olhp

Según testimonios, en la última Operación de Liberación Humanitaria del Pueblo (OLHP) realizada en la parroquia El Valle a principios de marzo, los policías estaban máscaras de calaveras y gritan “enfrentamiento” sin siquiera haber visto al joven manipular un arma.

Los medios de comunicación y las redes sociales hicieron su parte en la difusión de esos sucesos y por más de 8 horas se vieron las fotografías de los funcionarios enmascarados y fuertemente armados que llevaban varios detenidos.

El artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía señala la obligación que tienen los cuerpos de seguridad de estar identificados en el ejercicio de sus funciones, esto está también desarrollado en la Resolución de nombre “Normas Relativas a la Dotación y Equipamiento Básico y Especializado de los Cuerpos de Policía en sus Diversos Ámbitos Políticos Territoriales” en su artículo 7 que detalla cómo debe ser el uniforme, destacando en ambas normas que los funcionarios deben estar plenamente identificados.

En este sentido, Amnistía Internacional realizó un análisis de esta práctica y ha tomado la palabra en nombre de su activismo mundial y ha manifestado que «Venezuela tiene la segunda tasa de homicidios en el ámbito mundial, pero las medidas que se están tomando para combatir el crimen han abierto una brecha en cuanto a las obligaciones que tiene el país en sus compromisos con los derechos humanos y su respeto.»

Consecuencias del terror

En el análisis, la organización asegura que las máscaras según declaraciones de algunos funcionarios son utilizadas para proteger al efectivo de seguridad de los delincuentes quienes podrían continuar engrosando la larga lista de víctimas de la violencia, pero para los expertos en temas de derechos humanos llegar a una comunidad usando este tipo de implementos en operativos policiales además de causar terror podrían garantizar impunidad a quienes actúen deliberadamente.

En cuanto a los efectos psicológicos que pudo causar el uso de estás raras máscaras, la psicóloga de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Diana González, refirió que el impacto generado en la colectividad ante lo ocurrido fue el claro mensaje que emitieron estos funcionarios.

“El uso de las máscaras por la Dirección de Contra Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas, en las OLP en su nueva fase humanista dejó un claro mensaje, ya que evidentemente frente a esa imagen que fue difundida en medios de comunicación y redes sociales de alguna manera desde el punto de vista psicológico se podría decir que se vio una imagen un tanto burlesca sobre la actuación en sí de la policía y de los funcionarios militares que participaron en estos operativos y no solo el  tono de burla es frente a lo que puede ser la violencia o el modo de proceder y las consecuencias que eso puede generar en las personas que fueron detenidas, a las que les allanaron sus casas o lamentablemente a los familiares de quienes fueron asesinados, sino que en línea general este tipo de procedimiento combina angustia, amenaza latente y mucho terror”.

Para la experta en el tema de abuso policial y militar la estrategia de las máscaras fue generar psicoterror, “el psicoterror tiene que ver con eso, con el uso de simbología, el uso de ciertos tipos de lenguaje que quieran dejar un mensaje en la población o en el grupo al que se pretende atacar. Allí el mensaje no solo es para las bandas delictivas, que se supone que en estos operativos se quieren combatir, sino a la comunidad entera quienes pueden de alguna una forma sentir que existe la participación de los propios vecinos, de la gente en el barrio que finalmente se puede convertir en los llamados “sapos” o en los informantes tanto para las bandas delictivas como para el propio Estado, en este caso para los aparatos de los cuerpos de seguridad a quienes no solo se les puede aportar información sino también al momento que tengan que estar en la calle, de hacer presencia en estos espacio de la comunidad”.

Diana González afirma que para la psicología la presencia de esta simbología lo que quiere es dar es un meta mensaje que no es otro que el de la muerte, para que así la gente asocie de alguna manera la presencia de la fuerza de seguridad con una actuación violenta que puede ocasionar muerte y consecuencias, “este tipo de mensaje lo que va creando finalmente es una conducta o actitud sumisa o pasiva, porque las personas cuando vean en su barrio la presencia de estos sujetos fuertemente armados, vestidos de una determinada manera, ocultando su identidad con el uso de estas mascaras lo que te dice la lógica es que debes quedarte en la sumisión, pasividad y obediencia frente a lo que imponga el grupo de la fuerza de seguridad”.

Finalmente, la psicóloga indicó que todos estos hechos que involucró a funcionarios enmascarados lo que lleva a pensar es que la gente no entiende o entenderá la posibilidad de que la policía sea una policía de proximidad, cercana a la comunidad con una actuación preventiva sino que finalmente se va afianzando el terror en las comunidades populares, en el barrio, en los sectores donde vive gente en situación de exclusión y de mayor vulnerabilidad.

“Se impone la lógica del policía es el enemigo, porque el policía ve a la comunidad como el enemigo y las comunidades populares son atacadas de esta manera porque es allí donde está el delincuente, donde está el narcotráfico, las mafias, donde está incluso la delincuencia organizada y entonces la forma de entender de la propia comunidad es que en esa lógica de guerra quien impone el poder frente a eso debe adoptar una posición de sumisión, de dejar ser dominado y controlado”.

Cultura del miedo como política de seguridad

Amnistía Internacional detalla que en un estudio de la organización Grupo Acción Comunitaria de Chile que tiene por nombre Psicología de la amenaza política y el miedo realizado en el contexto de la dictadura de Chile en el mandato de Augusto Pinochet arrojó en las investigaciones que la existencia de una amenaza política permanente produjo una respuesta de miedo crónico. El concepto de miedo crónico constituye en sí una contradicción ya que el miedo como la angustia son respuestas específicas ante una amenaza interna o externa percibida por el sujeto, el miedo crónico deja de ser una reacción específica a situaciones concretas y se transforma prácticamente en un estado permanente en la vida cotidiana, no solo de los afectados directamente por la represión, si no de cualquiera que pueda percibirse amenazado.

En la investigación desarrollan lo que es el miedo crónico como emoción y que en los casos frecuentes esa emoción sólo te alerta frente a determinada situaciones o situaciones concretas, pero cuando hay actuaciones dirigidas a causar impacto colectivo el miedo crónico se convierte en una forma y en una reacción permanente frente a cualquier tipo de situación de la vida cotidiana, suceda o no, simplemente si el grupo que recibe ese mensaje lo considera como una amenaza.

Existen alternativas verdaderamente eficaces

La organización termina el análisis explicando que las llamadas OLP han sido denunciadas por organizaciones civiles y casos individuales de la comisión de detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, así como las desapariciones forzadas y ejecuciones cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, todos estos son crímenes de derecho internacional y violaciones graves a los derechos humanos. Amnistía Internacional considera que la aplicación de las OLP debe cesar de inmediato y que deben ser desarrollados planes de seguridad ciudadana integrales, respetuosos de los derechos humanos, con una amplia y plural participación de la sociedad civil, así como con el asesoramiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

*Con información de Amnistía Internacional

Las operaciones de Liberación del Pueblo de antes y de ahora tienen un factor en común: una letalidad que incide sobre las cifras generales de desempeño de los cuerpos de seguridad

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

Este artículo se gestó hace dos semanas, cuando unos agentes enmascarados de Contrainteligencia Militar y de la Policía Nacional Bolivariana terminaban de peinar la calle 17 de El Valle y sus alrededores, en el curso de una operación de Liberación Humanista del Pueblo (Olhp).

La pregunta inicial era si la acción de los cuerpos de seguridad era más o menos letal desde que comenzaron estas operaciones. La respuesta parecía obvia. En el caso de El Valle, por ejemplo, se exhibió como un logro que hayan ultimado a nueve supuestos delincuentes. Pero si analizamos la historia reciente encontraremos despliegues policiales que arrojaron múltiples muertes sin que tuvieran en su frente la marca OLP.

Estas operaciones fueron vistas por primera vez en julio de 2015, cuando se llevó a cabo una acción combinada y envolvente en la Cota 905. Desde entonces se llamaron simplemente OLP, hasta que el presidente Maduro anunció, el 17 de enero de este año, que a partir de ese momento tendrían un carácter “humanista”.

Lo primero que habría que determinar es si los agentes policiales eran más o menos letales en su accionar antes de que comenzaran estas redadas. Para llegar a una respuesta se tuvo acceso de manera extraoficial a una interesante data, cuyos resultados quedan resumidos en el siguiente gráfico:

Aquí se muestran las cifras correspondientes a los enfrentamientos entre policías y supuestos delincuentes (línea azul), los muertos que arrojaron estos casos (línea naranja) y los porcentajes de casos con muertes en cada mes de 2015 (línea gris). En un recuadro aparece destacado el inicio de las OLP. Asi se puede visualizar el antes y el después.

Antes de las OLP ya existía una tendencia leve pero sostenida al aumento de las muertes por “resistencia a la autoridad”. Pero con el inicio de estas operaciones las cifras netas de muertes se elevaron. A partir de octubre de 2015 las acciones se hicieron más selectivas. De hecho, en diciembre de 2015 la proporción llegó a ser casi de un muerto por cada expediente de resistencia a la autoridad.

En 2016 esta tendencia en cuanto a la letalidad de la acción policial se mantuvo, a juzgar por los datos divulgados por el Observatorio Venezolano de la Violencia en su último informe annual (5.281 fallecidos en casos de “resistencia a la autoridad”)..

En febrero el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz distribuyó un instructivo para el diseño y planificación de las Olhp. El documento indica que estas acciones deben contar con la aprobación previa del vicepresidente Tareck El Aissami y del titular del MRI, Néstor Reverol. Se debe delinear un proceso en cinco fases. La primera, denominada “preparación”, comporta un arqueo de las fuerzas con las que se contará para ejecutar la redada, los medios de que dispondrán y una identificación clara de las bandas que operan en el sector a ser impactado. Esto implica colocar allí tanto los nombres de las organizaciones, su ámbito de acción y principales delitos, así como las identidades de sus líderes y lugartenientes.

Las fases II y III se llaman “ejecución” y “búsqueda”. Los participantes reúnen los recursos que ya habían inventariado y constituyen bloques por cada una de las fuerzas que actuarán en sectores delimitados mediante un mapeo satelital. En esta etapa se reúnen las órdenes de captura correspondientes a cada uno de los objetivos. En el documento que se entrega a Reverol y El Aissami debe haber una tabla con el resumen de estos documentos expedidos por los correspondientes juzgados.

La fase IV comienza el día posterior a la redada. Los cuerpos de seguridad preventivos son asignados para patrullar en los respectivos cuadrantes. Esta actividad debe ser permanente, en especial en las áreas consideradas “críticas”.

La fase V es la que incorpora el aspecto “humanista” de la operación. Aquí el Gobierno se plantea cuestiones como el rescate de la convivencia y de la infraestructura de la zona donde se llevó a cabo la redada, la distribución de alimentos, etc..

El problema para llegar a este punto es que los pobladores quedan con una impresión negativa de la acción del Estado y rechazan cualquier continuación. Así ocurrió en El Valle, donde la Olhp no ha llegado a feliz término. Por lo tanto, su ejecución aún queda restringida a lo que era el formato anterior: los policías que “limpian” la zona, matan y luego se van.

Breves

*En marzo hemos comenzado a ver lo que aparentemente son “filtraciones” de estadísticas oficiales sobre criminalidad. Las tablas van con el sello del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El general Reverol de vez en cuanto las ha mostrado, y también los directores de Seguridad de algunos estados y jefes de zonas militares. De repente, pareciera que hubo una apertura de las cifras sobre seguridad ciudadana, como no existía desde 2005, cuando el Ejecutivo clausuró la oficina de prensa de la policía judicial.. Pero esto hay que tomarlo con cuidado. No se trata de súbitos arrestos de transparencia. En primer término, no se toma en cuenta toda la criminalidad, ni siquiera la que puede entrar en la categoría de violenta. Un delito que fue eliminado de la lista oficial es la extorsión, que cunde por doquier, especialmente en los estados centrales del país. Además, la delincuencia es medida ahora  mediante un peculiar sistema de puntos, según el cual lo más importante es la sumatoria de todos los casos. Por lo tanto, este método tiende naturalmente a colocar en los primeros lugares a las regiones del país donde los ciudadanos denuncian los delitos con más frecuencia. Es decir, Miranda y el municipio Libertador. Pero el sistema de medición internacional no es así, sino que toma en cuenta la proporción de casos por conglomerados de población (generalmente 100.000 personas) en un municipio, estado o país. Cuando se calculan las tasas, el panorama cambia. En el caso de los homicidios, además, no se pueden desagregar las muertes por “resistencia a la autoridad”. Cuando se toma en cuenta todos estos factores, el panorama cambia. Ciertamente, Miranda figura con la tasa de homicidios más elevada del país, 254, pero Aragua surge como el segundo estado más violento, con 241; Libertador queda con 197 y Bolívar con 191, con tendencia a subir.

*En cuanto al estado Aragua, la situación de criminalidad tiende a agravarse. Hay claros visos del fortalecimiento de la principal banda de esa región, el llamado Tren de Aragua, cuyas operaciones han sido reportadas incluso en el estado Zulia. La máxima jerarquía de esta organización está en el centro penitenciario conocido como Tocorón. En 2016, como se pudo ver, Aragua fue uno de los estados más violentos del país, lo que también trajo como consecuencia un alta cifra de policías ultimados. Esta tendencia se mantiene en 2017. El último caso conocido ocurrió el lunes 20 de marzo a las 6 am, cuando individuos armados con fusiles AK103 acribillaron al oficial agregado de Inteligencia de la policía regional David Aguirre. En ese momento el funcionario se disponía a llevar a su hijo a la escuela en Maracay. El menor recibió tres tiros de fusil, y al momento de la redacción de esta nota aún estaba con vida. En los días previos, un panfleto atribuido a la megabanda aragueña corrió por el sector San Vicente, con amenazas claras tanto para los uniformados como para sus familiares. La orden impartida por los criminales fue abandonar el sector. En el cuerpo de seguridad temen una crisis similar a la planteada meses atrás, cuando varias familias de agentes debieron salir de ese mismo lugar y se refugiaron en la comandancia general mientras ubicaban una vivienda.

*La policía judicial inció una averiguación en torno a la autenticidad de las documentaciones del ex alcalde de la municipalidad colombiana de Sardinata (Norte de Santander) José Luis Durán Herrera, y quien fue el Tesorero durante esa misma gestión (2004-2007) Rubén Elías Mrad Uribe, quien fue apresado por los agentes de Cicpc en el sector La Romera de San Cristóbal, en febrero de este año. Durán y Mrad figuran como solicitados mediante una notificación roja de Interpol, pues fueron condenados a nueve años de prisión en 2011 por peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos y “falsedad ideológica”. La justicia colombiana concluyó que Durán y Mrad se confabularon mientras estaban en la administración municipal para apropiarse de más de 33 millones de pesos durante la adquisición de materiales para la construcción y mantenimiento de baños. Luego de la detención de Mrad, los agentes indagaron en la oficina del Saime y determinaron que ambos solicitados obtuvieron sus cédulas de identidad en forma totalmente legal en marzo de 2007, cuando finalizaba la gestión en la alcaldía colombiana. Este caso hace recordar el del traficante de drogas del cartel del Norte del Valle Farid Feris Domínguez, alias el Médico, capturado en La Lagunita y deportado a Colombia en 2006. En una entrevista con El Nuevo Herald, Feris dijo que su cédula y pasaporte venezolanos fueron emitidos a través de los mecanismos convencionales, previo pago al director de la oficina nacional de identificación para la época. Al parecer, estas redes aún operan al interior del Saime.

*La corrupción se ha convertido en un problema que impacta negativamente a la institucionalidad y la economía venezolanas. Un país con abundantes recursos naturales y una extraordinaria ubicación geográfica ve mermadas las inversiones de dinero fresco extranjero porque simplemente la corrupción se hizo sistémica. Esto transforma a Venezuela en un lugar de altísimo riesgo, según los estándares internacionales.. No existe contrato de obras de magnitud que no incorpore a sus costos cantidades solapadas para el pago de sobornos o coimas. Así lo confirman los expedientes Banca Privada de Andorra I y II, Roberto Rincón y, últimamente, Odebrecht. Sobre el caso de la corporación brasileña aún queda mucho por escribir. Se sabe, sin embargo, que Venezuela fue el segundo territorio en magnitud de pagos ilegales, con más de 98 millones de dólares. Por otra parte, las transnacionales que aún operan aquí son presionadas para que violenten sus normas internas sobre debido cumplimiento (compliance) y paguen comisiones a funcionarios gubernamentales, pues de lo contrario no les cancelarán lo que se les adeuda, ni siquiera con bonos-basura. Y así como hay lo grande, también lo pequeño: se le exige al constructor o suplidor de materiales que “contribuya” con las movilizaciones partidistas o que simplemente reparta las ganancias por sobreprecios con el jefe del despacho oficial que lo contrata. En una situación como esta es vital para los grupos de delito organizado contar con una justicia tarifada, que garantice la impunidad. Por eso no extraña la afirmación hecha en el último informe del Departamento de Estado, a principios de mes, sobre la imposibilidad de procesar en Venezuela a narcos de importancia debido a la “corrupción política”.

Alex Vegas, padre de un adolescente (16) asesinado en la OLHP realizada en Los Jardines del Valle el 10 de marzo de 2017, contó su testimonio frente a los diputados Delsa Solórzano y Luis Stefanelli

El miércoles 22 de marzo de 2017, los miembros de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional sesionaron frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela (PNUD), en el municipio Chacao del estado Miranda, con el objetivo de conocer el testimonio de víctimas de la Operación Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) y de otros casos en los que se presume la violación de derechos humanos.

Los diputados que integran la Comisión, sentados en primera fila, escucharon en primer lugar a Alex Vegas, padre de un adolescente de 16 años que fue asesinado en la OLHP realizada por la Policía Nacional Bolivariana en los Jardines del Valle, municipio Libertador del Distrito Capital, el 10 de marzo de 2017.

«Mi hijo murió por un disparo en el pecho; no hubo ningún enfrentamiento. Los funcionarios de la PNB entraron en nuestra casa sin orden de allanamiento y estuvieron allí unos 40 minutos. Cuando les pregunté por qué estaban allí dijeron que cumplían órdenes, que era una orden de la Presidencia», narró Vegas entre lágrimas mientras sostenía una fotografía de su hijo.

#EnVivo Com. Pol. Int. de la AN sesiona hoy extramuros y escucha el testimonio del Sr. Vega, cuyo hijo (16) fue asesinado en la OLP del 10/3 pic.twitter.com/dg3IVjeqrz

— Gitanjali Wolfermann (@GITIW) March 22, 2017

Siguió el testimonio de la familia Álvarez, a la que funcionarios de la Policía Nacional asesinaron dos miembros, una señora de 31 años y a su hija de 5 años, en una OLP realizada en el municipio Sucre del estado Miranda, el 18 de noviembre de 2016.

#EnVivo Sesión Com. Pol. Int. AN escucha testimonio de la Sra. Álvarez cuya hermana (31) y sobrina (5) fueron asesinadas en OLP del 18/11/16 pic.twitter.com/PLRU2kKTOz — Gitanjali Wolfermann (@GITIW) March 22, 2017

La Comisión también escuchó a familiares de los 14 policías de Chacao que están detenidos en el Sebin desde el 8 de agosto de 2016, pese a tener boletas de excarcelación. 

El diputado Wiston Flores explicó que esta sesión se hizo con varios propósitos, entre ellos, crear el informe procesal para llevar las denuncias al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, para que cuando se restablezca el estado de derecho los funcionarios puedan ser procesados; además, para llevar las denuncias ante los organismos de derechos humanos a nivel internacional, por ejemplo, la OEA. De hecho, apuntó que estas denuncias ya están en el informe que presentó el secretario general de la organización, Luis Almagro, esta semana.    

#EnVivo El Dip. @wfloresVente explica el objeto de la sesión extramuros de la Com. Pol. Int. de la AN del 22/03/17 #DDHH #OLP pic.twitter.com/13XHzKMEQG

— Gitanjali Wolfermann (@GITIW) March 22, 2017

«Es muy importante que los venezolanos sepan que la Asamblea Nacional sigue trabajando, no nos paramos ante nada y estos informes van a llegar a todos las instancias del mundo», agregó Flores.

Se trata de la segunda sesión «de calle» que realiza esta Comisión. Solórzano informó que pretenden llevar a cabo sesiones extramuros, al menos, cada 15 días.

La Operación de Liberación del Pueblo (OLP) que ahora pasó a llamarse Operación de Liberación Humanista al Pueblo (OLHP) dejó en su historial a 21 menores de edad asesinados, durante el 2016.

El informe Somos Noticia de Cecodap, organización que vela por los derechos de los niños y adolescentes, reveló que el año pasado se registraron 31 casos de niños y adolescentes víctimas en estos operativos, de los cuales 21 perdieron la vida.

En 2015, año en que el ministro de Interior, Justicia y Paz de ese entonces, Gustavo González López, estrenó estos operativos —en julio— 15 fueron los fallecidos.

Sigue leyendo esta nota de Yohana Marra en Crónica Uno

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, consideró que la actuación de la Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP), se encuentra relativamente apegada a derecho, ya que a su juicio, de no ser así, no existiesen denuncias con respecto a la actuación del cuerpo policial.

En este sentido, manifestó que prefiere las actuaciones selectivas producto de una investigación de inteligencia que las redadas, que pueden llevar a detener a centenares de personas. “Cuando se evalúa el trabajo, solo uno era el que estaba siendo buscado”, opinó al respecto.

Durante entrevista a Globovisión, el defensor sostuvo que los órganos de justicia tendrán la obligación de atender la denuncia de aquellas personas que consideren se ha violado los derechos humanos de los detenidos, tramitarla y, de haber responsabilidad, sancionar a ese funcionario. “Estamos trabajando muy duro para la capacitación de funcionarios policiales que actúan en el terreno de talleres y cursos en derechos humanos”, agregó.

Familiares y vecinos de la Cota 905 y El Valle formularon denuncias sobre los Operativos de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) realizados el jueves y viernes pasado.

Desde la morgue de Bello Monte, Moraima Mendoza calificó de injusta la actuación de las fuerzas de seguridad. «Es una injusticia por parte de los efectivos porque están matando a personas inocentes sin pruebas fehacientes».

«En las casas se meten con les da la gana, sin orden judicial, arremeten contra los familiares., los niños lloran ¿Por qué?»

Por su parte, Daniela Zerpa, narró que los efectivos llegaron a su casa tumbando la puerta. «Hacen lo que les da la gana. El trabajaba, era barbero, nunca cayó preso, nunca tuvo vicios de drogas».

Extraoficialmente se pudo conocer que a la morgue ingresaron 19 cadáveres desde el viernes a la madrugada del sábado, conteo que se realiza solo en la Gran Caracas.

El diputado a la Asamblea Nacional por el GPP, Ricardo Sánchez, justificó este sábado que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) usaran máscaras de calavera en la Operación de Liberación del Pueblo realizada este viernes en Los Jardines de El Valle.

En las redes sociales se difundieron fotografías de los efectivos con la cara cubierta por lo que parecía “un disfraz” de Halloween.

“Ahora problema no es la careta táctica sino iconografía y simbología de la misma. Próxima OLHP pediremos que usen de los Ositos Cariñosos”, escribió Sánchez en su cuenta de Twitter.

El dirigente oficialista sostiene que el uso de caretas tácticas, máscaras y pasamontañas se corresponde con estándares internacionales para proteger la identidad de los funcionarios.

“El uso de máscaras tácticas por Fuerzas Especiales tiene un objetivo disuasivo en el despliegue territorial frente a la criminalidad. Las mejores unidades tácticas del mundo en ejercicio de operaciones especiales usan caretas, máscaras y pasamontañas”, indicó.

Publicó fotos de operativos en otros países del mundo y puso como ejemplo a Irlanda, Rusia, Estados Unidos, Noruega, Peru, Canadá, Irak, Taiwán, Dinamarca y Francia.

Sánchez aseguró que la OLHP en El Valle “se correspondió con Protocolos Internacionales de Respeto a DD HH y enmarcadas en Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza”.

Alrededor de nueve hombres murieron y aproximadamente 50 fueron detenidos durante la OLP en El Valle, que duró aproximadamente 8 horas.

Ahora problema no es la careta táctica sino iconografía y simbología de la misma. Próxima OLHP pediremos que usen de los Ositos Cariñosos

— RICARDO SANCHEZ (@RicardoSanchezX) 11 de marzo de 2017

Para algunos «periodistas» está bien que se usen «caretas» para quemar Simoncitos y poner guayas asesinas pero no para combatir criminales

— RICARDO SANCHEZ (@RicardoSanchezX) 11 de marzo de 2017

Algunos ejemplos uso de máscaras tácticas en otros países:
Irlanda, Rusia, EEUU, Noruega, Peru, Canadá, Irak, Taiwán, Dinamarca y Francia pic.twitter.com/yvWfe5IgKD

— RICARDO SANCHEZ (@RicardoSanchezX) 11 de marzo de 2017

Imaginamos que así si pasamos la rigurosa prueba del nuevo «periodismo» de investigación venezolano! pic.twitter.com/CFGBjJDNKz

— RICARDO SANCHEZ (@RicardoSanchezX) 11 de marzo de 2017

La reformulación de la OLP, solo llegó al nombre. Se rebautizó de manera absurda y engañosa como “Operación de Liberación Humanista del Pueblo”, y se ha seguido implementado bajo continuas denuncias de violaciones a los derechos humanos, ejecuciones sumarias y hostigamiento a la población civil.

Con las OLP, el gobierno dictatorial busca afianzar la cultura de la violencia que tanto daño nos ha hecho a los venezolanos, enmarcándola en la lucha contra la inseguridad y la criminalidad. Problemas que ha desconocido, (negando sistemáticamente su dimensión, no priorizándolo en la agenda gubernamental), o condonado (justificando “socialmente” al crimen en un discurso supuestamente revolucionario, estimulándolo con políticas tan nefastas como las “zonas de paz”).

Las OLP se dan además en medio de una profunda crisis de credibilidad y confianza en las instituciones del Estado y sus representantes. Apoyadas en un militarismo exacerbado, niegan otros aspectos fundamentales de la situación como la necesaria reestructuración de los cuerpos policiales (atendiendo deficiencias materiales como cantidad de funcionarios o equipamiento, por ejemplo), fallas del sistema judicial y penal (desbordados, muy corrompidos, con un 98% de impunidad) y las carencias crónicas que el Estado ha tenido en el diseño de planes para el control de la criminalidad.

El régimen madurista se ha caracterizado por un recrudecimiento de la represión, la institucionalización de la violencia, y una militarización forzada en todos los ámbitos de la vida nacional. También, por la manipulación de los graves problemas nacionales y las carencias de la población para establecer formas de control, servilismo y sometimiento. Planes como los CLAPS o la tarjeta Alimentación Hogares Patria, que se aprovechan de la brutal crisis alimentaria que atravesamos, son un ejemplo de esto.

La implementación de las OLP refuerza discursos tan destructivos y falsos como el de que “solo la violencia enfrenta la violencia”, valiéndose de los sentimientos de retaliación que muchos sienten frente a los abismales índices de homicidios o el desprecio a conceptos como la reinserción y la rehabilitación frente a los resultados de instituciones corrompidas o ineficaces.

Como muchos venezolanos he sido víctima de la violencia criminal. Esa ha sido una de las razones que me llevaron a estudiar políticas públicas de seguridad y a crear, hace 5 años, el movimiento Caracas Mi Convive para transformar la cultura de la violencia en convivencia para la ciudad. Nuestra experiencia con personas y comunidades nos da una visión del problema en su enorme proporción y matices.

El pasado domingo 22 de enero, por ejemplo, estuvimos en la cota 905, horas antes de que se produjeran las primeras acciones de la reformulada OLP. Escuchamos el testimonio de una las madres que nos relató como las OLP llegaron a su casa y ajusticiaron a su hijo, un muchacho sin ningún antecedente delictivo. Las denuncias de este hecho no han recibido respuesta y la facilitadora ha sido hostigada por efectivos policiales. Su nieto, de 4 años, le dice que no quiere crecer, para que la OLP no lo mate como a su papá.

La respuesta a la violencia criminal pasa necesariamente por la creación de planes de prevención en los que las comunidades y sociedad tengan un papel activo y participante. También por la reestructuración y equipamiento de fuerzas policiales y la exigencia de un compromiso político de gobierno y Estado, no solo en la aplicación de la justicia y la lucha contra la impunidad, sino en el fortalecimiento de la convivencia.

Ejemplos de esto lo hemos visto en ciudades como Medellín, donde se han producido transformaciones y recuperado espacios para la vida social desde situaciones de crimen y narcoviolencia aún peores a las que actualmente tenemos en nuestro país.

Lo contrario es lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro, que aprovecha la angustia, el dolor y el miedo que causa la criminalidad en los venezolanos, utilizándolas para fortalecer falsas premisas como la efectividad de la mano dura o la intervención militar y exacerbar prejuicios latentes, minando la convivencia al estigmatizar sectores sociales y criminalizar a las víctimas. Una visión simplista y manipuladora que en países como Guatemala y el Salvador ha producido décadas de sangre y padecimientos.

Los excesos y transgresiones de la OLP deben ser detenidos, y las formas de combatir el crimen en nuestro país deben transformarse con decisión y sin hipocresías. Los cambios de nombre son solo medidas irresponsables que parecen burlarse de los venezolanos cuya humanidad continúa viviendo la tragedia diaria de ser atacada y mermada por la violencia.

@RobertoPatino

Coordinador de Movimiento Mi Convive
Miembro de Primero Justicia