OLP

EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 se cumplen los dos años de la ejecución de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) en el sector Santa Rosa de Agua, parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo. Este operativo dejó como saldo cinco asesinatos, 200 detenciones arbitrarias y una marca de violencia que permanecerá de por vida en los sobrevivientes de la sistemática violación de derechos humanos que esta implicó.

En la madrugada del 14 de septiembre de 2015, tras la publicación de un mensaje que anunciaba la realización del operativo desde la cuenta en la red social Twitter del gobernador del estado Zulia, Franscisco Arias Cárdenas, 480 efectivos de la Guardia Nacional (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), arremetieron contra el Sector Santa Rosa de Agua al norte de la capital zuliana e ingresaron a los hogares de tres familias. Seguidamente, asesinaron a quemarropa a cinco ciudadanos: Héctor García (35), Néstor Luis García (28), Oswaldo Moreno (25), Jonathan Olivares (31) y Jorge Luis Olivares (41).

Según el testimonio de Elvimar Olivares, hermana de los fallecidos Jonathan Olivares y Jorge Luis Olivares, ellos fueron sacados con el rostro cubierto de sus hogares y trasladados en un vehículo del CICPC con rumbo desconocido. Posteriormente, sus cuerpos sin vida fueron hallados en la morgue del Hospital Adolfo Pons. Una situación similar ocurrió con los hermanos García y Oswaldo Moreno, quien fue trasladado desde su casa sin signos vitales.

Durante los dos años transcurridos desde este traumático suceso, la familia Olivares interpuso la correspondiente denuncia y formuló una solicitud ante la Fiscalía General de la República que motivó el inicio de una investigación conducida por el Fiscal Nacional con competencia en derechos fundamentales, Alejandro Méndez, donde las experticias realizadas por el equipo de investigación forense del Ministerio Público sirvieron de base para acusar formalmente a cuatro funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), por los asesinatos anteriormente mencionados.

A la fecha, los familiares de las víctimas de la Operación para la Liberación del Pueblo ejecutada en Santa Rosa de Agua el 14 de septiembre de 2015 aún esperan justicia. Atendiendo a las evidencias halladas y a la legislación venezolana, la juez tercera de control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, deberá acatar la solicitud de privar de libertad a los funcionarios acusados por el Ministerio Público, dicha detención deberá materializarse en la audiencia preliminar a efectuarse en octubre.

A pesar de las dificultades, los familiares de las víctimas continúan dispuestos a agotar todas las instancias posibles para lograr justicia.

Desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) demandamos al Estado venezolano el cese de operativos policiales y militares violatorios de derechos humanos, entre otros; así como el respeto al debido proceso, la celeridad procesal y la vida.

Con información de CODHEZ

Este 13 de julio la OLP cumple dos años. ¿Qué nos ha dejado esta política? ¿Cómo podríamos evaluarla? ¿Cuáles han sido sus resultados? ¿Ha mejorado nuestra seguridad? ¿Nuestras vidas se encuentran ahora más protegidas?

Comencemos por lo más básico. ¿Qué son las OLP?

Desde que se iniciaron no se ha publicado documento oficial alguno que definan claramente sus objetivos, alcances y protocolos de actuación. Hasta ahora lo que existen son múltiples declaraciones y videos propagandísticos. Según este discurso oficial, ¿cómo pudiera definirse las OLP?

Las OLP son, como la primera palabra lo indica, operaciones, procedimientos llevados a cabo por distintos cuerpos de seguridad que actúan de manera conjunta –es de destacar que las actuaciones conjuntas dificultan la adjudicación posterior de responsabilidades–. Su objetivo inicial era “liberar” “áreas donde operan elementos de grupos delincuenciales, quienes se dedicaban especialmente a actividades del paramilitarismo colombiano, bandas criminales, sicariato, extorsión y secuestro”. Este fue el discurso con el que fueron presentadas las OLP, que fue variando y no siempre fue coherente.

Es de advertir que este tipo de operativos no son novedosos en el país. La profesora Tosca Hernández hace unas tres décadas estudió este fenómeno desde el año 1958 a 1986. La OLP es, entonces, la continuidad de una lógica y praxis represiva de antaño, que los actuales gobernantes habían prometido no se repetiría en el país y que posiblemente se esté manifestando de una manera más letal y generalizada.

Un indicio de esto se puede apreciar al analizar las fuentes disponibles, tanto de registros criminales oficiales como de la mayoría de los datos no oficiales, que coinciden en una tendencia al aumento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.Los últimos dos años son emblemáticos por el aumento abrupto de estas muertes. En 2015 aumentaron 70% respecto al año anterior, y en 2016 el incremento fue de 163% respecto a 2015 y de 344% con relación al año 2014.

El Ministerio Público en su informe anual de 2015 registró unas 245 personas fallecidas en el marco de las OLP durante sus primeros cinco meses, estas apenas representaron, aproximadamente, 14% de las muertes totales en manos de los cuerpos de seguridad durante ese año. Lo mismo ocurrió el año 2016 en el que los fallecidos por las OLP apenas llegaron a 5%. Por ello es importante tener en cuenta que más que las OLP como campaña es fundamental develar el impacto que una política de esta naturaleza, con independencia de sus siglas coyunturales[1], tiene en la práctica cotidiana de los organismos de seguridad del Estado que los convierte en agencias violadoras de derechos fundamentales. Puede afirmarse que la política de respaldar este tipo de operativos militarizados, sin controles legales ni institucionales, impactó directamente en el incremento abrupto de las muertes en manos de los cuerpos de seguridad del Estado en todo el país.

Al concentrarnos solo en las OLP, sin ver al resto de los operativos como una totalidad, pudiéramos estar invisibilizando inadvertidamente la gravedad real de la violencia policial y militar.

La violencia institucional también tiene un impacto directo sobre la violencia social y delictiva. El aumento abrupto de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado también influye en el comportamiento de los homicidios; ambos fenómenos tienen, en Venezuela, una tendencia al aumento. Así por ejemplo, en el año 2015 mientras las muertes en manos de las policías aumentaron un 70%, los homicidios lo hicieron un 20%, creciendo 9 puntos la tasa de homicidios por cien mil habitantes, se pasó de 49 a 58, la más alta hasta ese momento.

Para el año siguiente las muertes en manos de las policías aumentaron un 163%, los homicidios lo hicieron en un 22%. La tasa aumentó 12 puntos, se pasó así de una tasa de 58 a 71, la más alta de la historia del país, al menos de los registros de los últimas 5 décadas.

El porcentaje que ocupan las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado dentro del total de los homicidios generales del país también se viene incrementando. En 2015 ocuparon el 10% y en 2016 creció 12 puntos para llegar a un 22%.

Estos operativos son poco eficaces para la reducción de la violencia delictiva, por el contrario contribuyeron a su aumento. Y así se pudo observar con las OLP, no solamente por el incremento de los homicidios ya descritos, sino también por el aumento de los secuestros, extorsiones, robos y hurtos; de la misma manera aún se mantienen enfrentamientos armados con grupos delictivos con posterioridad a la implementación de las OLP. Adicionalmente, como muestra de la dificultad de su sostenibilidad, en la medida que pasaba el tiempo cada vez se informaban de menores incautaciones de armas y recuperación de vehículos.

¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿Para qué ha servido entonces la OLP?

Tomando las categorías de funciones manifiestas y latentes de Merton, pudiera afirmarse que las funciones manifiestas de las OLP son “combatir el crimen”, “ir contra los malos”, “defender a la gente decente de la escoria de la sociedad”, etc., y así como la inquisición luchaba contra el diablo que es la encarnación del mal mismo, las OLP luchan contra el mal en términos absolutos, sin ningún tipo de límite. El problema radica cuando los que combaten a ese mal terminan haciendo mucho más daño que el mal que adversan.

Las funciones latentes son varias, entre ellas pueden destacarse las siguientes:

1) Medio para legitimarse: en 2015 en el contexto de un año electoral sumergido en crisis de diversa índole, se opta por el camino aparentemente más sencillo, tomar la seguridad como bandera de la campaña electoral y a través de ella tratar de mostrar eficiencia ¿Cómo? Siguiendo las lógicas de la macdonalización, confundiendo cantidad con calidad. De allí el empeño de mostrar grandes cifras de detenidos y de “abatidos”, con independencia que se trate realmente de delincuentes actuando en flagrancia o no, así como de la proporcionalidad y legalidad de la actuación de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, esta función en 2015 no se cumplió porque los promotores de las OLP perdieron las elecciones legislativas. No obstante, ante la dificultad de asumir las otras crisis, como la económica o la política, durante 2016 el comodín de la inseguridad se mantuvo como el más accesible para el gobierno.

2) Rentabilidad política para los que ejecutan la política: con las OLP el aparato militar y policial no solamente gana poder bélico y señorío en la calle, sino que además se posicionan políticamente dentro de los espacios de toma de decisiones, teniendo cada vez más autonomía, discrecionalidad y recursos.

3) Mensaje autoritario: no existen límites en el ejercicio del poder por parte de militares y policías, se impone la fuerza y la razón de Estado. Los límites que las leyes deben imponerle al poder policial y punitivo se desvanecen. Llegando a manifestaciones extremas de poder como disponer de la vida y muerte de las personas sin ningún tipo de consecuencia.

Esta forma política, represiva y autoritaria, trasciende a la “lucha contra el delito” y se expande como gestión generalizada de la conflictividad por parte del poder. Parece estar llegando ya a otros espacios y sectores sociales e institucionales, lo ocurrido en diversas zonas residenciales, cuyo caso más emblemático es el de las Residencias conocidas como “Los Verdes”, el ataque sistemático contra el Ministerio Público y la imposición inconsulta e inconstitucional de la constituyente, promovida a través de amenazas, pudieran ser nuevas expresiones de esta misma racionalidad.

El problema no son sólo las OLP, estas siglas son circunstanciales y serán otras el día de mañana. Esto no tiene que ver sólo con el actual gobierno, como se ha señalado, estos dispositivos no son una novedad, no tienen que ver ni con izquierdas ni con derechas, sino con una racionalidad bélica que se encuentra subyacente en el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder militar, policial y punitivo del Estado, que una vez que se legitima es difícil que sea reversible y en ese escenario perdemos todos.

Con el plebiscito para el 16 de julio, la MUD, en conjunción con representantes de las fuerzas vivas del país, plantea una vía para lograr cambiar al actual régimen y su modelo fallido y corrupto.  Es una nueva etapa en la difícil lucha que enfrentan los venezolanos para recuperar sus derechos democráticos y superar la brutal crisis que la dictadura de Nicolás Maduro ha propiciado. Apela a las personas y a la democracia participativa que ahora desconoce el régimen que tanto la promovió.  

El plebiscito es una consulta popular que a diferencia de la constituyente,  no busca imponer al país un modelo supraconstitucional que desconozca a la mayoría y dé carta blanca a quienes lo impulsan para atornillar a un grupo despótico en el poder. Por el contrario, defiende a la Constitución a partir de sus propios artículos, recurriendo al principio del sufragio: los venezolanos podrán expresar libremente exigencias populares, decidiendo los caminos a seguir para superar la dictadura y generar las condiciones democráticas necesarias para el bienestar general.

El plebiscito cuestiona dos factores fundamentales de la actual crisis nacional: el desconocimiento de la Constitución, y la activación de una constituyente ilegal, por parte del Gobierno nacional. Expresaría la exigencia popular, a las Fuerzas Armadas y funcionarios públicos, de cumplir con su deber de defender y obedecer la Constitución y la Asamblea Nacional (el poder legislativo independiente elegido por el pueblo para su representación en el Estado). Y plantea una salida consensuada e incluyente con la propuesta de renovación de poderes públicos y la realización de elecciones libres y transparentes para la conformación de un Gobierno de Unión Nacional.

La consulta del 16 de julio es un llamado a todos los sectores del país a expresarse abiertamente y formar parte de un proyecto conjunto, incluyente y múltiple. En este sentido el plebiscito no solo significa una solicitud de apoyo a la gente por parte de la Asamblea y representantes de partidos democráticos, sectores académicos, productivos, profesionales, entre otros. Más importante, presenta una oportunidad de involucrarnos abiertamente de manera directa y activa, sumando otra forma de lucha no violenta a la protesta.

Es sin duda una oportunidad para las comunidades de articular su descontento y rechazo al Gobierno. Si la protesta es la expresión del descontento, la materialización de la “voz del pueblo”, la consulta puede representar para las comunidades una ocasión para asumir plenamente su condición de actor determinante en los procesos sociales y políticos. Una demostración  del verdadero “poder del pueblo”, ejercido directamente a través de quienes lo conforman y no secuestrado y tergiversado por el falso discurso oficial. También presenta espacios de expresión para grupos como los de la tercera edad, por ejemplo, que pueden participar de manera más cómoda y segura que en las manifestaciones.

La consulta del 16 de julio produce un contexto de encuentro nacional en el que deben converger el mayor número de fuerzas sociales. Un momento de decisión en el que todos estemos representados.  

El gesto del plebiscito es de suma importancia en la actual y gravísima coyuntura, en el que el Gobierno madurista ha cerrado todas las vías de expresión democrática y busca imponer por la fuerza (“lo que no logremos con los votos lo haremos por las armas”) un modelo corrupto y destructivo. Desconoce el rechazo popular y criminaliza a la protesta. Difunde logros irreales o falsos de planes criminales como los CLAPs o las OLP. Busca presentarse ante el mundo como un Gobierno popular, apoyado por las bases del pueblo y garante de sus derechos.

La realidad que conocemos los venezolanos es totalmente diferente. Su modelo dictatorial, de hambre, violencia y empobrecimiento, se atornilla en el poder por la fuerza bruta, impulsando una constituyente ilegal para generar un estado de opresión y sometimiento. Secuestra el derecho fundamental de los venezolanos a decidir libremente de qué manera y en qué forma de sociedad  queremos  vivir.

La consulta del 16 de julio es una oportunidad para recuperar ese derecho. “¡Que el pueblo decida!” no es solo una consigna o eslogan, es una necesidad y una exigencia que los venezolanos estamos reclamando y que debemos ejercer.  

@RobertoPatino

Mientras la Guandia Nacional Bolivariana (GNB) reprimía en el este de Caracas las manifestaciones contra el Gobierno, en la parte alta de la Cota 905 las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) realizaban una Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

La orden era directa y clara: Había que evitar que el barrio bajara a protestar. Ese día la incursión policial dejó cinco muertos en lo que las autoridades describieron como un enfrentamiento, y los vecinos calificaron de ajusticiamiento. Monitor de Víctimas registró estas matanzas y entrevistó a familiares de víctimas y testigos para mostrar el otro lado de la OLP.

Monitor de Víctimas es un proyecto desarrollado por Caracas Mi Convive y Runrun.es para registrar y caracterizar los homicidios que ocurren en el Distrito Capital. Combina periodismo de datos, periodismo de investigación y participación ciudadana. Durante el primer mes de procesamiento de información, el equipo integrado por reporteros de distintos medios digitales e impresos, registró 151 homicidios ocurridos en mayo en los cinco municipio de la Gran Caracas. Identificó que se realizaron tres OLP con 16 personas muertas en circunstancias que se alejan del respeto a los Derechos Humanos. 

Uno de los casos ocurrió el 8 de mayo. A la 1:30 pm un batallón de funcionarios del FAES, vestidos de negro y con capuchas, tomó más de 10 sectores de La Cota 905, entre las parroquias Santa Rosalía y El Paraíso del municipio Libertador. Una vecina que a esa hora bajaba con sus dos hijas y una bandera para participar en la movilización opositora tuvo que devolverse. Un funcionario la apuntó con un fusil y le preguntó: “¿A dónde crees que vas tú?”. La mujer temblorosa, no supo qué responder y el agente la empujó y le dijo: “Camina que vamos para tu casa”.

Al llegar a la vivienda en el sector El Naranjal, le rompió su tricolor y entró a las habitaciones. Sacó gavetas y desordenó los closets. Dejó una estela de ropa en el piso y los portarretratos familiares los destruyó. Había trozos de vidrio por doquier.

Cuando terminó la revisión, el funcionario la haló por un brazo y le preguntó: “¿Qué sabes del Coqui?”. Ella le contestó que no lo había visto, que no tenía trato con él. Antes de irse, el policía se llevó unos relojes y el dinero que la mujer tenía guardado en su dormitorio. Ese día nadie pudo salir del barrio. Hubo un toque de queda. La vecina, quien prefirió mantenerse en el anonimato, afirma que el Gobierno pretende evitar que los barrios salgan a participar en las manifestaciones.

“Ellos no quieren que pase lo que ocurrió en La Vega. Allá la gente dejó el miedo de lado. Salieron de sus casas y expresar su malestar porque no hay comida. Aquí usaron como excusa la activación de un operativo para buscar al Coqui para mantener a la gente presa”, aseguró.

Excesos, robos y violaciones de derechos humanos

Según la información recabada por el equipo del Monitor de Víctimas ese día la OLP mató a cinco ciudadanos: José Alberto Jaspe, de 19 años de edad, Carlos Tovar,  Yeiker Castro González, de 26 años, Keivel Enrique Pineda y un hombre, conocido como Gustavito. La policía y el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol aseguraron que eran miembros de la banda del Coqui, pero en el barrio la versión era otra.

Zoraida (nombre cambiado), madre de José Alberto Jaspe, relató que su hijo vendía tetas de azúcar y café, así como masa de arepas a los buhoneros del bulevar del Cementerio. A las 3:00 pm salió con su amigo Carlos Tovar que lo había visitado. Solían reunirse para compartir en sus ratos de ocio. Al escuchar el sonido de la puerta, la mujer se puso tensa. Pidió a Dios que le cuidara a su hijo porque había policías por todos lados. A los pocos minutos, la mujer salió a casa de su hermana a buscar cloro para una ropa que estaba lavando. Escuchó varias detonaciones y sintió el sonido de las botas de los encapuchados, vestidos de negro, que se desplazaban con velocidad de un lado a otro.        

“No pude salir de allí, me refugié por unas horas en esas cuatro paredes. La situación se estaba poniendo más tensa y veíamos el celaje de los policías. Se escuchaban ráfagas de tiros. Las calles estaban desiertas, se escuchaban gritos de dolor, había mujeres que gritaban: ‘no le hagan daño, déjenlo tranquilo’, otras suplicaban que no las agredieran. En ese momento llegó mi cuñada con una crisis de nervios, me dijo que una familia había sido secuestrada en el sector La Chivera. Tuve un presentimiento. Algo me decía que mi hijo estaba ahí y bajé. Pero los policías no me dejaron pasar, les supliqué que solo quería saber si él estaba ahí y me echaron a un lado”, narró Zoraida.

A las 5:30 pm José Alberto Jaspe se había comunicado con su tío para pedirle que por favor lo sacara de esa zona, que los policías lo tenían rodeado. Hizo tres llamadas al celular de su madre, pero no pudo comunicarse. Ella volvió al sitio, pero de nuevo no la dejaron pasar. Los hombres con sus escudos la distanciaron. Las detonaciones no cesaban.  

Por la barriada corrió el rumor de que un grupo de delincuentes al intentar evadirse de las fuerzas de seguridad entró a la vivienda y sometió a una familia. La madre de Jaspe presume que al ver a los agentes su hijo y su amigo corrieron a refugiarse y los masacraron.

Pasadas las 9:00 pm la familia que un grupo de delincuentes mantuvo secuestrada fue liberada. Varios cuerpos ensangrentados envueltos en sábanas fueron bajados de la comunidad por los funcionarios encapuchados. Entre ellos, se encontraban los cadáveres de José Alberto Jaspe y de su amigo Carlos Tovar.

Los trasladaron al hospital Pérez Carreño. Jaspe tenía un tiro en un ojo, mientras que Tovar tenía tres disparos en el tórax. Este último laboraba en el depósito de una tienda. No les decomisaron armas, ni droga. El hijo de la mujer solo tenía en los bolsillos un yesquero y los paqueticos de azúcar y café que vendía.

En la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la avenida Urdaneta, uno de los detectives se le acercó a Zoraida que estaba inconsolable y le dijo: “Tu hijo no tenía antecedentes. Esos agentes se lacrearon con él”.

Ella piensa acudir a la Fiscalía a solicitar una investigación al menos para limpiar el nombre de su hijo. “Él no era un delincuente como lo cacareó en rueda de prensa el ministro Reverol. Es muy fácil matar y decir que son criminales, sin indagar, amparados por la impunidad”, expresó.

Los vecinos de la Cota 905 ya han perdido la cuenta de la cantidad de procedimientos que se han desplegado en la zona desde julio del año 2015, cuando hubo la primera OLP justamente en esa zona.

“Los policías en lugar de brindar protección y confianza, siembran pánico, rabia e impotencia. Aquí le tememos más a los uniformados que a los malandros”, manifestó una residente del sector, mientras recordaba que el año pasado en una de esas tantas intervenciones policiales un funcionario amenazó a su sobrino con matarlo y cuando ella intentó impedir que lo hiciera, el funcionario la esposó, la haló por el cabello y la subió a un cerro en plena lluvia. Allí la retuvo por más de media hora. “Me dijo de puta para abajo, cualquier cantidad de groserías. No respetaron mi condición de mujer”.

Ahora los operativos los compaginan con las manifestaciones de calle. Antes de la OLP del 8 de mayo, se hicieron otros procedimientos en la zona que coincidían con las protestas de gran convocatoria, como la del 19 de Abril. “En aquella oportunidad no se pudo salir hasta el día siguiente. Es una represión por partida doble. Las fuerzas de seguridad te tienden un cerco en el centro y en el este de la ciudad y de forma paralela en el barrio”, dijo la mujer que pidió no revelar su nombre por seguridad.

Hasta ahora los procedimientos policiales en las comunidades no han reducido la violencia, por el contrario han contribuido a incrementar el odio entre funcionarios policiales y la comunidad. El informe del Ministerio Público de 2016 registró 4.667 muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que representa el 22% del total de homicidios ocurridos en el país.

De acuerdo con la ONG Provea, el 86% de las muertes que involucran los cuerpos policiales y militares son ajusticiamientos e incurren en atropellos contra los allegados durante los allanamientos. En 2015, se reportaron 1.396 casos de ejecuciones extrajudiciales. Cofavic indicó que el 81% de las víctimas fueron menores de 25 años y 99% de los involucrados eran hombres.

Durante el mes de mayo del año en curso, Monitor de Víctimas contabilizó tres masacres durante OLP realizadas por la PNB y sus cuerpos de élite. Las incursiones policiales dejaron 16 víctimas. Algunos, según sus parientes no estaban involucrados en hechos delictivos, mientras que otros fueron ejecutados, pese a que se rindieron.

La masacre de Artigas 

Tres días después de la intervención policial de la Cota 905, la OLP llegó al Barrio Unión de Artigas, una zona que según los vecinos, carece de grupos delictivos poderosos. «Aquí no hay bandas con estructuras organizativas como las existentes en las zonas de paz y eso explica la razón de que esa comunidad permaneció exenta de operativos”.

Los relatan que no habían visto tantos policías como la tarde del 11 de mayo. Unos decían “era un Ejército de hombres como el que se ve en películas de guerra”. En paralelo a esa intervención, personas de la tercera edad se concentraron en la Plaza Brión de Chacaíto para ir a la Defensoría del Pueblo, en una protesta convocada por la MUD.

A esa convocatoria asistiría Tomás Capote, un habitante de Artigas, que tiene 66 años de edad y es pensionado del Seguro Social. Dijo que quiso salir a luchar por el futuro de su nieto de 17 años y a reclamar a viva voz por la falta de medicinas para tratar la diabetes que padece.

Su objetivo quedó en buena intención porque la policía no lo dejó bajar. El grupo de hombres con las caras cubiertas tomó temprano la zona. No había paso. Los que querían entrar al barrio, tuvieron que esperar que el procedimiento terminara pasadas las 11:00 pm o irse a casa de familiares y amigos en otras zonas.

Los funcionarios iban en búsqueda de una supuesta banda, denominada «Los Picoteros», una organización de la que jamás Capote había oído nombrar, pese a que lleva más de 30 años viviendo allí y sabe quién es quién en el barrio. Los hombres como de costumbre, entraron a las viviendas sin preguntar. Tumbaron puertas, sacaron a las mujeres. A algunas las encerraron en las habitaciones porque no soportaban el llanto y se llevaban detenidos a los que señalaban como sospechosos de haber cometido crímenes en la calle Libertad de la barriada.

La casa de Tomás no se salvó. Relató que su hija asustada al ver el movimiento de los agentes, que perseguían a cualquier joven de apariencia sospechosa, intentó cerrar la ventana de la habitación para resguardarse. Un funcionario le tocó el vidrio y le preguntó en un tono altanero: “¿Por qué la cierras?”. Ella temerosa le respondió: «para protegernos de la lluvia de plomo». El efectivo la interrogó: «¿quiénes están en tu casa?» y la muchacha le contestó: «Mi mamá, mi papá y un hermano». Le exigió que le abriera la puerta. Se limitó a hacer una inspección. Sin embargo, en la vivienda de al lado, los hombres de negro desordenaron las gavetas y apresaron a un joven.

El muchacho, según Tomás, no llegaba a 20 años y era estudiante universitario. No recuerda su apellido, sino su nombre: Daniel. A él le sembraron 150 gramos de cocaína y lo acusaron de formar parte de «Los Picoteros». A él junto a otros seis jóvenes más les tomaron fotos y videos y los pararon en fila. Luego los montaron en las patrullas para llevarlos a los calabozos de la PNB.

En esa arremetida los muertos tampoco faltaron. Según la data del Monitor de Víctimas los cuerpos de seguridad mataron a siete personas: Yorguin José Ibarra Mayobre, Wilber Josuéth Laurens Zambrano, Fabio Mecedes Moreno, Daniel José Yanes, Miguel Eduardo Morales y otros dos hombres, cuyas identidades no fueron reveladas por los cuerpos de seguridad ni por sus familiares.

Entre las víctimas destaca Miguel Morales. Esa tarde había salido de la casa de su abuela en la comunidad del 23 de Enero. Su tía, Yoselin Carvajal, narró que al llegar a Artigas, se topó con la movilización policial. No entendía qué sucedía. “Uno de los agentes persiguió a Miguel, le gritó que se para y él se metió en una vivienda para resguardarse. En esa casa había otros hombres. Decían que se gestaba una situación de rehenes”.

Miguel salió de la casa para que lo revisaran, pero lo mataron. «A los otros seis hombres los fueron ejecutando uno a uno, al salir de la casa. Les daban un tiro en el pecho y caían como barajas. La policía llegó a matar», relató la mujer.

Para Yoselin la muerte de su sobrino había sido sentenciada meses antes, cuando la PNB lo despertó a las 3:00 am, mientras dormía en la vivienda de su abuela en el 23 de Enero.

“Ahí lo sacaron a patadas y se lo llevaron detenido al comando de la PNB en La Quebradita. Estuvo tres días y después lo liberaron, pero las amenazas eran continuas. Lo extorsionaban. Le decían que debía pagarles una vacuna de 10 mil bolívares mensuales a cambio de no llevárselo, pero él no accedió. No tenía mucho dinero porque trabajaba a destajo en la reparación de techos de viviendas. Lo poco que reunía lo invertía en ayudar a su madre y a su abuela», reseñó la mujer.

Los familiares del resto de las víctimas de esa masacre prefirieron guardar silencio por miedo.

Plomo cercano a la concentración

Días después, el viernes 26 de mayo, hubo cuatro muertos a manos de las fuerzas de seguridad. Nuevamente la PNB protagonizó la masacre. Según versiones policiales, cuatro hombres en actitud sospechosa que viajaban en un vehículo Twingo, de color amarillo, accionaron sus armas contra los uniformados que iban en un vehículo rústico, cuando le dieron la voz de alto en Roca Tarpeya, parroquia San Agustín.

Paralelamente al intercambio de disparos, a pocos metros, en la avenida Victoria, los vecinos se preparaban para iniciar una movilización hasta el paseo Los Próceres.

De acuerdo con el registro del Monitor de Víctimas, los cuatros hombres fueron identificaron como: Eder Hidalgo Piñango, Luis Rodríguez, Johanderson Cabello y Raimer Tovar Pérez. Para justificar el asesinato, los relacionaron con la banda del Coqui.

Ferisbaldo Hidalgo, padre de Eder, contó que hace dos meses fue la última vez que conversó con él. Ellos vivían en la Cota 905, pero Eder se mudó al Cementerio, cerca del plantel Gran Colombia. No sabía si andaba en malos pasos, solo tenía conocimiento de que trabajaba en un taller mecánico en Bello Monte. «El día que nos vimos me llevó una bolsa de mercado y me dijo que estaba bien. Su visita duró 10 minutos, antes de irse me besó la mano».

Cuando ocurrió el tiroteo, una vecina le avisó que su hijo era uno de los fallecidos y horas más tarde un funcionario del Cicpc le dijo que su hijo tenía cinco solicitudes por varios delitos. Para comprobar ese señalamiento, acudió a la Fiscalía. Allí le dijeron que no tenía antecedentes. Ferisbaldo solo conoce por referencias al Coqui. Confiesa que su hijo nunca lo nombró, ni lo llevó a la casa.

@nmatamoros

En una comparación entre los Operativos de Liberación del Pueblo y el Plan Zamora, dentro del cual han ocurrido detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y demás irregularidades a residencias en zonas que han manifestado contra del gobierno nacional, se repiten violaciones al debido proceso violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad

Paola Martínez, Luisana Solano y Yeannaly Fermín

LOS ÚLTIMOS OPERATIVOS DE CUERPOS de seguridad del Estado contra las comunidades que han protestado contra el Gobierno de Maduro en los últimos dos meses asemejan el mismo modus operandi de las Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP) creadas para acabar con la inseguridad, pero que han sido denunciadas por la violación de derechos humanos.

Objetivos

Las OLP consisten en una “toma” temporal de una zona en que retienen a hombres y mujeres para posteriormente ser verificados en el Sistema Integrado de Información policial (SIIPOL) y de determinar si han cometido algún delito, según lo dicho por voceros del oficialismo. Sin embargo, luego de las operaciones han salido a la luz denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales, entre otras violaciones a derechos.

Por otro lado, desde el comienzo de las protestas el 1 de abril de este año, grupo de funcionarios de seguridad han emprendido operaciones en las zonas donde se han reportado continuas manifestaciones contra el gobierno de Maduro por parte de los manifestantes. Estas operativos ocurridos bajo el Plan Zamora han devenido en detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, robos, destrozos, entre otras violaciones y crímenes que denunciaron víctimas y testigos.

El analista Oswaldo Ramírez concluye que son “prácticas de amedrentamiento como intento de apaciguar el descontento social que conscientemente vulneran derechos constitucionales y sobre todo DDHH suscritos en tratados internacionales que son además imprescriptibles”. Han sucedido en Lara, Carabobo, Barinas, Bolívar, Táchira, Miranda y en la ciudad de Caracas, específicamente en El Paraíso, La Vega, Montalbán, La Quebradita, y demás sectores.

Víctimas

Voceros del Gobierno y de los cuerpos de seguridad han tildado a las personas contra las que arremeten durante las OLP como “paramilitares”. El ministro de Interior, Justicia y Paz Néstor Reverol, declaró que la nueva fase de la OLP busca proteger a los sectores vulnerables que son víctimas de la violencia criminal, y que ha traído modelos extranjeros como el «paramilitarismo colombiano» con delitos como secuestro, extorsión y homicidios. En el caso del Plan Zamora, voceros del Gobierno y de los cuerpos de seguridad han tildado a las personas contra las que arremeten durante los operativos de represión como “terroristas”.

Instrumentos

Los cuerpos policiales están facultados para usar la fuerza únicamente tras haber cumplido una serie de requisitos que además indican que no se puede recurrir a ella sin que haya mediado la intervención previa de un órgano de carácter jurisdiccional o administrativo porque de esa manera la fuerza se ampara en una base jurídica. El Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC) señala que «el uso de la fuerza debe estar sustentado en, al menos, tres componentes: la oportunidad en que ésta debe utilizarse; el tipo y cantidad de fuerza que corresponde emplear; y la responsabilidad que debe haber por su uso».

Sin embargo, en la ejecución de las OLP ha resaltado el uso desproporcionado de la fuerza que resulta no solo de la falta de mediación, sino del ataque indiscriminado con armas de fuego por parte de los funcionarios de seguridad estatales al usar armas de fuego y armas de guerra, prohibidas en diversas situaciones para el resguardo de los derechos humanos, los cuales han sido violados en estas operaciones.

En el caso de los allanamientos ilegales a residencias, que ocurren desde abril, testigos denuncian que los cuerpos de seguridad tampoco cumplen los parámetros policiales y sin haber mediado, ni presentar ninguna resistencia a las órdenes policiales, los ciudadanos han sido bombardeados con gas lacrimógeno y les han disparado perdigones. Resalta aquí el ataque indiscriminado con armas de fuego no necesariamente contra personas, sino contra infraestructuras, electrodomésticos, vehículos y en una ocasión, contra un perro doméstico que fue herido por el disparo de perdigón de un GNB.

Victimarios

Durante algunas de las OLP, han actuado decenas funcionarios pertenecientes a distintos cuerpos del Estado como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Un ejemplo es la operación realizada en en El Valle a principios de marzo.

Una modalidad similar ha sido usada durante los operativos en que han participado funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Fue el caso en el ataque de en varias zonas de San Antonio de los Altos (Miranda) a finales de mayo y en el del Conjunto Residencial El Paraíso, Los Verdes, a principios de junio. Resalta la ausencia del Cicpc en estos casos.

Daños causados

En las primeras OLP realizadas en el país, El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) realizó un balance de los destrozos realizados por los cuerpos de seguridad durante los operativos. Un total de 3.463 viviendas fueron allanadas forzosamente y en ninguno de los casos presentaron una orden judicial. Más de 200 viviendas ubicadas en el Km. 3 de la carretera Panamericana fueron desalojadas forzosamente y posteriormente demolidas sin importar el paradero de las familias y violando varias leyes que protegen a los niños y adolescentes.

Los afectados por las incursiones de cuerpos de seguridad en edificios residenciales han denunciado destrozos de vehículos, electrodomésticos, ascensores, puertas, portones, ventanas, y demás partes de la infraestructura.  Esta situación no solo se reportó en El Paraíso, en otros estados del país también los funcionarios irrumpieron de forma violenta en varios hogares causando destrozos y sembrando el terror. En Carabobo, específicamente en el Municipio San Diego, los efectivos ingresaron a un edificio después de que el gobernador Francisco Ameliach anunciara en su cuenta en Twitter que tres policías habían resultado heridos en las protestas del 15 de mayo. Los resultados fueron los mismos: robos, destrozos y represión. Puerto Ordaz, en el Estado Bolívar no escapó de esta situación y el  jueves 26 de mayo los cuerpos de seguridad e inteligencia allanaron los edificios Villa Latina y Los Olivos causando destrozos a la propiedad privada y dejando amenazas en las paredes.

Detenciones arbitrarias

La OLP acumula gran número de detenciones ilegales de acuerdo a Provea. La ONG ha denunciado que en 2014 hubo 3.570 personas arrestadas arbitrariamente, cifra que fue duplicada en 2015 con las 8.000 detenciones llevadas a cabo el año siguiente. A esos 11.570 ciudadanos no se les consiguió ninguna vinculación con hechos delictivos. El estudio de estos operativos señala que, en general, el 90% de las detenciones realizadas han sido de manera arbitraria.

Desde abril de 2017, con las incursiones ilegales en residencias de zonas cuyos habitantes participan activamente en las protestas, las denuncias de detenciones arbitrarias no han cesado. Familiares reportan que los efectivos de seguridad han arrestado a jóvenes sin poseer orden para hacerlo y sin indicarles el motivo de la detención, lo que rompe con el debido proceso al que, como indica la legislación venezolana, tienen derechos los ciudadanos.

Procedimientos

El ingreso a la fuerza a las viviendas y sin ninguna orden judicial por parte de los cuerpos de seguridad, fue una de las características del Operativo para la Liberación del Pueblo. Reportes de periodistas de sucesos y usuarios de la red social Twitter confirmaron que los efectivos militares, policiales y de inteligencia entraban de forma violenta cuando no se les abría la puerta utilizando mandarrias, patas de cabra, tubos y hasta disparos.

También, el ingreso de forma violenta a las residencias sin ninguna orden judicial constituye una violación a la propiedad privada y también a los derechos humanos. Estas violaciones han venido incrementando desde que empezaron las protestas en contra del gobierno nacional en el mes de abril.

La Organización Espacio Público ha dicho que para realizar una allanamiento es necesario que un juez emita una orden judicial y que un fiscal del Ministerio Público esté presente durante el procedimiento. Sin embargo, nada de lo expuesto antes se cumplió en la incursión que realizaron los efectivos militares y policiales en las Residencias Los Verdes en El Paraíso y tampoco en otros estados como Carabobo y Bolívar.

Violaciones de derechos humanos

Las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, tanto en algunos casos de OLP como en otros operativos, suceden con frecuencia. De acuerdo con la asociación civil Provea, durante las OLP se ha violado principalmente el derecho a la vida, derecho a la vivienda, derecho a la libertad, derecho a la integridad personal, entre otros.

Asimismo, la asociación civil Control Ciudadano indica que los operativos en las residencias de manifestantes se viola el derecho a la discriminación por razones políticas, derecho a la libertad, derecho a la comunicación de los detenidos, derecho a la protección de la integridad personal: física, psíquica y moral, derecho a la inviolabilidad del hogar, derecho a la presunción de inocencia, derecho a no ser obligado a confesarse culpable o declarar contra sí mismo, su cónyuge o pariente, derecho a la protección de la familia, derecho a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y el derecho a la protección de los ancianos.

Otros delitos

Afectados por las OLP han denunciado el robo de dispositivos electrónicos, electrodomésticos, dinero, perfumes, ropa y vehículos.  En marzo del 2016, una OLP se realizó en el barrio Primero de Mayo en el Cementerio, días después, los vecinos comentaron al portal web La Patilla que los operativos no cumplen con el objetivo de desarticular las bandas sino que son usadas para despojar de sus pertenencias a los habitantes de la zona. Una de las afectadas de esa OLP fue María Rebolledo, quien narró que los efectivos policiales la sacaron de su casa y se llevaron dinero en efectivo y varios artículos eléctricos.

Los afectados por incursiones violentas de los cuerpos de seguridad en edificios residenciales del El Paraíso, La Vega y Montalbán también han denunciado el robo de dispositivos electrónicos, electrodomésticos, accesorios de vehículos y dinero en efectivo. Usuarios de la red social Twitter informaron que el pasado 13 de junio los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y secuestro (CONAS) amedrentaron, atacaron y robaron a los propietarios del Complejo Residencial Los Verdes ubicado en El Paraíso. De acuerdo con el Portal web El Pitazo, una fuente les confirmó que los funcionarios golpeaban las puertas de los apartamentos y si se negaban a abrirlas, las tumbaban. Una vez dentro, los efectivos revisaban todo, robaban cosas y si había jóvenes se los llevaban detenidos. También dijeron que los carros que estaban en el estacionamiento fueron destrozados y desvalijados, le quitaban las baterías y los reproductores.

Ya han pasado más de cincuenta días desde que empezaron las protestas en toda Venezuela en rechazo al régimen madurista. Los venezolanos han tomado conciencia de la instauración de la dictadura y se han producido marchas multitudinarias que exigen el cambio para salir de la crisis y el modelo nefasto de gobierno, demandando la vuelta a las vías democráticas. Para todos es evidente la inviabilidad de un gobierno que busca someter a más de un 80 % de la población que lo adversa  a un proyecto país de bolsas CLAPs, OLP asesinas y carnets de la patria, en medio de una tragedia social y económica de proporciones inéditas.

El régimen se atornilla al poder sin apoyo popular, en alianza con una cúpula militar. Despliega una escalada de violencia sin precedente en ningún gobierno contemporáneo de nuestra historia, agravado por la activación de  grupos paramilitares contra la población. Son constantes las violaciones a  los derechos humanos: nunca se había visto en Venezuela tal catálogo de torturas como los cometidos por este régimen en este corto tiempo. Se están produciendo persecuciones políticas y juicios militares a civiles, con planes como el Zamora o la operación Tun Tun, que reproducen las peores acciones de dictaduras de las décadas de los 60 y 70 en el Centroamérica y el cono sur.

La protesta y la manifestación, vías legítimas de expresión popular, han sido implementadas en todo el país. Han mostrado de manera rotunda y clara el descontento y el rechazo al régimen. Pero también han sido la dolorosa expresión de un sacrificio: más de 50venezolanos han sido asesinados durante las manifestaciones, además de cientos de heridos y detenidos. Este sacrificio es muestra de la crueldad del régimen, de su avidez por el poder, y señalan el riesgo y peligro cierto al que nos enfrentamos.

Luego de 50 días en la calle, se impone un momento de reflexión que considere esta realidad. No para llamar al desánimo y la desesperanza sino para generar nuevas objetivos, estrategias y formas de participación que aseguren  la continuidad de la protesta y el logro de las condiciones para la salida del régimen de Nicolás Maduro.

Es nuestra creencia que para esta nueva etapa debe n fijarse dos objetivos principales:

Movilizar a una amplia base: El rechazo a la dictadura debe ser un movimiento que convoque a todo el país.  Debemos encontrar puntos de coincidencia y de reconocimiento que unifiquen a las distintas realidades nacionales afectadas por la crisis. Ir al encuentro y movilizar en torno a una visión solidaria e incluyente de la Venezuela que viene.   Es prioritario generar asambleas populares, encuentros y la activación de canales de comunicación que vinculen, a unos con otros, individuos, comunidades, organizaciones, gremios y demás actores sociales.

Provocar tomas de conciencia dentro del poder: Es necesario que se produzcan quiebres dentro de la estructura de poder que posibiliten el cambio. Desde la protesta deben generarse mensajes de toma de conciencia, humanización del otro y reflexión a los sectores del ámbito militar y público, así como visibilizar desacuerdos, divergencias que se produzcan, y establecer puntos de contacto con quienes expresen públicamente la disidencia al proyecto dictatorial.

Para el logro de estas metas  proponemos enfocarnos en:

Diversificar la protesta: es necesario generar un número mayor de opciones que disminuyan el peligro de la participación y reduzca las posibilidades de violencia, amplíe el alcance e impacto de la protesta y  puedan reproducirse en la mayor cantidad de contextos. Esto va desde el ejercicio de formas alternativas de protesta (volanteo, repartición de impresos, intervenciones a espacios públicos, eventos de corta duración, creación de canales de información) al establecimiento de redes de apoyo a las marchas (transporte, opciones de resguardo, sistemas de información de rutas y alertas, dotación de insumos, asistencia médica).  

Ruptura del cerco comunicacional: el control de medios y la censura del régimen genera una enorme desinformación, y la presencia de un único discurso, propagandístico, divisivo y fraudulento. En nuestro trabajo en las comunidades hemos visto cómo esta desinformación y censura criminaliza la protesta y condiciona negativamente la participación. Deben estimularse la creación de redes populares y la difusión de mensajes en medios digitales y analógicos, que permitan el conocimiento de la situación y el acceso libre a la información.

La continuidad y el éxito de la protesta son vitales para el país.  Detener las manifestaciones y el reclamo significaría la acentuación del sometimiento. La permanencia en el poder de régimen va a acentuar una situación de crisis que, solo en lo que se refiere a la emergencia alimentaria, ya está rayando en la hambruna.

Frente a la pesadilla de una Venezuela sometida, rota y en guerra perenne del régimen de Maduro debemos hacer que prevalezca la Venezuela de democracia, reencuentro y convivencia que pedimos todos los venezolanos.

@RobertoPatino

EL OFICIALISMO REPITE INCESANTEMENTE que la oposición “busca un muerto”. Como si ya no hubiera demasiados. En abril de 2013, el Ministerio Púbico registró siete caídos en las protestas por el resultado de la elección que llevó a Nicolás Maduro a la Presidencia de la República. Un año más tarde la cifra subió a 43 fallecidos, en el marco de las movilizaciones que exigían la salida del presidente Maduro de Miraflores. Y desde principios de abril ya son 44 las víctimas fatales en esta nueva ola de manifestaciones. En total, 94 vidas segadas por la violencia política solo en este periodo.

Pese a la sangrienta evidencia, los voceros del régimen chavista insisten. “Ellos (la oposición) necesitan un muerto cada cierta periodicidad para mantener la violencia, para mantener a su gente en la calle movilizados, indignados porque ellos mismos lo mataron (…) para qué nosotros requerimos a los muertos, son ellos los que están intentándolo por las vías más locas de este mundo”, sentenció el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, el miércoles 10 de mayo.

En contravía de lo que asoma el Gobierno, la pregunta podría ser distinta: ¿el asesinato de compatriotas producto de la tensión política que azota al país, dejó de tocar la fibra de los venezolanos? ¿La mayoría se ha acostumbrado a convivir con la violencia?

“La violencia se ha convertido en un hecho cotidiano en el país desde hace casi dos décadas. Distintos organismos internacionales, entre ellos Human Rights Watch, tal vez el de mayor prestigio, califican a Venezuela como el país más violento de América Latina y uno de los más violentos del mundo. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) proyecta para 2017 un número de muertes violentas cercano a los 30.000”, expone el sociólogo Trino Márquez.

El último balance del OVV para 2016 arrojó cifras escalofriantes: 28.479 asesinatos (incluidos 5.281 por resistencia a la autoridad) para una tasa de 91,8 por cada 100 mil habitantes en el territorio nacional. El parte oficial no es más alentador. En su informe de gestión, la fiscal Luisa Ortega Díaz ofreció unas estadísticas menores pero igualmente alarmantes: 21.752 homicidios (con 4.667 perpetrados por funcionarios policiales) para una tasa de 70,1 por cada 100 mil habitantes.“Conviene destacar que de las cifras de homicidios, 12.069 víctimas fueron jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 30 años, un trágico saldo que atenta contra nuestra generación de relevo. Asimismo, 86,6% de los homicidios dolosos ocurridos en el país han sido causados por armas de fuego”, subrayó Ortega Díaz, el mismo día que denunció la ruptura del orden constitucional a manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Para tener una referencia sobre el avance de la violencia en el país, basta con revisar los números divulgados por la propia jefa del Ministerio Público, cuyo cómputo para 2015 terminó con 17.778 homicidios para una tasa de 58,1 por cada 100 mil habitantes. Es decir, que a pesar de las políticas de seguridad desplegadas por Maduro, con la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) como su propuesta estrella, la cantidad de asesinatos oficialmente admitidos se incrementó en 3.974 en un año.

“A esta violencia, que podría calificarse de ‘estructural’ porque está conectada con factores muy profundos de la sociedad, se une la violencia política. El régimen construido por Hugo Chávez y Nicolás Maduro se edificó con el propósito de eternizarse en el poder. Cada vez que la gente sale masivamente a protestar, los organismos de seguridad del Estado y los grupos paramilitares (mal llamados «colectivos») actúan con saña contra los manifestantes”, subraya Márquez.

El director académico de la ONG Cedice recalca: “La violencia y los asesinatos no disminuirán porque los jerarcas del régimen están decididos a mantenerse en el poder, utilizando la represión, única política que están aplicando, a pesar del grado de impopularidad y aislamiento internacional en que se encuentran. Los regímenes totalitarios de tipo comunista o fascista, el de Maduro combina los dos aspectos, sobreviven gracias a la violencia. Es la única manera de eternizarse”.

“En algunos casos, como el de Cuba, la dominación política es soterrada, institucional, está metida en los huesos de la gente porque predomina el espionaje. En el caso venezolano, donde la burocracia estatal no ha logrado exterminar a la oposición, la violencia política y la coerción se ejercen frecuentemente de manera abierta, a través de los órganos de seguridad y de los grupos irregulares, siempre tras el objetivo de hacerla rutina e institucionalizarla para que la gente se acostumbre a vivir con la violencia estructural y con la violencia política”, advierte Márquez.

Con terror

Antes de evaluar la reacción, la profesora Yorelis Acosta analiza la situación de “casi guerra o conflicto” que enfrenta el venezolano y cómo esto perjudica su ánimo. “Está comprobado que vivir en un ambiente de miedo y terror, de violencia con altos índices de problemas económicos, tiene efectos psicosociales en las personas. Vivir en estos contextos produce daño psicosocial”, señala la psicóloga clínico y social.

“El daño psicosocial se refiere a los daños producidos por las diferentes formas de violencia, infligidas de manera planificada y sistemática a determinados sectores de la sociedad”, explica Acosta, quien menciona algunas de las estrategias que se ejecutan para alcanzar ese fin: “Tortura, uso del miedo y de los medios de comunicación para crear escenarios de guerra psicológica, desapariciones, y en nuestro caso, la franca violación de la Constitución, detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta, represión, construcción de estructuras paralelas de poder —juicios militares a civiles— que sostienen el gobierno y sus decisiones, y dividir a la sociedad en patriotas y apátridas”.

Los venezolanos tratan de resistir en medio del caos, del crimen. Leer la primera página de un diario —no censurado, por supuesto— es asomarse al abismo. Violencia criminal. Escasez de alimentos y medicinas. Un índice inflacionario asfixiante. Protestas y saqueos. El quiebre del sistema de justicia y el auge de los linchamientos. Todo aderezado con un discurso político agresivo, que habla de odio, guerras y enemigos.

“A eso nos enfrentamos cuando salimos a la calle y esperamos no ser parte de las estadísticas negativas, algunos pacientes lo han llamado ‘el temor a que me maten’”, indica Acosta, luego de apuntar que ese daño psicosocial puede traducirse en “desesperanza, sensación de amenaza constante, sensación de extremo riesgo vital casi inevitable, deterioro psicológico y físico, alta incertidumbre, disfunciones familiares, sensación de mínima posibilidad de acción del individuo y la pérdida de calidad de vida de miles de personas”.

La investigadora enfatiza que “vivir por largos periodos de tiempo en este contexto, puede potenciar los trastornos psicológicos” y llevar a los ciudadanos a “ajustar nuestro comportamiento, sin reconocer el dolor y la tragedia, naturalizando la situación”, hasta llegar al extremo de considerar como un hecho “normal” los cientos de cadáveres que se acumulan todos los fines de semana en las morgues del país.

Acosta afirma que ese “sufrimiento social por la sobreexposición a la violencia y la crisis” ha provocado en el país “un aumento de las solicitudes de ayuda en los servicios psicológicos. Algunos no aguantan y atentan contra su vida. Las cifras de suicidios han subido drásticamente este año”.

El régimen madurista le ha declarado la guerra al país. El discurso de violencia y odio que dirigía a sus organizaciones políticas adversas, a países extranjeros que supuestamente buscaban derrocarlo y detener su “revolución” y a todos aquellos que tenían la ocurrencia de cuestionar sus desastrosas y dañinas iniciativas como las OLPs y los CLAPs, ha acabado por desbordarse y se ha convertido en cruentas acciones bélicas de muerte y exterminio contra todos los venezolanos.

Esta realidad tiene su expresión más dolorosa en la escalada de violencia represiva que se ha venido sucediendo contra las manifestaciones pacíficas de esta última semana. Tan sólo en Caracas, tres jóvenes fueron atropellados con unas tanquetas de la GN y el menor Armando Cañizales fue asesinado por el impacto de una rolinera en el cuello. Son varios los testimonios de cómo los efectivos de la Guardia Nacional amenazaban de muerte y tortura a los manifestantes.

Ya es evidente que las acciones de los cuerpos de seguridad no son de contención o prevención sino de ataque. En las protestas sucedidas el miércoles 3 de mayo, se emplearon tácticas  que impedían el retiro de los manifestantes, cuando se presentaron situaciones en las que se bombardeó por ambos extremos la marcha en una clara acción de emboscada. Ya no se está impidiendo el paso a puntos de la ciudad, -de por si una clara violación de derechos constitucionales-; se está atacando a las personas antes de que las marchas se inicien, emboscando y agrediendo, buscando generar la mayor cantidad de heridos. Los insultos y amenazas que profieren los represores responden a un entrenamiento de deshumanización y criminalización del “enemigo”,  característico del condicionamiento de soldados en el frente de guerra.

El régimen madurista está llevando a cabo un ataque armado contra la población civil, utilizando incluso grupos paramilitares ilegales, los llamados colectivos. El mismo miércoles 3, en sucesos ocurridos en la Urbina, algunos de estos grupos entraron a residencias y cometieron actos vandálicos con el acompañamiento de efectivos de la GN. En estos hechos se sucedieron actos de violencia en los que también fueron heridos tanto militares, como incluso un agente de la policía de Sucre.

La escalada de violencia en un país como el nuestro, con ya altos índices en materia de criminalidad y homicidios, con un alto número de armamento ilegal en las calles y con instituciones del Estado desprestigiadas y secuestradas por el régimen, solo puede conducir a situaciones de anarquía y conflictividad que tendrán un alto costo en vidas en la población.  De manera irresponsable y criminal, para mantenerse en el poder, el régimen ha propiciado un enfrentamiento entre fuerzas armadas, militares y paramilitares, contra  la sociedad civil venezolana.

Hay que hacer un llamado constante y sostenido a los integrantes del aparato militar y policial venezolano, para que tomen conciencia del crimen que están cometiendo contra quienes podrían ser sus hermanos y padres. Es primordial que reconozcan que sus actos están abriendo la puerta no sólo a la instauración de un Estado Totalitario, sino de un país en guerra, empantanado en una conflictividad y muerte abrumadora que puede prolongarse por años. Si no se detiene esta locura que Nicolás Maduro y los suyos han desatado, las consecuencias para nuestro futuro serán nefastas.

Los venezolanos tenemos ahora el enorme y dificilísimo reto de mantenernos en la calle buscando nuevas formas de protesta, evitando que esta degenere en violencia, frente a una fuerza militar y policial armada. También, el de apoyar voces de descontento y disidencia como las emitidas por la Fiscal General de la República o incluso figuras públicas como Gustavo Dudamel, que puedan propiciar la toma de conciencia en quienes hacen vida dentro del régimen, y que contribuyan a impedir la consolidación de la dictadura.

El régimen madurista ha declarado la guerra a los venezolanos. Debemos denunciar este hecho criminal al mundo y hacer todo lo posible para detenerlo.

@RobertoPatino