Observatorio de Delito Organizado

UN INCREMENTO INTERANUAL del 72,7% tuvo el delito organizado en 2018 en comparación con los primeros tres meses de 2017.

En total se registraron 173 casos más que el año pasado, entre enero y marzo. 

Resulta necesario resaltar que dicho incremento se debió al aumento vertiginoso en la cantidad de registros de crímenes otrora estadísticamente insignificantes, tales como los delitos financieros, el lavado de dinero y el contrabando, cuyas menciones en medios se incrementaron durante el primer trimestre del 2018, en 2500%-enero, 800%-febrero y 611%-marzo, respectivamente, con respecto al mismo período del año anterior.

El deterioro económico de Venezuela sirvió de caldo de cultivo para la incursión de ciudadanos venezolanos en prácticas económicas ilegales, contribuyendo a la proliferación en el país de delitos organizados menos visibles, menos violentos y, paradójicamente, “menos organizados”.

Venezuela cerró el año 2017 con una inflación acumulada del 2.616%, una devaluación de su moneda nacional cercana al 70% y con una oferta monetaria en efectivo insuficiente.

Occidente concentró la mitad de reportes

El estado Zulia con el 18,2%, continúa a la cabeza de las entidades con mayor incidencia delictiva según reportes de la prensa nacional. En segundo lugar, el estado Táchira con 10,7%, seguido de Aragua con 8,7%, Miranda 7,1%, Distrito Capital 6,1% y Lara 5,6%.

50,4% de los delitos organizados reportados se concentraron en el occidente de la nación. A diferencia de lo observado durante el año anterior, la proporción de casos ha tendido a distribuirse de forma más homogénea entre las distintas entidades.

Para revisar el Informe Hemerográfico del 1er. Trimestre 2018 completo sobre delito organizado , acceda aquí.

CON PREOCUPACIÓN AFIRMAMOS QUE VENEZUELA vive hoy un escenario de violencia política que no tiene precedentes en nuestra historia reciente, ya sea por su duración o por la cantidad de víctimas mortales, heridos y pérdidas materiales que se han registrado en más de 50 días de protesta masiva en todo el territorio nacional. Impulsadas por los diputados opositores, estas acciones se iniciaron a principios del mes de abril con el fin exigir el fiel cumplimiento de la Constitución Nacional, en cuanto al respeto a la Asamblea Nacional, la ejecución de un calendario electoral, liberación a los presos políticos y la apertura de un canal humanitario que permita que lleguen al país alimentos y medicinas para paliar la escasez de estos insumos básicos en el país.

Hasta esta última semana de mayo, el Ministerio Público había registrado más de 55 muertos, más de 1.000 lesionados y 346 bienes afectados. Por su parte, Consecomercio estima más de 300 comercios afectados, pérdidas superiores a $50 millones de dólares, así como 10 mil puestos de empleo entre directos e indirectos en riesgo, como consecuencia de los saqueos registrados en diferentes entidades del país en casi dos meses de protestas.

Los actores: Por un lado, un numeroso sector de la población que se opone al gobierno nacional encabezado por diputados, líderes y militantes de partidos de oposición; sociedad civil (jóvenes, adultos, adultos mayores, religiosos, músicos, amas de casa, entre otros), que acuden a las marchas convocadas por la Unidad para protestar por la situación del país y exigir respeto a la Constitución.

Por el otro, Cuerpos de Seguridad del Estado (GN, PNB, Sebin) y algunos componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), con frecuencia apoyados en la acción de grupos civiles armados, denominados «colectivos», como se ha registrado en numerosos vídeos y fotografías difundidas por las redes sociales y algunos medios de comunicación nacionales e internacionales.

Para Luis Cedeño, director del Observatorio de Delito Organizado: «Estos grupos de choque que actualmente están trabajando en crear caos en el marco de las protestas pacíficas de la oposición, son grupos mercenarios extraídos de alguna manera de los cuerpos de seguridad del estado o de algún colectivo o megabanda que son pagados para generar este tipo de violencia. Consideramos que entran en un esquema que se asemeja más al terrorismo mercenario que se han dado en algunos países de Europa y África, pagados por intereses que buscaban en esos contextos crear el mismo caos y ese tipo de violencia que actualmente se vive en el país».

Con información del Observatorio de Delito Organizado

La Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, conjuntamente con la Sub Comisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, realizarán una Mesa Técnica para analizar desde diferentes perspectivas a Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo, aprobada en 1ª discusión en el año 2016 .

Luis Cedeño, Director de Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado explica que “el objetivo de la acción, es la de evaluar el impacto de esta Ley en los siguientes aspectos: a) En cuanto a la disminución de este tipo de delitos en nuestro país; b) Al uso que le ha dado el gobierno nacional a ciertos artículos para perseguir a la disidencia política; c) Hacer una revisión de esta Ley a la luz de los últimos acontecimientos que involucran a altos representantes del gobierno nacional en actividades de narcotráfico y de legitimación de capitales; y d) Latrocinio a gran escala y las posibilidades de recuperación de aquellos capitales fruto de la corrupción”.

“El gobierno nacional se ha empeñado en ocultar las cifras sobre la delincuencia organizada, haciéndole un favor a las mafias”, afirmó el diputado José Luis Pirela. De igual manera resaltó la importancia de debatir y estudiar este tema, “a riesgo de lucir incómodos para algunos medios de comunicación porque son temas que hoy en día, los medios no están interesados en debatir ¿Es acaso falso que se ha constituido una nueva élite delincuencial. ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Debemos reformar la Ley o crear una nueva? Hay muchas posiciones y eso es lo que hay que revisar”, señaló el presidente de la Sub Comisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.

El desarrollo del programa (Mesa Técnica) estará a cargo del Diputado José Luis Pirela, (Presidente de la Sub Comisión de Lucha Antidroga y Antiterrorismo de la AN); el sociólogo Luis Cedeño, director de Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, quien hablará de las “Nuevas modalidades de delitos organizados en el marco de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo”; el abogado Luis Alfonso Herrera, director de la ONG Un Estado de Derecho, que presentará una trabajo sobre la “Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo y el estado de derecho en Venezuela”,  y el experto Marcos Tarre de Venezuela Segura que hablará sobre el “Impacto de la ley sobre la gobernabilidad y los ciudadanos”.

La actividad está dirigida a integrantes de las Comisión de Política Interior y en especial a la Sub Comisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada que preside el diputado José Luis Pirela. Igualmente, asistirá el personal que asiste a los diputados que conforman dichas Comisiones que son las responsables de profundizar y legislar sobre este importante tema.

LA ASOCIACIÓN CIVIL PAZ ACTIVA y el Observatorio de Delito Organizado, llevarán a cabo este viernes 17 de marzo una mesa técnica  para analizar desde diferentes perspectivas a Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo.

Las Organizaciones No Gubernamentales llevarán a cabo la iniciativa conjuntamente con la Sub Comisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.

La actividad está dirigida a integrantes de las Comisión de Política Interior y en especial a la Sub Comisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada que preside José Luis Pirela. Igualmente, asistirá el personal que asiste a los diputados que conforman dichas Comisiones que son las responsables de profundizar y legislar sobre este importante tema.

La Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado hicieron un llamado a las autoridades competentes para que tomaran medidas inmediatas para aclarar ante el país la grave situación que pone en evidencia la naturaleza “mafiosa” del gobierno venezolano, tras conocerse el viernes 18 de noviembre que sobrinos de la pareja presidencial venezolana fueron condenados en EE UU por narcotráfico.

A juicio de la organización, la decisión del jurado de una corte de Nueva York de declarar culpables a Efraín Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas, por conspirar para importar, manufacturar y distribuir cocaína en Estados Unidos, deja al descubierto el extenso entramado de corrupción y actividades ilícitas que sustentan la disminuida institucionalidad y el casi inexistente estado de derecho en Venezuela.

En noviembre del 2015, el Observatorio de Delito Organizado publicó una nota editorial ¿Evidencias del “Estado Mafioso” en Venezuela?, llamando la atención en cuanto a las implicaciones de la detención de dos familiares directos de la familia presidencial venezolana por actividades de narcotráfico internacional, lo que se podía interpretar como una clara señal de la penetración de una amplia red en el poder político y económico de la nueva clase dominante en Venezuela.

Por lo tanto, el veredicto del pasado viernes, más allá de ser un incidente con la justicia norteamericana, es la confirmación de una práctica delictiva que el gobierno venezolano ha adoptado desde hace más de una década, exponiendo a la sociedad venezolana a los graves peligros que conllevan la relación con grupos de delincuencia organizada como lo son el tráfico de drogas, lavado de dinero, sicariato, contrabando, secuestro y extorsión, entre otros.

En el contexto de las características de un “Estado Mafioso”, según reseña el periódico mexicano La Razón, el “sobrino de Maduro revela en audio que el chavismo opera el narco en Venezuela”, esta afirmación se desprende del material que forma parte de “las pruebas presentadas por la Fiscalía de NY en el juicio contra Efraín Campos y Francisco Flores” (…) En una grabación realizada por agentes encubiertos de la DEA, Efraín Campo, uno de los narcosobrinos de Nicolás Maduro reconoce que el control del negocio de la droga en Venezuela está en manos del chavismo”. En el país sudamericano operan “el Cártel de los Soles —controlado por altos oficiales de las Fuerzas Armadas— y, por otro lado, la gente del gobierno, que eran unos ejecutivos que habían estado trabajando (traficando droga) y entre todas las personas se encargaron de eliminar a todo aquel que intentaba entrar a trabajar al país”, confiesa Campo en una conversación del 26 de octubre del 2015 en Caracas con la DEA.

Otro dato que aporta el Observatorio de Delito Organizado a la descripción de un “estado mafioso”, es el aumento del número de funcionarios del gobierno venezolano y de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) involucrados en tráfico de drogas. Tras la detallada revisión mensual de más de veinte diarios de circulación nacional, regional e internacional y de emisiones televisivas de noticieros, entre el agosto 2015 y agosto de 2016, se reseñaron a casi 40 militares de alto y bajo rango, así como altos funcionarios del actual gobierno venezolano relacionados con este tipo de delito organizado”.

Hablan los expertos

Para poner en perspectiva los sucesos ocurridos estos últimos días, Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, resalta que “en algunas de las Ex Repúblicas Soviéticas se han instaurado nuevas formas de gobierno e instituciones que surgieron a partir de sus revoluciones. Tales gobiernos presentan algunas debilidades en cuanto a la solidez de su estado de derecho, así como de sus sistemas de contraloría, dejando el control de la institucionalidad del estado en manos de las nuevas élites, algunas corruptas y con poca formación política que vieron en el manejo del estado grandes oportunidades de enriquecimiento. Estas son llamadas en algunos casos “Estados Mafiosos”. Estos “estados” son controlados por una pequeña élite que puede estar conformada por familias dominantes (estilo la Cosa Nostra) o pequeños grupos de poder que se identifican con un “Poligarca”, que se define como un oligarca con poder político y gran poder económico oculto a través de testaferros, o una mezcla de estos», precisa Cedeño.

Tales consideraciones fueron debatidas el pasado mes de julio en el Foro “El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela” ¿Qué tipo de estado somos?, actividad organizada por la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, con el objetivo, analizar en profundidad la compleja problemática del impacto del crimen organizado en los diferentes ámbitos de Venezuela, no sólo como estado sino como país, con una situación socio-económica y política que cada día nos hace más vulnerable a este flagelo.

¿Estado Fallido? ¿Estado Forajido? ¿Estado Delincuente?  ¿Estado Dual o Anómico? ¿Estado Mafioso?  “Más que acuñar una definición lo que pretendemos es demostrar la presencia y engranaje de la delincuencia organizada en el estado venezolano”, precisó al comenzar su presentación Marcos Tarre (autor con Carlos Tablante de la publicación “Estado Delincuente”). Tarre repasó con la audiencia las etapas de la Delincuencia-Estado: Primera etapa “Depredadora”: los criminales se expanden a costa de rivales y del Estado. Segunda etapa, “Parásita”: los criminales usan recursos del Estado para expandirse y mantener el poder. Y la tercera etapa, “Simbiótica”: los criminales crean un estado dentro del Estado. Afirma Marcos Tarre que “estas tres etapas conviven simultáneamente en Venezuela”.

“La República Bolivariana de Venezuela es considerada por la Comunidad Internacional y por los Organismo Multilaterales, que rigen la materia, como el principal puente de la salida de la droga desde Suramérica a hacia otros continentes”, como lo señaló la experta Mildred Camero, en el Foro “El tráfico de drogas ilícitas en Venezuela: ¿Institucionalidad comprometida?”, realizado el 31 de mayo de este año en Caracas.

“En Venezuela, el tráfico de drogas a nivel internacional, está en manos de ciertos grupos que ejercen funciones de seguridad nacional. En otras palabras, son miembros de nuestras fuerzas armadas, de los cuatro componentes y cuerpos policiales civiles”, indicó Mildred Camero, durante su exposición

* Con información de nota de prensa

EL OBSERVATORIO DE DELITO ORGANIZADO adelantó este jueves un registro de 40 funcionarios de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y altos funcionarios del gobierno nacional que se han visto involucrados en el tráfico de drogas en un período entre agosto del 2015 y agosto del 2016.

Entre los funcionarios que aparecen reseñados en la investigación se encuentra: Néstor Reverol, Freddy Alirio Bernal Rosales, Cliver Alcalá, Amílcar Figueroa Salazar, Henry Rangel Silva, Ramón Emilio Rodríguez Chacín y Hugo Carvajal Barrio.

El registro hemerográfico, que recoge la información de 40 militares de alto y bajo rango incursos en el delito organizado, fue realizado mediante la detallada revisión manual de más de 20 diarios de circulación nacional, regional e internacional así como emisiones televisivas de noticieros y portales web de noticias.

De acuerdo al diario ABC de España reseñó en el 2015 que más del 80 % de la droga que sale a Europa y otros mercados pasa por Venezuela, cifra que de acuerdo al director del Observatorio y de la Asociación Civil Paz Activa, Luis Cedeño, deja al descubierto la gravedad del tráfico de drogas en Venezuela y considera que “las Fuerzas Armadas Nacionales son una de las instituciones más vulnerables a ser penetradas por el crimen organizado».

Para Cedeño, es de gran importancia la corrupción que acecha a las fuerzas armadas, puesto que son ellos los encargados de salvaguardar las fronteras y aduanas del país, justamente los lugares por donde la droga transita.

Para Mildred Camero, ex juez y ex presidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID), desde la Reforma a la Ley de Drogas en el 2005 que permitió a los componentes de la FANB a conocer e instruir en materia de drogas, se comenzó a agravar el tráfico de estupefacientes en el territorio nacional, debido a la falta de experiencia en materia de investigación, instrucción penal y demás aspectos. «De inmediato, se dan cuenta como el negocio de las drogas genera tanto dinero y de una manera u otra comienzan a compenetrarse con grupos de narcotraficantes, muchos se sienten identificados con la ideología política del régimen, y viene el acercamiento a los grupos subversivos como las FARC, los Paracos, y demás grupos de bandoleros que operan en la frontera colombo-venezolana», dijo Camero en entrevista realizada por el periodista Héctor Landaeta.

A continuación se presenta la lista de los 40 funcionarios registrados por el Observatorio de Delito Organizado:

*Con información del Observatorio de Delito Organizado

Para la ONG Paz Activa, es evidente la consolidación de las denominadas “megabandas”, grupos de delincuencia organizada, se erigen como una amenaza real a la estabilidad política y social de nuestro país, así quedó esta semana cuando luego de varios días, un operativo militar y policial, muriera uno de los delincuentes más buscado del país, José Antonio Tovar Colina, alias “El Picure”.

En un trabajo realizado por el periodista Javier Ignacio Mayorca para el Observatorio de Delito Organizado, resaltó “que los‘ toques de queda’ eran anteriormente una de las expresiones más palpables del monopolio de la fuerza reservado al Estado a través de sus instituciones castrenses. En Venezuela, los hubo en febrero de 1989 luego de los disturbios conocidos como el “Caracazo”; e igualmente luego después de las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992. También durante la crisis política posterior al a los sucesos del 11 de abril de 2002. En todos estos casos, fueron ordenados por el Presidente de la República y ejecutados por el ministerio de la Defensa. Sin embargo, los de 2016 (En Tumeremo y Maracay – 4 febrero 2016) fueron implantados por organizaciones delictivas y se cumplieron”.

Otro aspecto revelador que desarrolla Javier Ignacio Mayorca, es la reseña de un artículo de John P. Sullivan, donde éste señala que las insurgencias criminales “desafían al Estado generando violencia criminal de alta intensidad que erosiona la legitimidad y la solvencia de las instituciones”.  Este articulista del Small Wars Journal estableció cuatro fases o niveles de estos procesos:  Comienzan como insurgencias locales; Intentan instaurar un Estado paralelo; Combaten al Estado; y por último, Implosión estatal. El Estado pierde la capacidad para contener a estas fuerzas criminales, como ocurrió en Guinea Bissau.

Mayorca, indica que algunos hitos de los procesos de gestación de una insurgencia criminal como la que vive el país son tan escandalosos y evidentes, que han sido reportados a través de los medios convencionales y electrónicos, aún en condiciones de alta censura y control como los que caracterizan a la actualidad venezolana. Pero no todos son registrados, ni siquiera denunciados formalmente. “El rezago es una de las características del accionar de los cuerpos de seguridad venezolanos. Ya sea por desconfianza de la ciudadanía, negligencia, descuido o incluso complicidad con factores delictivos por parte de policías y militares, lo cierto es que cuando las investigaciones comienzan los procesos de insurgencia criminal llevan unos pasos adelante”, apunta el periodista.

“Es fundamental un accionar firme en contra de las megabandas pero con respeto a sus Derechos Humanos. Las FANB se declaran en guerra contra un enemigo interno, donde el objetivo que se traza es la eliminación física del mismo. Es una política de mano dura, que aunque sea aplaudida por algunos y genere réditos políticos, establece un peligroso precedente para futuros planes de seguridad ciudadana”, explica  sociólogo director de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado.

Zulia, Miranda, Aragua, Carabobo y Distrito Capital concentran el 61,1% de los delitos del crimen organizado que ocurren en el país. Un informe realizado por la ONG Paz Activa y el Observatorio Venezolano de Delito Organizado también revela que el tráfico de drogas (en primer lugar), el secuestro, la extorsión, la corrupción y la legitimación de capitales son los delitos más comunes en estas estructuras

Luisana Solano (@LuisiSolano)

Gráficos: Patricia Muñoz (@patyymunoz)

Una investigación realizada por el Observatorio Venezolano de Delito Organizado detalla la actividad criminal organizada en el país y expone que la mayoría se concentra en el centro del país, con 46,4%, y en Zulia con 14,7 %. El estado que menos reportes tuvo fue Vargas con solo 3%.

Los datos obtenidos para este «Monitor de Delito Organizado» se recopilaron entre el 1ro de agosto y el 31 de diciembre de 2015, a través del análisis de 319 registros de prensa y emisiones televisivas de noticieros.

El informe revela que el delito más frecuente entre las organizaciones del crimen organizado es el tráfico de drogas, que se lleva 46,7% del total de los casos reportados. Le sigue el secuestro, con 19,7%; y muy atrás la extorsión, corrupción, legitimación de capitales y delitos financieros.

Luis Cedeño, director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado, explica por se habla de grupos de crimen organizado: “la diferencia en relación con otros grupos delictivos, es principalmente la cantidad de hombres que la integran y el poder de fuego con el que cuentan, pues al hablar de una “megabanda”, se habla de una organización con más de 60 miembros y que entre sus arsenales cuentan con armas de guerra: fusiles AK47, AR15 y explosivos”. En este sentido, el reporte explica que 49,2% de casos estudiados se ven involucrados entre 2 y 5 personas.

Con respecto a los procedimientos policiales para la investigación de estos delitos, captura e imputación de los responsables, la ONG expone que en la mayoría de los casos fue la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las policías estadales los que realizaron las actuaciones, con un 24,5% y 16,9%, respectivamente, seguidos de las policías municipales. El reporte incluye cinco casos en los cuales actuó la Operación Liberación del Pueblo (OLP), y uno de Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDEE).

En cuanto a la supuesta vinculación de funcionarios en el crimen organizado, se reportó que en el 82,8% de los registros recopilados no hubo vinculación. Sin embargo, en los 16 que sí hubo señalamientos, la GNB también se lleva el primer lugar con 8 casos, de los cuales 6 eran por tráfico de droga. Le sigue el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB). En este punto es importante precisar que el informe fue elaborado con base a publicaciones en prensa en un período de cinco meses.

Relación entre el tipo de delito organizado y bandas organizadas

Al indagar sobre la conexión existente entre el delito organizado y las bandas criminales organizadas, la ONG consiguió que 40,2% de los reportes donde se relacionaban eran en los casos de tráfico de drogas; mientras que el resto estaban relacionados al secuestro (30,5%) y a la extorsión (25,6%).    

Relación entre el tipo de delito y el sexo de los implicados

El reporte también revela que, siendo el tráfico de drogas el delito que se reportara con mayor frecuencia, es precisamente éste el que concentra el mayor número de personas implicadas, en los que de 370 individuos, 272 pudieron identificarse como hombres y sólo 38 como mujeres. El siguiente delito con el mayor número de involucrados es el secuestro, en los que, de 185 personas, 148 eran hombre y 13 mujeres.

En relación a los distintos tipos de delito según el rango de edad de las personas implicadas, la ONG indicó que en 51% de los artículos analizados, no se especifica la edad de las personas imputadas o implicadas. No obstante, a través de aquellos casos en los que sí se facilita tal información, se muestra una tendencia  a la actuación de jóvenes en delitos relacionados al crimen organizado, con un total de 91 casos en los que hay personas con edades comprendidas entre 14 y 24 años de edad implicadas en el narcotráfico.

Para el director de Paz Activa, “el Gobierno venezolano ha sido permisivo con la delincuencia. Es una permisividad que nace desde la impunidad que genera el sistema de justicia, hasta el invento de las ‘zonas de paz’ que perseguía disminuir los índices de homicidios, en el supuesto de evitar los enfrentamientos entre bandas, pero que se revirtió y solo generó el crecimiento de otros delitos en esos espacios que tomaron los delincuentes”.

¿Cuándo actúa el crimen organizado?

El «Monitor de Delito Organizado» de Paz Activa revela que existe una tendencia de ocurrencia y/o denuncia de delitos considerados como organizados durante los días de semana, 66,1% del total de reportes computados, mientras que los  los fines de semana solo representa un 18,8% de la muestra.