Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró durante febrero de 2024 284 protestas durante febrero de 2024, equivalente a nueve diarias.

De acuerdo con el informe mensual del OVCS, la cifra representa una disminución de 63% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se documentaron 762 protestas.

Se documentaron 195 protestas por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), lo que representa el 69% del total general. Por su parte, los Derechos Civiles y Políticos (DCP) fueron exigidos en 89 protestas, 31%.

Los estados que lideraron el índice de protestas: Bolívar (52), Sucre (39), Táchira (22), Anzoátegui (18), y Nueva Esparta con 17, respectivamente.

Según el informe del OVCS, las concentraciones frente a las oficinas gubernamentales continúan liderando las modalidades de protestas en Venezuela. 

Asimismo, de las 284 manifestaciones documentadas durante febrero, 168 fueron combinadas. En estas se exigió más de un derecho en un mismo evento. Esto representó el 59% del total registrado.

Derecho a la vivienda y el colapso de los servicios básicos

Durante el mes de febrero el OVCS documentó aproximadamente 124 protestas por el derecho a la vivienda. Principalmente las relacionadas con denuncias y reclamos por fallas de servicios básicos.

Además, habitantes de 9 estados del país protestaron para exigir abastecimiento de combustible de forma regular y sin dolarización de tarifas.

También, vecinos y transportistas exigen soluciones a las autoridades y garantizar acceso al servicio de abastecimiento de forma rápida, segura y definitiva.

En este período, en 79 oportunidades se exigieron derechos laborales, en promedio de 3 diarias, lo que representa 28% del total.

Derechos civiles y políticos

En febrero de 2024 los derechos civiles y políticos más exigidos fueron el derecho a la justicia (59) y el derecho a la participación política (54).

Al respecto, el OVCS documentó 59 protestas por justicia, derecho exigido por trabajadores, familiares de lideres sindicales, políticos y defensores de derechos humanos víctimas de detenciones arbitrarias.

Las alertas se hicieron ante el cierre del espacio cívico, como la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y la expulsión del país de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Represión contra las protestas de febrero 2024

Durante febrero, el OVCS documentó 3 protestas reprimidas en 3 estados del país.

«La represión, criminalización y obstaculización de manifestaciones pacíficas continúa presenta como respuesta del Estado venezolano ante los reclamos ciudadanos», alertó la organización.

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Los maestros encabezaron el mayor número de manifestaciones

94 protestas vinculadas al sector laboral contabilizó el Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) durante el mes de septiembre.

El organismo indicó que la mayoría de las protestas fueron protagonizadas por trabajadores del sector educativo, quienes exigieron mejoras salariales y de las condiciones de sus empleos.

Los maestros encabezaron el mayor número de manifestaciones, seguidos de trabajadores de las industrias básicas y del sector manufacturero, que no solo reclamaron salarios mejores, sino condiciones laborales óptimas.

Inaesin informó que 81% de las protestas del mes pasado fueron en rechazo a despidos injustificados y al incumplimiento de la convención colectiva.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reveló que los trabajadores lideran las protestas registradas en el país, en las que han exigido salarios dignos, respeto a la libertad sindical y libertad plena para los seis sindicalistas condenados recientemente a 16 años de prisión.

El OVCS documentó 389 manifestaciones en agosto pasado, lo que refleja un promedio de 13 protestas al día.

Voceros de la ONG resaltaron que en comparación con julio, hubo 43 % menos reclamos a demandas de la ciudadanía

Apenas hace días, la ministra de Educación, Yelitze Santaella negó la posibilidad de un aumento de salario para los trabajadores, que este lunes 2 de octubre comenzaron las clases. 

“Se atenderá el tema muy puntual de lo que son los ingresos cuando estén las condiciones económicas en este país”, se limitó a decir la funcionaria de Maduro, quien aseguró que Venezuela mantiene una senda de crecimiento económico continuo de ocho trimestres.

Desde marzo de 2022, el salario mínimo y las pensiones en Venezuela está ubicado en 130 bolívares mensuales, menos de cuatro dólares. 

De acuerdo con estimaciones independientes, el costo de la Canasta Básica de Alimentos, calculada para una familia de cinco personas, se acerca a los 500 dólares mensuales. 

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Campesinos fueron aprehendidos luego de que difundieran videos en redes sociales en los que se les veía arrojando a los ríos parte de sus cosechas de tomate y zanahoria

«Los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley». Pese a que esto establece el artículo 68 de la Constitución, los venezolanos que lo ponen en práctica se arriesgan a terminar tras las rejas, ser sometidos a procesos judiciales y ser estigmatizados por las autoridades.

Entre los últimos en sufrir la suerte antes descrita están Ysnet Antonio Rodríguez Mambel y Jhonar Barazarte Trompetero, dos campesinos andinos que entre el 18 y 20 de junio fueron aprehendidos luego de que difundieran videos en redes sociales en los que se les veía arrojando a los ríos parte de sus cosechas de tomate y zanahoria, en rechazo a la escasez de gasolina que les impidió transportarlas hasta los mercados.

«No tengo gasolina suficiente para trasladar este producto», relató otro productor en una grabación, mientras sostiene un racimo de cambur en su mano, al tiempo que otro hombre que está a su lado agarra más de estas frutas y las lanza fuera de donde la transportaban. 

«Intenté conseguirla por otros medios, me calé cuatro días en moto para lograr traer gasolina y echarle a la (camioneta) Toyota, para bajar la mercancía, pero no fue posible. No fue posible surtir gasolina, así que esto se haga viral, que llegue a los oídos de los gobernadores, alcaldes y del presidente la situación que estamos viviendo los productores».

Contra el mensajero y no el mensaje

La reacción de las autoridades no se hizo esperar, y horas después de que los videos comenzaran a propagarse por las redes sociales, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, señaló a los productores de estar cometiendo «un delito». Acto seguido, anunció que su despacho inició una averiguación contra los campesinos, quienes, según él, estaban «procurando causar zozobra en la población y atentar contra la seguridad agroalimentaria del pueblo».

Horas después se anunció la captura de dos de los protagonistas de los videos y el fiscal anunció que buscaría procesarlos por incurrir en el delito de boicot, previsto en la Ley Orgánica de Precios Justos, cuyo artículo 55 señala lo siguiente:

«Quienes conjunta o separadamente desarrollen o lleven a cabo acciones, o incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios, serán sancionados con prisión de 12 a 15 años. Cuando dichas acciones u omisiones hubieren sido cometidas en detrimento del patrimonio público, los bienes serán además objeto de la confiscación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución».

La actuación de Saab fue respaldada desde la Asamblea Nacional electa en 2020. «Están bien detenidos», dijo la diputada chavista Iris Varela, quien agregó:

«Uno se indigna cuando ve a alguien botar alimentos (…) Esto es una ofensa, una vil ofensa (…) Todo el que se preste para esa campañita debería abrírsele juicio, porque están boicoteando los alimentos de los venezolanos. Todo el que quiera generar zozobra debe ir detenido y se le debe abrir un juicio. Eso es lo que pedimos desde el PSUV». 

Pero Varela no se quedó allí, y tras negar que hubiera problemas con el suministro de combustible, aseveró que a los aprehendidos «les compraron sus cosechas para filmar el video».

Con su postura, las autoridades judiciales y legislativas parecen intentar ignorar un hecho irrefutable: Venezuela, la primera reserva petrolera del mundo, no es capaz de suplir sus necesidades energéticas. En abril pasado, la producción petrolera del país durante el primer trimestre del año promedió 731.000 barriles por día (bpd), reveló un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), publicado en el mes de abril. Aunque el dato representa un aumento del 5% en comparación con los últimos meses del año pasado, hace solo una década la producción promedio del país rondaba los 2,5 millones bpd.

Pero no solo la extracción de crudo ha caído, sino también la refinación. Así, hoy el país apenas es capaz de transformar una fracción de la demanda diaria de gasolina. Esta situación explica las filas en las gasolineras que hay en todo el país, en particular en las regiones.

El desabastecimiento de combustible ha hecho que los habitantes de nueve estados, entre ellos Mérida y Trujillo, de donde son los campesinos detenidos, protagonizaran protestas en mayo, de acuerdo con un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Nunca debieron estar presos

Aunque Rodríguez Mambe y Barazarte fueron dejados en libertad plena por los jueces que conocieron sus casos, lo cual implica que los tribunales no consideraron que hubieran delinquido, lo cierto es que nunca debieron ser aprehendidos. ¿Por qué?

Una lectura del artículo 55 de la Ley Orgánica de Precios Justos deja en claro que la actuación de los campesinos no impidió «la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos». ¿Cómo se puede hablar de boicot si es imposible transportar la cosecha?

Los productores no solo ejercieron lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución, sino también en el artículo 112, que habla de la libertad económica. Además, siguieron el ejemplo de sus pares europeos, quienes arrojan sus cosechas como manera de protestar contra los bajos precios o la competencia desleal. Una revisión muy superficial por internet permitió hallar casos en España en 2011, 2017, 2020 e incluso este mismo año.

Según el Comité de Afectados por Apagones entre enero y mayo de este año se han registrado 31.123 fallas eléctricas en todo el territorio nacional 

El Comité de Afectados por Apagones ha registrado un aumento continuado en el número de cortes de luz, pasando de 3.296 cortes en enero a 10.013 en el mes de mayo. En declaraciones para EFE, la presidenta del comité, Aixa López, dijo que han repuntado en los

últimos meses las fallas y esto se debe a la falta de atención en el sistema eléctrico nacional.

Para los expertos, la crisis generada tras el colapso de 2019 no ha mermado y es el resultado de la falta de atención, mantenimiento e inversión en el sistema.

Entre enero y mayo de este año se han registrado 31.123 fallas eléctricas en todo el territorio, una cifra que, según el Comité de Apagones, demuestra «la desatención permanente del sistema eléctrico».

“No se pueden seguir colocando pañitos calientes. Se debe dar una solución para todo el entramado de generación, distribución y transmisión», dijo.

El estado Zulia encabeza la lista de los cortes registrados por esta ONG, que asegura que esta región es una de las más afectadas. En esta entidad se documentaron 2.010 fallas en mayo, que contrastan con las 423 contabilizadas en enero pasado.

No obstante, aunque los apagones se acusan más en poblaciones del interior, ocurren también en la capital, en donde se cuentan, en lo que va de año, 613 cortes del suministro eléctrico.

El descontento por los constantes cortes de energía se refleja en numerosas manifestaciones, pues el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 38 protestas por fallas eléctricas durante los primeros tres meses de 2023.

El problema alcanza también a comunidades indígenas de Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), donde la ONG Kapé Kapé denunció recientemente «constantes y prolongados cortes».

El ingeniero mecánico y exviceministro de la extinta cartera de Energía y Minas Víctor Poleo explicó a EFE que la crisis eléctrica es «estructural» y data de 2007, cuando las empresas de esta área fueron absorbidas por la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

«Construir el sector eléctrico del siglo XX tomó 50.000 millones de dólares. Valga decir, hasta el 2015 se despilfarró y se corrompió dos veces la cantidad de dinero que nos tomó construir el sistema eléctrico en el siglo XX», aseveró el especialista.

Destacó que Venezuela fue uno de los países que en los años 80 ya contaba con «un sistema robusto de interconexión eléctrica nacional», con capacidad instalada de unos 23.000 megavatios, de los que hoy solo puede generar unos 9.000, según sus datos.

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De acuerdo con el OVCS, durante abril de 2023 se registraron 489 protestas durante abril de 2023, la mayoría por derechos laborales

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reportó que este lunes, 29 de mayo, se registraron 29 protestas en 19 estados del país.

A través de su cuenta de Twitter, el OVCS precisó que 21 de estas manifestaciones fueron protagonizadas por jubilados y pensionados.

Vale recordar que el lunes se conmemoró el Día del Adulto Mayor en Venezuela, por lo que personas de la tercera edad de diversos estados del país salieron a protestar para exigir pensiones dignas y seguridad social.

Sobre los adultos mayores, la ONG Provea advirtió que viven una situación difícil, pues representan el grupo etario de «mayores vulneraciones» en el ciclo de la vida del país.

Por otra parte, el OVCS contabilizó 8 protestas por servicios básicos como salud, vivienda y agua.

Desde Barcelona, estado Anzoátegui, la madre de una niña de 13 años que es paciente oncológica denuncia las precarias condiciones del Hospital Luis Razzeti.

«Tenemos dos semanas parados porque el aire de la sala de preparación de quimio se dañó, lo cual afecta a nuestros pacientes porque un tumor, una vez que es tocado por quimio, no puede dejar el tiempo prudente para poder aplicar la quimio», denunció.

#BalancePreliminarOVCS

Adicionalmente se registraron 8 protestas por:

🔹 Salud
🔹 Servicios básicos (Vivienda)
🔹 Agua

📌 29 protestas en 19 estados del país durante el día de hoy lunes #29May 🇻🇪

📷 Protesta realizada por familiares de pacientes oncológicos #Anzoátegui pic.twitter.com/CEYVy1Y1pN

— Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) May 30, 2023

Más del 60% de protestas en abril fueron por derechos laborales

De acuerdo con el OVCS, durante abril de 2023 se registraron 489 protestas durante abril de 2023, la mayoría por derechos laborales.

En total, el 61 % de las manifestaciones de abril (312) las protagonizaron trabajadores que exigieron sus derechos laborales.

De todas esas protestas, en al menos 192 participaron docentes de todos los niveles educativos acompañados de personal administrativo y obreros, lo que representa un 64 %.

Según la ONG, las exigencias del sector educación se incrementaron en 149 % en comparación con abril de 2022 cuando se registraron 77.

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En Venezuela, añade el OVCS, «no existen garantías sociales para la subsistencia de la mayoríad e la población quienes se ven obligados a sortear toda clase de circunstancia para vivir»

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) advirtió que los hechos de corrupción en Venezuela agravan aún más la difícil situación de vida que ya existe en el país.

Durante su reporte de abril, el OVCS recordó que en ese periodo el gobierno reconoció públicamente la existencia de numerosos casos de corrupción, con presunta responsabilidad de altos funcionarios y dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

También, la organización señaló que durante abril se escenificó una «grandilocuente campaña comunicacional de lucha contra la corrupción», la cual culminó el mes con detenidos y una persona fallecida durante la custodia policial.

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Sin embargo, advierte el OVCS, «la ausencia de transparencia e imposibilidad de acceder a datos oficiales y reales dificulta a la sociedad civil y comunidad internacional la posibilidad de conocer la veracidad sobre estos hechos».

Además, indicaron que las políticas gubernamentales impactan en las condiciones de vida del venezolano, que hoy día sigue «sucumbido» ante una Emergencia Humanitaria Compleja, con un salario mínimo oficial equivalente a 5 dólares por mes y una pobreza creciente.

En Venezuela, añade el OVCS, «no existen garantías sociales para la subsistencia de la mayoría de la población, quienes se ven obligados a sortear toda clase de circunstancia para vivir».

«Los hechos de corrupción y las continuas violaciones a los derechos humanos en todas sus dimensiones agravan aún más la situación de vida en el país».

Derechos laborales, los más exigidos por la población

De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en abril de 2023 se registraron 489 protestas, de las cuales el 61 % fueron por derechos laborales.

Según la ONG, las protestas contabilizadas en abril, 398 se relacionaron con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), lo que representa 81 %.

Durante el periodo, también el OVCS contabilizó 25 protestas en 11 estados del país para exigir abastecimiento de combustible de calidad en forma regular y sin dolarización de tarifas.

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Las manifestaciones de los trabajadores ocuparon el primer lugar de exigencias por sus derechos laborales, representando el 61 % del total registrado

El agua potable es el servicio que más exigen los ciudadanos por las constantes fallas en la distribución del mismo en zonas urbanas y rurales

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó 489 protestas durante abril de 2023, lo que representa una disminución del 36 % con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se computaron 768 manifestaciones.

De todas las protestas contabilizadas en abril por el OVCS, 398 se relacionaron con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), lo que representa 81 %.

Para este periodo, según detalló la organización, las principales exigencias fueron derechos laborales, seguridad social y servicios básicos.

A su vez, las exigencias relacionadas con los Derechos Civiles y Políticos (DCP) alcanzaron 91 protestas, equivalente a 19 % de la cifra total.

Con respecto a la distribución geográfica, el OVCS señaló que las protestas destacaron en: Bolívar (59), Sucre (58), Carabobo (43), Anzoátegui (35) y Lara (33).

Las entidades con menos registros de manifestaciones fueron: Apure (2), Delta Amacuro (4) y Cojedes (5).

Caracterización de las protestas

Las manifestaciones de los trabajadores ocuparon el primer lugar de exigencias por sus derechos laborales, representando el 61 % del total registrado.

También, se realizaron protestas creativas. Durante el asueto de Semana Santa, trabajadores, jubilados, pensionados y vecinos reclamaron sus derechos a través de un viacrucis temático y las quemas de Judas. 

El sector educación también estuvo activo en abril. Padres y representantes se unieron al gremio para exigir mejoras salariales y mejoras en las infraestructuras de las instituciones educativas.

Por su parte, vecinos y grupos políticos rechazaron casos de corrupción realizados por funcionarios gubernamentales.

Las protestas por servicios básicos se mantuvieron: agua potable y electricidad fueron los servicios básicos más exigidos por los vecinos. 

Asimismo, los mineros de diversas zonas de Bolívar protestaron contra el desalojo de las minas.

Cañicultores de Cumanacoa, estado Sucre, realizaron una huelga de hambre para exigir respuestas sobre deudas de 2021 frente a la Gobernación del estado.

Además, durante abril, hubo denuncias en 11 estados por fallas en la distribución del combustible y la baja calidad del mismo causando daños en los vehículos.

Miembros de partidos políticos, jóvenes y la sociedad civil también protestaron para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la activación de nuevos puntos de registro electoral que promueva la actualización de datos e inscripción para próximos eventos electorales.

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Finalmente, en el área de la salud, pacientes oncológicos denunciaron la paralización de radioterapias en centros asistenciales.

Protestas combinadas

De acuerdo con el OVCS, de las 489 manifestaciones documentadas durante abril, 228 fueron combinadas, es decir, los ciudadanos exigieron más de un derechos durante una misma protesta.

Un ejemplo de ello son las protestas en las que la ciudadanía denuncia fallas en los servicios básicos y, adicionalmente, exigen más seguridad ciudadana en sus localidades. 

También, precisó la organización, hay acciones donde los trabajadores exigen mejores salarios y reparación de centros sanitarios y dotación de medicinas.

Derechos más demandados

Las protestas por los derechos laborales encabezan la lista de manifestaciones documentadas durante abril de 2023. De acuerdo con el OVCS, de 489 protestas, un total de 300 fueron por estos derechos.

En abril de 2022 se registraron 312 manifestaciones por esta misma razón, lo que a juicio del Observatorio indica que «el conflicto laboral ha repuntado a pesar de la disminución general de protestas durante este 2023″.

De esas 300 manifestaciones por derechos laborales, en al menos 192 participaron docentes de todos los niveles educativos acompañados de personal administrativo y obreros, lo que representa un 64 %.

Vale acotar que las exigencias del sector educación se incrementaron en 149 % en comparación con abril de 2022 cuando se registraron 77, según los datos del OVCS.

Protestas por servicios básicos

Durante abril de 2023, de acuerdo con el OVCS, en unos 15 estados del país se reportaron inundaciones, deslizamientos de tierras, entre otros problemas que complejizan la situación de comunidades vulnerables.

El agua potable es el servicio que más exigen los ciudadanos por las constantes fallas en la distribución del mismo en zonas urbanas y rurales. Por este servicio, el OVCS contabilizó al menos 45 protestas.

En segundo lugar figuran las protestas por el servicio eléctrico, con 16 documentadas en abril.

A las fallas en el servicio eléctrico le siguen las protestas por gas doméstico en todo el territorio nacional. Se documentaron 4 durante el periodo mencionado.

Por otra parte, el OVCS también contabilizó protestas de vecinos que exigieron a las autoridades la reparación de vialidad (9), recolección continua y adecuada de residuos sólidos (7) y falta de mantenimiento en los canales de aguas servidas (6).

Protestas por gasolina

Durante el periodo, el OVCS contabilizó 25 protestas en 11 estados del país para exigir abastecimiento de combustible de calidad en forma regular y sin dolarización de tarifas.

El índice de protestas por este motivo lo lidera el estado Zulia (5), seguido de Barinas (4).

Otros derechos

En abril de este año, el OVCS contabilizó 53 movilizaciones por parte de los jubilados y pensionados quienes exigieron sus derechos junto a trabajadores activos de educación, salud y otros gremios de la administración pública.

Con relación a derechos civiles y políticos, los más demandados fueron el derecho a la justicia (75) y el derecho a la participación política (47). 

Represión

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) denunció que el Estado «continúa ejerciendo la represión contra las manifestaciones pacíficas y reivindicativas».

Durante el mes pasado, la organización documentó 4 protestas reprimidas en 4 estados del país.

Además, se registraron 13 protestas denunciando abusos y arbitrariedades cometidas por integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado.

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80% de las 1.262 protestas registradas durante el primer mes del 2023 por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social fueron por demandas laborales

La celebración del Día Internacional del Trabajador suele ser el marco para el anuncio de aumentos salariales y otros beneficios laborales. Sin embargo, este año las expectativas del personal activo, pensionados y jubilados han caído en la incertidumbre ante el escándalo de corrupción que compromete miles de millones de dólares de las arcas públicas e involucra a funcionarios, exfuncionarios, dirigentes políticos y empresarios. En medio de esta crisis, no se vislumbra cómo el gobierno responderá a las demandas formuladas por los gremios y sindicatos, especialmente del magisterio y del sector salud.

El descontento de la clase trabajadora se evidenció con fuerza el pasado enero, cuando protagonizó 80% de las 1.262 protestas registradas durante el primer mes del 2023 por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). De acuerdo con esta cifra, hubo un promedio de 42 movilizaciones diarias, la mayoría vinculadas con exigencias de derechos laborales y servicios básicos, lo que representa un incremento de 136 % con respecto al mismo período del año anterior.

La oleada de protestas coincidió con la tercera ronda del llamado Foro de Diálogo Social, que se desarrolló del 30 de enero al 1° de febrero en el estado Nueva Esparta con el apoyo de una misión técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se esperaba que el evento, que reunió a representantes gubernamentales, empresarios y sindicatos, avanzara en una agenda para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero culminó sin resultados concretos.

Según la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), el Ejecutivo venezolano ha incumplido 90% de las recomendaciones formuladas por la OIT y reafirmadas por el foro, especialmente las relacionadas con el establecimiento del salario mínimo, la libertad sindical y la consulta tripartita.

Con las mejoras salariales insatisfechas, el gobierno ha respondido con la entrega de bonos a través del sistema Patria. Estas asignaciones, aunque representen un alivio para alguna parte de la población, resultan insuficientes para cubrir siquiera una mínima parte de la canasta básica que, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), en marzo de este año se ubicó en 482,26 dólares.

Esto significa que una familia de cinco personas necesita ganar un promedio de 91,86 salarios mínimos para adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad. En contraste, el ingreso mensual de los trabajadores es de apenas Bs 130 o 5,25 dólares, a la tasa de hoy; considerado el peor de América Latina, muy por debajo de los USD 57 mensuales que según la ONU marcan el umbral de pobreza extrema.

Expectativas al alza

Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) 2022, por primera vez en siete años se redujo la pobreza multidimensional en Venezuela, pero aumentó la desigualdad y el país se convirtió en el

“más desigual” de la región, con casi 40% de los hogares con mayores ingresos ubicados en la capital, Caracas, ciudad con apenas 16% de la población total. Por otra parte, la medición reveló que, aunque se superó la hiperinflación producida desde 2017, Venezuela todavía es la economía “más inflacionaria del mundo”, y se prevé que puede cerrar este año en 125 %.

Por otra parte, aunque algunos analistas apuntan a que el país experimenta una leve recuperación económica, para la inmensa mayoría de los venezolanos su principal preocupación sigue siendo el aumento de precios de los productos de primera necesidad, así como los bajos ingresos y las fallas en servicios públicos esenciales como salud, alimentación, electricidad, agua y combustible.

Ante este panorama desalentador y en el marco del Día del Trabajador ha crecido la expectativa en los gremios y sindicatos que exigen un ingreso justo, incluso en términos de divisas. Entre las distintas propuestas que se han manejado está la de la Alianza Central Independiente, que estima que el salario mínimo se establezca en USD 200, lo que representa un incremento de más de 3.000%.

En tanto que para la misión técnica de la OIT que ha acompañado el Diálogo Social, el salario debería fijarse en USD 400, y para la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) el monto ideal estaría entre USD 120 y USD 200. Ninguna de estas cifras es respaldada por el empresariado afiliado a Fedecámaras, que insiste en que un aumento de esta magnitud, aunado a la inflación, sometería al sector al “exterminio”. Sin embargo, el gremio plantea que cualquier ajuste debe estar basado en la canasta familiar.

Más bienestar, menos corrupción

Tras las protestas del sector educativo iniciadas en enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que el Ejecutivo anunciaría nuevas medidas salariales, pero luego de tres meses el compromiso no se ha materializado y se mantiene vigente el salario fijado en marzo de 2022, el cual se ha venido a menos por efecto de la inflación y la caída del poder adquisitivo. Al igual que en otras áreas del sector público, la opacidad y la desinformación han prevalecido en el manejo de la información sobre las reivindicaciones salariales y sociales de los trabajadores.

En una de las pocas ocasiones en la que ha abordado el tema, Nicolás Maduro, a través de Twitter, afirmó que el gobierno “seguirá protegiendo el salario integral de los trabajadores” y que buscarían los recursos necesarios para invertir en áreas como salud, educación y vivienda. No obstante, en su mensaje con motivo de presentación de la Memoria y Cuenta 2022, el mandatario expresó que, con la imposición de sanciones del Gobierno estadounidense bajo la administración de Donald Trump, Venezuela dejó de percibir más de 90 % de los ingresos petroleros; es decir, unos 232.000 millones de dólares, que según dijo estaban destinados a los salarios, la educación y la salud.

No obstante, pese a la justificación de las sanciones y el desplome de la industria petrolera, desde hace aproximadamente un mes, el país y el mundo han conocido de denuncias de corrupción y detenciones masivas en el seno del oficialismo. Según estimaciones no oficiales, los casos de corrupción, denunciados por el propio gobierno y vinculados con Pdvsa y otras empresas estatales, rondaban los 3.000 millones de dólares. Sin embargo, investigaciones de Transparencia Venezuela revelan que sistemas de justicia de 26 países investigan 146 tramas de gran corrupción que involucran a venezolanos. El monto del desfalco se calcula en casi 70.000 millones de dólares.

En este contexto, cualquiera que fuere el monto de los recursos públicos comprometidos en el escándalo de corrupción, total o parcialmente, pudieron destinarse a satisfacer las demandas salariales de maestros, profesores universitarios, trabajadores del sector salud y de las industrias básicas que han liderado las protestas en lo que va de año, y a mejorar la calidad de vida de miles de familias que dependen, para subsistir, de asignaciones esporádicas, insuficientes y sin impacto alguno en la seguridad social.

Este 1° de mayo, Transparencia Venezuela reitera su compromiso de lucha contra la corrupción, así como la exigencia de rendición de cuentas sobre la administración de los recursos que pertenecen a todos los venezolanos y, en consecuencia, deben estar destinados también a garantizar los derechos de los trabajadores y de sus familias.