Observatorio Venezolano de Prisiones

La organización explicó que los detenidos reclaman por la falta de agua potable, las «condiciones inhumanas a las que sobreviven» y la negativa de trasladarlos a tribunales.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el 14 de junio que 91 presos de un calabozo policial del Cicpc del estado Lara se declararon en huelga de hambre por la negativa de las autoridades de trasladarlos a tribunales y por las condiciones en las que «sobreviven».

A través de una nota de prensa, la organización explicó que los reos se negaron a recibir los alimentos que les llevan sus familiares en protesta por la falta de agua potable, las «condiciones inhumanas a las que sobreviven» y la negativa de trasladarlos a tribunales.

De acuerdo con el OVP, los familiares explicaron que en Lara hay «graves» problemas con el suministro de agua, por lo que «desde hace meses» los propios funcionarios y familiares deben pagar por camiones cisternas, cuyo costo es de entre 35 y 40 dólares.

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El OVP agregó que el pasado fin de semana, los camiones cisterna no pudieron llegar a la sede del Cicpc por «escasez de gasolina».

Requisa en los calabozos

Por otra parte, denunció que los reos fueron llevados al patio del Cicpc mientras llovía para hacer una revisión dentro de los calabozos.

«Durante la requisa les botaron objetos personales, les sacaron las colchonetas que son compradas con mucho esfuerzo por los familiares, les decomisaron un televisor que era su única distracción y desde ese momento pararon los extractores de aire», apuntó.

La organización afirmó, además, que muchos de los presos que están en esa sede policial tienen órdenes de traslado a cárceles, pero estas no son ejecutadas «porque el Ministerio de Servicios Penitenciarios no les asigna cupos».

Asciende a ocho la cantidad de presos muertos en lo que va de 2023

Un hombre que estaba recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix se convirtió en el octavo privado de libertad fallecido en el estado Lara en lo que va de 2023. José Félix Bracho Paz fue llevado al hospital central Antonio María Pineda de Barquisimeto para que lo atendieran de una complejidad de salud que padecía, pero a los pocos días de atención médica murió. 

El sábado 13 de mayo, funcionarios de la cárcel que se ubica al norte de la ciudad trasladaron a Bracho Paz para que lo atendieran pues tenía dificultades para respirar y en el centro de salud luego de varios exámenes le diagnosticaron un tumor en el pulmón. 

Bracho Paz era oriundo del estado Zulia y fue penado por el tribunal 5 de esa región por el delito de abuso sexual agravado y continuado. Debía pagar 16 años en la cárcel y ya había estado 10 años en físico. 

Dos días y medio transcurrieron en el hospital y los cuidados de Bracho Paz se complicaron porque estaba solo y sin familiares y el 15 de mayo a las 9:40 de la noche sufrió un paro respiratorio fulminante. 

Al día siguiente, parientes llegaron a Barquisimeto y confesaron a los medios de comunicación de Lara que ellos habían solicitado una medida humanitaria para atender el cáncer de Bracho Paz en su vivienda y bajo sus cuidados pero esta nunca fue otorgada. 

En todo el estado han muerto 7 privados de libertad masculinos y una femenina durante este 2023. Bracho Paz sería el tercero registrado en Fénix luego de  Inés Antonio Pérez y Jesús María Alvarracín Camargo quienes fallecieron en abril también por enfermedades. 

Con información de EFE

Estaba preso desde el 15 de noviembre de 2021

Tras más de un año de su injusta detención arbitraria, finalmente el fotoreportero Carlos Debiais pudo abrazar a sus padres sin las restricciones del encarcelamiento.

Este lunes 5 de junio, Debiais fue liberado tras una intensa batalla legal, en la que se le violaron injusta y arbitrariamente sus derechos humanos.

Así lo confirmó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quien informó que Debiais recibió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Todo esto enmarcado en los artículos 482 y 483 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Según el artículo 483, en el auto que se acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se fijará el lapso del régimen de prueba que no será inferior a 1 año ni superior a 3, y se le impondrán una o varias obligaciones:

• No salir del lugar de residencia.
• No cambiar de residencia sin autorización.
• Fijar su residencia en otro municipio, siempre y cuando no obstaculice el ejercicio de su profesión.
• Abstenerse de realizar ciertas actividades, o visitar lugares y personas.
• Someterse a tratamiento psicológico.
• Asistir a centros educativos.
• Asistir a centros de terapia de grupos.
• Realizar en el tiempo libre trabajo comunitario.
• Presentar constancia de trabajo con la periodicidad que indique el tribunal.
• Cualquier otra condición que imponga el tribunal.

Tal como se recordará, Carlos Debiais es fotógrafo. El 12 de noviembre del 2021, en el estado Falcón, hizo uso de un dron para tomar fotos turísticas de la bahía de Amuay, lo que causó su detención arbitraria.

Por ello, una comisión de la Dirección General de Contra Inteligencia  Militar (DGCIM) lo detuvo y acusó de terrorismo, asociación para delinquir y violación del espacio aéreo.

Desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2021, el hombre estuvo desaparecido y sus familiares no sabían de su paradero. Posteriormente apareció en los calabozos de la DGCIM de Boleíta, en el Distrito Capital.

El 23 de marzo de 2022 fue trasladado hasta el Internado Judicial El Rodeo II y el 12 de abril llegó su boleta de excarcelación, en donde se ordenaba su inmediata libertad por una suspensión condicional de la pena por un lapso de tres años.

Sin embargo, esta orden nunca se ejecutó por la negativa injustificada de los directores, quienes alegaban que necesitaban una autorización de la Ministra del Servicio Penitenciario.

Recordemos que, según establece el artículo 44 de la Constitución de la República, la libertad personal es inviolable y, en consecuencia, en su numeral 5 establece: “Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta”.

Por esta arbitrariedad, el OVP interpuso dos amparos contra dichos directores en el Palacio de Justicia en Caracas. Asimismo se comunicaron de estos hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la  Organización Mundial contra la Tortura, al Grupo de trabajo de detenciones arbitrarias y se acudió a la oficina que se encuentra en Caracas de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH.

Asimismo se informó a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público sin recibir una oportuna y adecuada respuesta.

Desde OVP reconocemos la lucha de la señora Sulima y el señor Carlos Debiais, quienes nunca bajaron la guardia por la libertad de su hijo.

También agradecemos a los abogados Abraham Rojas, Joel García y María Alejandra Poleo; Amnistía Internacional, Human Right Watch (HRW), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ONGs nacionales, Colegio Nacional de Periodistas seccional Caracas; Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, periodistas y medios de comunicación social, por su incalculable apoyo por la verdad, justicia y libertad.

Por último, también pedimos las garantías de no repetición sobre este tipo de detenciones arbitrarias que tanto daño le hacen a las familias venezolanas.

Desde hace cinco meses que se han visto afectados por el colapso de las cloacas

Desde hace cinco meses los presos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, tienen problemas con las tuberías de agua negras.

Según le explicaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las cloacas se desbordaron y los baños tuvieron que ser clausurados, por lo que 42 privados de libertad divididos en dos celdas, 22 hombres en una y 20 en otra –  tienen que defecar en bolsas plásticas.

En este punto es importante destacar que estas celdas tienen una capacidad máxima de hasta seis personas, por lo que el hacinamiento al que sobreviven estas personas es realmente crítico.

En ese sentido, algunos familiares le relataron al OVP que los presos usan las sábanas colgadas de los barrotes para crear una especie de hamacas, otros duermen en el piso y además deben soportar el hedor de las cloacas en un espacio que ni siquiera tiene ventilación.

“Desde hace cinco meses que se han visto afectados con el colapso de las cloacas. Hay brotes de escabiosis, diarrea y gripe que tampoco sabemos si se trata de Covid porque no son atendidos por un médico. Si alguno se enferma, lo automedicamos, le pasamos pastillas para paliar los síntomas pero nunca reciben atención médica”.

Asimismo se conoció que los más afectados son los hombres, porque 8 mujeres que están en una tercera celda tienen acceso a un baño afuera,  a modo de recompensa por limpiar las oficinas del CICPC.

En el mes de abril los privados de libertad hicieron una huelga de hambre que fue denunciada por OVP para exigir el arreglo de las cloacas, dicho problema fue escuchado y solventado. Sin embargo, se trató de un pañito de agua tibia que a los pocos días volvió a generar el colapso de los baños.

“A los cuerpos de seguridad no les importa el bienestar ni las condiciones de los privados de libertad, pero a nosotros sí porque vemos como nuestros familiares sufren y se enferman”, manifestaron al equipo de OVP.

Sin traslado y maltratados 

Familiares de los detenidos en CICPC Puerto La Cruz aprovecharon para denunciar que en esos calabozos lo que prevalece es el retardo procesal.

Los presos no son trasladados a tribunales y, aunque las boletas llegan a la sede, supuestamente son desaparecidas por los funcionarios para no hacer los traslados.

De la misma forma denunciaron que cuentan con muy poco tiempo para las visitas, pues solo les dan cinco minutos para ver a su ser querido.

Por último, OVP pudo conocer que además de los maltratos sufridos por parte de los funcionarios, dentro de las celdas se está instaurando una especie de pranato.

Se trata de dos presos, que son identificados como primero y segundo al mando, quienes hasta ahora no han exigido el pago de “causa” (tarifa extorsiva impuesta por los pranes), pero si han impuesto algunas reglas que deben cumplir a cabalidad o de lo contrario serán golpeados brutalmente por el resto de los reos.

Se pudo conocer que un grupo de privados de libertad trató de instaurar un pranato dentro de un pabellón

Este 9 de mayo se registró un motín en el pabellón 1 del Internado Judicial Barinas (INJUBA) que dejó un saldo de cinco presos heridos, uno de ellos con una herida por arma de fuego.

En INJUBA conviven más de 800 presos que, según el Ministerio de Servicio Penitenciario, están bajo régimen penitenciario. Sin embargo, no han logrado dejar la violencia atrás y prueba de ello fue el motín registrado este martes, donde se evidenció que en manos de los privados de libertad existe el manejo de armas de fuego.

Por fuentes internas se pudo conocer que un grupo de privados de libertad trató de instaurar un pranato dentro del pabellón 1 para controlar al resto de la población penal, pero esta acción fue rechazada por otros reclusos.

“No tenemos dinero para estar pagando causas en dólares, muchos de los que estamos aquí ni siquiera los visitan sus familiares porque son personas de otros estados y por la situación económica no pueden trasladarse, son muy costosos los pasajes”, indicaron algunos presos de INJUBA, quienes prefirieron mantenerse bajo el anonimato.

Asimismo, relataron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que en el momento que se presentó la trifulca entre los reclusos salieron a relucir las armas blancas y además un arma de fuego.

Tras escuchar la detonación, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes se encargan de la custodia externa del penal, irrumpieron dentro de las celdas.

Los heridos fueron trasladados hasta el hospital Dr. Luis Razetti de Barinas. Tres de ellos fueron atendidos y devueltos al penal, mientras que Jonathan Salcedo, de 24 años de edad, presentó una herida por arma de fuego en el pecho.

Según fuentes del centro asistencial, el recluso tenía un condición de salud que ameritaba vigilancia médica; mientras que otro recluso identificado como Néstor Pérez, de 27 años de edad, presentó un traumatismo craneoencefálico, aunque estaba consciente lo mantenían hidratado  y en vigilancia médica.

Los familiares de los privados de libertad aprovecharon la ocasión para denunciar ante OVP que la alimentación que reciben es insuficiente y además existen cobros en dólares que supuestamente es realizada por funcionarios del Ministerio Penitenciario para garantizar alimentación.

De la misma manera, indicaron que existe un área de aislamiento a la que llevan a los presos que consideran malas conductas, pero son utilizadas como celdas de extorsión porque solicitan dinero para no encerrarlos o sacarlos de allí.

Desde el OVP solicitamos una investigación exhaustiva y veraz sobre cómo a una cárcel con régimen llegó un arma de fuego; y que además se indague sobre la alimentación y cobros irregulares dentro del penal.

En la tragedia murieron un total de 49 privados de libertad y otros 76 resultaron heridos

Tres años han transcurrido desde que sucedió la masacre del Centro Penitenciario de Los Llanos, mejor conocida como Cepella en Guanare, estado Portuguesa.

En esta tragedia, que ocurrió el 1 de mayo de 2020, perdieron la vida un total de 49 privados de libertad y otros 76 resultaron heridos, durante una protesta porque los directivos del penal le negaban el acceso a la comida.

En ese entonces, debido al alzamiento de los reclusos y su cercanía a las puertas del penal, se ordenó a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a cargo de la custodia externa, disparar contra los privados de libertad.

Las víctimas murieron a consecuencia de disparos de alto calibre, según se pudo constatar a través de una investigación que realizó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), documentada en nuestro informe “Masacre en la cárcel de Guanare”.

Cuando ocurrió la masacre, desde el Ministerio de Servicios Penitenciarios se anunció la investigación de varios funcionarios de la GNB, así como la imputación a los presos que figuraban como pranes de CEPELLA en ese entonces, quienes son señalados por dar la orden de disparar a mansalva.

Durante el mismo mes de mayo del 2020 el penal fue desalojado. Los pranes fueron trasladados a la cárceles que ellos eligieron, y hasta la fecha se desconoce del proceso judicial de esta masacre.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas, así como los sobrevivientes, no han sido llamados a comparecer en un tribunal.

Por el contrario, según informaron al OVP, los presos que fueron trasladados bajo la promesa de regresar pronto, aún siguen padeciendo en penales lejanos al tribunal de su causa.

En ese sentido, los familiares indicaron que muchos se han enfermado porque no tienen acceso a una buena alimentación. Son muchos los que no pueden trasladarse hasta las cárceles por el alto costo del transporte, entre otros gastos asociados.

Sobre el desalojo del penal, Cepella se convirtió en una infraestructura más de las que han sido abandonadas por el Estado.

Iris Valera, en ese entonces ministra del Servicio Penitenciario, realizó una inspección en junio del 2020 e informó a medios de comunicación sobre los arreglos y acondicionamiento del penal.

Asimismo, estimó que en tres meses sería ocupado nuevamente e indicó que estaban en proceso de selección de los presos que ocuparían nuevamente este penal bajo el nuevo régimen penitenciario.

Desde aquella promesa, de las tantas que han hecho y que han quedado en el olvido, han pasado tres años y las reparaciones nunca fueron ejecutadas. Tampoco ha habido justicia ni respuesta para las víctimas.

El artículo 43 de la Constitución reza que el Gobierno es el encargado de proteger la vida de los reclusos

Con el supuesto suicidio del presidente de Cartón de Venezuela ya suman más de diez los presos políticos que han fallecido en cautiverio durante el mandato de Nicolás Maduro  

“El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”, reza el artículo 43 de la Constitución de Venezuela. 

La tarde del pasado 20 de abril, el fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab anunció vía Twitter la muerte por supuesto suicidio de Leoner Azuaje Urrea, presidente de la empresa gubernamental Cartón de Venezuela (Cartoven) y quien fuese aprehendido por estar presuntamente involucrado en una trama de corrupción que hasta la fecha lleva más de 60 detenidos.

Según Saab, Azuaje se habría ahorcado con una sábana en una celda de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). El propio fiscal aseguró que las autoridades consiguieron cuadernos donde este supuestamente reconoció estar atravesando por un periodo de depresión y ansiedad. Además, según su versión, aparentemente constataron su situación de salud mental con un compañero de celda y hablaron con un terapeuta que lo atendía.

He #comisionado a los fiscales 50 y 67 Nac para #investigar el lamentable suicidio del ciudadano Leoner Azuaje Urrea en su lugar de reclusión: #instruyendo a la Unidad Criminalistica del #MP junto al #CICPC: para adelantar la inspección técnica, las entrevistas y autopsia de ley.

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 20, 2023

El Estado no adopta medidas para evitar muertes en prisión

De acuerdo con una base de datos de Runrunes, con la muerte de Azuaje ya suman 11 los presos políticos o exfuncionarios del gobierno que han fallecido bajo custodia del Estado en el régimen de Nicolás Maduro: Rodolfo González “El aviador”, teniente Rafael Arreaza, concejal Fernando Albán, directivo de Pdvsa y Citgo Nelson Martínez, capitán Rafael Acosta Arévalo, productor ganadero Pedro Santana, el pemón Salvador Franco, Gabriel Medina y general Raúl Baduel. 

Según Marino Alvarado, excoordinador general de Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) el Gobierno venezolano es el único responsable de la vida de las personas privadas de libertad 

“El Estado debe adoptar una medida que evite que el detenido fallezca ya sea por violencia de terceros o por enfermedad”. 

El presunto “suicidio" de Leoner Azuaje Urrea demuestra que en Venezuela persisten condiciones de reclusión que no garantizan la integridad y la vida de personas bajo custodia del Estado.

Exigimos una investigación independiente sobre esta lamentable muerte, identificando a… pic.twitter.com/wR6f0uMErf

— PROVEA (@_Provea) April 20, 2023

Alvarado indicó que aunque no hay pruebas para apuntar a un posible asesinato en el caso de Azuaje, el comportamiento de los organismos de seguridad en ocasiones anteriores permite dejar la puerta abierta a esta posibilidad.

Según testimonios de trabajadores del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) a la página Crímenes Sin Castigo, el cadáver de Azuaje presentaba hematomas en la parte media y baja del abdomen, escoriaciones en la región intercostal derecha y antebrazos y signos de tortura en la planta de los pies.   

“La Misión de Determinación de Hechos de la ONU se inclina por el asesinato en vez de la tesis del suicidio en el caso de Albán, con Azuaje y González igualmente quedan grandes interrogantes”, aseveró Alvarado.

Albán murió en octubre de 2018 al caer del décimo piso de la sede del Sebin en Plaza Venezuela, mientras que González falleció en marzo de 2015 por presunto ahorcamiento en su lugar de reclusión en El Helicoide.

“Por otro lado, en el caso de Baduel y el de Franco hubo negligencia para atender su estado de salud”, añadió Alvarado. 

Del ex ministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez se dijo que había fallecido por covid-19 en octubre de 2021 en el Sebin, sus familiares negaron que padeciera esta enfermedad.

Foro Penal, por su parte, informó que el pemón Salvador Franco tenía coronavirus y una enfermedad gastrointestinal. Murió en enero de 2021 en la cárcel de El Rodeo II esperando ser trasladado a un centro asistencial.  

“Cualquier persona que fallezca en prisión es culpa del Estado y eso aplica para los presos políticos y comunes”, dijo Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad.

Claudia Pimentel esposa de Lioner Azuaje pide ayuda a las autoridades teme por la integridad de su familia #LeonerAzuaje #losuicidaron #suicidio #justicia @TarekWiliamSaab @MinpublicoVEN @TarekWiliamSaab @MinpublicoVEN pic.twitter.com/ErzS37JgUx

— justicia para leoner (@Justicialeoner) April 21, 2023

Violando el debido proceso de Azuaje

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, manifestó que en el caso de Azuaje y en el de la mayoría de los detenidos en la supuesta operación anticorrupción que lleva a cabo el madurismo se violaron varias leyes.

“Todo el procedimiento ha estado mal desde un principio, la audiencia de presentación la hicieron fuera del lapso establecido, la presentación la llevaron a cabo en la noche y en un comando de la policía política, además entiendo que ninguno ha estado representado por su abogado de confianza”.

Alvarado sentenció que el Gobierno de Maduro tiene un largo historial de violaciones a los derechos humanos de los encarcelados.

“Presentan a los detenidos donde les parece y no ante tribunales, les asignan a una defensa pública escogida a dedo y no permiten la visita de familiares”. 

Para Alvarado, la única manera de llegar al fondo de los hechos en el aparente suicidio de Azuaje es que patólogos independientes hagan otra autopsia del cadáver. 

“ El problema aquí es que no hay confianza alguna ni en el Ministerio Público ni en los patólogos del Senamecf”.

Prado sostuvo que casos sombríos como el de Azuaje tienen a la administración madurista siendo investigada en la Corte Penal Internacional.

“El Protocolo de Minnesota tiene como objeto proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospechosa de desaparición forzada”.

El director del OVP dijo que en Venezuela no hay autonomía ni separación de poderes. “Y no me cabe ninguna duda que no hay transparencia”.

Muertes en cárceles a la orden del día

Prado indicó que todos los informes de organizaciones internacionales como los de Amnistía Internacional, ONU, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Humans Right Watch (HRW) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) ponen a Venezuela en las postrimerías del respeto a los derechos fundamentales. 

“Estamos en presencia de un Estado violador sistemático de derechos humanos, Venezuela lleva 18 años consecutivos saliendo en el Capítulo IV de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es la lista negra de los estados que más violan derechos humanos”, agregó Prado.

Recalcó que en la cárceles de Venezuela han muerto miles de personas durante estos 23 años de chavismo

“Son casi 8.000 quienes han fallecido bajo custodia y el gobierno no ha aplicado la garantía de no repetición y reparación a las víctimas”.

Nieto Palma dijo que la crisis humanitaria compleja ha hecho que el patrón de muertes en prisión haya cambiado en Venezuela en los últimos años.

“Ahora vemos muertos por hambre. A los privados de libertad no les dan comida y menos medicinas. Hace 10 años la principal causa de muerte en las prisiones era la violencia, ahora los reos mueren por desnutrición y tuberculosis. No solo el presidente es responsable de esto, también quienes han manejado el sistema penitenciario”.   

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En 2022 se registraron 55 fallecimientos por condiciones de salud, siendo las primeras causas tuberculosis y desnutrición

Las soluciones a la crisis en las cárceles de Venezuela son “inexistentes” y los problemas cada vez más “agudos”, expone el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

En Venezuela existen 52 centros carcelarios, sin embargo, según el OVP, una ONG que vela por el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país, actualmente solo 45 centros se encuentran operativos y no cuentan con los “estándares mínimos” de reclusión conforme al marco jurídico internacional.

Humberto Prado, director del OVP, precisó que en 2022 se registraron 55 fallecimientos por condiciones de salud, siendo las primeras causas tuberculosis y desnutrición.

“Anteriormente siempre mencionábamos que eran por heridas de balas o punzo penetrantes, ahora el mayor número que muere es por situaciones de salud. Está mal que mueran por hechos violentos, pero es aún peor que muera por situaciones de salud en vista de que están en manos del Estado, que debe asegurar el servicio de salud y alimentación”, puntualizó Prado al presentar el informe el jueves.

Las cárceles venezolanas son “sinónimo de hambre ante la carencia de alimentos y la reducción de porciones mínimas que no cumplen con las calorías establecidas por la Organización Mundial de Salud”, resalta el informe que también refiere un “alarmante” aumento en casos de suicidios.

Prado denunció que, en muchos casos, los compañeros de reclusión son quienes atienden a reos en situaciones de “infortunio”.

“La figura de médicos y enfermeras existen en las nóminas, pero no están permanentemente en las cárceles (…) no tenemos un sistema, tenemos una pena de muerte en las cárceles de nuestro país”, expresó el abogado y activista de derechos fundamentales.

De acuerdo a estimaciones del OVP, la población reclusa en 2022 fue de 33.558 personas, con una capacidad real instalada de 20.438 plazas, y denuncia un hacinamiento de 68 %.

Además, Prado cuestionó que el Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH), Volker Türk, se haya limitado a manifestar durante su actualización oral de esta semana ante el Consejo de DDHH de la ONU, que su equipo ha visitado 60 centros de detención y que no haga referencia a la situación de los presos comunes en el país.

“Que se mueren de hambre, que se mueren de tuberculosis, la corrupción que hay y eso no lo manifiesta y eso yo lo tengo que protestar (…) tiene todas las cifras reales de la corrupción, de las condiciones en las que se encuentran los presos”, insistió.

Respecto a la situación jurídica de reclusos en Venezuela, el informe correspondiente al 2022 reitera las denuncias sobre retardo procesal presentadas desde al menos hace seis años y señala que el 53 % (17.825) de las personas privadas de libertad, están procesadas, mientras que solo el 47 %, es decir, 15.733 personas han recibido una condena.

“Por sexto año consecutivo, la cantidad de procesados sobrepasó la cantidad de penados, lo que se traduce preocupantemente en una constante inversión de la pirámide judicial, evidenciada en los años analizados”, resalta.

La organización subraya que la cantidad de condenados debería ser mayor a la de procesados debido a que se trata de una situación que debería ser “transitoria” y que, además, gozan del principio de presunción de inocencia, en lo que dura el proceso penal y se produce una sentencia condenatoria o absolutoria.

En varias ocasiones, desde su nombramiento en febrero, la nueva ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, ha manifestado en redes sociales el “compromiso en la humanización de los privados y privadas de libertad”.

“Revisamos el diagnóstico de cada una de las infraestructuras penitenciarias, a fin de evaluar las necesidades para cumplir con el fortalecimiento de los derechos constitucionales de los privados y privadas de libertad”, escribió en Twitter el 11 de marzo tras una videoconferencia con directores de centros penitenciarios del país.

La ONG destacó que 8 de las personas detenidas forzadamente fueron privadas de libertad la semana pasada

Con información de EFE

En Venezuela hay 277 detenidos que son considerados como «presos políticos», afirmó este martes la ONG Foro Penal, en cuyo reporte señaló que hubo «ocho encarcelaciones» la semana pasada, sin ofrecer mayores detalles al respecto.

La organización indicó en sus redes sociales que, del total de reos, 127 son civiles y 150 militares.

Además, aseguró que 115 presos ya han recibido una sentencia, mientras que 162 todavía esperan por la decisión de un tribunal.

«Desde 2014 se han registrado 15.777 detenciones políticas en Venezuela», señaló Foro Penal.

Asimismo, dijo que además de los «presos políticos», más de 9.000 personas siguen sujetas, «arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad».

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 06/03/2023 por @ForoPenal:

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 277

Hombres: 260
Mujeres: 17

Civiles: 127
Militares: 150

Adultos: 277
Adolescentes: 0#Infografia #Balance #6Mz @Almagro_OEA2015 @ONU_derechos @UNHumanRights pic.twitter.com/HlzbfjIN6J

— Foro Penal (@ForoPenal) March 8, 2023

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y familiares de detenidos considerados presos políticos pidieron recientemente al alto comisionado de DD.HH. de la ONU, Volker Türk, quien visitó el país entre el 26 y 28 de enero, un mayor apoyo a sus casos, ante las violaciones a los DD.HH. que -denunciaron- sufren estos privados de libertad.

Al finalizar su visita, Türk anunció que su oficina tendrá presencia dos años más en Venezuela «para que pueda continuar su labor de promoción de la agenda de derechos humanos», una decisión que la sociedad civil y ONG esperan que se traduzca en mayores denuncias contra los atropellos, lo que, aseguran, ha faltado hasta ahora. 

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