OLP

El Estado Venezolano desestimó 81 recomendaciones del informe final del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, llevado a cabo en Ginebra.

En el segundo examen realizado en noviembre de 2016, el Estado venezolano recibió 274 recomendaciones de 102 países miembros de la ONU. De este total, aceptó 193 y tomó nota de 81 (42%), manifestando no estar en disposición de cumplir 53, que representan 65% del total de las anotadas.

En las 28 recomendaciones que el Estado desestimó como “anotadas” se encuentran ratificar los protocolos de denuncia en casos de tortura y violaciones a derechos del niño; garantizar el respeto a las libertades de expresión y asociación y un entorno propicio para la sociedad civil; poner fin a la prisión arbitraria y liberar a todos los presos políticos; respetar el debido proceso y los derechos humanos de las personas privadas de libertad; garantizar derechos a personas transexuales, transgénero y parejas del mismo sexo; y aceptar la asistencia y la cooperación internacional para enfrentar la crisis del sector salud y la escasez de alimentos, ésta última por no tomar en cuenta la guerra económica, el asedio y la amenaza de “poderes fácticos y políticos–económicos de ciertas élites nacionales e internacionales”.

Conforme a los procedimientos del EPU se permite a los Estados hacer una excepción con algunas recomendaciones en las que sólo se tome nota, sin que esto signifique desentenderse de ellas. Manifestó no estar dispuesto a implementar un gran número de recomendaciones que están dentro de sus obligaciones

“La mayoría de estados que participaron en el EPU llamó la atención del Estado venezolano sobre la afectación de un amplio espectro de derechos humanos, la falta de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y la negativa a invitar al país a representantes de los Procedimientos Especiales”, dijo Feliciano Reyna, quien habló en nombre de las 170 organizaciones autónomas de la sociedad civil venezolana.

«Periodistas, estudiantes, activistas políticos y defensores de derechos humanos son objeto de estigmatización y criminalización y las personas detenidas son sometidas a torturas y tratos crueles; el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo no actúan con independencia, afectando así las garantías de protección de los derechos humanos;  el Servicio de Inteligencia venezolano debe dejar de operar como un sistema de justicia paralelo y debe cesar el uso de la justicia militar para procesar civiles», agregó Reyna.

Reyna señaló que las libertades de asociación, manifestación pacífica y expresión están severamente restringidas en Venezuela.

“Vivimos una emergencia humanitaria compleja, 82% de la población venezolana vive hoy en pobreza, 1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en 4 estados de Venezuela presentaron Malnutrición Global Aguda en diciembre de 2016, 75% de hospitales públicos no puede prestar atención mínima adecuada por falta de medicinas e insumos y no hay reactivos para pruebas de control para el VIH, 4 millones de personas no tienen desde hace meses acceso a las medicinas que su condición con urgencia requiere”, acotó.

El Estado estuvo representado por la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela,  afirmó que en Venezuela «se respetan todos los derechos humanos y libertades, existe plena independencia y autonomía de los poderes públicos, se garantiza el derecho a referendo revocatorio y la recolección de manifestación de voluntades ciudadanas y se mantiene una sistemática cooperación con el sistema universal de derechos humanos, al que se transmite amplia información».

Dentro de las 53 recomendaciones que “no contaron con el apoyo” del Estado luego de su análisis por considerarlas “sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas y elaboradas sobre bases falsas”, se encuentran:

1. Revertir la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos,

2. Aceptar las visitas solicitadas por órganos de las Naciones Unidas y atender los llamados del Alto Comisionado,

3. Todas las relacionadas con reconocer y restaurar las potestades de la Asamblea Nacional y respetar plenamente la democracia y la participación política,

4.  Todas las referidas a la protección de los defensores de los derechos humanos,

5. Garantizar el cese de la persecución y violencia política,

6. Respetar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y adecuar la vigilancia de comunicaciones a las normas de derechos humanos,

7.  Poner fin a la Operación Liberación y Protección del Pueblo,

8. Garantizar los derechos a los colombianos afectados por el cierre de fronteras,

9. Reducir los homicidios, combatir la impunidad y poner fin a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad,

10. Asegurar mejores condiciones de reclusión para el elevado número de personas detenidas y el excesivo hacinamiento en las cárceles,

11. Eliminar la instrucción premilitar en las escuelas,

12. Ajustar la Ley de Educación a la protección del derecho a la autonomía y la libertad de cátedra.

La Operación de Liberación del Pueblo (OLP) que ahora pasó a llamarse Operación de Liberación Humanista al Pueblo (OLHP) dejó en su historial a 21 menores de edad asesinados, durante el 2016.

El informe Somos Noticia de Cecodap, organización que vela por los derechos de los niños y adolescentes, reveló que el año pasado se registraron 31 casos de niños y adolescentes víctimas en estos operativos, de los cuales 21 perdieron la vida.

En 2015, año en que el ministro de Interior, Justicia y Paz de ese entonces, Gustavo González López, estrenó estos operativos —en julio— 15 fueron los fallecidos.

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El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, consideró que la actuación de la Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP), se encuentra relativamente apegada a derecho, ya que a su juicio, de no ser así, no existiesen denuncias con respecto a la actuación del cuerpo policial.

En este sentido, manifestó que prefiere las actuaciones selectivas producto de una investigación de inteligencia que las redadas, que pueden llevar a detener a centenares de personas. “Cuando se evalúa el trabajo, solo uno era el que estaba siendo buscado”, opinó al respecto.

Durante entrevista a Globovisión, el defensor sostuvo que los órganos de justicia tendrán la obligación de atender la denuncia de aquellas personas que consideren se ha violado los derechos humanos de los detenidos, tramitarla y, de haber responsabilidad, sancionar a ese funcionario. “Estamos trabajando muy duro para la capacitación de funcionarios policiales que actúan en el terreno de talleres y cursos en derechos humanos”, agregó.

Familiares y vecinos de la Cota 905 y El Valle formularon denuncias sobre los Operativos de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) realizados el jueves y viernes pasado.

Desde la morgue de Bello Monte, Moraima Mendoza calificó de injusta la actuación de las fuerzas de seguridad. «Es una injusticia por parte de los efectivos porque están matando a personas inocentes sin pruebas fehacientes».

«En las casas se meten con les da la gana, sin orden judicial, arremeten contra los familiares., los niños lloran ¿Por qué?»

Por su parte, Daniela Zerpa, narró que los efectivos llegaron a su casa tumbando la puerta. «Hacen lo que les da la gana. El trabajaba, era barbero, nunca cayó preso, nunca tuvo vicios de drogas».

Extraoficialmente se pudo conocer que a la morgue ingresaron 19 cadáveres desde el viernes a la madrugada del sábado, conteo que se realiza solo en la Gran Caracas.

El diputado a la Asamblea Nacional por el GPP, Ricardo Sánchez, justificó este sábado que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) usaran máscaras de calavera en la Operación de Liberación del Pueblo realizada este viernes en Los Jardines de El Valle.

En las redes sociales se difundieron fotografías de los efectivos con la cara cubierta por lo que parecía “un disfraz” de Halloween.

“Ahora problema no es la careta táctica sino iconografía y simbología de la misma. Próxima OLHP pediremos que usen de los Ositos Cariñosos”, escribió Sánchez en su cuenta de Twitter.

El dirigente oficialista sostiene que el uso de caretas tácticas, máscaras y pasamontañas se corresponde con estándares internacionales para proteger la identidad de los funcionarios.

“El uso de máscaras tácticas por Fuerzas Especiales tiene un objetivo disuasivo en el despliegue territorial frente a la criminalidad. Las mejores unidades tácticas del mundo en ejercicio de operaciones especiales usan caretas, máscaras y pasamontañas”, indicó.

Publicó fotos de operativos en otros países del mundo y puso como ejemplo a Irlanda, Rusia, Estados Unidos, Noruega, Peru, Canadá, Irak, Taiwán, Dinamarca y Francia.

Sánchez aseguró que la OLHP en El Valle “se correspondió con Protocolos Internacionales de Respeto a DD HH y enmarcadas en Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza”.

Alrededor de nueve hombres murieron y aproximadamente 50 fueron detenidos durante la OLP en El Valle, que duró aproximadamente 8 horas.

Ahora problema no es la careta táctica sino iconografía y simbología de la misma. Próxima OLHP pediremos que usen de los Ositos Cariñosos

— RICARDO SANCHEZ (@RicardoSanchezX) 11 de marzo de 2017

Para algunos «periodistas» está bien que se usen «caretas» para quemar Simoncitos y poner guayas asesinas pero no para combatir criminales

— RICARDO SANCHEZ (@RicardoSanchezX) 11 de marzo de 2017

Algunos ejemplos uso de máscaras tácticas en otros países:
Irlanda, Rusia, EEUU, Noruega, Peru, Canadá, Irak, Taiwán, Dinamarca y Francia pic.twitter.com/yvWfe5IgKD

— RICARDO SANCHEZ (@RicardoSanchezX) 11 de marzo de 2017

Imaginamos que así si pasamos la rigurosa prueba del nuevo «periodismo» de investigación venezolano! pic.twitter.com/CFGBjJDNKz

— RICARDO SANCHEZ (@RicardoSanchezX) 11 de marzo de 2017

La mañana de este viernes tuvo lugar un operativo de la denominada Operación Protección y Liberación del Pueblo (OLP), en el sector Los Jardines de El Valle, en Caracas que dejó como resultado nueve presuntos delincuentes asesinados y 50 personas detenidas.

El periodista de la fuente de sucesos, Román Camacho informó que efectivos de diversos cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos de la Policía Nacional y Dirección de Contrainteligencia Militar, estaban tras la pista de alias “El Ruso” y “El Coqui” pero lograron escapar.

Camacho explicó que algunas de las personas detenidas en este operativo estaban solicitadas pero hasta el momento no hay detalles de los fallecidos.

Terminó OLHP en El Valle. Mas de 50 detenidos y 9 abatidos. CPNN Y DGCIM actuaron en operativo pic.twitter.com/3Ja0HKX06D

— Roman Camacho (@RCamachoVzla) 10 de marzo de 2017

Culminó OLHP 9 Abatidos. El Ruso y El Coqui escaparon. Mas de 50 detenidos en flagrancia y solicitados. PNB (Uote, Faes, Die) y DGCIM pic.twitter.com/WIDMZJJPIG

— Roman Camacho (@RCamachoVzla) 10 de marzo de 2017

 

@AliasMalula

El Nacional 

Una de las primeras acciones que debemos tomar para enfrentar la violencia es confrontar el proceso de aceptación como normal, con la que es abordada por diferentes sectores de nuestra sociedad. Ante esto es necesario cuestionar la violencia como herramienta en la resolución de conflictos, no deshumanizar a víctimas y victimarios, reconociéndolas como personas más allá de cifras o porcentajes, y comprender las repercusiones de la violencia en quienes están directamente afectados por ella y los que les rodean, como familiares, amigos y vecinos. Estas  son algunas consideraciones que proponemos para manifestar una acción frente a la tragedia y encontrar otras maneras de entenderla y transformarla.

En días pasados fue muy comentado el doloroso caso de Michelle Longa, de 18 años, golpeada hasta la muerte por tres compañeras de su liceo.  Su asesinato se produjo luego de que una discusión con las muchachas, molestas porque habían sido reprobadas luego de que Michelle no las incluyera en un trabajo escolar, escalara hasta la agresión física. El terrible asesinato de Michelle, además del reconocimiento de la tragedia irreparable de la muerte de una joven, plantea otras cuestiones: ¿Qué apoyo se le está dando a sus familiares que, como miles en Venezuela, atraviesan  momentos de duelo, pérdida y rabia?  ¿Cómo ha afectado a sus compañeros, profesores y plantel? ¿Qué condiciones se dieron en el entorno, educativo, familiar y cultural de las muchachas involucradas, llevándolas a convertir una disputa sobre un trabajo escolar en una brutal golpiza y un homicidio? ¿Qué medidas preventivas se están tomando en los planteles y hogares de esa comunidad frente a esta situación? ¿Cuál es la respuesta de los organismos del Estado responsables?

Pensemos que este caso pone la atención sobre una faceta de la violencia más allá de lo criminal, en el contexto de los jóvenes y adolescentes en planteles educativos. A pesar de lo inédito  (por los motivos descritos) del asesinato de Michelle Longa, la organización no gubernamental CECODAP advierte que ya en 2015 se produjeron al menos 3 muertes por violencia escolar y más de una treintena de heridos en centros educativos por la misma causa. Esto es una clara señal de alarma sobre una faceta del problema que debe abordarse en lo inmediato: el asesinato de Michelle es muchísimo más que una cifra y una noticia de sucesos, de las tantas que escuchamos a diario. Advierte sobre fallas, tanto de la sociedad como del Estado, en la asunción de responsabilidades y enfoque frente al problema.

En la normalización de la violencia influye, a nivel social, la negativa de las personas a afrontar hechos de este tipo por su carga negativa, dolorosa, y muchas veces reveladora de pulsiones oscuras de la sociedad, difíciles de aceptar y procesar. También la impotencia generada por la percepción de que la violencia, por su magnitud y complejidad, es un problema imposible de solucionar.

Por otro lado existe en nuestro país una negativa del Estado a aportar soluciones preventivas, continuas y consensuadas al respecto. El mismo Estado,  tanto en su discurso como en sus actos, estimula, valida y glorifica el uso de fuerza excesiva y la violencia. Son algunas muestras de ello la criminalización de la disidencia y la invención de complots y enemigos externos, la agudización de la persecución política a través de detenciones ilegales y la implementación de operativos en contra de la inseguridad, como las OLP, con reiteradas violaciones a los DDHH. Es vital un cambio de gobierno que posibilite otra visión de Estado,  para que este no continúe siendo un factor determinante y permisivo de lo violento y, por el contrario, se articule con el resto de la sociedad para la promoción y reconstrucción de la convivencia.

Creemos que en el ámbito local es prioritario el aporte de herramientas activas de participación, como talleres de prevención de violencia y de resolución pacífica de conflictos, entre otros. Igualmente necesario es visibilizar a los afectados por el problema, desde individuos hasta comunidades, y exigir apoyo legal, psicológico y material para estos. Las víctimas de la violencia tienen rostro, y sus experiencias, dolorosas y que nos confrontan con los aspectos más terribles de lo humano, pueden ser también referentes de resiliencia, superación y esperanza.  

En nuestro trabajo en las comunidades, hemos reconocido estas vivencias en personas como Abraham Viera, de El Polvorín en la Pastora. Abraham perdió primero a un hermano en un accidente y luego a otro a manos del hampa. Enfrentado a la posibilidad de vengar al segundo decidió enfocar su esfuerzo en superar la tragedia y ayudar a su familia en la recuperación. El impulso y constancia de Abraham se volcaron también en la realización de actividades comunitarias, siendo actualmente reconocido como un líder de la localidad de El Polvorín. Nunca olvida a sus hermanos y no convierte su recuerdo en una fuente de  más violencia y retaliación. Una de nuestras primeras actividades en el Movimiento Mi Convive, organizada junto con Abraham en 2013,  fue un homenaje a ellos.

Como Abraham, muchos otros han vivido las devastadoras consecuencias de la intromisión de la violencia en sus vidas. Con entereza, esfuerzo y apelando a lo mejor de sí mismos, se han rebelado ante ella, negándose a aceptarla como condición inalterable y definitoria de su realidad. Estas experiencias deben ser reconocidas y, como en el terrible asesinato de Michelle Longa, deben impulsarnos a la reflexión, a enfrentar la tragedia para no aceptarla como algo normal y cambiarla.

@RobertoPatino