida -en teoría- fue creado con la finalidad de promover la convivencia en las localidades más violentas del país mediante la reinserción y pacificación de los grupos delictivos. Se les recuerda por ser los artìfices y fundadores de las Zonas de Paz, en septiembre de 2013. Las primeras se instalaron en el estado Miranda: 4 municipios de Barlovento y 6 de los Valles del Tuy.
Las Zonas de Paz -impulsadas por el Movimiento por la Paz y la Vida- se convirtieron en territorios liberados, donde los cuerpos de seguridad no podían ingresar y las bandas organizadas delinquían con impunidad. Estas zonas fueron usadas para ocultar a delincuentes evadidos de las cárceles o solicitados por las autoridades, y para mantener en cautiverio a vìctimas de secuestros. Las bandas delictivas se unieron para actuar contra la policía y preservar su “negocio”: el tráfico de drogas. La Cota 905, El Valle y El Cementerio, como zonas de paz, se convirtieron en el 2015 en la pesadilla de los cuerpos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro. Ataques a ministros y viceministros, agresiones con granadas, asesinatos de policías y quema de vehículos policiales fueron la constante.
El ex basketbolista profesional Alexander Vargas será el encargado de conducir y poner nuevamente en acción al Movimiento por la Paz y la Vida.
2. Patria Segura y Patrullaje Inteligente
El Plan Patria Segura arrancó en el segundo semestre de 2013, como parte de la Misión A Toda Vida Venezuela. En su momento, el entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que a través de Patria Segura“se buscaba fortalecer la seguridad ciudadana y disminuir los índices de violencia en el país… Destacó la necesidad de que todos los sectores del país se sumen a esta labor, cuyo fin es construir un país de paz y de convivencia ciudadana”.
Al momento de hacer la presentación de lo que fue su primer plan de seguridad, el presidente Nicolás Maduro, dijo: “el objetivo del Plan Patria Segura es establecer un sistema de protección para el pueblo”, según publicó el Correo del Orinocoel 13 de junio de 2013.
La oferta presidencial de protección para la ciudadanía también incluía el patrullaje inteligente como parte del plan Patria Segura. En esa oportunidad (junio de 2013) Maduro precisó “que, en función de esa meta, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra desplegada en el país para proteger a las comunidades”.
Tres años y medio después, el 17 de enero de 2017, las cosas no han cambiado mucho: los homicidios pasaron de 24.763 en 2013 a 28.479 en 2016, según registros del Observatorios Venezolano de Violencia y Maduro nuevamente “ordenó al Estado Mayor del Sistema Policial Venezolano el despliegue de las fuerzas policiales con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para que el Plan Patria Segura sea relanzado y cada vez más efectivo”, dice una nota publicada en la página de VTV.
3. Cuadrantes de la paz
En su nuevo plan de seguridad ciudadana, el presidente Nicolás Maduro tampoco sorprende con la implementación de los “Cuadrantes de la Paz”. En realidad esa forma de división del territorio para proteger a las comunidades de los delincuentes fue idea de Miguel Rodríguez Torres, cuando fue ministro de Relaciones Interiores. El proyecto surgió en 2013, pero febrero de 2014 era la fecha escogida para ponerlo en marcha.
Aunque se realizó una amplia campaña informativa, los cuadrantes realmente nunca funcionaron. Su activación fue opacada por el inicio de las protestas estudiantiles contra el gobierno de Maduro, los funcionarios que debían ocuparse de los cuadrantes fueron utilizados para reprimir las manifestaciones; los teléfonos asignados para reportar emergencias nunca eran atendidos y la intespectiva salida de Rodrìguez Torres del despacho de seguridad dejó a los cuadrantes como un formato de uso referencial de algunos cuerpos de seguridad.
“Los alcaldes y gobernadores aseguran que los cuadrantes fueron abandonados. Y en los cuadrantes no responde nadie”, indicó Luis Izquiel.
El vicepresidente Tareck El Aissami, en una de las múltiples cadenas realizadas la semana pasada para ofrecer detalles de la Campaña Carabobo 2021, explicó que los Cuadrantes de Paz serán los “núcleos básicos de la política estructural de seguridad”. Para lograr este objetivo se requiere de gran cantidad de funcionarios de cuerpos de seguridad, que actualmente no tiene.
Por esa razón, el presidente Maduro y el vicepresidente invitaron a los jóvenes a sumarse a las filas de la Policía Nacional Bolivariana. Anunciaron que abrirán 10.000 plazas para nuevos aspirantes, que los nuevos uniformados saldrán a las calles apenas seis meses de su incorporación a la PNB.
Adicionalmente, el viernes 20 de enero de 2017, el ministro Néstor Reverol informó a través de su cuenta de Twitter que instalarán cámaras de seguridad en todos los cuadrantes.
Una promesa similar hizo el ministro Rodrìguez Torres el 21 de agosto de 2013, cuando anunció la instalación de 30 mil cámaras de seguridad en todo el país. “La empresa estatal china Ceiec pondrá en marcha a mediados de septiembre en el Municipio Sucre un Sistema Integrado de Monitoreo con cámaras y asistencia denominado Sima”, decía la información publicada por Noticias 24.
En la pàgina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela se dan más detalles del proyecto y se mencionan los recursos. “El Gobierno Bolivariano de Venezuela destinó mil 65 millones de dólares para la puesta en marcha del Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia (SIMA), según informó el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. El titular de esta cartera, añadió que los recursos fueron aprobados por el Fondo de Cooperación China-Venezuela”.
4. Sistema de Inteligencia de Protección Popular para la Paz (SP3)
“Toda acción policial debe estar fundamentada en la inteligencia para evitar desviaciones y excesos policiales, dijo Maduro al anunciar el plan de espionaje y delación vecinal que supuestamente servirá para identificar y ubicar a los delincuentes en los sectores populares.
Sin embargo, esta “estrategia” de vigilancia ciudadana es similar a la llamada “ley sapo”, que intentó aplicar Hugo Chávez con fines políticos en 2008. En esa ocasión Chávez promulgó y drogó de inmediato la ley de inteligencia y contrainteligencia que obligaba a cualquier persona a cumplir labores de inteligencia si así lo solicitaban las autoridades.
En diciembre de 2016, luego de la ola de saqueos y violencia en los estado Bolívar, Apure y Táchira , el presidente Maduro “relanzó el Sistema de Protección Popular, conocido como SP3, el cual, a juicio de especialistas, reedita preceptos de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia -bautizada como ‘ley sapo’- del año 2008 que fue promulgada por el entonces presidente Hugo Chávez y derogada pocos días después”, dice una nota publicada por El Pitazo el 30 de diciembre.
El mandatario vuelve a mencionar el SP3 un par de días después del asesinato del animador de televen, Arnaldo Albornoz, en el marco de la Campaña Carabobo 2021. El plan será coordinado por el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, y “su función es advertir amenazas”, dijo Maduro.
Aunque no existe en la legislación venezolana, la figura de los delatores infiltrados ya ha sido usada por el Gobierno de Nicolás Maduro bajo la denominación de “patriotas cooperantes”. Estos personajes anónimos figuran como informantes y testigos en los expedientes de decenas de presos políticos desde 2014. Un de estos es el caso de Araminta González, que fue entregada a las autoridades por presuntos patriotas cooperantes, quienes la acusaron de terrorismo y conspiración.
También en los reportes policiales se viene utilizando la denominación de “patriotas cooperantes” para referirse a los informantes o denunciantes de delitos comunes. En los barrios, esta práctica ha derivado en agresiones y asesinatos de dirigentes vecinales a quienes los miembros de las bandas delictivas han responsabilizado de entregarlos a las autoridades. Elizabeth Aguilera, jefa de la UBCH de la Escuela Sucre fue asesinada en junio de 2016 en la Cota 905 por integrantes de organizaciones delictivas. Le dispararon en el rostro y posteriormente quemaron su cuerpo en venganza por haber revelado su paradero a la policía.
Adicionalmente esta política del presidente Nicolás Maduro no contribuyó a reducir la violencia y la inseguridad en el país. El año 2016 cerró con 28.479 homicidios en todo el país, según el OVV.
Luego de las innumerables denuncias por los abusos y excesos cometidos durante estas razias, y en particular en la masacre de Barlovento -donde funcionarios del Ejército ejecutaron a 13 hombres detenidos en una OLP-, el presidente Maduro anuncia una versión moderada y “humanista” de la Operación de Liberación del Pueblo y utilizó el calificativo de “percances” para referirse a las violaciones de DDHH. Como si agregar una palabra al nombre de un plan de seguridad cambiará el pensamiento bélico de los funcionarios que realizan estos procedimientos desde hace 2 años, con “licencia para matar”.
“Las OLHP son una acción puntual que debe estar orientada por el respeto a los derechos humanos. La violencia no se combate con violencia”, dijo Maduro para relanzar por tercera ocasión en año y medio el procedimiento de exterminio que lleva a las zonas populares.
“El TSJ está dispuesto a que la justicia llegue para los que están en la cúspide de la pirámide, porque estamos combatiendo con mucho vigor la impunidad”, aseveró la magistrada Gutiérrez en esa oportunidad. Pero tres años y medio después el sistema de justicia que ella lidera no ha alcanzado a los culpables de 92 % de los delitos que ocurren en el país.
Además la agradable instalación de Ciudad Caribia no sirvió de mucho a las víctimas de la OLP del 30 de junio de 2016. Los familiares de siete víctimas de ejecuciones extrajudiciales nunca fueron visitados, ni atendidos por el personal que hace vida en la casa de justicia.
En una noticia publicada por el Correo del Orinoco el 9 de diciembre de 2015, se anuncia la creación de seis casas de justicia penal en otros urbanismos de Misión Vivienda durante el primer semestre de 2016. La información dice: “Estas casas son espacios creados por el Gobierno Bolivariano para la transformación del sistema de justicia penal mediante la creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos… Las Casas de Justicia Penal son espacios de articulación interinstitucional destinados a implementar un sistema de justicia municipalizado, cercano a las comunidades, que se encargue de conocer, investigar y decidir sobre los hechos punibles como faltas y delitos menores”.
En su alocución del 17 de enero de 2017, Maduro explicó: «Las casas de justicia, son casas para la resolución de conflicto, para la justicia temprana, para la combatir la impunidad, para llevar la Ley y el orden adentro de la comunidad».
Y así se completa el reciclaje de los planes de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro, empaquetado ahora con el nombre de Campaña Carabobo 2021. “Esto no aguanta ningún un análisis serio. ¿Cómo hace uno para analizar esta mamarrachada política que se le ocurrió a Maduro?”, se pregunta Luis Izquiel.
Argumentos falsos, medias verdades, informaciones incompletas. Runrun.es extrajo las incongruencias del discurso que el presidente venezolano ofreció este domingo al entregar su informe de gestión del año pasado al TSJ
QUE VENEZUELA ES BUENA PAGA. Que la inseguridad es culpa de una «guerra criminal» contra su gobierno. Que la escasez es inducida. Que la oposición atacó el derecho a la alimentación. Si al presidente Nicolás Maduro le hubiese crecido la nariz por cada mentira, evasión o información que ocultó durante la presentación de su Memoria y Cuenta 2016, quizás no hubiese cabido en la camioneta que lo sacó de la sede del Tribunal Supremo de Justicia este domingo, donde llevó a cabo su exposición en lugar de hacerlo ante la Asamblea Nacional, como correspondía.
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Durante casi cinco horas, el mandatario se dedicó a comentar cómo él -un «humilde obrero», como se identificó al menos 5 veces en la alocución- había combatido con capa y espada un año «largo y duro» del cual, de acuerdo con su percepción, había salido airoso porque ni la «guerra económica», ni el imperio, ni los parlamenterios en desacato, pudieron sacarlo del poder.
Alimentación
1.- Durante su memoria y cuenta de 2016, Maduro dijo que desde la oposición se habían alentado «ataques al derecho de la alimentación» y que el país aún sufría de una «escasez inducida» que su gobierno había combatido a través de los Comités Locales para la Alimentación y Producción (CLAP).
El Ejecutivo dejó de cumplir su responsabilidad con millones de venezolanos quienes, al no poder cubrir sus necesidades básicas, debieron alimentarse de la basura. El fenómeno masivo se acentuó durante el año pasado y un estudio de More Consulting señaló que 15% de la población había admitido haber recurrido a los desperdicios para poder comer. Además, reveló que 53% de los habitantes del país había dejado de hacer una comida al día.
Maduro tampoco comentó que la destrucción del aparato productivo de la nación -que comenzó en la era Chávez con cientos de expropiaciones y que su gobierno continuó al imponer numerosas restricciones para el comercio- es una clave esencial para explicar la escasez. La Misión Alimentación depende, cada vez más, de las importaciones de productos que dejaron de elaborarse en Venezuela -como es el caso del azúcar, debido a que más de 50% de los centrales azucareros están paralizados-. Es así desde 2013, primer año de mandato del actual presidente, y esto se comprobó en la memoria y cuenta de la mencionada cartera en ese año, en la cual se indicó que las compras en el exterior habían aumentado 51% .
2.- El jefe de Estado apuntó que «los CLAP han cumplido su propósito de golpear al bachaquerismo» o la reventa de productos básicos. Tímidamente señaló que en algunos comités se habían infiltrado «viejos vicios» que tenían como fundamento el «bachaquerismo criminal», pero aclaró que estos casos eran minoría.
Lo que evitó decir es que los CLAP se convirtieron en una nueva forma de sacar partido de la crisis. Los más beneficiados son sus propios miembros, los más cercanos a la revolución, pues aprovechan para ganar comisiones con el transporte de los «combos», no entregan factura de los bienes vendidos, y comercializan aquellas bolsas que dejan de venderse en sus comunidades.
Tampoco se refirió a los Informes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), en los cuales se identificó al bachaqueo como un mecanismo para lavar dinero. El delito fue dado a conocer por Mildred Camero, ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid) y experta en materia de drogas, quien afirmó que funcionarios de la institución habían notado incrementos desproporcionados en las cuentas bancarias de revendedores, que eran al final fondos provenientes de la venta de drogas.
Seguridad
1.- «Venezuela lo que a Colombia le da es puro amor, apoyo y solidaridad», dijo el presidente Maduro sobre la supuesta atención y apoyo que su Gobierno le dado al pueblo colombiano.
Sin embargo, 2016 cerró con 1.381 colombianos deportados. Durante el Gobierno de Nicolás Maduro se incrementaron las deportaciones y violaciones de DD HH de ciudadanos colombianos. Algunos fueron detenidos ilegalmente durante la OLP y llegaron a permanecer detenidos sin un proceso judicial adecuado.
2.- «La guerra criminal es uno de los frentes que nos han metido. Pagando delincuentes, sembrando delincuentes para generar zozobra y angustia», dijo Maduro intentando buscar una explicación externa al problema de la criminalidad que hay en Venezuela y que su Gobierno no ha logrado frenar ni con la Operación de Liberación del Pueblo (OLP).
Adicionalmente, el número de homicidios ocurridos en el país durante 2016 aumentó nuevamente. Según proyecciones del Observatorio Venezolano de Violencia, en Venezuela ocurrieron 28.479 homicidios con un tasa de 98,8 por cada 100.000 habitantes el año pasado.
3.- «Sin lugar a dudas Tareck El Aissami es el mejor ministro de Ministro de Relaciones Interiores que ha tenido el país», dijo Nicolás Maduro para justificar que encomendó al nuevo Vicepresidente de la República la tarea de reducir la criminalidad.
Además mientras El Aissami fue ministro perdió el control del sistema carcelario del país y el entonces presidente Hugo Chávez se vio obligado a crear el Ministerio de Servicio Penitenciario.
Finalmente antes de asumir la Vicepresidencia, El Aissami, quien era gobernador del Estado Aragua, posicionó esta entidad como las más violenta del país, con una tasa de 142 homicidios por cada 100.000 habitantes.
4. «González López es el mejor director del Sebin que ha habido, el mejor sabueso», dijo Maduro para elogiar la labor del general Gustavo González López, exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y actual director de la policía política.
Lo que ocultó es que para saldar el compromiso fuera del país aumentó el déficit interno en dólares entre 35 y 40 mil millones, según la firma Ecoanalítica.
«Venezuela es buena paga, cancelamos dos días antes para que no digan nada. El país seguirá cumpliendo todos sus compromisos internacionales», aseguró el mandatario. «Hay una orden de la reserva federal financiera de Estados Unidos para bloquearnos”, agregó.
Según cifras emitidas por el propio jefe de Estado este domingo, los ingresos de divisas al país cayeron en 2016 a 5 mil 291 millones de dólares, una contracción que significó el 60% en comparación con 2015.
2.- «La defensa del salario no ha dejado de ajustarse con un incremento acumulado de 454%. Seguirán realizándose hasta que podamos contar con un aparato productivo fuerte. Los precios suben a consecuencia de la guerra económica. Buscamos proteger a los trabajadores».
Con esa frase, Maduro reconoció que no podía controlar la inflación y por eso aumentó el sueldo mínimo en cuatro oportunidades durante 2016 y una en 2017.
Con incrementos de salarios inconsultos a sindicatos y a empresas privadas como lo establece el artículo 111 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, Maduro prometió bajar el desempleo a 4,7%. Según el Fondo Monetario Internacional la tasa de desempleo aumentará de 18,1% en 2016 a 21,4% en 2017.
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3.- Extendió por cuarta vez la vida del billete de 100 bolívares, luego de que en diciembre desatara una especie de Armageddon al darle un lapso de 72 horas a la actual moneda de máxima denominación. «Le pegamos un buen golpe con el ‘Cienbolazo’. Mañana (este lunes 16) salen progresivamente los nuevos billetes, ya el BCV y la FANB los están distribuyendo. Vamos a regularizar la moneda venezolana, a agarrarse los pantalones las mafias de la frontera».
Hasta ahora Sudeban (la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela) no ha informado sobre la llegada de los nuevos billetes a las entidades. Seguiremos esperando.
Vivienda
1.- «Rompimos el récord (de construcción) de viviendas. Milagro de Dios, milagro de la Revolución». Con esa frase, Maduro celebró que, pese a la crisis del último año, su gobierno haya podido levantar 370 mil inmuebles, un número jamás alcanzado por otra administración en Venezuela.
Esa cifra, sumada al millón que supuestamente había edificado la Misión Vivienda hasta 2015, da un total de 1.370.000 casas o apartamentos. En cuatro años de gestión, Maduro asegura haber entregado 1.023.000 construcciones residenciales.
Pero ya el pasado viernes 2 de diciembre de 2016, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), había negado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los números del Ejecutivo. Esto en el marco de la audiencia “Derecho a la vivienda en Venezuela”, solicitada por el Estado venezolano, cuya delegación estuvo liderada por Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, junto a funcionarios del Ministerio de Hábitat y Vivienda.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, señaló en aquella reunión que, de acuerdo con informes del Banco Central de Venezuela y las Memorias y Cuenta de los ministerios involucrados (Vivienda y Trabajo), el sector de la construcción había sido uno de los más deprimidos por la crisis y que por ello su decrecimiento se situaba entre -23 y -20%. ¿Cómo pudo el Estado venezolano construir más viviendas que en años anteriores cuando esta área no hacía otra cosa que retroceder?
Además, los mismos documentos de los ministerios mencionados, tanto en 2014 como en 2015, señalaron que la falta de materiales para levantar las casas y edificios, amén de las condiciones climáticas y la escasez de personal calificado, habían causado retrasos en los cronogramas de entrega.
La falta de acceso a la información y las contradicciones de las cifras de la Misión Vivienda han impedido durante años que tales números puedan ser contrastados. Tal aseveración la han hecho organizaciones como Provea y Transparencia Venezuela.
2.- Maduro rechazó que desde la Asamblea Nacional se sancionara la «Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector Público», que además fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia. Según el mandatario, la oposición «pretendía mercantilizar la vivienda» con esta iniciativa, mientras que su administración sólo había querido llevar a cabo una «política de dignificación» con las casas que se entregan con títulos de adjudicación.
Sin embargo, los estándares internacionales acordados por la Organización Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) –y suscritos por Venezuela – establecen que el derecho a la vivienda digna sólo puede cumplirse si los beneficiarios tienen seguridad jurídica. Un título de adjudicación no ofrece tal garantía y menos en un país en donde, a través de las Operaciones de Liberación al Pueblo, se han ejecutado más de 1.500 desalojos forzosos de viviendas sociales.
Las viviendas «seguras» también están contempladas en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, legislación que además establece en su artículo 21, numeral 2, que las autoridades están obligadas a conceder a las personas y a las familias la seguridad jurídica de la tenencia de los inmuebles.
Educación
El presidente también mencionó en su discurso que la oferta publica educativa del país se ubica en 82%, lo que representa según él más de ocho millones de alumnos estudiando en escuelas del Estado.
También se refirió a un supuesto crecimiento en la matrícula universitaria pública. Según cifras oficiales actualmente hay más de dos millones de estudiantes en universidades financiadas por el estado.
Una encuesta de Educación Miranda revela que 86% de los niños en edad escolar temen quedarse sin comida en casa y 55% admitió haber faltado a clases para acompañar a sus padres a comprar alimento.
Tampoco, Maduro mencionó en su discurso de casi cinco horas, la fuga de maestros y profesores a planteles privados o al exterior.
Salud
1.- El Presidente celebró que en 2016, a través de Barrio Adentro, se hayan ejecutado 28 millones de consultas médicas en más de 14 mil módulos de salud.
Pero olvidó mencionar la estrepitosa caída que esta cifra presenta con respecto al año anterior. La Memoria y Cuenta del Ministerio de Salud de 2015 dejó claro que ese año se habían realizado 75.438.371 consultas sólo en los consultorios populares.
Si el número presentado por Maduro sólo abarca aquellas atenciones médicas prestadas a través de los módulos de Barrio Adentro, quiere decir que allí se efectuaron 47.438.371 consultas menos que en 2015, es decir -62,8% que el año anterior.
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2.- Maduro indicó que la misión Barrio Adentro tenía en funcionamiento 10 mil consultorios populares en todo el país .
Pero lo que no dijo es que estos módulos no ofrecen atención médica todos los días de la semana, debido a la falta de personal médico y a la escasez de insumos necesarios para atender a los pacientes. Estos hechos fueron expuestos en un trabajo publicado por El Pitazo que reveló cómo estos centros de atención primaria habían sido afectados por la crisis.
Sin duda a veces hay que hablar en nombre de los náufragos. Hablar en su nombre, en su silencio, para devolverles la palabra – Jorge Semprúm
Venezuela está llena de historias de dolor, pero también de vida, de luchas, de determinación y certeza. En cada rincón del país hay una víctima, pero también la disposición férrea de seguir adelante, no solo para contar el relato, sino también para que haya garantías de no repetición.
Pero, sobre todo, Venezuela está llena de historias de dolor. COFAVIC, de manera independiente, registró de enero a junio de 2016, 977 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras que en el mismo periodo de enero a junio de 2015 se registraron 590 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales lo que representa un aumento del 66%. En 37% de los casos se señala presuntamente la participación de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), y las cifras demuestran que los jóvenes que habitan en barriadas populares son los principales afectados por los abusos de los cuerpos de seguridad del Estado. De enero a junio de 2016, de la totalidad de casos que COFAVIC registró, el 81% (881 casos) de las víctimas son menores de 25 años y el 99% (967 casos) se refieren a hombres jóvenes frente a 1% que representa 17 mujeres asesinadas bajo esa modalidad.
El teólogo y profesor universitario, Rafael Luciani, clama por el acto de escuchar a las víctimas porque ellas “son signos vivientes de esa herida abierta que necesita ser sanada; ellas han padecido y claman por una reconciliación nacional. Hay que dejar de ser cómplices o neutros, y volver a ser hermanos para poder frenar el mal”, dijo en un artículo de opinión.
El pensador lamenta que los venezolanos vivamos un proceso de acostumbramiento, que se haya perdido la línea de demarcación entre la vida y la muerte y que se haya instaurado una suerte de cultura de la violencia que nos deshumanizó por completo.
En efecto, las víctimas que acuden a COFAVIC no solo piden justicia, también imploran compasión, personas que las guíen en el proceso de denuncia y duelo. Solo reclaman que alguien las escuche.
Los psicólogos señalan que para la búsqueda de la verdad es necesario reconstruir la memoria, hablar, juntar el rompecabezas que quedó deshecho en el corazón, resignificar la experiencia, pues negarse la posibilidad de recordar, por muy dolorosos que sean esos recuerdos, puede provocar que se repita la historia una y otra vez, y ya no serán entonces 977 personas, sino miles de seres humanos intentando recuperarse del dolor.
Los expertos en violencia, en desapariciones, en duelo, recomiendan hablar de la pérdida, no solo para que los otros sepan lo que ocurre y se conmuevan, sino para liberarse de ese ahogo que produce la ausencia de un hijo, un hermano, un esposo.
Claro, Olga Meza, madre de Ángel Torrealba, de 16 años, asesinado en la primera OLP que se llevó a cabo en Margarita; Martha Oropeza, madre de Nelson García Oropeza, de 21 años, muerto en una OLP en Caricuao; Clara María Lira, madre de Anthony Mejías Lira, de 27 años, asesinado en una OLP en Caricuao o José Gregorio Parada, padre de Jesús Gregorio Parada, de 23 años, ultimado por presuntos funcionarios policiales, aseguran que el dolor no cesa, jamás cesa, aunque tampoco dejan de luchar porque han entendido que se convirtieron en las voces de sus hijos y solo con su voluntad de acero y su determinación podrán transitar el camino hacia la justicia.
Ellas, ellos y muchas otras madres, padres, hermanas, esposas, que se reencuentran en COFAVIC, han llegado a sentir que no están en un mundo aparte, pertenecen a un universo común, hermanados por el dolor, pero también por la valentía de luchar, aun en las circunstancias más adversas. Eso les ha permitido sentir que tienen soporte, un apoyo que los guía hacia la reparación; y entender que el duelo es un proceso que puede variar constantemente.
Algunas veces sentirán que enfrentan el peor momento de la vida, otras se sorprenderán con una repentina manifestación de fe. Lo importante es reconocer su humanidad y su vulnerabilidad.
A lo largo de 27 años, COFAVIC ha promovido que la víctima ubique un propósito que la ayude a transitar el proceso de reparación, pero también que identifique metas a corto, mediano y largo plazo. La mayoría de las veces, las personas se dan cuenta que en la constancia e independencia de sus acciones se fortalece su lucha y que a pesar de los obstáculos y limitaciones logran pequeñas y grandes acciones en pro de la tolerancia, la lucha por la no discriminación, el respeto por los derechos humanos y los valores democráticos.
Las víctimas y sus familiares son el antídoto contra la amnesia social, son el motor que lucha contra la impunidad de los perpetradores, son el poder que impide sostener la historia oficial y falseada.
Según el Psiquiatra Jorge Buitriago la voz colectiva de las víctimas puede potenciar una suma de voluntades hasta convertirse en organización y cada tarea ejecutada se perfila como un ejercicio participativo de ciudadanía, destinado a cuestionar la arbitrariedad y a reforzar la búsqueda de una sociedad más humana. (Buitriago (2007). Atención integral a las víctimas de tortura en procesos de litigio. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Cap. De víctimas a actores sociales: el rol de los familiares en la superación de la impunidad).
A partir del testimonio de cada víctima, del relato de su sufrimiento individual, es posible conocer la trascendencia de los casos en un ámbito mucho más general. Sin pensarlo, cada víctima se convierte en un actor social, determinante para la recuperación de la memoria histórica y la superación de la impunidad.
Esa es la deuda…
Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a cofavic@gmail.com o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.
