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Observatorio Venezolano de Prisiones

Denuncian ante CIDH condiciones de presos políticos en Rodeo I

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció las precarias condiciones en las que se encuentran los presos políticos de la cárcel de El Rodeo I, situación que fue remitida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Voceros del OVP indicaron que los reclusos por persecución política “duermen en el suelo, defecan en letrinas, son acosados cada 15 minutos por los custodios que les golpean las rejas y comen con las manos”.

OVP recordó que tanto El Rodeo I como El Rodeo II tienen medidas provisionales dictadas por la CIDH desde 2008 y por ello remitió a la instancia internacional una actualización del estado de los presos políticos. 

“Esta situación de extrema gravedad y urgencia, que se ha agudizado en el tiempo, la padecen los presos políticos recientemente trasladados a El Rodeo I, quienes durante el traslado fueron incomunicados, y sus familiares y abogados no fueron debidamente notificados”, escribió OVP en X.

También, denunciaron que durante el traslado de los presos políticos no les permitieron llevar sus objetos personales,  carecen de acceso a agua potable, no consumen alimentos suficientes, deben bañarse en cinco minutos, no tienen acceso a medicamentos  y no pueden realizar llamadas telefónicas ni actividad física.

“Para ingresar al penal, los familiares son recibidos por custodios encapuchados y sin identificación, quienes les tapan los ojos para llevarlos al sitio donde hacen la visita sin contacto físico y en muy corto tiempo, siempre vigilados por los funcionarios”, expuso la organización.

A raíz de esta comunicación, la CIDH requirió al Estado venezolano que, a más tardar el 11 de abril de este año, presente un informe sobre la situación de los reclusos.

Luego de las excarcelaciones que se dieron el año pasado gracias al acuerdo de Barbados entre la Plataforma Unitaria y el oficialismo, desde enero 2024 se han registrado al menos 15 detenciones de disidentes políticos, la mayoría perteneciente al movimiento político Vente Venezuela.

 

 

Claves | Población LGBTIQ+ en centros de reclusión se encuentra a la deriva
Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones evidencia que la comunidad LGBTIQ+ que está detenida sufre de abandono y discriminación
El Estado no garantiza el respeto a los derechos humanos de esta comunidad en las cárceles 
No se proporciona atención médica y mucho menos tratamientos especializados para las personas trans, incluyendo los hormonales  

 

De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), para el primer semestre de 2023 en el país había una población reclusa superior a las 32 mil personas en sitios con una capacidad real instalada para 20.888, lo que representaba un hacinamiento de 154,15%.

Según el OVP, 69% de los centros de reclusión en Venezuela se encuentran en condiciones de hacinamiento

A este dato hay que agregar que no existen cifras oficiales en cuanto a la población LGBTIQ+ que permanece en los centros de reclusión.

A propósito de esta incógnita y el estado de indefensión en el que se encuentra este segmento, el OVP elaboró el informe Personas privadas de libertad LGBTIQ+: el derecho a la salud es una ficción en los centros penitenciarios de Venezuela.   

El director del OVP, Humberto Prado, indicó que la opacidad en torno a la cantidad de personas LGBTIQ+ en los centros de reclusión, dificulta la implementación de medidas adecuadas para su bienestar y garantía de derechos.

Prado aseveró que no hay personal capacitado para atender las demandas sanitarias, específicas de la gente que conforma este segmento de la sociedad.

“Todo este problema tiene su base en la falta de personal debidamente formado, lo cual no es imposible porque hay un mandato constitucional que establece que las personas que trabajan en las cárceles deben ser penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias”, dijo Prado.  

El activista de DDHH sostuvo que el objetivo del informe es exigir al Gobierno venezolano el cumplimiento de la posición de garante frente a toda persona que se encuentre bajo su custodia y el cese de las violaciones a los derechos humanos de los grupos vulnerables como el LGBTIQ+.

Prado indicó que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un informe donde expone que las personas LGBTI enfrentan un mayor riesgo de violencia sexual, otros actos de violencia y discriminación.

Por su parte, el OVP expuso en el 187 período de sesiones de la CIDH que Venezuela posee un sistema penitenciario colapsado por los elevados índices de hacinamiento, retardo procesal, violaciones al debido proceso, proliferación de enfermedades, falta de medicamentos, atención médica y alimentación inadecuada, una crisis de la que no escapa la población LGBTIQ+.

Estas son los principales puntos que plantea el informe:

-La situación de las personas LGBTIQ+ que se encuentran detenidas en Venezuela se agrava debido a la falta de legislación que reconozca el cambio de identidad para las personas trans.

 

-La homofobia y la transfobia se agudizan en contextos de privación de libertad debido al hacinamiento, la corrupción y el autogobierno de las cárceles.

 

-Las personas LGBTIQ+ enfrentan violencia física, verbal y psicológica, así como persecución por parte de autoridades y grupos sociales conservadores en las prisiones y centros de detención preventiva.

 

-No existen áreas establecidas por diferenciación de género para la comunidad LGTBIQ+ en los centros de reclusión, exponiendo a esta a situaciones de peligro.

 

-Las personas LGTBIQ+ son víctimas de esclavitud por parte de otros privados de libertad y de funcionarios de quienes reciben maltrato físico y psicológico, en muchos casos se les obliga a prostituirse y a sufrir abuso sexual.

 

-Las personas trans son ingresadas a los centros según lo que dice su cédula y no su identidad de género.

 

-Las mujeres trans están recluidas con hombres y son forzadas a realizar labores de limpieza como lavar la ropa de otros reclusos bajo amenaza de muerte o castigos.

 

-No hay una legislación que les garantice a la comunidad LGTBIQ+ detenida atención médica general, salud reproductiva, programas de educación, información referente a tratamientos hormonales y cuidado de la salud mental, pese a que el artículo 15 del Código Orgánico Penitenciario expresa el derecho a la salud de la persona privada de libertad.

 

-Las cárceles venezolanas no cuentan con personal médico ni espacios adecuados para la atención médica, en cada recinto hay entre 2 y 4 personas encargadas de la salud, lo cual no sirve para atender ni al 0,2 % de la población reclusa.

 

-Los traslados a los centros de salud, solo se realizan por decisión arbitraria de las autoridades penitenciarias.

 

-No hay programas de despistaje de atención primaria de salud, diagnóstico temprano y prevención del VIH, tuberculosis, cáncer y otras patologías.

 

-No se proporcionan tratamientos especializados a la población trans, incluyendo los hormonales.

 

-El personal carcelario no está capacitado para atender  a las personas con VIH, especialmente a las que forman parte de la comunidad LGQBTI+.

 

-Las prisiones se han convertido en espacios carentes de salubridad y con escasez o ausencia total de agua potable. Asimismo los reclusos no gozan de una alimentación adecuada.

 

-Las mujeres embarazadas en las cárceles venezolanas no reciben la atención médica adecuada durante el embarazo y el parto.

 

-Prevalece la inexistencia de canales de monitoreo, seguimiento y denuncia de posibles casos que pudieran afectar los derechos de las personas LGBTIQ+.

 

-Venezuela no cuenta con una política pública en materia de salud mental, se evidencia escasa información, desconocimiento y pocos mecanismos de protección al preso. No hay información oficial sobre registros de depresión, ansiedad, estrés post traumático, y otros trastornos del estado de ánimo que podrían afectar a la población reclusa.

 

Un deber del Gobierno en las prisiones 

El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa que el Estado tiene el deber de “Garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto de sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación”.

Ante el estado de indefensión en el que se encuentra la población LGBTIQ+ que permanece en centros de reclusión, el OVP alertó que es perentorio que dentro de las prisiones venezolanas se organicen sesiones de sensibilización y concienciación para el público general y para los profesionales que trabajan allí.

“El Estado venezolano debe atender la necesidad de fortalecer procesos de capacitación y sensibilización con enfoque de derechos humanos”, reza el informe.

Igualmente exigió capacitación y asesoramiento a funcionarios de prisiones, personal médico y psicológico y abogados en cuanto a los derechos de la población reclusa y las necesidades específicas de las personas LGBTIQ+.

Enfatizó que es importante establecer alianzas con organizaciones de derechos humanos, grupos LGBTIQ+ y otras entidades para evitar más opacidad y discriminación.

 

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OVP denuncia traslado de 173 reclusas del anexo femenino de la cárcel Fénix sin aviso a familiares
Según el OVP, el anexo femenino de Fénix Lara era uno de los 16 espacios en donde albergaban a mujeres privadas de libertad en Venezuela y «ninguno de estos lugares fueron creados con perspectiva de género»

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este domingo, 7 de enero, el desalojo de 173 reclusas que estaban en el anexo femenino de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara.

De acuerdo con el reporte de la ONG, las privadas de libertad sabían que serían desalojadas desde hace un mes y, aunque al principio solo lo tomaron como una «amenaza» el traslado se realizó entre la noche del 6 y el 7 de enero.

El anexo femenino de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara albergaba a más de 200 mujeres, pero en diciembre fueron trasladadas unas 20 internas hasta el anexo femenino de David Viloria, conocido como Uribana y ubicado a unos metros de Fénix.

 

A su vez, más de 10 privadas de libertad fueron llevadas hasta el estado Miranda.

En la noche del 6 de enero trasladaron el primer lote de internas hasta el estado Barinas.

El OVP conoció que otras serían enviadas entre la mañana y tarde de este domingo hasta los estados Carabobo, Aragua, Miranda y Zulia, pero esta última región aún no había sido confirmada.

Fénix Lara no cumplía con los estándares

Según el OVP, el anexo femenino de Fénix Lara era uno de los 16 espacios en donde albergaban a mujeres privadas de libertad en Venezuela y «ninguno de estos lugares fueron creados con perspectiva de género».

Además, este anexo estaba en una de las torres dentro de la prisión de hombres, ubicada en el ala derecha del recinto.

«Esta falta de separación entre los espacios trajo diversos problemas con las internas, quienes eran sacadas por los reclusos de la torre», según relataron unos funcionarios de la prisión a OVP.

Asimismo, en meses anteriores estas mujeres fueron víctimas de diversas requisas que, según denunciaron al OVP, fueron violentas. 

En esta ocasión los familiares de las privadas de libertad expresaron su preocupación porque no saben a ciencia cierta a qué estado serían trasladadas cada una de ellas.

OVP: Operación Cacique Guaicaipuro no acabó con los pranes
El Observatorio Venezolano de Prisiones presentó este miércoles 27 de diciembre el informe Historia del Pranato en Venezuela 

 

Este miércoles 27 de diciembre, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó el informe Historia del Pranato en Venezuela en el que asegura que la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro no precisa el paradero de los pranes que fueron intervenidas por el estado a partir del 20 de septiembre de 2023.

De acuerdo con el informe presentado por el director del OVP, Humberto Prado, todos los pranes de los centros penitenciarios que fueron intervenidos se evadieron con antelación. Algunos fueron vistos abandonando las respectivas cárceles en carros, sacando animales y prender fuego a muchas de sus pertenencias.

A juicio de Prado, en Tocorón, la primera carcel intervenida por el Gobierno y cuyo pran evadido es Héctor Rusthnford Guerrero Flores «Niño Guerrero»., la población penal era de 3.000, se fugaron 1.400, recapturaro a 128 y el pago ago de vacuna: $20 mensuales

En el Internado judicial de Carabobo (Tocuyito) la población penal era de 2.113, el pago de vacuna estaba estipulado en $20 y del pran Néstor Richard Sequeras Campos alias «Richardi» no se sabe nada.

Prado informo que en el Internado Judicial Ciudad Bolívar (Vista Hermosa) el cobro de la vacuna era una de las más caras al ubicarse en $80 mensual. Según el OVP, si el pago era en bolívares debía cancelarse el doble por lo que las ganancias para los pranes era de 96 mil dólares al mes.

Prado aseveró que el desarrollo de la figura del «pran» dentro de diversas cárceles del país ocurrió con el consentimiento del Estado.

EL OVP dijo que con el cambio de representantes ministeriales en diferentes épocas, los acuerdo con los líderes negativos fueron heredados por Jesse Chacón, Pedro Carreño Escobar, Ramón Rodríguez Chacín, Tareck El Aissami e Iris Varela.

«A partir de septiembre del año 2008, el pranato evolucionó rápidamente por el nombramiento de Tareck El Aissami como ministro del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (2008-2012)»,reza el documento.

 

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Hacinamiento y retardo procesal son los principales problemas que afectan a cárceles latinoamericanas 
Miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos de Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Venezuela se reunieron para analizar la crisis penitenciaria global 

 

Con la misión de unificar alianzas en pro de la búsqueda de justicia culminó  la reunión entre representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos de personas privadas de libertad de Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Venezuela.

Al encuentro,  cuyo propósito era exigir a los Estados condiciones de detención compatibles a la dignidad humana, asistieron Marina Dias, directora del Instituto para la Defensa del Derecho a la Defensa de Brasil; Valentina Díaz Moya, directora del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes de Colombia; Fernando Bastias, coordinador de Litigio Estratégico del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Ecuador; Yaneth Martínez,  técnica legal de la organización Cristosal de El Salvador; Nayomi Aoyama, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción social de Documenta de México; y Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

De acuerdo con los expertos, la crisis penitenciaria en Latinoamérica ha alcanzado proporciones alarmantes, con consecuencias devastadoras para los derechos humanos de los reclusos.

Los expertos destacaron que los principales problemas que afectan a los sistemas penitenciarios latinoamericanos son el hacinamiento, el retardo procesal, el ocio, la corrupción, la violencia y la falta de atención médica

“La falta de espacio conduce a hacinamiento, limitando el acceso a servicios básicos como atención médica, educación y recreación. Esta sobrepoblación carcelaria no solo es un reflejo de la falta de inversión en infraestructuras adecuadas, sino también de la necesidad de reformas legales y judiciales para abordar eficazmente el problema”, reza una nota de prensa colgada en la página web del OVP.

De la declaración conjunta se desprende que los informes de tortura, tratos crueles e inhumanos, así como ejecuciones extrajudiciales, son frecuentes. “Estas prácticas no solo constituyen violaciones graves de los derechos humanos, sino que también perpetúan un ciclo de violencia y desconfianza en el sistema”.

Los activistas latinoamericanos expresaron que la falta de acceso a la justicia, la lentitud en los procedimientos legales, la falta de defensa adecuada y la corrupción en el sistema judicial atentan contra los DDHH de miles de privados de libertad en la región.

En una declaración conjunta expresaron que se necesitan inversiones significativas en infraestructuras penitenciarias, así como reformas legislativas que promuevan un sistema de justicia más eficiente y equitativo.

 

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OVP: Nueve pranes se encuentran en sede de la PNB en La Yaguara 
Según la ONG en el calabozo policial conviven líderes negativos de las cárceles de Tocorón, Vista Hermosa, San Felipe, Trujillo, La Pica y Puente Ayala   

 

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones, la mayoría de los pranes que pactaron la toma pacífica de siete cárceles se encuentran recluidos en el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara, Caracas.

Según fuentes extraoficiales en La Yaguara se encuentran: Freddy Barboza alias “La Charro”, pran del Internado Judicial de San Felipe en el estado Yaracuy; Alvaro Montilla alias “El Loro”, pran del Internado Judicial de Trujillo y su mano derecha; Wilkins “Wilkins” Romero, Giovanny “Pan” Navas y Edicson “Chichi” González, pranes de la cárcel de Vista Hermosa en Bolívar; Yunior Yagüez, alias “Pata´e queso”, pran de Puente Ayala en Anzoátegui;  uno de los pranes de La Pica en Maturín (no se sabe si alias “Pedro Rapidito” o “El Jefferson”) y un lucero* de Tocorón. 

La organización denunció que mientras esto sucede se desconoce el paradero de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, pran del Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) y líder del Tren de Aragua y de Nestor Richardi Sequera Campos, alias “Richardi” o “El Papa”, pran de la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo.

De acuerdo con el OVP, la sede de la PNB en La Yaguara no cumple con los estándares internacionales para privados de libertad de alta peligrosidad.

El centro de detención preventiva o calabozo de la PNB en el oeste caraqueño es una instalación concebida para recibir a presos por 48 horas mientras se determina su centro de reclusión según lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)

El OVP recordó que los funcionarios policiales no están capacitados para atender a población penitenciaria y menos de alta peligrosidad.  

Asimismo reiteró que los calabozos en Venezuela están abarrotados y el hacinamiento supera el 160%, factor desencadenante de enfermedades como tuberculosis, VIH y coronavirus.

OVP hizo un llamado al ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos y a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Celsa Bautista, a aclarar la situación. 

 

*Mando medio de la estructura criminal en una cárcel

 

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OVP advierte que el hacinamiento en las cárceles superará el 300 %
Denuncian que en las cuatro intervenciones de penales en el último mes no tiene ninguna información de parte del Estado sobre el impacto a los privados de libertad y sus familiares

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), advirtió que el hacinamiento en los centros penitenciarios del país puede superar el 300 % de su capacidad debido a las recientes intervenciones militares de la «Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro» en distintas cárceles a nivel nacional. 

En una entrevista a Radio Fe y Alegría el 3 de noviembre, Prado aseveró que el operativo puede convertirse en un «desastre» para el sistema penitenciario del país, ya que no existe una estructura para albergar a los privados de libertad afectados por la clausura de cárceles «por reparaciones» o sus intervenciones militares con la intención de sacar a los cabecillas delincuenciales, conocidos como «pranes». 

Advierte que la Operación no ha podido lograr su cometido, entre varias razones, porque existen niveles «de complicidad» que van desde el Ministerio del Poder Popular Penitenciario, la Guardia Nacional Bolivariana, el juez de ejecución hasta el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.  

Bajo la inacción de estos actores, se extiende el pranato con prácticas como el pago de impuestos a la población carcelaria. «Estos pranes cobran un impuesto al que denominan ‘la causa’ que consiste en pechar con 5, 10 o 15 dólares semanales a los reos», explicó Prado. 

OVP: el Estado «oculta» cifras de hacinamiento

Los cuerpos de seguridad del Estado han tomado cuatro centros penitenciarios desde septiembre hasta la fecha de publicación de esta nota. Las cárceles de Tocorón (en el estado Aragua), de Tocuyito (en Carabobo), de Puente Ayala (en Anzoátegui) y de La Pica (en Monagas) fueron intervenidas por varios cuerpos de seguridad del Estado bajo la coordinación del vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Remigio Ceballos.

El operativo más reciente fue en La Pica, el 3 de noviembre. Pero todos los operativos cumplen el mismo patrón: no se pudo encontrar al pran de los centros penitenciarios, las principales figuras que el Estado busca. 

El OVP documentó que «el régimen de Nicolás Maduro oculta las cifras sobre estas muertes (en el contexto de las intervenciones a los centros penitenciarios)», donde algunos casos niegan a los familiares de los privados de libertad a ver los cadáveres o confirmar su paradero.

«Desde nuestra organización estamos informando a los organismos internacionales sobre lo ocurrido en estas cárceles», reitera en una nota de prensa la ONG.

Prado también denunció que el Estado no brinda información sobre el paradero de los pranes, así como los gastos que se dan en cada intervención militar. 

«¿Cuántos homicidios realizaron?, ¿cuántos hirieron y extorsionaron?, ¿cuántos secuestros dirigieron desde las cárceles?», son algunas de las preguntas que el director del OVP considera que debe responder el Estado respecto a todas las cabecillas de las bandas que operan dentro de las cárceles.

Sin información oficial del paradero del pran concluyó intervención de La Pica
Este viernes la “Operación Gran Cacique Guaicaipuro” llegó al Internado Judicial de Monagas en Maturín y como es costumbre no hay información oficial sobre el pran del recinto Pedro Manuel González Mata alias “Pedro Rapidito”
Es el cuarto penal que interviene el régimen de Maduro en poco más de dos meses 

 

Como si se tratase de un loop (anglicismo empleado para repetición) o de una escena de la película Groundhog Day donde su protagonista, Bill Murray, despierta una y otra vez en el mismo día, en la madrugada de este viernes 3 de noviembre, la “Operación Gran Cacique Guaicaipuro”, que pretende recuperar el poder perdido del Gobierno madurista en las prisiones venezolanas, aterrizó en el Internado Judicial de Monagas conocido como cárcel de La Pica en Maturín. 

Y también como un guion repetido, el pran del recinto penitenciario, Pedro Manuel González Mata alias “Pedro Rapidito” hizo alarde de su apodo y sacó las armas de las cárceles antes de que llegaran las autoridades, según el Observatorio Venezolano de Prisiones

De acuerdo con el OVP, como sucedió con las “tomas” de las cárceles de Tocorón en el estado Aragua (20 de septiembre) , Tocuyito en Carabobo (25 de octubre)  y Puente Ayala en Anzoátegui (30 de octubre), los pranes o líderes negativos de La Pica negociaron la entrega del recinto.

“Dentro del penal había mujeres y niños que convivían en esos espacios. Familiares resaltaron que hace una semana los pranes sacaron armas y le dijeron a los presos que el penal sería intervenido”, expuso la ONG en un la plataforma X

“Pedro Rapidito” fue detenido a mediados de febrero de 2014 y condenado hace seis meses a poco más de nueve años de cárcel por el Tribunal Primero de Juicio de Monagas a cargo del juez Jorge Alejandro Cárdenas Mora. Se le imputaron los delitos de ocultamiento ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y posesión de arma de fuego

Trascendió que los reclusos están siendo reubicados en el vecino Centro de Formación Hombre Nuevo Nelson Mandela.  

“Nosotros exigimos a la Ministra de Asuntos Penitenciarios (Celsa Bautista) una respuesta y que por favor no trasladen lejos a nuestros familiares porque no tenemos para darle comida y mucho menos para el pasaje”, declaró Aniuska Sifontes, familiar de uno de los reclusos a las puertas de La Pica.

Según expuso la ONG Una Ventana a la Libertad en una nota de prensa, familiares de reclusos denunciaron maltratos por parte de funcionarios de seguridad del Estado.

Ceballos: Hemos acabado con la mafia carcelaria

El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, declaró al canal del Estado que algunos reclusos mostraron resistencia a la intervención del penal, sin embargo no aclaró si en ese grupo estaba “Pedro Rapidito” y otro pran apodado «El Yeferson».

«Luego de que agotamos todas las medidas de diálogo se produjo la rendición. En este momento, están siendo puestos a órdenes del Ministerio Penitenciario. Hemos acabado con la mafia carcelaria, con instrucciones precisas del presidente Nicolás Maduro seguimos avanzando en el reimpulso del sistema penitenciario y continuaremos para garantizar la protección del pueblo», expresó Ceballos. 

Videos difundidos en redes sociales daban cuenta del amplio despliegue policial y militar en la intervención de este centro de reclusión.

 

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