En la presentación de su memoria y cuenta, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, manifestó que el trabajo de la ONG fue arduo y complicado en vista del incremento de la opacidad, el cerco y el acoso del gobierno a las actividades de seguimiento a la gestión pública.
“El año pasado se desdibujaron los deberes y derechos al acceso a la información, rendición de cuentas, denuncia y sanciones a la corrupción, en medio de una coyuntura de destrucción institucional e ingobernabilidad sin precedentes en el país”, aseguró.
De Freitas indicó que pese a los obstáculos seguirán luchando contra la corrupción y la impunidad, el abuso de poder, la violación de las leyes y las prácticas corruptas que privilegian intereses de unos pocos en perjuicio de muchos.
Por su parte, la coordinación del Observatorio de Misiones, documentó y evidenció las irregularidades e ineficiencia en la atención de los problemas de salud y de seguridad alimentaria y ciudadana.
La coordinación de Finanzas Públicas publicó 10 presupuestos ciudadanos en 9 municipios del país para promover el diálogo en asuntos decisivos para la vida local, se publicaron informes especiales sobre las finanzas públicas, lucha contra la corrupción y promoción de políticas transparentes.
El área de Estrategia Jurídica presentó demandas contra diferentes órganos del Estado, solicitando acceso a la información pública, con un total de 53 actuaciones en los tribunales de la República.
La coordinación Observador Parlamentario levantó los perfiles de todos los diputados y brindó asesoría activa a los miembros de las comisiones clave de la lucha anticorrupción: contraloría, finanzas y comunicación. También promovió la discusión y aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública, capacitó funcionarios de la Asamblea Nacional y realizó propuestas en las consultas públicas de varios proyectos de ley. Además, participó en la elaboración del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2016 y aportó sugerencias. De la misma manera, impulsó el informe preliminar de la Comisión de Administración y Servicios sobre obras inconclusas y en ejecución a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, instando a la Fiscalía General de la República a iniciar las investigaciones de estas irregularidades.
Por otra parte, la coordinación de Gestión Pública midió el impacto del uso de los Sistemas Transparentes en siete alcaldías del país. Los resultados valoraron la transparencia de la gestión en 14 municipios y la participación ciudadana y logró la aprobación de tres ordenanzas de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los municipios Barinas (Barinas), Libertador (Mérida) y Guásimos (Táchira).
A propósito de la crisis de energía eléctrica, en alianza con Provea para mostró la corrupción en el organismo y divulgó la campaña “No es el niño, es la corrupción”.
Finalmente el departamento de Comunicaciones Estratégicas informó sobre la Ley de Transparencia, visibilizó el perfil de 14 magistrados y sus actuaciones a través de la sección “El magistrado de la semana”. Además denunció el nepotismo en Contraloría General de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Poder Judicial y Presidencia de la República.
Con información de Transparencia Venezuela
