OLP archivos - Runrun

OLP

Comité de DDHH de la ONU falla a favor de familia desalojada arbitrariamente en una OLP
Entre el 07 de abril de 2016 y el 31 de enero de 2017, Ramírez, junto a Provea, presentó siete diligencias ante la Sala Constitucional del TSJ solicitando pronunciamiento sobre la solicitud de amparo, pero no hubo respuesta

 

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) falló a favor de una familia desalojada arbitrariamente de su vivienda en un Operativo de Liberación para el Pueblo (OLP). 

Omaira Del Carmen Ramírez y sus dos hijos fueron víctimas de desalojo arbitrario por parte de funcionarios de seguridad durante un OLP realizado el 24 de agosto de 2015 en la localidad de Tanaguarena, en el estado La Guaira.

Ramírez, beneficiaria de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), denunció el 11 de noviembre de ese año haber sido víctima de desalojo forzoso e ilegal bajo el argumento de que «no la habitaba de forma regular».

Tras el desalojo, funcionarios de la policía regional de Vargas y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) informaron a Omaira que el desalojo se producía por la “mala conducta” de uno de sus hijos, Anthony Jesús Ramírez, de 25 años, quien no residía con la autora y que no tenía antecedentes penales. 

La lucha por recuperar su vivienda 

Omaira Ramírez, con la compañía y el asesoramiento del equipo de Provea, interpuso una acción de Amparo Constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el ex ministro Gustavo González López, por haber violado su derecho constitucional a una vivienda digna.

Entre el 07 de abril de 2016 y el 31 de enero de 2017, Ramírez, junto a Provea, presentaron siete diligencias ante la Sala Constitucional del TSJ solicitando pronunciamiento sobre la solicitud de amparo, pero no hubo respuesta.

Ante la ausencia de respuestas por parte del TSJ, Ramírez envió una comunicación al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alegando la violación, por parte del Estado venezolano de sus derechos y los de sus hijos protegidos por los artículos 2, 7, 14, 15, 17 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y conforme al Protocolo Facultativo del Pacto.

Finalmente, este martes, 6 de febrero, El Comité informó al Estado venezolano que desea recibir información, en un plazo de 180 días, sobre la adopción de las medidas establecidas en la resolución. Además pidió que el dictamen sea difundido ampliamente por las autoridades venezolanas como mecanismo adicional de reparación y garantía de no repetición.

Política de terror contra el derecho a la vivienda

Más de 18.000 viviendas fueron allanadas durante la ejecución del OLP, según Provea. En ninguno de los casos, esos allanamientos -denominados “inspecciones” y “auditorias” por los funcionarios actuantes-, contaron con una orden judicial.

Igualmente, en muchas de las situaciones de allanamientos masivos, los habitantes de las comunidades dijeron que no hubo presencia de fiscales del Ministerio Público durante la realización de los mismos. Se reportaron numerosas denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas que han sido objeto de estos allanamientos ilegales.

Otras 1.490 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela fueron “recuperadas” durante la ejecución de OLP a nivel nacional. Es decir, los habitantes fueron desalojados de forma arbitraria por las autoridades luego de haber sido estigmatizados y criminalizados.

Provea recibió denuncias de personas de nacionalidad colombiana residentes de urbanismos de la GMVV, quienes señalaron el trato discriminatorio y los atropellos recibidos por parte de funcionarios policiales y militares debido a su nacionalidad.

#MonitorDeVíctimas | Venezuela roja: breve cronología de la violencia policial en Venezuela
Un país sin oportunidades, que asesina a sus jóvenes y que crea un sentimiento generalizado de desconfianza en las instituciones, es un país que está asesinando a mansalva su presente

 

@miconvive

Venezuela se ha caracterizado históricamente por la implementación de operativos policiales que buscan abordar la violencia y que progresivamente resultan en violaciones de derechos humanos.

La “Operación Vanguardia” en el gobierno de Rafael Caldera (1969-1974); el “Plan Unión” en la presidencia de Luis Herrera Campíns (1981); el “Acto Seguridad 84” implementado en la gestión de Jaime Lusinchi (1984-1989) o la creación, en los años 90, de los grupos de la Policía Metropolitana, conocidos como “Pantanero” y “Fénix”. Todos fueron planes de seguridad donde, en teoría, se buscaba prevenir y disminuir la violencia. Pero existieron denuncias sobre detenciones arbitrarias, represión a civiles, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza letal.

Durante esos años, según cifras del Ministerio Público y otras fuentes, hubo una tasa promedio de letalidad policial que se mantuvo por debajo de 4 asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad por cada 100.000 habitantes.

Estas cifras se elevarían de formas alarmantes luego de 1999, con la elección presidencial de Hugo Chávez: luego de su toma de poder, el país empezaría un proceso de cambios estructurales a nivel institucional, político y socioeconómico. En el marco de la prevención y reducción de violencia, el foco del gobierno de Chávez fue, en los primeros años, brindar asistencia social a las poblaciones más vulnerables y limpiar a los cuerpos policiales de las creencias colectivas de represión y abuso que arrastraban de décadas pasadas, resultando en una limitación de funciones y capacidades de actuación de estos (Briceño León, 2007).

Letalidad policial como política de Estado

Esto resultó en un ascenso de los índices de impunidad y de violencia homicida en el país −en específico en los años 2005 y 2006−: mientras que para 1998 por cada 100 homicidios había 118 arrestos, entre 2006 y 2009 hubo 8 arrestos por cada 100 homicidios. Naturalmente, se pensaría que estas limitaciones resultarían en instituciones policiales menos violentas y más mesuradas en términos de fuerza letal. Paradójicamente, la realidad fue que para el año 2003 hubo un aumento significativo en las tasas de letalidad policial (9 homicidios de la policía por cada 100.000 habitantes) y que, si bien en años posteriores disminuirían, Venezuela empezó a figurar entre los países con mayores índices de violencia policial de la región.

Ante esto, la respuesta de las autoridades de justicia fue la creación, en 2006, de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL). Esta iniciativa buscaba proponer una reforma integral de la legislación en materia de seguridad y establecer la preservación y protección de la vida como objetivo fundamental. Sin embargo, ni los altos cargos de gobierno ni los cuerpos policiales adoptaron dichas recomendaciones, por lo que su implementación no tuvo el impacto esperado. 

En el año 2008, el expresidente Chávez −a través de leyes habilitantes− realizó un decreto con rango valor y fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, marcando así el nacimiento del nuevo modelo policial basado en la reforma. Para ese año, PROVEA registraría un aumento de 146 % en el número de personas asesinadas por policías o militares con respecto al 2007.

Posterior a la primera década del siglo XXI, caracterizada por el intento de reforma y los aumentos de las cifras de letalidad policial, en el año 2010 se implantaría un nuevo operativo policial con la creación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE), el cual iniciaría un proceso de encarcelamiento masivo, dejando como consecuencia un incremento significativo en la población carcelaria que pasaría entre los años 2009 y 2011 de 30.483 reclusos a más de 50.000; la mayoría de los casos siendo jóvenes de sectores vulnerables entre 18 y 29 años arrestados por crímenes menores como consumo o microtráfico de drogas.

La saña de las OLP

El año 2015 se caracterizaría por el inicio de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), las cuales eran operativos policiales compuestos por diferentes instituciones policiales que, en teoría, buscaban luchar contra el crimen y las guerrillas, pero en la práctica incursionaban en sectores populares y cometían violaciones de derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza traducido en ejecuciones extrajudiciales y torturas.

Las OLP se diferenciaron de otros operativos policiales antes implementados en términos de letalidad policial, superando a todos en cifras y extensión. Esta transformación de una política dedicada a encarcelar masivamente a una donde la letalidad policial aumentó de forma dramática está relacionada directamente con la necesidad de preservar la hegemonía del grupo de poder (Zubillaga y Hanson, 2018) 

La letalidad policial está relacionada directamente con la necesidad de preservar la hegemonía del grupo de poder.

Y llegan las FAES

Según investigaciones del Ministerio Público de aquel momento, las OLP dejaron un saldo de 505 homicidios entre julio del 2015 y marzo del 2017. Si bien las denuncias de múltiples organismos internacionales y ONG locales obligaron a la administración de Maduro a desmantelar las OLP, el gobierno mantuvo la misma dinámica de represión y coacción a través de la creación de un nuevo cuerpo de seguridad denominado como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES): un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) creado en abril del 2016 y presentado en julio 2017 por el presidente Nicolás Maduro.

Según cifras de Monitor de Víctimas, desde al año 2017 −año de creación de las FAES− hasta el 2021 se han registrado un total de 1513 casos de letalidad policial en el Área Metropolitana de Caracas, lo que supone el 36 % del total de homicidios en esos 4 años. De estos, 708 corresponden al accionar de las FAES.

Las cifras de letalidad policial en Venezuela no tienen precedentes en términos de cantidad y extensión. 

Este uso excesivo de la fuerza en operativos policiales es una práctica que se remonta a décadas pasadas de la historia del país. Sin embargo, las cifras actuales no tienen precedentes en términos de cantidad y extensión. El deterioro institucional, las limitaciones formativas y las políticas de intimidación han configurado un contexto donde parece que la violencia policial la única forma de contención para la delincuencia y la seguridad en el país, afectando directamente a los jóvenes de las zonas más populares de la ciudad, privándolos del progreso y libre desenvolvimiento, quitándoles las posibilidades y creando un contexto de miedo permanente en las comunidades.

El poder del miedo

La actual crisis de seguridad en el país, caracterizada por las múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, no es más que el reflejo de una política de seguridad ciudadana que busca sedimentar, a través del miedo y el silencio, el control del gobierno de forma prolongada.

Si bien en décadas pasadas ya existía la presencia de operativos policiales que violaban derechos humanos, las cifras se han incrementado de forma dramática, sin mayor pena o vergüenza, con el fin social de coaccionar y erradicar las expectativas de las poblaciones más vulnerables del país.

Que los jóvenes sean las principales víctimas y los policías los principales victimarios establece un contexto donde los jóvenes de zonas populares crecen con el miedo de ser ejecutados de forma espontánea por la policía. Esto crea un sentimiento de desconfianza generalizado y promueve estrategias de resguardo, como emigrar a temprana edad sin estudios que los respalden o la inclusión en organizaciones criminales que les hagan frente.

Está comprobado que las políticas de “mano dura” no previenen ni reducen la violencia de forma efectiva. Más bien sedimentan los ciclos de violencia, creando una narrativa colectiva de desconfianza en las instituciones de justicia del país. El abordaje de la violencia debe ser coherente, tomando en cuenta los factores estructurales que promueven el involucramiento de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, en actividades delictivas.

La falta de oportunidades, los pocos incentivos a estudiar y las limitaciones de ingreso que padece la gran mayoría de las familias venezolanas, son algunas de esas limitaciones; un país sin oportunidades, que asesina a sus jóvenes y que crea un sentimiento generalizado de desconfianza en las instituciones, es un país que está condicionando negativamente su futuro y asesinando a mansalva su presente.

DDHH olvidados | Desmentir la versión oficial y buscar justicia
Alex Yohan fue víctima de una ejecución extrajudicial en un operativo de la OLP en El Valle

@ValeriaPedicini

A Alex Vegas se le sigue quebrando la voz cada vez que menciona el nombre de su hijo. Las emociones lo invaden cuando recuerda cómo lo sacaron de su cama, le dieron dos disparos en el corazón y pretendieron mostrarlo a la opinión pública como un delincuente muerto en un enfrentamiento. 

La injusticia de la ejecución extrajudicial de su hijo, Alex Yohan Vegas de 16 años se repite y profundiza cada vez que tiene que desmentir la versión oficial. Cuando tiene que recalcar que el crimen ocurrió en condiciones ilegales y que los responsables aún no cumplen pena por el delito cometido. 

“Esa gente estaba como loca ese día. Querían matar, y de hecho en casa de un vecino asesinaron a cinco muchachos. La cantidad de funcionarios era impresionante, y a Alex Yohan lo trataron como si fuera un delincuente, un pran. Lo hicieron con mucha saña. En mi casa no encontraron drogas, ni armas, ni nada, al contrario, me robaron. Igual yo les hubiese dado todo, pero no que me hubiesen quitado a mi muchacho”. 

Eran alrededor de las 6:30 de la mañana del 10 de marzo de 2017 y Alex Vegas estaba preparando el desayuno para toda su familia, la rutina antes de ir a sus trabajos y llevar a la menor de sus hijas al colegio. 

Todavía estaba en ropa interior y en cholas, sin imaginar que un comando mixto de fuerzas de seguridad del Estado llevaba rato allanando casas en su zona, en Cerro Grande, El Valle. 

A mandarriazos

No tocaron la puerta, sino que la tumbaron a mandarriazos.  El único que seguía durmiendo era Alex Yohan en el piso superior, a quien los policías despertaron a golpes. Al resto de la familia la mantuvieron abajo, custodiada. “Yo traté de subir varias veces, pero no me dejaban, hasta que uno de los funcionarios se cansó, buscó una cabilla y le dijo a otro ʻsi este se pone cómico le das con esto”. 

Los mantuvieron fuera de la vivienda un rato y luego le consiguieron un pantalón. Habían decidido sacarlos de ahí y mientras les conminaban a bajar las escaleras del sector, sus familiares de las casas vecinas salieron a enterarse sobre qué estaba sucediendo. Alex padre apenas alcanzó a gritarles: “Ahí tienen a Alex Yohan, vayan a ver”. Les obligaron a subir a la camioneta policial y les trasladaron a la División Antidrogas de la Policía Nacional, en el sector de San Bernardino. Luego los llevaron de vuelta a la jefatura de El Valle. 

Durante las cinco horas que mantuvieron a la familia Vegas retenida, sin noticias del adolescente y sin poder comunicarse con alguien, la desesperación y la incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo con Alex Yohan se volvieron insoportables. 

La autopsia que le hicieron al muchacho reveló que, a los pocos minutos de subirles al transporte, un funcionario arrastró al joven a la sala y le dio dos tiros en el pecho. “Si hubiese habido un enfrentamiento no habríamos permanecido media hora ahí sentados en piyama, afuera en las escaleras, sin saber lo que estaba pasando. Y habría huecos de disparos por toda la casa, pero no”. 

La letalidad de esa incursión de la OLP en El Valle fue de tal magnitud que se organizó una protesta vecinal en las calles del sector. Fue ahí que los integrantes de la organización Orfavideh recabaron datos de los familiares de los jóvenes asesinados. Para Alex, es importante que se sepa lo que ocurrió. “Hay que estar buscando a los medios, en la calle, recordando lo que pasó porque si no todo se queda en el aire. Hay que sacarlo a la luz pública, porque si no la gente se olvida o cree que esas cosas no están pasando”.

El caso de Alex Vegas es de los pocos que ha logrado avances. El Ministerio Público actuó con celeridad el día de los acontecimientos, estuvo horas en su casa (y en la de las otras víctimas), hizo la planimetría, estableció que no hubo enfrentamiento. 

“El caso mío avanzó rápido dentro de todo porque hubo mucha prensa. Ya los once funcionarios involucrados tienen orden de detención y alerta roja con la Interpol. Está preso el que le disparó a mi hijo, pero cuando bajó toda la atención se empezaron a diferir las audiencias. Pero uno solo no cometió ese delito, cada uno tuvo responsabilidad y tienen que responder”.

N de R: El testimonio forma parte del informe «Víctima a víctima», disponible en el portal de Cofavic

Periodismo fue determinante para conocer y documentar casos del informe de la ONU
El documento de la misión de la ONU cita 17 trabajos de RunRun.es que fueron publicados en el lapso que evalúa el informe y que recogen algunos casos, que constituyen un ejemplo de los delitos atribuidos a Maduro y a los funcionarios de su gobierno. 

Imágenes: Abrahan Moncada.

El registro y la documentación de casos, la verificación hechos y la difusión de las violaciones de derechos humanos realizadas por los medios de comunicación venezolanos en los últimos seis años ha sido una herramienta clave en la construcción del informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, que afirma que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros de Relaciones Interiores y Defensa han cometido delitos de Lesa Humanidad.

“La misión lamenta profundamente no haber podido visitar Venezuela y realizar una investigación en el país”, se lee en en el punto seis de la introducción al informe de conclusiones detalladas. Por esa razón, para realizar el documento de 443 páginas que detalla los delitos de ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; detenciones arbitrarias; torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos entre 2014 y 2020, la misión internacional independiente se valió de diversas fuentes de información. 

En este caso, destaca el rol del periodismo de rigor en la documentación de las historias de las víctimas de los crímenes cometidos por autoridades y funcionarios del Estado venezolano. 

Para Andrés Cañizález, periodista, académico y activista de la libertad de expresión en Medianálisis, el informe reivindica el trabajo de dos grandes actores en Venezuela: las organizaciones de derechos humanos y el periodismo independiente. “Las denuncias que venían haciendo las ONG encuentran hoy su legitimidad al ser incorporadas como fuentes en ese informe y la producción periodística sobre las violaciones a derechos humanos también”, aseguró. 

“Ha habido iniciativas en donde los propios medios solos, o en alianzas con ONG, han tratado de generar datos ante la opacidad y la ausencia de información del Estado. Esto demuestra que el periodismo en Venezuela ha hecho un abordaje no solo de las denuncias, que ya es importante en materia de derechos humanos, sino que también ha apostado por construir bases de datos y darle seguimiento a ciertos temas. Desde ese punto de vista el informe termina dándole un espaldarazo a ese trabajo de varios años”, agregó Cañizález. 

Asimismo, indicó que ahora los medios de comunicación tienen como reto generar un clima de opinión pública favorable en el mundo de la sociedad civil organizada, que están activas en redes sociales y tienen capacidad de multiplicar el mensaje. “Aunque sea algo limitado, es importante, es algo significativo”, sentenció. 

El documento de la misión de la ONU cita 17 trabajos de RunRun.es que fueron publicados en el lapso que evalúa el informe y que recogen algunos casos, que constituyen un ejemplo de los delitos atribuidos a Maduro y a los funcionarios de su gobierno, mientras que otros igualmente evidencian patrones que encajan dentro de los crímenes de lesa humanidad denunciados por los investigadores internacionales. 

Ejecuciones extrajudiciales: De la OLP a la FAES

Runrun.es viene reportando casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela desde 2015, cuando comenzó la Operación de Liberación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). El seguimiento a los casos similares de ejecuciones extrajudiciales continuó con la creación de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes).  

También, a través del proyecto Monitor de Víctimas, realizado en alianza con Mi Convive, se lleva un registro de las muertes violentas cometidas en el área metropolitana de Caracas, que incluye los casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones cometidas por los cuerpos de seguridad del Estados. Los informes de 2018 y 2019 (con los nombres de las víctimas) fueron usados como fuentes en el documento. 

RunRun.es hizo un seguimiento exhaustivo a los procedimientos de la OLP y el impacto en las víctimas. Esta cobertura abarca desde la publicación de operativos diarios, como este 9 muertos y 50 detenidos tras despliegue de OLP en Los Jardines de El Valle, hasta la elaboración de la investigación OLP: la máscara del terror oficial en Venezuela, que está citada en el informe de la misión. Este reportaje además obtuvo el primer lugar en el premio Ipys de periodismo de investigación de Venezuela y diversos reconocimientos internacionales.

En 2019 RunRun.es publicó un trabajo en el que habla sobre el actual jefe de las Faes, a quien se le señala de haber sido miembro de un colectivo, el comisario Miguel Domínguez, quien fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos. 

El informe también hace referencia a una investigación sobre la doble función del líder de un colectivo, que también formaba parte de la Faes, y murió en el mismo procedimiento donde fue ejecutado el exinspector del Cicpc, Oscar Pérez, el 15 de enero de 2018 en El Junquito.

Para documentar la realidad de las zonas de paz se citan algunos trabajos publicados sobre la Cota 905

La masacre de Barlovento, llevada a cabo en octubre de 2016, fue documentada en dos trabajos

Las masacres cometidas por funcionarios policiales incluyen pero no se limitan a: 

En el marco de las protestas de 2014 y 2017 también se reportaron excesos policiales que conllevaron a la muerte de cientos de venezolanos. Algunos trabajos publicados en RunRun.es son: 

Desapariciones forzadas: se los llevan y no se sabe nada de ellos

En la masacre de de Barlovento (octubre de 2016), los cuerpos de los fallecidos fueron hallados 10 días después de haber salido de sus casas y 40 días después de haber sido detenidos, respectivamente. En este trabajo se resumen las similitudes de ambos eventos. 

La Misión concluyó que la masacre de Barlovento estuvo precedida por la desaparición forzada de las víctimas.

Detenciones arbitrarias: no hay orden judicial

Las detenciones arbitrarias documentadas en el informe desde el año 2014 también han sido investigadas y reportadas en RunRun.es. Algunos artículos citados en el informe o que tratan el tema son los siguientes: 

Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes 

El cuarto delito de lesa humanidad identificado en el informe de la misión de la ONU también ha sido investigado en RunRun.es. 

Tanto el Sebin como la Dgcim han recibido múltiples denuncias de ser órganos policiales que utilizan la tortura, los tratos cureles y degradantes como prácticas comunes en sus intalaciones. 

Tal señalamiento se evidenció en el siguiente trabajo, en el que se detallan las versiones oficiales y contradictorias sobre la muerte del concejal y defensor de derechos humanos, Fernando Albán, quien cayó del piso 10 de la sede del Sebin, ubicada en Plaza Venezuela. 

También hay por lo menos dos trabajos en los que se documenta la cohersión y tratos crueles a detenidos en Venezuela: 

El informe hace énfasis en las violaciones sistemáticas de derechos humanos que comenzaron a ocurrir luego de los hechos del 12 de febrero de 2014. Sobre el tema, RunRun.es realizó un especial a un año de los acontecimientos, en el que detalla quiénes son los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado involucrados en el uso excesivo de la fuerza, y el estatus de impunidad de esa investigación judicial. También un trabajo sobre la conspiración entre el Sebin y los colectivos en esa fecha. 

En Gaceta Oficial: creación del Cuerpo Nacional contra el Terrorismo
El nuevo cuerpo policial tendrá unidades de inteligencia, contrainteligencia y capacidad de reacción, acción y coordinación bajo la batuta del mayor general Gil Barrios

 

El pasado 27 de febrero Nicolás Maduro anunció la creación del Cuerpo Nacional Especial contra el Terrorismo, el cual luchará contra los “intentos de sembrar acciones de violencia y terror desde los gobiernos de Colombia y Estados Unidos”. La creación organismo fue publicado en Gaceta Oficial n.º 41.828, según decreto n.º 4.135, y estará adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

El Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo, según se lee en el decreto, se crea bajo la orientación del Plan de la Patria, con la finalidad de «proteger, investigar, combatir y sancionar, de manera sistemática y mediante políticas integrales, los fenómenos delictivos ligados a la corrupción, la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo».

Para la ONG Acceso a la Justicia, el decreto es «preocupante» porque está inspirado en las mismas políticas represivas que en los últimos años se ha implementado contra las personas, especialmente a partir de 2015, mediante la creación de los cuerpos llamados Operación de Liberación del Pueblo (OLP), Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) o los Cuadrantes de Paz.

«El decreto presidencial faculta expresamente al Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo para efectuar operaciones tácticas necesarias para «prevenir, reprimir, neutralizar y combatir» los delitos arriba señalados, asegura Acceso a la Justicia.

La ONG destacó que el mencionado órgano administrativo está facultado para determinar el origen y la procedencia del capital emergente de las personas naturales y jurídica que estén vinculados con los delitos de corrupción, la delincuencia organizada, narcotráfico y terrorismo, así como para ejecutar órdenes de captura y aprehensiones y allanamientos a las personas.

Para Acceso a la Justicia la creación de este órgano agravará aún más la violación de los derechos humanos. de las personas en Venezuela.

Venezuela es el país de América Latina donde los policías matan más

@franzambranor

Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela realizado por el Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina arrojó que más de un cuarto de los homicidios ocurridos en 2017 en Venezuela se produjeron debido a la intervención de los agentes de seguridad del Estado.

La investigación elaborada por profesionales de la Universidad Central de Venezuela, el Laboratorio de Análisis de Violencia de Brasil, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica de México y la Fundación Ideas para la Paz de Colombia – entre quienes destacan el investigador Ignacio Cano y la experta en derecho, Catalina Pérez Correa González – evidenció que según cifras oficiales, en Venezuela durante 2017 fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado un promedio 14 personas diarias. 

Las cifras de 2017 indican que uno de cada cuatro homicidios ocurridos en Venezuela fue consecuencia de la intervención de funcionarios del gobierno.

En 2017 se produjeron 19.387 homicidios en Venezuela, de los cuales se informó oficialmente que 4.998 fueron ocasionados por la fuerza pública. Esto quiere decir que un 25,8% de los homicidios ocurridos fueron por intervención estatal. En 2010, el porcentaje era apenas de 4.

El porcentaje de 25,8 en 2017 es  superior al de Brasil de 7,3, a pesar de contar con una población casi siete veces menor. 

Con base a datos del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), se concluye que la tasa de civiles muertos por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado fue de 15,9 por cada 100.000 mil habitantes, la mayor de los cinco países evaluados: El Salvador (6,18), Brasil (2,3), Colombia (0,3) y México (0,3).

“Brasil, Venezuela, Colombia, El Salvador y México destacan por la militarización de sus policías, por una lógica bélica que impregna la seguridad ciudadana”, indicó Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales, profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela y coautor del Monitor del Uso de Fuerza Letal.

Pese a que en Latinoamérica existen gobiernos con ideologías distintas, la represión está unida por un mismo hilo conductor. “Vemos en todos discursos oficiales que promueven este tipo de prácticas como una solución, las justificaciones de las muertes posteriores y la impunidad total”, dijo Ávila.

En Venezuela, el aumento de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado se acelera a partir del año 2013 y presenta grandes saltos en 2015 y 2016, lo que coincide con la implementación de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), en julio de 2015. 

En 2010, la tasa por cada 100.000 habitantes de casos de personas fallecidas por intervención de la fuerza pública era de 2,3, y en 2016 llegó a 19, es decir un incremento de 726%. El 60% de estas muertes ha ocurrido durante los últimos dos años de acuerdo a datos del MRIJP.

Runrunes y Monitor de Víctimas: referencia

El estudio realizado por el Monitor de Uso de la Fuerza Letal se concentra en el año 2017. Se emplearon fuentes oficiales provenientes de la misma policía y en los casos donde no hubo acceso a la información se usaron reportes de prensa, que incluyeron a medios digitales como Runrun.es.

Además se usaron datos de la ONG Provea y de Monitor de Víctimas -una plataforma periodística de recolección de datos de homicidios en Caracas-, que aportó 165 casos, (41%) de los asesinatos que ocurrieron en el área metropolitana de Caracas en 2017.

En total la base de datos realizada con información de prensa sumó 1.516 víctimas, que representan 30,33% de la cifra oficial de muertes en manos de la fuerza pública durante 2017, la cual fue de 4.998. 

De éstos 1.516 fallecidos, 1.497 (99%) fueron por armas de fuego accionadas por agentes durante la prestación del servicio.

77,34% de las 1.516 muertos fueron identificados de la siguiente manera: con apellido y nombre (68,7%), sólo nombre (0,46%), sólo apellido (0,13%), sólo apodo (8,05%). 

El perfil de la víctima es el siguiente: El 99% fueron hombres de una edad promedio 25 años. El 65% de las víctimas tenían entre 18 y 27 años de edad, un 7,4% no había cumplido los 18 años.

Guardia Nacional Bolivariana (GNB), policías estatales, municipales y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aportaron aproximadamente la misma cantidad de víctimas (entre 18% y 20%).

65% de estos funcionarios no se encontraban en actos de servicio, 60% no estaba uniformado y 55% no estaba identificado como agente de seguridad del Estado. Apenas 12% de los casos sucedieron en el contexto de un enfrentamiento real. 

El CICPC no se encuentra entre los primeros lugares con mayor cantidad de funcionarios víctimas de homicidio (14%). 

En su último informe anual sobre el año 2017, Provea denunció un incremento de las violaciones al derecho a la vida de un 17,8%. Las violaciones del derecho a la integridad personal se incrementaron en un 411%.

“El año 2017 fue muy sui generis, el tema de las protestas hizo que la violencia institucional se trasladara de los barrios donde se hacen operativos policiales letales a control de manifestaciones, así como a detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, torturas y excesos policiales”, dijo Keymer Ávila.

La opacidad como norma

El Estado separa los homicidios de los casos tipificados como resistencia a la autoridad -que son aquellos cometidos por agentes de la fuerza pública- en sus registros. “Nosotros excluimos o separamos de los delitos de homicidio lo que llamamos la resistencia a la autoridad, porque la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en su clasificación internacional, excluye la muerte por intervención legal, que significa muerte de un delincuente por agentes de seguridad”, manifestó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol en una rueda de prensa ofrecida en diciembre de 2017.

Sin embargo, esto contradice los criterios que utiliza el propio MRIJP para recopilar sus datos de criminalidad, pues -aunque están separados- dentro de los nueve delitos que registra este despacho en sus estadísticas nacionales se incluye la resistencia a la autoridad. Es decir ellos mismos lo consideran un delito.

“Algo con que nos encontramos en esta investigación es la dificultad para conseguir información oficial y cuando la hallábamos no sabíamos si era fiable y de calidad”, dijo Keymer Ávila.

Más muertos que heridos 

Los indicadores intentan medir en qué grado se presentan patrones de uso excesivo de la fuerza letal.

Es posible que la fuerza letal haya sido elevada en respuesta a un ambiente violento.

Se espera un mayor número de víctimas fatales entre los que se enfrentan a los agentes de la ley por diversas razones: los policías suelen actuar en grupo, están entrenados y usan chaleco antibalas. 

Por otra parte, la existencia de armas de fuego entre los civiles es un factor para justificar el uso de la fuerza.

Entre los resultados de la investigación se tiene que por cada civil herido fallecen otros 16. A juicio de los investigadores esta cifra es preocupante porque aún en contextos bélicos lo que se espera es que el número de muertos no sobrepase al número de heridos.

“En los conflictos bélicos se espera que el número de heridos sea mayor al de fallecidos y por ende en situaciones de seguridad ciudadana no se debe esperar lo contrario. Paradójicamente encontramos en nuestros países que la cifra de muertos es superior al de heridos y esto es el principal indicativo de masacres”, dijo Ávila.

En 2017, el promedio de víctimas por intervención policial fue de 1,5 víctimas por caso.

Por otra parte, al analizar la relación entre muertos y heridos civiles con los ataques mortales que sufren los funcionarios, se constata una gran asimetría entre ambos: por cada funcionario fallecido pueden morir 26 civiles; por cada civil herido mueren 16 civiles y en contraste, por cada funcionario herido, fallecen tres funcionarios.

La investigación cierra con una serie de recomendaciones entre las que se encuentran: el cese de operativos policiales militarizados, suspender a cualquier funcionario sospechoso de participar en violaciones de derechos humanos, proteger a víctimas del uso de la fuerza letal, prohibir la práctica de detenciones arbitrarias y desmilitarizar la seguridad ciudadana.

“Si el Estado no condena este tipo de actuaciones las promueve. Peca por acción y omisión”. dijo Ávila.

La presentación del Monitor del Uso de la Fuerza Letal se llevó a cabo este jueves 29 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México.

“La idea es que esta sea la piedra fundacional de algo que debe crecer. Esperamos continuar con esta iniciativa que exista mayor apoyo institucional y que se sumen nuevos países”, dijo Ávila.

Según el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el derecho a la vida es inviolable y el Estado “está obligado a proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier forma”.

La mentira de la “mano dura”, por Roberto Patiño

EN DÍAS RECIENTES LA OPINIÓN PÚBLICA, fue sacudida por los hechos acontecidos en la comunidad de la Cota 905, en la que efectivos del CICPC mantuvieron, por casi dos horas, un enfrentamiento con bandas armadas, en medio de la zozobra de los habitantes de la zona. Las fuerzas policiales recibieron orden de retirarse y se vieron imposibilitados de imponerse sobre los criminales, demostrando encontrarse en condiciones de inferioridad material, con equipos y armamentos muy inferiores a los de su contraparte, y con graves carencias en los aspectos operativos y estratégicos.

Lo sucedido en la Cota 905 refleja la grave situación de inseguridad que padecemos. Un contexto extremo que se ha agravado con políticas tan fraudulentas y destructivas como  las de la “mano dura”, que ha incrementado exponencialmente las violaciones a los derechos humanos, y la de las Zonas de Paz, que ha significado la impunidad absoluta para diversos grupos armados criminales en el país.

Venezuela se encuentra entre los 10 países más peligrosos del mundo, una dura realidad que los venezolanos vivimos en carne propia a diario y que tiene consecuencias devastadoras en las victimas, familias y comunidades, así como en el conjunto de nuestra sociedad. En materia de seguridad, hemos venido arrastrando deficiencias crónicas en políticas públicas sobre esta materia, que se han agravado de manera profunda en los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 

No solo se han agudizado las acciones represivas, desatendiendo estrategias de prevención y de participación ciudadana a favor de la militarización del problema, ejerciendo acciones de guerra a través de cuerpos como las FAES y operaciones como las OLP. También se ha amparado la acción de grupos criminales en planes como las Zonas de Paz y desde el mismo Estado se ha propiciado la acción de grupos paramilitares, conocidos como colectivos. Las fallas del sistema penal y judicial se han intensificado, con niveles de impunidad que sobrepasan el 90%. 

El Estado se ha convertido en un factor principal de violencia: solo en el municipio Libertador más de un tercio de las muertes violentas entre jóvenes tienen como victimarios a efectivos de fuerzas de seguridad públicas. En el reciente informe de la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU, se señalaron las violaciones masivas a los derechos humanos ejercidas desde el Estado, en los que la violencia gubernamental se ha desbordado en la represión política, social y económica.

Lo sucedido en la Cota 905 ejemplifica, cabalmente, las graves consecuencias de los problemas que hemos señalado. Pero también ha vuelto a demostrar el engaño de los criterios de “mano dura”, alimentados desde el Estado. La implementación de acciones de las FAES y la OLP, no han afectado las capacidades de las bandas armadas, colectivos, Pranes y otras formas locales de crimen organizado, no han restado su presencia en las comunidades del país. De igual forma, se han probado como igualmente falsas o terriblemente ineficientes, los supuestos cambios y mejoras que el gobierno ha proclamado hacer en fuerzas de seguridad como la Policía Nacional, que sigue manteniendo deficiencias profundas en la capacitación de efectivos, disponibilidad de recursos materiales y la generación de estrategias reales y efectivas. 

La realidad es que las políticas de “mano dura”, implementadas por el régimen, no solo han sido inefectivas, sino que además han intensificados las condiciones de extrema violencia que padecemos. Sus consecuencias directas han sido la estigmatización de comunidades enteras, la criminalización de las víctimas, la enorme orfandad institucional de los ciudadanos, el empoderamiento de bandas armadas y grupos organizados criminales, así como el agravamiento de la fragmentación y desigualdad social que sufre el país.

Desde el Movimiento Caracas Mi Convive, hemos desarrollado la construcción de una nueva convivencia en el que el problema de la inseguridad y la violencia ha sido uno de nuestros principales focos de trabajo. Allí, un factor determinante es la participación activa de las comunidades que, sobre todo en los aspectos preventivos, tiene un papel fundamental, al igual que la atención y apoyo a las víctimas.

Pero la participación ciudadana debe darse en un contexto de apoyo, y no hostigamiento, del Estado. Debemos generar estrategias completas y sostenibles en el tiempo, así como mejorar radicalmente las condiciones las fuerzas de seguridad. En este sentido hemos desarrollado una propuesta para un Plan de Seguridad Ciudadana, así como contribuido en el Plan País en lo relativo a esta materia.

 Reducir los índices de violencia y criminalidad es una de las exigencias vitales que tenemos como sociedad. No es posible desarrollarnos y crecer en un marco de colapso de servicios de seguridad y fractura de la convivencia. Un primer paso debe ser la valorización de la participación ciudadana, así como la desmitificación de ideas preconcebidas y falsas como la de la “mano dura”.

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 19.07.2019: ALTO: Viva el periodismo libre
ALTO
VIVA EL PERIODISMO LIBRE: 

 

Ha sido una gran semana para el periodismo venezolano en el mundo entero. Nuestros amigos de Armando Info recibieron una mención honorífica en los premios Maria Moors Cabot junto a la premiación del periodista venezolano Boris Muñoz por su trabajo como editor de opinión en The New York Times en español, mientras que la red global de periodismo de investigación (GIJN) seleccionó nuestro trabajo, del equipo de www.runrun.es : “OLP: la máscara del terror oficial” sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela como uno de los 12 trabajos finalistas. A pesar de las trabas y persecuciones para censurarnos a todos los medios incómodos para la autocracia de Maduro&Cia., la información fluye al mundo. Enhorabuena pues…

 

 EL JEFE DE BACHELET: 

Es el portugués Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas. En visita de hace un par de días a Mozambique fue entrevistado por un corresponsal de la TVPortuguesa y en sus palabras respaldó totalmente el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. No hubo ni un punto que reprocharle al enjundioso trabajo de investigación que los funcionarios de la ONU en el área de los derechos humanos levantaron en Venezuela…y siguen recopilando información fresca y vigente que engrosará las páginas del informe veraz y oportuno…

 

EL SILENCIO DE EVO:

Los presidentes de Argentina, Brasil,Paraguay y Uruguay como Estados Partes del Mercosur con la adhesión de Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Suriname en ocasión de la LIV Cumbre de Presidentes de Mercosur” emitieron una declaración ayer 17 de julio en la que implícitamente respaldan el Informe Bachelet al citarlo como prueba de la crisis humanitaria venezolana y pedir el restablecimiento pleno de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, incluyendo la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes en el menor tiempo posible. La sorpresa para todos fue que ni en la discusión del papel de trabajo ni ante la declaración del grupo el presidente de Bolivia, Evo Morales -siempre alineado con Chávez y Maduro-, se quedó callado y no dijo ni pío. Indicativo de que las barbas del dictador venezolano podrían estar en remojo. El comentario mas circulado en la reunión en Santa Fé, Argentina, es que Maduro ya habría aceptado a regañadientes la realidad de su futuro a pesar de los obstáculos mas duros, como son -además de la elección presidencial sin él en Miraflores- el levantamiento de sanciones personales a algunos capitostes de la cúpula roja y el descongelamiento secreto, para ese grupo, de algunas cuentas en bancos europeos y asiáticos para salir del poder. Los ojos de algunos investigadores globales siguen puestos en bancos y empresas de Turquía, Grecia, Nicaragua, Rusia, China, Dubai, Qatar, India, Bielorrusia, Suráfrica, Bolivia, Congo y Emiratos. Esta semana incorporaron a Nepal tras la visita del hijo de Maduro, miembro de la ANC. Por cierto que en todos los planteamientos de países amigos para la transición están la eliminación de la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente y la reincorporación de los diputados oficialistas electos en diciembre de 2015 y los diputados demócratas sancionados, presos, asilados o exilados a la legítima Asamblea Nacional.