Azócar y Romero llevan 8 meses privados de libertad por participar en una protesta laboral en la Planta de Pellas de Sidor
Texto: Francesca Díaz | Fotografía: William Urdaneta | Correo del Caroní
Familiares de los trabajadores sidoristas Leonardo Azócar y Daniel Romero protestaron junto al personal de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) este 22 de febrero para exigir la liberación de los dirigentes, quienes fueron detenidos arbitrariamente el pasado 10 de junio de 2023.
Azócar y Romero llevan 8 meses privados de libertad por participar en una manifestación laboral en la Planta de Pellas de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco. Tras su desaparición forzosa durante unos días, fueron trasladados a la ciudad de Caracas, donde se estaba llevando a cabo un proceso judicial.
Familiares afirman que fueron trasladados al Internado Judicial de El Rodeo I, en el estado Miranda, el 19 de febrero.
Ese mismo día, la ONG Foro Penal denunció que al menos 30 presos políticos estaban siendo trasladados desde la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en la Gran Caracas, hasta El Rodeo I sin informales a los familiares ni a los abogados de las víctimas el motivo del traslado.
#Laboral| José Ángel Azócar, hermano de Leonardo Azócar, afirma que fueron informados del traslado del dirigente a la cárcel de Rodeo I este lunes. Sin embargo, no hay boleta de traslado por lo que desconocen su sitio de reclusión. pic.twitter.com/mbLTW5ev8r
«El día lunes se entrega la boletería para los que están privados de libertad. Su esposa fue el día lunes y le dicen que no pueden recibir eso porque ellos fueron trasladados hacia El Rodeo I, supuestamente. Las causas de ellos están en los tribunales de Puerto Ordaz y no hay boleta que justifique el traslado de ellos. Hasta ahora no sabemos realmente si se hizo ese traslado o están en la Dgcim». dijo José Ángel Azócar, hermano de Leonardo Azócar.
«Exigimos la liberación inmediata sin necesidad de juicio. Si van a juicio, lo más probable es que el resultado sea el mismo que en la presentación. Si hubiera justicia, en la presentación se hubieran ido libres», agregó.
Persecución sindical
Azócar y Romero fueron procesados por los delitos de boicot, asociación para delinquir, entre otros cargos asociados a la presunta paralización de la fábrica. En el marco de este caso, más de 10 trabajadores recibieron medidas cautelares de despido por su respaldo a las actividades de protesta.
«Hoy el gobernador del estado Bolívar se llama Ángel Marcano. El presidente de CVG Alcasa (Aluminio del Caroní) se llama Arquímedes Hidalgo. El presidente de la Central de Trabajadores se llama Pedro Perales. Todos ellos hace 12 años pertenecían a la estructura sindical de Alcasa. Cerraron los portones de Alcasa durante 32 días cuando estaba Chávez vivo. ¿Alguno de ellos fue detenido? Ni siquiera hubo persecución contra ninguno de ellos. Pero ahora se han dedicado a perseguir a los dirigentes laborales», expresó Azócar.
Durante 2018, a través de una comisión de encuesta, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) constató la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los dirigentes sindicales venezolanos debido a la violación por parte del Estado de la libertad sindical.
Los manifestantes marcharon hasta el Palacio de Justicia, en Puerto Ordaz, bajo la consigna «libertad» y exigen respuestas por parte de las autoridades.
La liberación de los presos políticos, las reivindicaciones salariales y laborales, las inhabilitaciones y la aplicación del «Fondo para la Protección Social del Pueblo de Venezuela» propuesta en 2022 son los temas que no se especificaron en el acuerdo entre el gobierno madurista y la oposición en Barbados, pese a que esos puntos se enmarcan en los derechos civiles y políticos
Pese a que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición lograron un acuerdo preliminar en la isla de Barbados para establecer unas elecciones presidenciales en el segundo semestre del 2024 con observación internacional y condiciones competitivas, miembros de la sociedad civil venezolana denuncian que temas relacionados con los derechos civiles y políticos no se plasmaron en el diálogo del 17 de octubre.
Horas antes de la reunión en Barbados el secretario general de la ONU, António Guterres, «manifestó que acogía con satisfacción las decisiones del Gobierno de Venezuela y PUD para reanudar el diálogo y las negociaciones en Barbados tras casi un año de pausa», dijo en la rueda de prensa diaria el portavoz de la organización, Stéphane Dujarric.
«El proceso no termina con este acuerdo», reiteró Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en una entrevista al periodista Román Lozinski este 18 de octubre en Unión Radio. «Este se llama primer acuerdo parcial para condiciones. Es un acuerdo de condiciones para la elección presidencial, pero en la agenda del memorándum de entendimiento están los temas de reinstitucionalización del país. Ahí está por ejemplo que hay que negociar qué va a pasar con los poderes públicos», sumó.
Desde Runrun.es presentamos algunos de los puntos más destacados que están pendientes de abordar en la continuación del diálogo y que representan las vulneraciones a los DDHH y los derechos sociales y políticos en el país.
Economía: reivindicaciones laborales y salariales
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) establece que la desigualdad socioeconómica de Venezuela es una de las más altas de la región latinoamericana. Al menos 8 de cada 10 personas encuestadas en 2022 por esa institución afirmaron que no tienen ni para cubrir la cesta básica alimentaria.
Lo mismo ocurre con el salario, los 130 bolívares representan menos de 4 dólares mensuales a la tasa del Banco Central de Venezuela. Según la ONU, una persona en pobreza extrema, y por consiguiente con grandes vulneraciones a sus derechos humanos, recibe un ingreso de 2,15 dólares diarios.
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) denunció en un comunicado difundido el 29 de enero de este año que el régimen madurista había incumplido con más del 90 % de las recomendaciones formuladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde abril de 2022.
El tema de las reivindicaciones salariales no fue abordado en esta reanudación del diálogo en Barbados.
«En dicha mesa de diálogo no se ha colocado tema central de la vida de los trabajadores venezolanos», opinó Raquel Figueroa, dirigente sindical del Colegio de Profesores de Venezuela, a Runrun.es. «Estos escenarios han servido más para profundizar las políticas del gobierno venezolano y no para que sean espacios de negociación al cumplimiento de los derechos sociales y políticos de los venezolanos».
Pero no se descarta que en próximos acercamientos se aborde el tema económico, como de hecho, confirmó el jefe de la delegación negociadora de la oposición, Gerardo Blyde, reveló en entrevista con el Circuito Éxitos.
«Ahora entra a negociarse cómo estabilizar la economía. Y entra a negociarse duro. ¿Por qué?, porque el hambre del pueblo venezolano hay que atenderla, pero todo tiene que ir equilibrio y en progreso y en entrega, ni ellos van a capitular, ni nosotros vamos a capitular ni la comunidad internacional tampoco», dijo Blyde en la entrevista radial.
ONG dedicadas a la defensa de derechos humanos y que luchan por justicia en el caso de los más de 290 presos políticos en Venezuela denuncian que el tema de los privados de libertad por razones políticas debe ser atendido inmediatamente, más cuando existen más de 50 personas que están recluidas y tienen un cuadro de salud crítico pero no están recibiendo la atención necesaria.
Por ejemplo, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia lamentó que los acuerdos firmados por el gobierno y representantes de la Plataforma Unitaria no mencionaran específicamente el tema de la liberación de presos políticos.
#ULTIMAHORA Lamentamos que en los acuerdos firmados hoy por respresentantes del Gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la Plataforma Unitaria, no se haya mencionado la liberación de los 290 presos políticos. Desde la @Coalicion_ddhh seguiremos abogando por su libertad!
— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) October 17, 2023
«Un punto que consideramos crucial a gestionar en simultáneo a los encuentros, y que va a permitir recibirlos como el inicio de la recuperación de la confianza de los venezolanos en sus instituciones, genuina y legítimamente, pasa por la liberación de todos los presos políticos», dijo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en un comunicado difundido el 17 de octubre.
La ONG reiteró que los acuerdos en ese sentido restituirían el derecho humano a la vida, a la libertad y a la integridad personal, como mínimo. Esperan que, como en otras ocasiones, la liberación no sea una «selección conveniente de fichas de canje entre las partes».
¿Habrá beneficios o liberación de presos políticos tras la firma de acuerdos en Barbados, aunque el tema no figura puntualmente en el documento firmado? Gerardo Blyde respondió lo siguiente:
«Hay gente que aspiraría a que un acuerdo dijera que existen presos políticos, torturas, detenciones arbitrarias y violación de DDHH. Eso no lo va a contener un acuerdo, y menos cuando le dices a la otra parte que firme una confesión. Eso sería una rendición. Pero sí hay una referencia en el acuerdo sobre el respeto a los DDHH, que necesita ejecutarse. En la medida en que este acuerdo se va a ir desarrollando, si las partes cumplimos, empezarán a ser liberados muchos de los presos políticos y eso es parte de los gestos y de la ejecución del acuerdo».
Blyde prometió en la entrevista radial que este tema «va empezar a ser solucionado» y exigirán que la puerta giratoria no exista, «porque sino, no solucionamos el problema de raíz».
Política: participación de inhabilitados
Pese a que los propios miembros del diálogo en Barbados enfatizaron que este acuerdo se enfocaba en los próximos comicios presidenciales, hasta ahora no existe un punto que textualmente garantice la participación electoral de venezolanos inhabilitados como candidatos.
Durante esta semana, el Tribunal Supremo de Justicia catalogó como inamisible la apelación para evaluar la inhabilitación a María Corina Machado, una de las candidatas a las primarias de la oposición a celebrarse este domingo 22 de octubre y que dictará el representante de la crítica al madurismo de cara a las presidenciales.
Sobre las inhabilitaciones cada delegación del diálogo mantiene su postura, más allá de lo que se firmó en el acuerdo en el que se expresa que, en igualdad de condiciones, con atención a principios de celeridad, eficiencia y eficacia y en base a la Constitución, se promoverá la autorización de todos los candidatos presidenciales y de los partidos políticos siempre que cumplan los requisitos.
Jorge Rodríguez, vocero del gobierno en diálogo, sostuvo a pocos minutos de culminadas las conversaciones en Barbados que quienes cometieron un crimen y están inhabilitados «no podrán ser candidatos presidenciales».
«Si usted cometió un crimen, usted no puede ser candidato. Si recibió una inhabilitación administrativa por el órgano constitucional, tampoco podrá ser candidato presidencial. Quiero aclarar eso porque en esta etapa del proceso el párrafo se refería a los derechos de los candidatos, que no tendrán ninguna otra limitación salvo que esté inhabilitado», dijo Rodríguez.
🔴 Jorge Rodríguez aclaró en Barbados que quienes cometieron un crimen y están inhabilitados no podrán ser candidatos presidenciales.
Mientras que Gerardo Blyde declaró que lo suscrito abre la puerta para que puedan producirse las habilitaciones a través de distintas vías.
«No se está habilitando de forma automática, pero se está abriendo la ruta para que esto (la habilitación) se realice», explicó Blyde sobre el tema. «No se cerró a un solo tipo de procedimiento para el proceso de habilitación de cualquier venezolano, al dejar abierta la rendija puede ser un procedimiento judicial, de revisión de la Contraloría o incluso de oficio».
Servicios: un fondo humanitario congelado
En la firma del 17 de octubre en Barbados no salió a relucir información sobre el «Fondo para la Protección Social del Pueblo de Venezuela», un acuerdo en los diálogos entre el gobierno y la oposición venezolana que se firmó en noviembre en México en 2022 y que planteaba el uso de depósitos del Banco Central de Venezuela (BCV) en la Reserva Federal de Nueva York para mejorar las instituciones relacionadas a los servicios básicos (agua y electricidad), el sistema educativo y el sistema sanitario.
Desde el acuerdo de México en 2022, distintas ONG, como la Coalición Anticorrupción, han insistido en que es «urgente» la implementación de ese supuesto fondo que tendría 3 mil millones de dólares administrados por la ONU para paliar la crisis humanitaria compleja.
Ni Blyde ni Rodríguez ni garantes del diálogo se refirieron en sus declaraciones a este tema crucial.
Lo que adelantó el vocero de la delegación opositora es que los acuerdos de Barbados no culminan al diálogo, y que las negociaciones continuarán por mucho más tiempo.
«Vimos una negociación que en noviembre del año pasado parecía muerta, pero se restableció por la política mundial y las necesidades delpaís», dijo.
Agregó también que en el marco de las conversaciones que continuarán y del cumplimiento de lo ya acordado podría haber un levantamiento «progresivo de sanciones», lo que abriría la puerta a liberación de algunos fondos.
«Eso además no solamente puede ayudar de alguna manera económicamente al país, sino que ayuda al pueblo venezolano. No estoy con aquellos que dicen que levanten todas las sanciones de una vez, pero tampoco con aquellos que dicen que se muera de hambre el pueblo venezolano y que no se levanten nunca, sino solo hasta que se vayan los que están en el poder», remarcó.
Los expertos instan a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión
También alientan al Estado venezolano a «implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo»
Los relatores especiales consideran que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela
El 11 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas emitió un comunicado en el que los expertos Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, advirtieron que condenar a sindicalistas y dirigentes sindicales por cargos de terrorismo es un «abuso crónico» de las leyes antiterroristas de Venezuela.
El 1 de agosto de 2023, seis sindicalistas, detenidos entre el 4 y el 7 de julio 2022, fueron condenados a 16 años de prisión por conspiración y asociación para delinquir.
«Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín acaban de ser condenados a 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir», anunció la ONG Acceso a la Justicia en su cuenta en Twitter.
La organización insistió en que estos seis sindicalistas son «luchadores sociales, y que esta condena representa «el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela».
«En un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades, tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al derecho internacional», afirmaron los relatores especiales.
Los expertos instan a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión. También, alientan al Estado venezolano a «implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo».
El comunicado resaltó varias irregularidades que se presentan en este caso de los detenidos. A continuación algunas de ellas:
En una comunicación anterior al Gobierno de Venezuela, los expertos destacaron la falta de protección del debido proceso, la falta de acceso a la defensa legal para los activistas y lideres sindicales, la inadecuación de las pruebas a las acusaciones formuladas y el hecho de que informantes clave no testificaran en el juicio.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los órganos de derechos humanos han sostenido sistemáticamente que la legislación y la práctica antiterroristas deben implementarse de manera respetuosa de los derechos humanos.
«Denunciamos el uso indebido de las leyes antiterroristas contra quienes han abogado por la protección de los derechos sociales y económicos y la libertad de asociación. Este tipo de uso indebido es un intento de sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada», reiteró el comunicado.
Los expertos se mostraron profundamente preocupados por el hecho de que todos los sindicalistas fueron condenados a penas de prisión excepcionalmente largas.
Los relatores especiales consideran que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela.
«La dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del gobierno», señalaron los expertos.
Los expertos reiteraron en el comunicado que las autoridades venezolanas están utilizando la lucha contra el terrorismo para excluir y socavar la labor legítima en favor de los derechos humanos.
«El uso de la legislación antiterrorista contra actores de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos debe cesar de inmediato», afirmaron los expertos.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de DDHH de la ONU.
Los trabajadores de este órgano, aclaran en el texto, trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
Estiman que en los países en desarrollo casi el 25 % de mujeres no pueden encontrar un empleo frente al 16,6 % de hombres
Banco Mundial calculó que la participación laboral de la mujer venezolana es del 53,8% en 2020, la segunda más baja en el registro de la entidad multilateral el país
Con información de EFE
La desigualdad en el acceso al empleo y en el nivel de salario de las mujeres con respecto a los hombres ha empeorado en los últimos veinte años, pese a los esfuerzos internacionales por reducir la discriminación de género, de acuerdo a datos revelados el 6 de marzo del 2023 por
Según los nuevos datos, 15 % de mujeres en edad de trabajar quieren un empleo, comparado con un 10,5 % en el caso de los hombres.
La organización recalcó que esta realidad que no se refleja en las estadísticas de desempleo, porque los criterios que se utilizan excluyen «de forma exagerada» a las mujeres.
«La disparidad de género en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo son mayores de lo que pensábamos, y los progresos que se han hecho son lentos y decepcionantes», señaló la entidad al difundir los primeros resultados de una nueva forma de medir estas desigualdades.
Alta vulnerabilidad
La brecha es mucho más elevada cuanto más pobre es el país. En los países en desarrollo en general, casi el 25 % de mujeres no pueden encontrar un empleo, frente al 16,6 % de hombres. El panorama contribuye a mayores responsabilidades familiares que asumen la población femenina, incluido el trabajo que supone el cuidado de niños y ancianos.
Las mujeres también son mayoritarias en los empleos considerados «vulnerables», como por ejemplo los que realizan en sus propios hogares o cuando trabajan para algún familiar.
La OIT reiteró que el acceso reducido al empleo tiene repercusión muy negativa en los ingresos de las mujeres a nivel global: por cada dólar que los hombres ganan, las mujeres ganan 0,51 céntimos.
La disparidad aumenta en los países de ingresos bajos, donde las mujeres ganan entre 56 y 58 céntimos por cada dólar que ingresan los hombres. En ese contexto, los ingresos medios de la población masculina se calculó en 33 céntimos.
La ONU estima que se necesitan 300 años para lograr una una igualdad social y legal en temas de género al ritmo político actual debido a que aún los derechos de las mujeres están siendo «amenazados y violados» en todo el mundo.
Brecha tecnológica
Mientras tanto, la ONU conmemoró el 8 de marzo resaltando que solo el 57 % de las mujeres del mundo usan internet y tienen acceso a la tecnología. Bajo ese contexto, el organismo multilateral destaca que la brecha digital afianza más la brecha salarial y las oportunidades de empleo.
«Demasiadas mujeres y niñas todavía no pueden acceder a las oportunidades que ofrece la tecnología», lamentó el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Csaba Körösi.
Naciones Unidas destacó que el acceso desigual a internet y el acoso y la misoginia que se detecta en la red son algunas de las cuestiones que más preocupan a los gremios que velan por los Derechos Humanos.
«Tenemos que arreglar las instituciones y los dañinos estereotipos de género que rodean la tecnología, innovación y educación y que fallan a las mujeres y niñas», opinó la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous.
«Las mujeres y niñas tienen 27 veces más probabilidades que los hombres de sufrir acoso en la red o discursos de odio. Sólo una de cada cuatro lo denuncian a las autoridades y casi nueve de cada diez limitan su actividad online por ello, lo que refuerza la brecha digital», explicó Körösi.
El organismo multilateral destacó el problema que supone esa escasa presencia de la mujer en el sector tecnológico y en el desarrollo de la inteligencia artificial, una de las herramientas digitales que ya da muestras de sesgos de género.
«Las tecnologías digitales han ofrecido nuevas herramientas para controlar, dañar, silenciar y desacreditar a las mujeres», señaló el jefe de la ONU, que exigió acciones para que se haga rendir cuentas a los acosadores y a las plataformas que les permiten esos comportamientos.
Desigualdad en Venezuela: peor por la emergencia humanitaria
Lissette González, socióloga y miembro de la ONG Provea, señaló que su cuenta de Twitter que la participación laboral de la mujer venezolana es del 53,8% para 2020, la segunda más baja en el registro del Banco Mundial para el país.
«Las últimas décadas han significado una pérdida de derechos», señaló González, agregando que las mujeres en Venezuela hoy en día tienen «menos autonomía económica por la caída en la tasa de participación laboral».
La socióloga afirmó que la brecha salarial más la precariedad del sector sanitario, aunado a los estereotipos de género, «impiden la participación plena de las mujeres en la vida social y política».
Afirman que el patrón de hostigamiento al personal de salud por parte del Sebin y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) está en aumento en lo que va del 2023
La presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Caracas, Ana Rosario Contreras, afirmó el 17 de febrero que «más del 80 % del personal de enfermería se ha ido» de Venezuela debido a los salarios bajos, la precariedad de las instalaciones sanitarias a nivel público y la intensificación de la Emergencia Humanitaria Compleja.
En una rueda de prensa organizada por el Observatorio Social Humanitario, Contreras denunció que para el 2023 en el país «no existen 120.000 enfermeras, hay cerca de 35.000. Hay unidades que deberían tener 120 enfermeras y hoy tienen 1 o 2 profesionales en el área».
La dirigente del gremio reiteró que una de las causas principales de la deserción son los bajos salarios, que no permiten costear su alimentación. «La administración de Nicolás Maduro se ha caracterizado por ser el peor enemigo de la clase trabajadora de Venezuela. Un salario de 130 bolívares, que correspondía a $30 en 2022, hoy día se han convertido en $5,38; es decir, los trabajadores estamos en extrema pobreza», dijo.
También insistió que el ritmo de renuncias en los centros de salud se ha acelerado en el último año. Para el año 2021 el Colegio de Profesionales de Enfermería de Caracas registró que el 70 % del gremio para ese entonces emigró de Venezuela.
«En lo que va del año 2023, solo en la Maternidad Concepción Palacios se han presentado 80 renuncias; mientras que en este mismo lapso han llegado al Colegio de Médicos de Caracas 25 solicitudes para ejercer en el exterior», aseveró.
Médicos perseguidos por el Estado
En una entrevista a Radio Fe y Alegría, Contreras agregó que «el patrón de hostigamiento» por cuerpos de seguridad del Estado venezolano se «están exacerbando» para desmovilizar el movimiento socialque exige mejores salarios.
«Tenemos a presidentes de colegios de enfermeros perseguidos por los cuerpos de seguridad del Estado como Julio García en Carabobo, Yannis González en Barinas, Camilo Torres en Bolívar, y los que estamos en la calle, que todos los días somos fotografiados por el Sebin y andan armados. Pese a todo, no vamos a retroceder», agregó Ana Rosario Contreras.
«¿Cómo le hacemos frente a una canasta básica que supera los $400?, lamentablemente hoy día no existen agencias que atienden estás necesidades», reflexionó la gremialista. Del mismo modo, recordó que el Estado no ha retomado el programa de transferencias directas «Héroes de la Salud» como único esfuerzo para mejorar las condiciones del personal de salud entre los años 2020 y 2021.
«A través del programa se logró aliviar un poco las necesidades del personal de salud. Este proyecto apoyó a más de 62.000 trabajadores, teníamos la esperanza de que se mantuviera. Después de eso, lamentablemente los trabajadores hemos sido olvidados», dijo.
Sobre el foro del diálogo social que se desarrolló en Nueva Esparta, Carlos Fernández indicó que las expectativas que tenía la sociedad «eran muy difíciles de satisfacer»
Este viernes, 3 de febrero, el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, informó que se espera por la instalación de una mesa técnica para fijar el método para el establecimiento del salario mínimo.
En entrevista para Unión Radio, Fernández precisó que sí se va a establecer una instancia técnica para fijar el método de establecimiento del salario mínimo con unas consideraciones o acuerdos mandatarios entre las partes. «De la mesa técnica tiene que salir como resultado la metodología entre febrero o abril, antes del 30 de abril debemos tener un método fijado», dijo.
El presidente de Fedecámaras explicó que la mesa incluirá otros agentes, diferentes a los actores sociales, que proveerán información, tales como el Instituto Nacional de Estadística, el Banco Central y algunos otros.
Sobre el foro del diálogo social que se desarrolló en Nueva Esparta, Carlos Fernández indicó que las expectativas que tenía la sociedad «eran muy difíciles de satisfacer».
“En ningún momento estuvo determinado que saliera de allí un monto fijado para el salario mínimo porque no es nuestra potestad, podemos dar una recomendación, pero el monto final lo establece el Ejecutivo porque es su facultad legal”, dijo.
Fernández indicó que antes de que se celebre el Consejo de Administración de la OIT, que es en marzo, la mesa técnica debería llevar algunos avances (…) «Sí creemos que el ritmo de las resoluciones no va a la par de las expectativas de la sociedad y nos preocupa un poco que debemos buscar la manera de tener más conexión con las aspiraciones de los venezolanos», reconoció.
Las organizaciones sindicales afirmaron que el dialogo social solo tiene un objeto: «mejorar las condiciones de trabajo y de vida de nuestra golpeada clase trabajadora»
Este miércoles, 1 de febrero, organizaciones sindicales exigieron un “compromiso serio” por parte de los actores reunidos en foro social de Margarita.
A través de un comunicado, las centrales sindicales autónomas y clasistas señalaron que la mesa técnica constituida para discutir el método de fijación del salario mínimo no debe ser asumida como una excusa para que el gobierno no tome de inmediato alguna medida para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
«Se requiere con urgencia de un ingreso de emergencia que atenúe, aunque sea parcialmente el hambre que está sufriendo nuestra clase trabajadora. Instamos al gobierno a decretar un ingreso de emergencia mientras discute los criterios y monto del salario mínimo», se expresa en el comunicado.
Las organizaciones sindicales afirmaron que el dialogo social solo tiene un objeto: «Mejorar las condiciones de trabajo y de vida de nuestra golpeada clase trabajadora».
«No descansaremos hasta obtener un compromiso serio, efectivo y real de los empleadores privados, públicos y del Estado de avanzar en la recuperación delos derechos laborales y en lograr un salario y pensiones dignas», acotaron.
El comunicado finalizó con la promesa de seguir luchando por «la recuperación de los espacios de diálogo social con resultados reales, que nos permitan obtener trabajo decente, respeto de a libertad sindical y el cese de la persecución de los dirigentes sindicales en el país.
Gobierno negado a aumentar el salario
También este 1 de febrero, el economista José Guerra reveló los avances de las conversaciones entre sindicalistas, representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), empresarios y el gobierno.
A través de su cuenta en Twitter, Guerra señaló que el Gobierno «ha tenido una posición negada al aumento salarial, argumentado que no tiene dinero», y agregó que esta tesis ha sido «desmontada por los técnicos de la oposición».
En otro tuit, Guerra indicó que los representantes de Nicolás Maduro «no paran de escudarse» en las sanciones ante la falta de argumentos.
Según el diputado, el oficialismo ha propuesto durante la reunión otorgar unos bonos sin precisar el monto, lo cual ha sido rechazado por los sindicatos.
«La estrategia de Maduro es desgastar y agotar las protestas de los trabajadores», aseguró el exdiputado.
La oposición pidió a la organización internacional «garantizar el cumplimiento de leyes y reglas nacionales e internacionales en Venezuela que protejan condiciones laborales de los venezolanos»
Este miércoles, 1 de febrero, el economista José Guerra reveló cómo avanza la reunión que sostiene el Gobierno de Nicolás Maduro con los representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), empresarios y sindicalistas sobre un eventual incremento del salario.
A través de su cuenta en Twitter, el economista señaló que «el Gobierno ha tenido una posición negada al aumento salarial argumentado que no tiene dinero», y agregó que esta tesis ha sido «desmontada por los técnicos de la oposición».
En otro tuit, Guerra indicó que los representantes de Nicolás Maduro «no paran de escudarse» en las sanciones ante la falta de argumentos.
Según el diputado, el oficialismo ha propuesto durante la reunión otorgar unos bonos sin precisar el monto, lo cual ha sido rechazado por los sindicatos.
«La estrategia de Maduro es desgastar y agotar las protestas de los trabajadores», aseguró el exdiputado.
«Maduro sí tiene recursos. Una pequeña prueba: los millonarios gastos para la Serie del Caribe de Béisbol Eso no lo gasta un país en crisis y que dice que no tiene dinero. Yo apoyo al béisbol», escribió Guerra.
Acá un resumen de las reuniones en Margarita entre la OIT, el Gobierno,sindicatos, empresarios y centrales sindicales 1. El Gobierno ha tenido una posición negada al aumento salarial argumentado que no tiene dinero. Ello ha sido desmontado por los técnicos de la oposición (1)
4. La estrategia de Maduro es desgastar y agotar las protestas de los trabajadores 5. Maduro si tiene recursos. Una pequeña prueba: los millonarios gastos para la Serie del Caribe de Béisbol Eso no lo gasta un país en crisis y que dice que no tiene dinero. Yo apoyo al béisbol
Oposición pide a OIT garantizar cumplimiento de leyes laborales
La oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria, exhortó este miércoles a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que acompaña un proceso de diálogo entre trabajadores, empresarios y el Gobierno, que garantice el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales que protegen al sector laboral.
En un comunicado, pidió a la organización internacional «garantizar el cumplimiento de leyes y reglas nacionales e internacionales en Venezuela que protejan condiciones laborales de los venezolanos».
Además, ratificó su acompañamiento a los docentes, jubilados, pensionados y trabajadores públicos que desde hace tres semanas protagonizan manifestaciones gremiales para pedir mejores salarios y condiciones laborales adecuadas.
La oposición solicitó también el cese de la «persecución» que, aseguró, se mantiene en contra de los trabajadores que ejercen su derecho a la protesta.
«La situación de empobrecimiento producto de las políticas erráticas del Gobierno madurista han causado condiciones de trabajo inadecuadas en Venezuela, lo que ha empeorado la calidad de vida de los ciudadanos», dijo la dirigente política Ofelia Rivera.
El pasado lunes, se instaló en Nueva Esparta la tercera sesión presencial de este diálogo social que acompaña la OIT.
