Venezuela continúa consolidándose como una plataforma para el crimen organizado en la región. La crisis política, económica y social han alimentado el crecimiento del crimen y el fortalecimiento de las economías ilegales, mientras que las sanciones internacionales contra funcionarios del gobierno, incluido el propio presidente Nicolás Maduro, no lograron debilitar el poder del régimen, ni afectaron los vínculos de sus líderes con el delito transnacional.
Las investigaciones de campo de InSigth Crime mostraron que la droga producida en Colombia sigue atravesando la frontera con Venezuela con facilidad, sobre todo porque luego de la salida de las FARC varias rutas han quedado a disposición de nuevos grupos criminales. Fuentes venezolanas nos contaron en agosto que el Ejército Popular de Liberación (EPL), por ejemplo, estableció presencia el año pasado en Venezuela por primera vez. Por su parte, el grupo criminal colombiano Los Rastrojos, que prácticamente habían desaparecido en Colombia, también parecen empezar a resurgir en Venezuela.
“Los Rastrojos han comenzado a reclutar a ciudadanos venezolanos y han aumentado su presencia en ese país”, escribimos en julio. “La actual inestabilidad y la corrupción descontrolada en las fuerzas de seguridad venezolanas abonan el terreno para el crimen organizado colombiano, y Los Rastrojos han sacado provecho de estas dinámicas”.
El año pasado, en República Dominicana, encontramos que el papel de los venezolanos en el tráfico de drogas por el Caribe es cada vez más importante, a tal punto que ya están reemplazando a los colombianos como mulas o como tripulación de lanchas rápidas.
“Cuatro de cada cinco lanchas rápidas que llegan a las costas de República Dominicana con cocaína ahora tienen venezolanos a bordo”, escribimos en junio.
Además, según nos comentó Verny Troncoso, el fiscal a cargo de casos sobre narcóticos en Santo Domingo, las autoridades dominicanas habían capturado “cada semana desde finales de octubre 2016 […] de tres a cuatro venezolanos que llegan a los aeropuertos del país con estupefacientes ingeridos u ocultos en sus maletas”.
La importancia de Venezuela como punto de partida de narcovuelos también se puso en evidencia en 2017, cuando en mayo el ministro de Seguridad de Costa Rica mostró un mapa con rutas usadas para el tráfico de cocaína por Centroamérica. En éste se muestra claramente a Venezuela como el principal punto de partida del tráfico aéreo de droga (representado en las líneas amarillas), especialmente hacia Honduras y México.
“Por desgracia, Venezuela es ya un estado fallido y un narco régimen”. dijo a InSight Crime Mike Vigil, un agente retirado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), el 2 de agosto de 2017, dos días después de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que afianzaron el gobierno de Maduro en el poder.
La ‘mano dura’ de Maduro
Con la Constituyente, Maduro logró salir airoso de la conflictividad política de 2017. Pero en momentos en que el régimen parecía debilitarse, la administración de Maduro se aferró al poder por medio de políticas de “mano dura”, con una fuerte represión a las manifestaciones políticas y con laOLP (Operación de Liberación y Protección del Pueblo). Esta era una estrategia de seguridad que dejó más de 500 personas asesinadas a manos de funcionarios de la fuerza pública, además de denuncias de tortura y otras violaciones de derechos humanos.
En enero, Maduro anunció un nuevo paquete de medidas de seguridad, en el que proponía armar a civiles para combatir al crimen. A pesar de que nunca hubo evidencia de que el gobierno entregó armas de manera oficial, el régimen ya cuenta con los ‘colectivos’ de civiles armados (los cuales ahora también se dedican a actividades criminales) a los que se les ha tolerado el uso de fuerza y participación en operaciones de seguridad ciudadana.
De abril a julio, los colectivos terminaron siendo actores claves durante una ola de protestas masivas en contra del régimen. Intervinieron de manera violenta en contra de los manifestantes e incluso fueron responsabilizados por el presunto homicidio de varios opositores. Como escribimos en abril, “A pesar de las montañas de evidencia del papel de los colectivos dentro de actividades criminales, ellos se están convirtiendo en una herramienta esencial del gobierno para mantener su agarre en el poder”.
La “mano dura” parece haber contribuido a estabilizar el régimen de Maduro en el ámbito político poco antes de finalizar el año. Sin embargo, no tuvo ningún impacto en la reducción del delito. Los homicidios superaron los 20 mil casos nuevamente en 2017, según proyecciones de expertos. La cifra es similar a la de 2016, cuando hubo 21.752 homicidios, según un informe del Ministerio Público, con una tasa de 70 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región,
“Dada toda la anarquía y el caos que impera en las calles, los grupos criminales van a aprovechar la situación. Sin duda, el tráfico de drogas aumentará; Creo que más organizaciones colombianas se trasladarán a Venezuela […] y mucha gente se dedicará al narcotráfico porque no tienen otra opción —no hay empleo, no hay dinero, no hay víveres—”, advirtió Vigil, en la entrevista con InSight Crime.
Sanciones no afectaron economías ilícitas
En febrero y julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones económicas y la inclusión de más de una docena de funcionarios del gobierno de Venezuela en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés).
El más llamativo de ese grupo fue Tareck El Aissami, vicepresidente de la República y exgobernador del estado Aragua. Recibió la condena más contundente, al ser etiquetado como narcotraficante por el Departamento del Tesoro en febrero de 2017. Es la figura gubernamental de más alto rango en ser señalada por este delito. “El vicepresidente de Venezuela también ha sido implicado en un ‘puente terrorista-criminal’” con militantes islamistas y el envió de fondos ilícitos al Medio Oriente.
Sus bienes y los de su testaferro, el empresario Samark López Bello, fueron congelados por el gobierno de Estados Unidos, por “proporcionar ayuda material, asistencia financiera o bienes y servicios como apoyo a las actividades de narcotráfico internacional, y por trabajar para El Aissami, o a nombre de éste”, según dice la sanción.
Sin embargo, ambos continuaron con sus actividades. López sigue en el negocio de las importaciones de comida para los planes de alimentación del gobierno. De hecho, no afectaron los nexos de sus colaboradores con el crimen organizado.
El Aissami, desde la vicepresidencia, amplió su poder. Durante las elecciones de gobernadores, en octubre, logró colocar a varios de sus aliados a la cabeza de estados claves para el tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado, como Sucre y Aragua.
Luego de las elecciones en InSight Crime escribimos: “El verdadero ganador de la controvertida votación parece ser el crimen organizado, pues la actual administración ha respaldado y recibido respaldo de elementos criminales con los que tiene lazos estrechos”.
El estado Aragua además es base de la megabanda el Tren de Aragua, dirigida desde la prisión de Tocorón. Las megabandas son organizaciones criminales que operan en Venezuela y están integradas por más de 50 hombres, usan armas de guerra y algunas tienen a sus líderes en las cárceles.
Otra ola de sanciones de Estados Unidos llegó en julio, después de las protestas políticas.
Las sanciones incluyeron al presidente Nicolás Maduro, quien fue calificado por el Departamento del Tesoro de “dictador”. Los problemas de Maduro iban más allá cuando en sus sobrinos fueron declarados culpables en una corte federal en Nueva York por conspiración para introducir 800 kilos de cocaína a Estados Unidos y sentenciados a 18 años de prisión.
Entre los nombrados por el Departamento del Tesoro también estaba Néstor Reverol, exzar de la droga en Venezuela y excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienfue nombrado ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz por Maduro un día después de que fuera acusado por Estados Unidos de presuntamente participar en una red de tráfico transnacional de cocaína. Además es uno de los colaboradores incondicionales de El Aissami.
También fue incluida la exministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien ayudó a fomentar un sistema de crimen organizado en el país al dejar el control de las cárceles en manos de los reclusos. En mayo, por ejemplo, Varela admitió solicitar a reclusos hacerse cargo ellos mismos de un motín en el que murieron por lo menos 9 internos.
En 2017, varios casos ilustraron la magnitud del control que ejercen los reclusos dentro de las prisiones. InSight Crime en la investigación publicada en septiembre de 2017 describe el poder los pranes y sus vínculos con el crimen organizado.
“Irónicamente, el gobierno de los pranes parece ser más eficiente que el de Maduro: administran justicia con rapidez, y mientras que la comida escasea en los supermercados, los pranes parecen ser capaces de obtener todos los alimentos que necesitan”, escribimos en esa misma investigación.
Aumenta el control militar
La militarización ha sido una constante en los gobiernos revolucionarios del expresidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y 2017 no fue la excepción. La actual administración impuso un récord, al designar a 12 oficiales de la fuerzas armadas como ministros. Fue la mayor cantidad de militares en el gabinete de Venezuela en los últimos 17 años.
En junio, Maduro designó a los generales Carlos Osorio Zambrano, Juan de Jesús García Toussaintt y Luis Motta Domínguez –quienes han sido señalados en informes internacionales por tráfico de alimentos, tráfico de oro y diamantes y narcotráfico, respectivamente– como parte del gabinete.
“Es inquietante la militarización que adelanta el gobierno venezolano, en vista de toda la legitimidad que han perdido las fuerzas de seguridad en el país por la actividad criminal extendida entre sus filas”, alertamos luego de una reorganización del gabinete.
Un informe elaborado por Mildred Camero, exzar de la droga en Venezuela, describió la evolución de la partición de los militares venezolanos en el narcotráfico y destacó la presencia de oficiales de alto rango en esta actividad criminal.
La tendencia a la militarización no es un buen augurio para los altos índices de violencia en el país, que incluyen las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. “Las denuncias indican que la política estatal de incluir a elementos militares en la lucha contra el crimen ha dado pie a repetidos casos de ejecuciones extrajudiciales”.
Al finalizar 2017, Maduro y su entorno se habían fortalecido. El vicepresidente El Aissami, quien se ha convertido en uno de los hombres más cercanos al mandatario venezolano, anunció la candidatura de su jefe para las elecciones presidenciales de 2018. De cara a esta contienda electoral han realizado nuevos reajustes en el gabinete, y colocaron a más militares en cargos tan importantes como la presidencia de Pdvsa. El mandatario intenta blindarse, con el apoyo de los militares, para proteger la fragilidad institucional que ha caracterizado su gobierno.
La diferencia es que Maduro y El Aissami se han encargado de ubicar en puestos claves a uniformados de su confianza, principalmente de la GNB, una fuerza que dio origen a El Cartel de Soles, un grupo conformado por integrantes de la fuerzas de seguridad de Venezuela dedicado al tráfico de cocaína, y que también ha estado relacionada con otras actividades criminales como el contrabando de combustible, minerales y alimentos.
Dos semanas después de su muerte,el carro de Eduard Alejandro Tovar Tovar, de 28 años de edad, estaba en la misma calle de La Bandera, en la parroquia Santa Rosalía del Distrito Capital, donde lo había dejado. Todavía le faltaba el caucho que le habían robado y por el cual él había decidido ir hasta la calle Los Cocuyos del barrio El Cañao, ubicada en el mismo sector, a unas cuantas cuadras de su casa, cerro arriba, en un intento por recuperarlo. Quería pedirle a una banda de “robacauchos” que le devolvieran el suyo para seguir con su trabajo de taxista. Fue por eso que subió a la barriada aquel mediodía del martes, 28 de noviembre. Pero en el camino, una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que hacía un operativo antisecuestro en la zona, le disparó y lo golpeó hasta matarlo.
“A Eduard lo agarró la policía allá arriba y le pusieron una capucha y unas esposas”. Eso fue lo que dijo un vecino que pudo llamar a la vivienda del joven y contar lo que acababa de ver. De inmediato, la familia se movilizó hasta el sitio. Su esposa, sus tías, sus hermanos, sus primos, todos intentaron llegar hasta el lugar exacto donde lo tenían, pero el perímetro estaba cerrado por los uniformados. Cuando pedían información a los funcionarios, estos les decían que Eduard no estaba allí. Pero ellos sabían que no era así y temían lo peor.
El caso de Eduard no es único. Las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una denuncia recurrente contra las FAES. Un día antes, Oliver José Plaza Rodríguez, de 24 años de edad, supuestamente cayó tras haberse enfrentado a tiros a los miembros de esta misma división cuando estos hacían un operativo por la calle La Raiza de El Valle. Información policial indica que le incautaron un revólver marca Colt, calibre .38, un vehículo y varias panelas de presunta cocaína. Sin embargo, otras versiones apuntan que Rodríguez Plaza fue sacado de su casa desarmado y asesinado a pocos metros de esta. Su hermano y una mujer fueron detenidos.
De acuerdo con cifras recabadas por Monitor de Víctimas, entre mayo y noviembre de este año, en el Área Metropolitana de Caracas, se registraron 403 homicidios en los que participaron los cuerpos de seguridad del Estado. De estos, 124 (31%) fueron atribuidos a las FAES, que a su vez son las responsable de 62% de las muertes cometidas por la PNB. El móvil principal de estos casos es el de «resistencia a la autoridad”, según reportes oficiales, con 88 casos. Pero también hay 31 ejecuciones extrajudiciales, denunciadas por testigos y familiares de las víctimas; 4 por causas a determinar y una víctima que quedó en la línea de fuego.
Las acciones de la FAES ocurren en un año en el que hubo un incremento de la violencia ejercida por el Estado, tal como lo reporta el informe del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV). Allí se señala que aquellos “dados de baja” por resistir a la autoridad pueden ser interpretados como ejecuciones extrajudiciales debido a las denuncias que han hecho desde parientes de las víctimas hasta la propia Fiscal General de la República, hoy en el exilio, Luisa Ortega Díaz.
“Este tipo de acciones, destinadas no a la contención del delito ni a la aplicación de la ley, sino al aniquilamiento de los presuntos delincuentes, se convierten en un factor que socava la legitimidad de la fuerza pública y concreta la destrucción del pacto social. Estas operaciones pueden gozar de la simpatía de una parte de la población e incluso tener un relativo éxito en el corto plazo, pero la experiencia histórica ha demostrado que no son sostenibles, pues destruyen la institucionalidad y se transforman luego en más violencia para la sociedad”, apunta el informe.
Un par de zapatos y una media ensangrentada
Policías con rostros cubiertos, vestimenta negra, otros de civil, y disparos, muchos disparos. Ráfagas que no paraban por largos ratos. Eso recuerdan los parientes de Edaurd que aguardaron durante horas en las adyacencias de la calle Los Cocuyos, cerca de La Bandera, para tener noticias del muchacho. “Ahí lo que hay es poco de ratas que venden drogas”, les contestó un PNB cuando le dieron la descripción del muchacho. El sonido de los tiros siguió y a este se sumó el de la detonación de dos granadas que, supuestamente, habían hecho explotar los presuntos delincuentes que perseguían.
Los familiares se mantuvieron en el sitio hasta las 6:00 pm, cuando vieron que metieron en una camioneta el cuerpo de un hombre y que tres personas más entraron esposadas por una de las puertas del vehículo. La oscuridad les impidió reconocer a Eduard entre las personas que habían visto de lejos, aunque sí se toparon con dos malas señales: un pariente había visto que un policía llevaba en las manos los zapatos de su Eduard y que los había metido en un carro. Otro se topó con una media ensangrentada de la víctima.
«Le echaron unos tiros y lo dejaron desangrar como se va a hacer ver en Fiscalía con los testigos que vamos a llevar. Todos vieron cuando le dispararon. A ninguno de la banda que estaban buscando lo agarraron. Simplemente les zumbaron una granada y no los hirieron”, explicó José Gregorio Hernández Tovar, tío de la víctima, en la morgue de Bello Monte, apenas dos días después del asesinato de Eduard. Para entonces, la muerte del joven –de acuerdo con una minuta policial– había sido el resultado de una operación dirigida a la banda de “El Viejo”, dedicada al secuestro, la extorsión y el cobro de vacunas a comerciantes de la zona. Al muchacho lo señalaron como miembro del grupo delictivo y le inventaron un apodo: “El Guácharo”. También, según sus familiares, le “sembraron” un arma de fuego: un revólver Smith & Wesson, calibre .38.
«¿Tú crees que si yo soy jefe de banda, o un garitero, voy a cargar un pedazo de .38? O si yo estoy montado por allá, voy a dejar que ellos me lleguen tan cerca. Ellos (los uniformados) dicen que hubo un enfrentamiento con la banda”, comentó Hernández Tovar, quien formó parte de la extinta Policía Metropolitana (PM).
La parroquia Santa Rosalía, donde ocurrió el crimen de Eduard, es la tercera zona del Área Metropolitana de Caracas donde se ha registrado la mayor cantidad de muertes perpetradas por las FAES. Entre mayo y noviembre, según Monitor de Víctimas, este cuerpo cometió allí 16 homicidios, principalmente en los sectores adyacentes a El Cementerio. Solo la supera El Valle, con 21 decesos, y El Paraíso, con 17, donde están las barriadas que bordean la Cota 905 (declarada “zona de paz” en agosto pasado). En los tres sitios operan numerosas bandas y megabandas dedicadas a delitos que van desde el tráfico de drogas hasta el secuestro y la extorsión.
San Juan, donde está ubicado el barrio El Guarataro, es otra de las parroquias azotadas por las FAES, que dejaron allí 14 muertes entre mayo y noviembre. En estos cuatro sectores del municipio Libertador se produjeron 54% de los homicidios a manos de este grupo policial.
De las OLP a las FAES
Eduard llegó desnudo y muerto al Hospital Leopoldo Manrique Terrero, también conocido como Periférico de Coche, la noche de ese 28 de noviembre. El relato que testigos y vecinos dieron a sus familiares indica que el primer balazo lo recibió 6 horas antes, alrededor de las 2:00 pm, y que aunque tanto los residentes de la zona como el mismo Eduard le explicaron al uniformado que estaban atacando a un inocente, estos continuaron su arremetida contra la víctima en un callejón de la zona, donde lo golpearon y le dispararon repetidas veces hasta deformarle la cara. Lo que permitió reconocer el cadáver fue un par de tatuajes que el joven llevaba en ambos brazos y en los que se leía “Domini” y “Angelina”, los nombres de sus dos hijos.
El ex funcionario y tío de Eduard aseveró que el nombre de su sobrino fue verificado en el Sistema Integrado de Información Policial (Sipol) ese 28 de noviembre y que se comprobó que no tenía ningún tipo de antecedentes criminales. Sin embargo, 48 horas después, apareció una denuncia en su contra.
“O sea, después de muerto, él empieza a delinquir. Ahí podemos dejar claro lo que es un buen procedimiento, cuándo de verdad se da con los autores de los hechos que están delinquiendo y azotando los barrios y cuándo se entra sin medir, sin hacer una previa investigación. Entran echándole tiros a todo el mundo y, cuando ven que la persona es sana y que no tiene nada que ver, entonces terminan matándolo y cuadrando el enfrentamiento”, argumentó. Según él, los miembros del FAES simularon un enfrentamiento y apuntaron hacia las casas de los vecinos de las zonas para que estos no se asomaran por la ventana a ver lo que hacían.
La minuta policial de ese día apunta que, junto a Eduard, cayeron otras dos personas. Sin embargo, estos cuerpos nunca llegaron al Hospital y tampoco se tuvo acceso a sus familiares en la morgue de Bello Monte. Sus identidades, aún hoy, se desconocen.
“Esas dos personas no eran de por allí. Parece que los trajeron de El Cementerio y de Caricuao. Como era un operativo antisecuestro, parece que tenían que montar su teatro bueno allí”, añadió un familiar de Eduard que pidió que no se revelara su identidad.
Historias como las de Eduard tienen puntos en común con las de otras víctimas de las FAES. Su cuerpo se desangró en un lugar que estuvo acordonado por la policía durante horas, tal como ocurrió con Guillermo José Rueda, de 20 años de edad, quien fue sorprendido por los funcionarios la madrugada del pasado 12 de diciembre, mientras dormía con su madre, de 47 años, en su casa en el sector Blandín de la carretera vieja Caracas-La Guaira.
Analis Sosa, suegra de la víctima, contó que los uniformados le dijeron a Guillermo que solo querían hablar con él y que era un operativo de rutina, luego sacaron a su madre y a él le propinaron un tiro en el pecho. Seguidamente, el perímetro se mantuvo cerrado por 9 horas y se simuló un enfrentamiento. Mientras, la víctima agonizaba y perdía sangre. Los policías lo llevaron muerto al Periférico de Catia.
Parientes de Guillermo denunciaron que, durante el hecho, los funcionarios se llevaron varios objetos de valor de la vivienda. Alegaron que el difunto nunca estuvo preso ni solicitado. Llevaba varios años laborando como vendedor informal.
El enfrentamiento en el que supuestamente murió Édgar Alexander Ibarra Ruiz, de 27 años de edad, también fue simulado, según sus familiares. Ocurrió en el caserío Caicaguana de El Hatillo, en el estado Miranda, alrededor de las 9:00 am del 27 de noviembre. Hasta su vivienda llegaron las FAES, quienes sacaron a la víctima de su casa y la asesinaron a pocos metros. Todo el lugar estuvo acordonado hasta después del mediodía, cuando se llevaron el cadáver en una furgoneta que había llegado cuando apenas comenzaba el operativo.
Los procedimientos de estas fuerzas especiales coinciden con los implantados por las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), entre julio de 2015 e inicios de 2017, en los que murieron 560 personas en todo el país, de acuerdo con una investigación de Runrun.es.
Pese a que en estos operativos del FAES no participan otros cuerpos policiales, el actuar de los uniformados es similar y tan violatorio de los derechos humanos como resultaron ser las OLP: toman zonas populares durante varias horas y evitan que los habitantes salgan o entren a estos territorios, arriban con pasamontañas y vestimenta oscura, sacan a las víctimas de sus casas para ejecutarlas o lo hacen dentro de sus viviendas, agreden a los familiares y los amenazan o torturan, roban las pertenencias de los hogares, simulan enfrentamientos y les siembran armas a las víctimas para justificar los homicidios.
El director del Observatorio Venezolano de la Conflictividad, Marco Antonio Ponce, dijo en septiembre de 2016 a El Nuevo Herald que el gobierno de Nicolás Maduro, a través de las OLP, “institucionalizó” este tipo de procedimientos irregulares que desde hace algún tiempo habían sido practicados por los cuerpos policiales venezolanos.
“Estos son comandos armados que principalmente asesinan a personas pobres en los sectores populares, que han realizado masacres en los barrios de Caracas”, afirmó Ponce. “En esas masacres han sido asesinados presuntos delincuentes y también vecinos”.
Jhon Hernández (nombre ficticio para proteger su identidad) pudo vivir para contarlo. El pasado 12 de octubre, alrededor de las 8:00 am, fue víctima del exceso policial implementado por este cuerpo de seguridad. Jhon, quien presenta una discapacidad, se encontraba en Caricuao en la casa de una tía arreglando una moto cuando llegaron los uniformados del FAES.
La víctima contó que los funcionarios propinaron varios disparos al aire para asustar a los vecinos que se encontraban asomados en las ventanas de la zona y obligaron a Hernández a ingresar a una vivienda. Dentro de la propiedad lo sometieron a torturas psicológicas y físicas.
“Ellos me decían que me iban a matar, que les dijera si era malandro o no. Y yo les decía que no era de la zona y que solo estaba arreglando una moto, pero seguían atacándome. Me dieron varios golpes y estuve desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde dentro de esa vivienda sometido a toda clase de torturas por parte de estos funcionarios que dicen ser la ley”, contó.
Luego de aquel momento, la víctima reveló que su cédula desapareció, pero logró sobrevivir a las torturas de los uniformados. “Ellos ni respetaron que estaba mocho de una pierna”, expresó.
“Estos grupos siempre son más de lo mismo. Mientras no se mantengan acciones puntuales y no se toque la coyuntura, no hay estructuración, no se van a manifestar cambios y en algunos casos, dependiendo de la situación, se reflejarán los excesos policiales”, expresó Miguel Dao, ex director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al tiempo que señaló que se debería realizar un análisis de cada caso en los que han actuado las FAES.
Hombres jóvenes como objetivo
La mayoría de las víctimas del FAES son principalmente jóvenes de entre 16 y 25 años. Algunos de ellos, al menos 40 (32%) de los 124 casos, han estado en algún momento detenidos por robo, secuestro u otro delito por el que pagaron una condena.
Tras salir de prisión, estas personas son el objetivo de este grupo policial. Son varias las familias que han informado que su pariente estaba bajo presentación o que estuvo detenido en algún momento y que murió en manos de la FAES, algo que pareciera ser una estrategia que aplicó este año tanto este cuerpo policial como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
El 80% de las personas que han muerto por este grupo han laborado como albañiles, comerciantes informales y mototaxistas, según lo informado por sus familiares.
El accionar de estos funcionarios-principalmente- es sorprender a sus víctimas cuando están desprevenidos, ya sea dentro de sus hogares o fuera de ellos, cuando realizan alguna actividad diaria.
Las horas de incursión de los uniformados son, primordialmente, en la madrugada cuando la persona está durmiendo o se encuentra impróvido.
Los disparos que profieren los funcionarios contra los infortunados se efectúan a quemarropa. El 90% en áreas del pecho, en los costados y espalda. Luego de cometer aquel acto, en algunos casos, frente a sus familiares y niños, propinan varios disparos al aire para simular un enfrentamiento y acordonan todo el lugar, impidiendo el paso de familiares y residentes de la zona.
En otro aspecto, se dice dentro de los estatutos de la fuerza policial que un buen uniformado no debería actuar fuera de la ley y mucho menos cometer robos, un hecho que está desvirtuado.
En todos los casos de ajusticiamientos y supuestos enfrentamientos los familiares denunciaron robos en sus viviendas por parte de funcionarios cuando llevaban a cabo los procedimientos en las zonas caraqueñas.
“La pesadilla de los delincuentes”
Aunque sus acciones comenzaron meses antes, la FAES fue presentada oficialmente durante una alocución presidencial el 14 de julio de 2017, dos días antes de la consulta nacional que realizó la oposición para medir el rechazo contra el gobierno de Nicolás Maduro, y en medio de un clima de conflictividad social que se había prolongado por casi 4 meses. Su misión, de acuerdo con las palabras del propio primer mandatario, era la de combatir la inseguridad y actuar «contra el crimen y el terrorismo”.
Aunque fueron ideadas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol Torres, la presentación del cuerpo corrió a cargo del viceministro de Seguridad Ciudadana, Alexis Escalona Marrero, quien aseguró que los 641 uniformados que ese día aparecían en las pantallas de televisión habían sido «adiestrados, equipados», y trabajaban “con mística”.
«Día a día salen a la calle con el fin de defender al pueblo, siempre apegado al respeto y a la garantía de los derechos humanos», afirmó Escalona Marrero. Sin embargo, para esta época las FAES ya habían sido señalada por dos masacres ocurridas en mayo: una en la Cota 905, en la que murieron 5 personas, y otra en Artigas, donde se registraron 7 caídos. En ambos casos, los familiares de las víctimas denunciaron que algunos de los fallecidos habían sido sacados de sus viviendas, que se llevaron cosas de sus casas y que fueron ejecutados extrajudicialmente.
En ese mismo acto se mostraron los 35 vehículos, 180 motos y unidades antimotines (Vene-4, Jacks, ballenas y barreras) que les fueron adjudicadas para sus operaciones y se anunció que el equipo tendría 1.000 miembros para finales de año. “Tienen el entrenamiento para defender y proteger al pueblo frente al crimen y frente a las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal y terrorista que ha pretendido durante más de 100 días hacer de nuestro país un escenario de guerra para justificar la intervención imperialista extranjera. No han podido ni podrán. En Venezuela vencerá la paz, vencerá el pueblo unido. Activada las Fuerzas de Acciones Especiales”, dijo Maduro para despedir el contacto.
Las minutas policiales del FAES los muestran como una especie de justicieros. Al pie de cada una se pueden leer párrafos como este: “¿QUIÉNES SOMOS?… LOS QUE NO DESMAYAN… LOS QUE NO DESCANSAN… LOS PROTECTORES DEL PUEBLO… LA PESADILLA DE LOS DELINCUENTES… SOMOS PROFESIONALES… SOMOS EFICIENTES… SOMOS IMPLACABLES… SOMOS F.A.E.S”.
En estos mismos escritos se utilizan términos como “neutralizar” o “dar de baja”, para referirse a las personas que resultan muertas en los operativos. También se habla de “fallecidos”, cuando en realidad lo que ocurrió fue una muerte violenta. Subrayan también que los uniformados disparan cuando se ven en la “imperiosa necesidad” o para “repeler una acción ilegítima”. En las incautaciones son frecuentes los hallazgos de revólveres, calibre .38, con seriales destruidos. Los caídos, la mayoría de las veces, son identificados por sobrenombres. Sin embargo, cuando se denuncian ejecuciones extrajudiciales, los familiares suelen señalar que a las víctimas no tenían estos alias.
Hernández Tovar, tío de Eduard y ex PM, criticó que los funcionarios del FAES no sean juzgados por crímenes como el que cometieron contra su sobrino.
¿Eliminan la Policía Metropolitana y meten a esta basura? Porque yo no voy a decir que en la PM éramos buenos, pero por lo menos hacíamos el trabajo. A nosotros sí nos caía todo el peso de la ley. Aquí, como esto es mandado por el gobierno, hay que taparlo (…) Ya está bueno de que aquí todos los días estén matando gente sana y lo quieran cuadrar como si fuera un delincuente. A mí no me van a venir a echar cuento. Porque lo que ellos están aprendiendo lo que a mí se me está olvidando. Andan vuelto locos para ver a quién le dan un tiro», sentenció.
En noviembre, Luisa Ortega Díaz llevó a la Corte Penal Internacional, en La Haya, los expedientes de 79 venezolanos que murieron en medio de las protestas de 2017
Para la fiscal en el exilio, el Plan Zamora fue diseñado por el Ejecutivo para atacar a los manifestantes como si se tratase de un grupo militar
Afirmó que, cuando el Ministerio Público investigaba las muertes ocurridas durante los cuatro meses de protestas de este año, los fiscales se encontraban con múltiples obstáculos
Su despacho, aseguró, solicitó a Estados Unidos la investigación sobre los sobrinos de Cilia Flores acusados por tráfico de drogas. Pero estos nunca llegaron a su despacho
Aseveró que tiene todas las pruebas sobre el caso Odebrecht para implicar a Maduro y a otros altos funcionarios
@loremelendez
BOGOTÁ. ESA MAÑANA DEL DOMINGO 26 de noviembre, en una pastelería de la selecta zona norte de Bogotá, Luisa Ortega Díaz vestía un blazer sobrio y un pantalón azul marino. Llevaba también una blusa clara que contrastaba con su conjunto oscuro y que iba acorde con su cabello rubio intenso, el tono que la ha identificado durante los últimos dos lustros. El atuendo era el mismo que se le había visto desde hacía 10 años, el tiempo que ha sido Fiscal General de la República, aunque la asamblea nacional constituyente la haya destituido y la persecusión política la haya obligado a salir del país clandestinamente en una lancha con rumbo a Aruba en agosto pasado. Lo único que había sacado previamente, confesó, eran sus títulos y credenciales académicas.
Aunque la sobriedad de su vestuario se ha mantenido, la fiscal en el exilio ha cambiado por completo sus formas, esas que preservaba al momento de hablar sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al menos hasta mediados de 2016. Desde hace año y medio, la mutación había dado varios pasos hacia adelante, cada vez más agigantados, y como muestra de ello dejó sus condenas los excesos policiales de las OLP, a las ilegales actuaciones de los colectivos y hasta al Tribunal Supremo de Justicia por intentar disolver la Asamblea Nacional. Atrás quedó quien durante años se expresó con un lenguaje institucional que, más que señalamientos, mantenía silencios en casos polémicos como los de Franklin Brito, la jueza María Lourdes Afiuni y Leopoldo López. Hoy, por ejemplo, es capaz de decir que el Ejecutivo implementa acciones propias de regímenes comunistas y dictatoriales.
“Hay una política del gobierno propia de los nazis y de (Joseph) Stalin que fue aplicada también en la España de Franco. Eliminan los pasaportes sin ningún motivo, sin ninguna fórmula procesal, sin ninguna razón, sin que exista un expediente para controlar a la gente. Si te vas, te vas ilegalmente, y vas a pasar trabajo afuera, y si te quedas aquí vas a estar sometido a la persecución del gobierno. Una vez, y esto siendo fiscal general, oí a una funcionaria de un consulado decir “nosotros no entregamos los pasaportes a quienes lo solicitan hasta que no verificamos en internet quién es”. Ese es el criterio que tienen para dar o no un pasaporte cuando eso es un derecho y eso tienen a miles de venezolanos en todo el planeta en una situación de indefensión. Eso es violatorio de los derechos humanos”, comentó. Y luego vino una advertencia bajo el velo de la revelación: “cuando consigné las denuncias (contra Maduro) ante la Corte Penal, nos reservamos consignar nuevas evidencias y nuevos hechos”.
Hoy, también tiene el valor para afirmar que quienes asumieron el control del Ministerio Público (MP) destruyeron, entre muchas cosas más, la Unidad de Criminalística de la institución.
“Ese era un laboratorio para investigar las violaciones de los derechos humanos, para que las experticias no fueran hechas por los cuerpos policiales a los que se les atribuía la violación. Bueno, eso fue totalmente desmantelado. Los insumos y equipos costosísimos, y cuyo mantenimiento era impecable, todo desapareció. Se llevaron los químicos, los kits, todo lo que han podido llevarse se lo han llevado porque no hay un control”, sentenció.
¿Qué pasó en el Ministerio Público luego de que la ANC la destituyó?
La irregular situación, la ilegal e inconstitucional toma militar del MP me obligó a mí a adoptar esta medida de venirme a Colombia, así como obligó a varios trabajadores del MP, entre ellos directores, a salir de Venezuela. Ahora el Ministerio Público quedó en manos de delincuentes, tanto que una de las autoridades que está al frente se encargó, siendo una fiscal investigadora, de construir expedientes y sembrar evidencias para culpar a muchos venezolanos, y ahora quien está al frente del MP lo que ha venido haciendo es complacer al gobierno nacional para que este permanezca en el poder, se consolide en el poder, no para hacer justicia, que es el fin único del sistema de justicia. Nosotros no encontramos eso en el actual Ministerio Público, además de que han desmantelado la institución. Es el Sebin el que está dentro de sus instalaciones manipulando expedientes, construyendo evidencia desde la mentira no desde la verdad para incriminar a la gente por capricho. La información que yo tengo de los propios trabajadores es espeluznante porque obligan a los fiscales a adoptar o tomar acciones que no corresponden a una investigación cierta, so pena de privarlos de libertad o de perseguirlos (…) Además, otra cosa, tengo información de que más de 600, casi 700 trabajadores han sido despedidos en estos tres meses. Un número exagerado. Y otros cientos han sido obligados a renunciar.
¿Tienen prueba de eso?
Sí. La lista la tenemos.
El patrón en las protestas y los 79 expedientes en La Haya
Foto: ortegadiaz.com
Hasta el momento en el que usted estuvo al frente del Ministerio Público, ¿a qué conclusión se llegó en el tema de las muertes durante las protestas? ¿qué patrón identificaron?
Violación sistemática de los derechos humanos, una política dirigida desde el gobierno a asesinar y encarcelar, a perseguir a toda la disidencia política. Tú lo puedes ver en las manifestaciones (…) Nunca dejaron los manifestantes llegaran a su destino a cumplir su objetivo. Ellos mismos provocaron esta situación para encarcelar, asesinar, para perseguir a las personas y se produjeron acciones dirigidas a sectores, a poblaciones enteras como es el caso de Los Verdes, de las Residencias Victoria (ambas en El Paraíso, Caracas). Allí destruían la propiedad y esto fue aplicado a nivel nacional en varias zonas como para hacer una razzia, una limpieza social. Llegaban derribando las rejas, destruyendo los ascensores, quemando apartamentos: rasgaban los muebles, quebraban los enseres, los adornos, mataban a las mascotas. Sacaban preso al que resultara sospechoso, sencillamente porque querían. Bajaban a los estacionamientos y destruían los vehículos, tipo nazi y tipo Stalin en la Unión Soviética (…) Por supuesto esto se fue incrementando y ellos se fueron tecnificando y perfeccionando. Ya no solamente adoptaban medidas para impedir que las manifestaciones se desarrollaran libremente, porque las convocatorias eran a manifestaciones pacíficas – ellos no tienen por qué presumir que son violentas y para eso están ellos, para evitar que las manifestaciones sean violentas– sino que se armaban, usaban armas de fuego, modificaban los proyectiles para hacerlos más letales, de modo tal que pudieran eliminar más número de personas. Cuando yo pretendía hacer una investigación de las muertes de alguna de estas personas, que lamentablemente perdieron la vida durante alguna de las manifestaciones, me encontré con todos los obstáculos, empezando por la Guardia Nacional. Nunca se dio respuesta al tema de Pernalete, así como nunca se dio respuesta a varias solicitudes que nosotros hicimos, como la del conductor de la tanqueta.
INFOGRAFÍA Fuentes policiales aseguran que a Juan Pernalete lo habría matado el impacto de una lacrimógena
¿Cómo perfeccionaron esa estrategia de atacar a los manifestantes? ¿Seguían un patrón?
Sí, hay un plan que nosotros entregamos en La Haya, el plan Zamora, donde se ve cómo gestionaron la seguridad ciudadana, como si fuese un Ejército a combatir a otro Ejército, ese fue el criterio (…) Una cosa es el orden público y otra es el orden interno, y la GN asumió que el orden público era un tema de orden interno, algo así como que, si viene un carterista y arrebata una cartera a una persona, eso es orden público. Ellos consideran que eso debe ser tratado como orden público para militarizar la seguridad ciudadana, que fue lo que hicieron con el 8610 (la resolución que en enero de 2015 legalizó el uso de armas de fuego para el control de las protestas), que tuvieron todos los obstáculos para aplicarlo por las objeciones que yo hice. Hay una comunicación que yo le dirigí al ministro, con ocasión a esa resolución. Ahí se comenzó a institucionalizar el uso de arma de fuego en las manifestaciones, no solamente por los resultados de las personas fallecidas, heridas. Porque no solamente las que perdieron la vida, sino la cantidad de lesionados durante esos eventos. Creo que estaba en el orden de los dos mil. Fueron tecnificando y perfeccionando, era normal asumir que toda la Fuerza Armada debía portar armas de fuego y, claro, es altamente letal cuando tú te vas a una manifestación o a abordar un tema de seguridad ciudadana y portas un arma de fuego. Lo más probable es que pierdan la vida muchos venezolanos que a lo mejor han transgredido la ley, otros no, pero no tienen derecho a morir de esa manera. Eso fue lo que ocurrió en Barlovento, no sé si tú recuerdas, mataron a muchachos inocentes. El único delito de ellos era ser pobres, y la seguridad ciudadana fue abordada como un tema militar.
¿Se giraron órdenes desde el alto mando militar o policial? ¿Ustedes tienen algún tipo de prueba de esto?
No, fíjate lo siguiente: ellos nunca escribieron el plan, porque en las OLP tú buscas algún documento escrito y no lo encuentras. Y las operaciones tampoco eran escritas, todo era hablado, pero te puedo decir que en esas reuniones todos los que participaban eran militares. Inicialmente yo era convocada, pero cuando comencé a hacer objeciones, más nunca me convocaron a esas reuniones. Eran todos militares.
¿Desde cuándo se comenzaron a hacer esas reuniones? ¿Desde el inicio de la OLP?
No, en 2015 comenzaron. Me convocaban a mí y yo siempre hacía objeciones, decía ‘eso no puede ser, eso tampoco, eso tampoco’ … y no me convocaron nunca más.
¿Cuál era el criterio que utilizó el MP para elaborar la lista de víctimas en medio de las protestas?
El criterio era relación directa o indirecta con los eventos. Hay un caso en el que murieron electrocutadas varias personas. Si bien es cierto que ahí no hubo acción directa del Ejecutivo o de una fuerza policial, pero la circunstancia que estaba ocurriendo en ese momento y lo que estaban ejecutando en ese momento esas personas (un saqueo) fue producto de la situación del país. Es decir, que tiene una relación directa. En ese momento, el problema de los alimentos ya era terrible. Cuando yo salí de Venezuela, conseguir medicamentos y algunos alimentos era imposible. Había que bachaquearlos o traficar las influencias para poder hallarlos. Y la gente desesperada. Otros lo hacen también no por necesidad, sino por ir a echar broma, empiezan a saquear. Y eso fue lo que pasó en este comercio.
Runrun.es tiene más víctimas en ese hecho. Lo comprobamos a través de testimonios e incluso tenemos sus cédulas de identidad …
Nosotros pudiéramos contrastar esas cifras. Me gustaría porque a lo mejor estamos equivocados. Nosotros, acuérdate, teníamos la información de primera mano y yo no tenía ningún interés en ocultar esas cifras. Y algo que cuidé mucho en el Ministerio Público fue dar las cifras. Sean malas o buenas, eso te permite crear políticas de Estado.
Y hubo además otros casos. En Petare se registraron varios que no están en la lista. Está el de Carlos Eduardo Aranguren, que había bajado de su casa, en Barrio Unión, hasta la redoma de Petare. Ese día, el 2 de mayo, hubo muchos enfrentamientos con colectivos. Su familia dice que lo mató la Guardia Nacional …
En el país, no sé si viste las cifras, pero hay más de 1.800 muertes a manos de los cuerpos de seguridad. Pero no todos ocurrieron en el marco de las manifestaciones. Es probable que haya sido registrado como una muerte a manos de los cuerpos de seguridad, pero no en el marco de las manifestaciones, que es una situación distinta.
Pero esto sí ocurrió en medio de disturbios … Hubo muchísimas manifestaciones allí ese día…
Pásame el nombre y nosotros revisamos …
Hubo muchos casos así. Se los voy a pasar … También quería preguntarle sobre el caso de Neomar Lander. ¿A qué conclusiones pudieron llegar?
Yo no te lo sabría decir. Aunque la gente piensa que yo manejo los casos, es imposible que lo haga con tantos. En el de Pernalete, a mí me conmovió mucho la mamá y el papá. Ellos fueron a mi oficina, al papá se le subió la tensión y hubo que sacarlo al servicio médico. Eso me impactó mucho. Nosotros en ese momento estábamos casi orientados hacia donde se conducía la investigación, pero yo me comprometí con ellos y les dije que con seguridad ese caso lo íbamos a sacar. Hay unos que recuerdo más que otros, pero nosotros tenemos esos expedientes completos. Nosotros consignamos los expedientes de casi todos los fallecidos en las manifestaciones allá en La Haya, los expedientes completos. Y la Corte (Penal Internacional) creo que tiene que admitirlo. Nadie había llevado esas cosas. Son muchísimos casos, claro, es imposible llevarlos todos. Pero llevé 79 expedientes y son muchísimos. Aparte de esos 79, llevé experticias, inspecciones balísticas, autopsias. Y estamos en eso, recogiendo más.
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¿Por qué se seleccionaron esos 79 casos?
Acuérdate de que yo trabajo con un equipo y eso fue discutido por el equipo. Yo sigo mucho lo que dice el equipo y ahí hay situaciones en las que yo entro a revisar. El equipo me dijo: ‘doctora, vamos a recoger estos 79 que están perfectos’.
¿Esos 79 casos qué demostraban?
Que había violación a los derechos humanos. Porque nosotros registramos 17 detenciones arbitrarias. No podíamos consignar las 17 mil, porque no las tenemos todas, pero sí consignamos un gran número. También, de asesinatos, presentamos otras autopsias que demuestran que fueron ejecuciones.
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¿Cuáles eran las motivaciones que se escondían detrás de las OLP que usted misma ha calificado como “operaciones de limpieza”?
Perpetuarse en el poder, crear un sistema dictatorial, no tener control sobre las acciones que ellos ejecutan, infundir miedo en la población, violar los derechos humanos. Porque, ¿qué ha ocasionado todo esto? La corrupción, la gente empieza a pedir cuentas y ellos comienzan a buscar mecanismos para esconder todas esas acciones. Entonces, reprimen al pueblo, toman las instituciones, destituyen ilegalmente a alcaldes, gobernadores, funcionarios, los inhabilitan, inventan leyes. Por eso crearon la Constituyente, algo perfecto para hacer lo que les dé la gana.
Allí hay grupos civiles armados también. Maduro dijo muchas veces que estaba armando a los civiles sin ningún tipo de preparación. Pero eso solo fue una muestra porque era una política que desde hace mucho tiempo la venían implementando. Lo veíamos en hechos concretos que ocurrían. Hubo muchos casos en donde se evidenciaba que había grupo de civiles armados…
Ciudad Caribia fue uno de estos casos…
También en Quinta Crespo … A los grupos de civiles armados les dieron autoridad. Hubo un caso, donde los civiles armados aprehendieron a unos ciudadanos, levantaron el acta policial y llevaron a las personas ante los tribunales. El fiscal del caso se opuso a eso y pidió libertad plena porque eso era el derrumbamiento del Estado de derecho. ¿Cómo unos civiles armados se estaban arrogando ser fuerza pública e iban a ejecutar una acción? Entonces, no solamente los armaban sino que les daban autoridad. Eso es una pérdida total o el desmembramiento del Estado de derecho, que fue lo que hicieron con todas las instituciones, no solamente con el Ministerio Público, sino también con la Asamblea Nacional, y con el propio Tribunal Supremo de Justicia y con el CNE. Porque Maduro y el Ejecutivo son los voceros de estos poderes (…) Las democracias se caracterizan por la separación de poderes, la democracia se distingue por la autonomía que tengan los distintos poderes, ahí no las hay. Es el Ejecutivo que quiere tener el control. A mí Maduro me dijo cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional: “Yo no sé qué vamos a hacer para sacarlos de allí”. Y yo le dije: “Pero es que ese no es un juego democrático”. “Bueno, pero es que yo nunca voy a entregar el poder”, me contestó.
Hablando de los grupos civiles armados, ¿ustedes tienen pruebas o evidencia de la participación de ellos dentro de estos grupos tanto dentro de las OLP como dentro de las protestas?
Cientos de declaraciones de testigos.
En julio de 2016 usted hizo un primer pronunciamiento en contra de las OLP a raíz de la actuación de colectivos en una de estas operaciones en Ciudad Caribia. Y luego, en noviembre de ese mismo año, criticó los excesos policiales que se cometieron en estas. Pero, ¿por qué dejó correr un año de OLP para pronunciarse sobre todas las irregularidades que estaban ocurriendo?
Las OLP comenzaron en junio de 2015. Busca mis declaraciones…
Sí, las busqué, por eso le pregunto.
La primera vez que se plantean las OLP, el primer día que las hicieron fue una funcionaria del Ministerio Público y vino horrorizada, literalmente horrorizada. A todas estas yo ajena, porque no sabía, son políticas del Ejecutivo … Y busca mis declaraciones después. Lo recuerdo perfectamente porque esa fue la primera. Nosotros ahí tenemos una investigación buenísima y ese, creo, fue uno de los expedientes completos que consignamos porque no implicaba la muerte de una persona sino de muchas. Fue el primero que se hizo en la Cota 905 … La fiscal me dijo ‘doctora, esto es terrible’, y empieza a decirme lo que hicieron. Yo dije, ‘ya yo me voy a pronunciar’. Y busca mis declaraciones. Claro, yo siempre guardaba, y el día que salía a declarar me pronunciaba sobre eso. Yo le eché plomo a las OLP desde que salieron, antes porque no sabía, pero luego de esa primera vez, yo empecé a echarles plomo. Búscalas. Es más, fíjate una cosa, vamos a buscar las declaraciones mías en 2010 contra los policías, que El Nacional abrió conmigo 5 o 6 veces, porque estaba echándole plomo a los policías por la actuación policial. Eso fue en 2010 que yo insistí en la reforma policial. Y recuerdo que esa Misión A Toda Vida Venezuela surgió por las tantas objeciones que yo hice a la actuación policial. Yo siempre he hablado de la prevención policial… Lamentablemente yo perdí esos registros porque los tenía en mi casa.
De Odebretch a los sobrinos presidenciales
Foto: La Patilla
¿Usted ha seguido en contacto con los fiscales que investigan el caso Lava Jato y a Odebrecht en Brasil?
Sí. Ese es un tema difícil. En el expediente que consta en Brasil, cuyas pruebas yo también tengo en mis manos, hay muchísimos elementos que comprometen la responsabilidad no solo de Maduro sino otros altos funcionarios de su gobierno. Yo confío en que la fiscal general de Brasil – una mujer muy responsable y muy seria – y el vicefiscal – con quien he interactuado muchas veces – en algún momento tendrán que accionar.
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¿Pero ha logrado tener acceso a las evidencias?
(Sonríe) Todas… Todas.
¿Qué tipo de evidencias?
Son documentos, testimonios y grabaciones.
¿Estados Unidos está investigando este tema? ¿Está investigando a los venezolanos que están implicados en el caso Odebrecht?
Desconozco. Sé que están investigando, pero no he tenido acceso. Ellos sabrán qué es lo que están investigando.
Usted ha llevado el caso de las protestas a instancias internacionales. Pero hay algunos casos que se conocieron durante sus últimos meses en Venezuela, como el de Pdvsa y Citgo. ¿Qué acciones puede hacer en el plano desde afuera con respecto a estas denuncias?
Nosotros tenemos todos los expedientes de las investigaciones que adelantamos durante mi gestión. Es más, pedimos privativa de libertad y citamos para imputar y jamás fue posible lograrlo. Te puedo citar el caso de Amuay, que fue por falta de mantenimiento…
Y también salió tardísimo ese caso. Muchos años después de que ocurrió…
Sí, es que en esa investigación la experticia no fue fácil, fue una experticia muy técnica. Es como, algunas veces, los casos de corrupción. Esas auditorías no son fáciles porque hay muchos documentos, hay que revisar, comparar… Y otros casos, como el del Coque en Anzoátegui. Esa es otra investigación que nosotros tenemos, que nunca se ha hecho nada. Hay otros casos pequeños, como uno de Pdvsa que investigamos y que incluso citamos para imputar y nunca fue posible porque no iban, no querían. Se compraron unas lanchas y el precio de las lanchas era, por decirte, 350 mil dólares, y las compraron a 1.950.000 dólares, es decir con sobreprecio, y encima no las entregaban. Teníamos muchísimas investigaciones de Pdvsa. A Pdvsa la destruyó la corrupción, la falta de mantenimiento, ahí no había mantenimiento preventivo de nada. Mira, te he dicho bastante…
¿Y por qué nunca salió una imputación contra Rafael Ramírez, quien durante tantos años fue la cabeza de Pdvsa?
Todos los altos funcionarios tienen antejuicio de mérito, ¿no? Yo no recuerdo que directamente haya habido un… Déjame estructurar esto. Una cosa es hablar de la persona y otra cosa es citarla para imputarla. No es suficiente hablar, tú tienes que materializar la imputación y la imputación tiene que ver con el antejuicio de mérito. No como están haciendo ahora, que sin un antejuicio de mérito despojan a la persona de su inmunidad como lo hicieron con mi esposo, que es diputado, con (Antonio) Ledezma. Y la persona llamada a sustituirlo no es quien lo sustituye sino el que ellos pusieron. Eso es una condición de Estado fallido porque las instituciones no funcionan.
¿La Fiscalía ejecutó acciones en el tema de la emergencia humanitaria, con respecto a la escasez de alimentos y medicinas?
Ese tema, el de la emergencia humanitaria, no era competencia directa del Ministerio Público. La competencia nuestra era el abordaje de algunas situaciones concretas, como por ejemplo el cierre de la Unidad de Nefrología del J.M de los Ríos porque estaba contaminando a los niños por falta de mantenimiento. Pero, íntegramente, el tema de la crisis humanitaria, no podíamos abordarlo porque no es competencia nuestra. El caso de los siete hospitales, había uno que tenía 90% ejecutado y lo desmantelaron. Y nosotros citamos a (la ex ministra de Salud, Eugenia) Sader y al hijo –que está disfrutando su fortuna en Estados Unidos– y nunca fue posible. Pedimos la privativa de libertad y citamos para imputarlos y nunca concurrieron.
¿Y sobre la escasez de medicinas se hizo algo concreto?
Nosotros hicimos reuniones con distintos hospitales y pedimos unos amparos por el tema de la escasez de medicamentos; hay unos amparos que pedimos a favor de los periodistas, a favor de médicos por la escasez de medicamentos, esos se hicieron seguidos. Nos reunimos con pacientes oncológicos que no conseguían medicamentos y pedimos amparos contra todos estos hechos.
¿Pudieron hacer investigaciones sobre el caso de los sobrinos de Cilia Flores imputados por tráfico de drogas en Estados Unidos?
Nosotros pedimos la información a los Estados Unidos y entiendo, no tengo la prueba, me dijeron que había llegado a la Cancillería, pero nunca llegó al Ministerio Público. Inmediatamente después de que ocurrió el evento, eso fue a finales de 2015, ya nosotros estábamos haciendo la solicitud.
¿Pero se pudo adelantar esa investigación?
Sí, y ese expediente sí me lo traje en original, porque eso lo desaparecen. Así como Tarek (William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente) que desapareció todas las investigaciones contra él (risas).
Por cierto que él hizo una acusación grave contra usted cuando dijo que había participado en el desfalco de la Faja Petrolífera del Orinoco. ¿Tiene algo que decirle sobre esto?
Yo no cazo peleas personales, esto es un problema de país. Mi mensaje es para venezolanos, para buscarle solución. ¿Tú crees que a mí no me duele lo que está sufriendo la gente? A mí me da un dolor cuando yo veo aquí en Colombia a los venezolanos en la situación en la que están.
La política del gobierno de Nicolás Maduro que se anunció para “combatir la delincuencia y el paramilitarismo colombiano” se ha traducido en al menos 44 masacres y el asesinato de 560 personas como lo documenta esta investigación del portal venezolano RunRun.es en alianza con la plataforma de Periodismo Latinoamericano CONNECTAS. Esta es la historia de la denominada Operación de Liberación del Pueblo, OLP.
Los testimonios de víctimas y victimarios, así como el riguroso seguimiento a archivos oficiales, y cobertura de medios realizada para esta investigación del portal venezolano RunRun.es en alianza con la plataforma de Periodismo Latinoamericano CONNECTAS, documentan como bajo la OLP se han cometido 560 asesinatos con intervención de funcionarios públicos, en al menos 44 masacres. En la convulsionada Venezuela de hoy, esto ha sucedido sin escándalos mediáticos, pese a que las operaciones estaban caracterizadas por una espectacularidad casi cinematográfica que incluyó el uso de vehículos blindados, helicópteros, armas de guerra, dispositivos electrónicos y drones para la identificación de las víctimas.
Es así como la política de pacificación se ha traducido en una fórmula de terror y zozobra, que ha incluido hasta el uso de atemorizantes máscaras en los operativos, para mantener bajo control a los venezolanos principalmente en las zonas menos privilegiadas en diferentes partes del país, donde se han dado estos operativos.
Esta investigación además evidencia que detrás de algunos de estos procedimientos en realidad lo que había eran venganzas personales, el cambio de manos de territorios de un grupo criminal a otro, o la protección a los intereses de militares y personajes del alto gobierno.
Roimer José Romero Reyes, de 21 años de edad,se había tomado unos días vacaciones, pero no había parado de trabajar. Si bien no tenía que ir a diario a la ferretería en la que laboraba, aprovechaba el tiempo libre para hacer carreras con la moto de su papá. Pero la noche del viernes, 17 de noviembre, hacer un traslado le costó la vida.
Eran las 7:00 pm cuando un hombre le pidió a Romero Reyes que lo llevará desde la parte alta de Los Jardines de El Valle, en el municipio Libertador del Distrito Capital, hasta Las Marías, un sector de la misma barriada. Al llegar al lugar, un grupo de presuntos delincuentes armados lo rodeó y lo obligó a bajarse de la motocicleta. «Se lo llevaron secuestrado y lo golpearon», dijo un familiar de la víctima que prefirió resguardar su identidad. El vehículo, sin embargo, se quedó en el sitio.
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A la víctima la llevaron hasta la calle Cajigal de El Valle y allí le dispararon varias veces. Lo dejaron sin cartera, documentos ni reloj. Su familia se enteró porque vecinos de la zona, que lo conocían, los llamaron para avisarles que el cadáver había quedado tendido en plena vía pública.
Los allegados de Romero Reyes aseguraron que él no tenía problemas con ningún habitante de la zona. «Lo asesinaron para demostrar que ellos (una banda armada de El Valle) tienen el poder en el barrio (…) Esto ya no se aguanta», lamentó un pariente del joven.
La víctima era padre de una niña de 5 años. Su pareja está embarazada.
«Yo escuché la ráfaga de tirospero jamás me imaginé que me habían matado a mi hijo. Cuando llegué a la casa vi como lo llevaban cargado, entre cuatro policías, y lo montaron en una unidad”.
Arelis González vio a su hijo salir de casa, del barrio La Lira en La Dolorita, a las 6:30 a.m. del pasado jueves 16 de noviembre. Pero a David Yavier Rivas, de 29 años, se le quedó su comida y se regresó. En ese instante fue abordado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana(PNB).
Según testigos, a David le preguntaron si estaba bajo régimen de presentación y luego de golpearlo le dispararon. Él corrió pero los funcionarios volvieron a dispararle.
Alegaron que se enfrentó a la policía. Sin embargo, su mamá lo niega y aclaró que era un muchacho trabajador, que aprendió a pulir carros desde muy pequeño con su papá y actualmente laboraba en un taller en Chacao.
“Vean bien a quién están matando en los operativos. Estos policías salen a matar inocentes y los culpables les pagan para que no los busquen”, sollozaba Arelis.
Dannyr Rivas, hermano de la víctima, detalló que él en 2010 estuvo detenido acusado de cometer un homicidio, pero al no conseguir pruebas lo dejaron en libertad y quedó bajo régimen de presentación.
“Todos vieron cuando lo mataron, estaba su hijo de tres años y algunos vecinos”, dijo.
De acuerdo con Arelis, a David le pusieron un arma en su mano y dispararon para simular que se había enfrentado a la PNB. Era padre de tres hijos, vivía con su esposa y niños.
Ejecución y robo de comida
A las 7:00 a.m. del pasado jueves 16 de noviembre a Jhonjaiver Francisco Contreras González, de 20 años, también lo ajusticiaron uniformados de la PNB y según su papá, Yorman González, alegaron enfrentamiento.
El muchacho se encontraba en su casa, ubicada en el piso 4 de la torre 29, con sus dos hermanos y su cuñada. De acuerdo con los testigos, los funcionarios sacaron a todos y le dispararon.
La víctima había llegado desde San Cristóbal hace un mes y buscaba empleo. Vivía con su madre, sus hermanos y su cuñada. Su papá desmintió que estuviese solicitado y pidió justicia.Denunció que además de quitarle la vida a su hijo tambiénrobaron televisores, ropa y el mercado que había en la casa. “Hasta cocinaron y comieron”.
“Son un poco de asesinos los que pusieron en la policía, no están haciendo nada bueno, están matando a puros inocentes”.
Hartos de injusticias en Cacique Tiuna
Al mediodía de este viernes 17 de noviembre fue asesinado un joven en bloque 46 de Cacique Tiuna, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Vecinos —con identidad protegida— contaron que el muchacho se llamaba Iván, aunque no precisaron su apellido. Detallaron que se encontraba en casa de un amigo y los uniformados sacaron de la vivienda a todos los habitantes.
Protestaron por la cantidad de injusticias que se han cometido en la comunidad, ya que aseguran que no es la primera vez que le quitan la vida a un inocente y alegan enfrentamiento.
El pasado 6 de junio Gilbert Sosa fue asesinado cuando salía de su casa, a bordo de su moto. Su madre, Carmen Arellano, detalló que hasta ahora no han detenido a los responsables. Exigió que cesen estos procedimientos y que respeten los derechos humanos.
“Hace un mes llegaron a mi casa de nuevo, revisaron y se robaron un reloj”, soltó.
La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunció ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos por la comisión de crímenes de lesa humanidad, y pidió que se librase orden de captura internacional contra ellos.
Ortega Díaz interpuso la denuncia contra otros cuatro funcionarios venezolanos responsables de «asesinatos, torturas, encarcelaciones y un ataque sistemático contra la población civil». Ellos son el ministro de Defensa, Vladimir Padrin López; el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el director del Sebin, Gustavo González López y el jefe de gobierno del Distrito Capital, anteriormente comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides Torres.
De acuerdo a las cifras que manejó desde la Fiscalía, Ortega aseguró que el gobierno aplica»un plan de limpieza social» a través de funcionarios policiales y militares. Afirmó que entre el año 2015 hasta junio de 2017, 8290 personas habían sido asesinadas, «todas bajo las órdenes del Ejecutivo».
Dentro de la denuncia incluyó a la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), «otro plan de limpieza social» en que 505 personas fueron asesinadas por los grupos tácticos de combate que las llevan a cabo.
En una investigación realizada por Runrun.es se comprobaron las violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas durante las OLP, con las cuales se cometieron 44 masacres. También se descubrió que estos operativos fueron usados para sustituir grupos delictivos por colectivos, y para proteger intereses de funcionarios del Gobierno, además de materializar venganzas personales.
La fiscal, perseguida política por el régimen de Maduro, destacó que los funcionarios llevaron a cabo más de 17 mil detenciones arbitrarias y cientos de casos de torturas, así como la militarización de la seguridad ciudadana. Recordó que el gobierno permitió el uso de arma de fuego en manifestaciones, «lo que trajo como consecuencia muertes y represión hacia el pueblo».
La fiscal entregó a la CPI más de mil elementos probatorios realizados y recabados por el Ministerio Público durante su gestión, para comprobar la responsabilidad de los altos funcionarios del gobierno de Maduro en las violaciones a los derechos humanos.
“Tenemos reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas que sustentan la denuncia”. Entre las evidencias y pruebas incluyen protocolos de autopsia, donde se evidencia la ejecución de las personas, «disparos de arriba hacia abajo, lo que significa que estaban probablemente de rodillas», detalló Ortega anteriormente.
«Nos vimos en la necesidad de acudir porque en Venezuela no es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes», aseguró a las afueras de la Corte Penal. «Deben pagar por el hambre, la miseria, las penurias que vive el pueblo de Venezuela».
#ENVIVO Acabo de denunciar al Gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad https://t.co/8BMeM1pHRI
Así es la investigación exhaustiva, rompiendo barreras y cercos gubernamentales, realizada por un equipo de www.runrun.es y www.connectas.org, la Plataforma Periodística para las Américas, en torno a las llamadas OLP, iniciales de “Operación de Liberación del Pueblo” implementada por el gobierno nacional “para combatir la delincuencia y el paramilitarismo colombiano”. El excelente y minucioso trabajo descubre como esa operación se tradujo en al menos 44 masacres y el asesinato de 560 personas. El título del trabajo es “La máscara del terror oficial en Venezuela”. La iniciativa del International Center for Journalists denominada “Periodismo de Investigación en las Américas” sirvió de soporte al desarrollo de la pesquisa. El ICFJ tiene como su premisa “darle forma al futuro del periodismo global” y aquí muestra un ejemplo. Enhorabuena a todos los colegas que participaron. Se puede leer en este link: https://runrun.es/especiales/olp/
¿GRAVI$IMO?:
La detención desde el pasado 22 de junio del asesor electoral de la MUD, el ingeniero Roberto Picón, tiene visos de convertirse en un caso para la CIDH y la CPI. Presentado ante un tribunal militar por “traición a la patria e instigación a la rebelión”, entre otras acusaciones, lo cierto es que buscando pruebas para “montarle un expediente” han detenido a otros socios y familiares. Como Picón es socio en una empresa de computación (Concein) de Isaac Eduardo Saias Esayag y éste es directivo de 100% Banco y primo de Fortunato Benacerraf Saias, el presidente del banco, decidieron apresarlos. Igualmente, a otro funcionario del banco, Freddy Farache. El caso es que luego de la detención de Picón determinaron que “en una camioneta de Fortunato presumen se habrían movilizado cantidades de dinero para financiar el referendo opositor del 16J”. Ahora, supuestamente, estarían obligando al banquero a que delate a otros $ocios del banco y de Concein para involucrarlos en todo este proceso y a cambio le darían $u libertad no sin antes pagar caro peaje. Recientemente, la colega Sebastiana Barráez en el semanario “Quinto Día” narraba, supuestamente, una historia parecida con varios detenidos en la policía política. Ella atribuía algunas situaciones por la división de poder entre Maduro y Cabello. La MUD pareciera haberlos abandonado en su defensa. Picón es un serio demócrata, un estratega de las acciones que en paz buscaban desde el referendo revocatorio hasta el referendo que demostró que los demócratas eran mayoría el pasado 16 de julio. Eso no se lo perdona el régimen. Ninguno de los detenidos en ese caso, cuatro personas, son golpistas, conspiradores, o terroristas -mucho menos traidores a la patria- como los señalaron desde el Tribunal Militar Tercero de Control. En torno a esa justicia uniformada recordemos la denuncia que ante la Secretaría General de la OEA hizo recientemente el capitán Igor Nieto: “…el uso de la justicia militar para enjuiciar a civiles y que la jurisdicción militar esté controlada por el presidente de la Corte Marcial, quien, junto con fiscales y defensores militares, recibe órdenes del ministro de la Defensa”. Cansados de las presiones crematísticas estos presos decidieron pelear por su defensa y libertad. Sus abogados informarán muy pronto …
