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Nirma Guarulla

AN notificó al TSJ la desincorporación de los diputados de Amazonas

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Dennis Fernández, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), informó que el Parlamento notificó este martes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la desincorporación de los diputados del estado Amazonas Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, realizada el 5 de enero.

«Firmamos los oficios donde se notifica al TSJ la decisión de desincorporar a los diputados (…) Nosotros no aceptamos que había irregularidades, solo queríamos destrancar el juego del gobierno», dijo Fernández este miércoles en una entrevista a Venevisión.

Con esta acción se espera que el TSJ declare el cese del desacato de la AN. Sin embargo, aseguró que al gobierno le conviene mantener el conflicto político, pues aunque desincorporaron a los diputados de Amazonas, aún voceros oficialistas sostienen que se mantiene el desacato.

También opinó que el gobierno no ha demostrado que quiera solucionar los problemas de los ciudadanos. Recordó la situación actual de la entrada en circulación de los nuevos billetes y las consecuencias de la salida del de 100 bolívares.

“Estamos preparados para afrontar los desafíos, sabemos que estamos en un gobierno de corte dictatorial”, concluyó.

La puerta giratoria de los diputados indígenas y el desamparo de Amazonas en la AN

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Los juramentan, los quitan, los ponen y los vuelven a destituir los tres diputados de Amazonas pertenecientes a la oposición han estado jugando a la «sillita» caliente desde que la nueva Asamblea Nacional tomó posesión.

Para evadir el supuesto desacato decretado por el Tribunal Supremo de Justicia y avanzar en la declaratoria de abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro, el parlamento desincorporó a los representantes de la entidad por segunda ocasión en poco más de un año.

Aunque en un principio estuvieron de acuerdo y se desincorporaron voluntariamente, este martes el ahora ex diputado Romel Guzamana expresó su descontento en una entrevista concedida a Unión Radio.

«Lo hicimos de voluntad propia, pero no podemos arrodillarnos ante un gobierno fascista que ha impulsado la corrupción en Venezuela», dijo Guzamana, quien alertó que introducirá un recurso de amparo ante las autoridades.

Junto a Guzamana, Julio Ygarza y Nirma Guarulla (hermano del gobernador de Amazonas, Liborio) también quedaron como la guayabera.

Guzamana considera que la MUD los utilizó, les sacrificó y les dio la espalda. “No podemos sacrificar un estado federal ¿estamos fuera del mapa?,  se les están arrodillando en el régimen y eso no se puede permitir más”.

Mientras los diputados indígenas vuelven a limpiar sus escritorios, el estado Amazonas, uno de los más golpeados por la crisis en Venezuela, sigue padeciendo y sin representación en el hemiciclo.

 


 

 

Piden sancionar por falta grave a magistrados del TSJ

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Por considerar que violaron la Constitución al vulnerar los derechos políticos del estado Amazonas y negar el debido proceso a los tres diputados indígenas, la Asamblea Nacional aprobó solicitar al Poder Moral que investigue y declare como falta grave la actuación de los miembros de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

«Infringieron el artículo 62 de la Ley del TSJ, el artículo 11 de la Ley del Poder Ciudadano y el artículo 29 del Código de Ética del Juez», señala el acuerdo del Parlamento que fue aprobado ayer por la bancada de la MUD y objetado por el Bloque de la Patria en una sesión extraordinaria.

El primer artículo determina la remoción de magistrados cuando incurran, entre otras, «en grave e inexcusable error de derecho, cohecho, prevaricación, dolo o denegación de justicia». El segundo sanciona a los jueces que violen, amenacen o menoscaben los principios de la Constitución; y el tercero, impone las amonestaciones.

El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, leyó el texto en el cual se emplaza a la Fiscalía a investigar y determinar los delitos en que incurrieron los magistrados al no resolver el caso de Amazonas de manera expedita. Exigirán a la CIDH, a la OEA, a la Relatoría Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y a la Unión Mundial Parlamentaria que actúen a favor de la autonomía parlamentaria y la incorporación de los diputados Nirma Guarulla, Julio Igarza y Rommel Guzamana.

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TSJ ordena escuchar testigos del caso Amazonas

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La Sala Electoral del TSJ declaró con lugar la solicitud de reposición planteada por el abogado Rosnell Vladimir Carrasco Baptista, y ordenó librar una nueva comisión judicial para la evacuación de los testigos respectivos, tomando en cuenta el término de la distancia, tal como lo contempla el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento contencioso electoral por remisión del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Carrasco Baptista, quien además es representante legal de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, presentó en su escrito que el objetivo era el de «subsanar los vicios procesales ocurridos hasta la presente etapa, y en definitiva se restablezca el derecho a la defensa y al debido proceso».

Asimismo, en el fallo se declaró nulo el auto dictado en fecha 30 de mayo de 2016, en el que se acordó revocar la comisión conferida mediante auto de fecha 15 de marzo de 2016, y librar una nueva a los fines de la evacuación de varias testimoniales, así como todos los actos realizados en ejecución de la referida comisión.

Esta declaratoria no afecta la validez de los actos realizados con posterioridad al 30 de mayo que no guardan relación con el conferimiento de la comisión judicial, ni con las actuaciones relativas a la evacuación de los testigos correspondientes a través de ese mecanismo de auxilio judicial.

El Tribunal encargado deberá cumplir la comisión a la brevedad. Esta solicitud de reposición la formuló el profesional del derecho en nombre de un tercero interesado que apoya los argumentos de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana.

Amazonas y el día que la Asamblea Nacional se hizo respetar
@AlexVasquezS
LA MAYORÍA PARLAMENTARIA DE LA MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA incorporó a sus tres diputados de Amazonas el jueves 28 de julio, luego de más de seis meses sin que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera sobre el caso. La acción del Parlamento, como era de esperarse, desató respuestas de rechazo desde distintos flancos del Estado: Sala Electoral del TSJ, el Poder Electoral y la Procuraduría. Sin embargo, el Parlamento se mantiene firme en su decisión y los parlamentarios asistirán a las sesiones.

La Sala Electoral reaccionó por parte. A pesar de que el mismo jueves 28 de julio sus magistrados se reunieron –de acuerdo con fuentes judiciales– para redactar un fallo, el domingo 31 de julio, sólo publicaron una nota de prensa en la que afirmaban que el TSJ ha cumplido con los lapsos procesales que establece la ley.

“En este momento, el proceso se encuentra en la etapa de recolección de pruebas, cuya realización es fundamental para continuar el proceso y dictar sentencia”, agrega el texto.

Pero la nota de prensa ni sumaba ni restaba al caso. El fallo se publicó al día siguiente, el lunes 1 de agosto. En la decisión, la Sala Electoral le dio el visto bueno a la solicitud de la bancada del PSUV del 29 de julio (al día siguiente de la reincorporación de los parlamentarios de Amazonas) y decretó el desacato a sus sentencias del 30 de diciembre de 2015 y del 11 de enero de 2016, en las que se suspendieron los efectos de la totalización, adjudicación y proclamación de los diputados (primera sentencia) y se ordenó su desincorporación (segunda sentencia).

La Sala Electoral también decretó la “invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica por violación flagrante del orden público constitucional en el pretendido acto de juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en el cargo de diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016 por la junta directiva del órgano legislativo nacional, así como de aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos”.

El fallo advierte: “En caso de mantenerse el desacato de las referidas decisiones, se reservan todas aquellas acciones o procedimientos judiciales a que haya lugar”.

Todo indica que la crisis institucional se incrementará, pues el Parlamento va a mantener a sus diputados incorporados en las sesiones.

Así lo confirmó Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional: “Ellos están incorporados y juramentados y asistirán a las sesiones. ¿Qué haremos con la sentencia? Si anteriormente la cumplimos e igual siguieron dictando otras sentencias para anularnos, ahora no acataremos ni está ni ninguna otra que viole la Constitución”.

¿Irán presos?

Con la incorporación de los diputados, existe el riesgo de que se confirme la certeza de un rumor: que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tiene, desde el mismo jueves 28 de julio, orden de capturar a los parlamentarios si asisten a una sesión. Esa noche los diputados de Amazonas Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana (Región Sur Indígena) durmieron en el Palacio Legislativo y desde ese día han alternado, como si de delincuentes se tratara, los lugares en los que pasan las noches.

William Jiménez, defensor de Guzamana, teme que al diputado se le desconozca la inmunidad parlamentaria y sea aprehendido en cualquier momento. Por eso, el dirigente ha cambiado de domicilio en cuatro oportunidades y en este momento se encuentra en un lugar de resguardo.

Ramón José Medina, abogado de los tres parlamentarios, aseguró que el TSJ nunca podrá evitar que los diputados acudan a las sesiones y reiteró que su inmunidad parlamentaria impide que sean detenidos. “En todo caso, sólo podrían decidir la nulidad de las elecciones, aunque no tienen pruebas para eso, y las deben convocar inmediatamente”, señaló.

Crisis de estatalidad

El politólogo Luis Salamanca opinó que la Asamblea Nacional con su decisión de incorporar a los diputados optó por hacerse respetar y evitar que los otros poderes le aten las manos.

Lo mismo ocurrió –recordó– al ordenar desincorporar a los 13 magistrados principales del TSJ y 21 suplentes que se nombraron en diciembre de 2015, al decidir instalar en los próximos días el Comité de Postulaciones Judiciales para renovar al máximo tribunal, o al advertir a otros países que los acuerdos con el Gobierno que no hayan sido aprobados por el Hemiciclo no tendrán validez.

“La Asamblea se hace respetar como poder público, quizá el más importante en una democracia, pues las democracias nacieron a partir de la elección de los parlamentarios en Inglaterra, que le fueron quitando poder al rey. Se acabó el recreo, si bien se había desincorporado a los diputados para no chocar con el TSJ, los lapsos procesales se han alargado demasiado y no se puede tener a un estado sin representación. Si se presume fraude electoral, los impugnados deben continuar en sus cargos hasta que el proceso de investigación establezca los vicios. Eso no ha ocurrido”, expresó.

Pero Salamanca aclaró que la nueva actitud del Parlamento incrementará el conflicto institucional en Venezuela. Y las primeras reacciones indican que será así. No sólo se pronunció la Sala Electoral del TSJ, sino que la Procuraduría General de la República advirtió que la incorporación de los diputados viola la Constitución, por lo que instó al Legislativo a que rectifique su decisión.

“La Asamblea Nacional ha generado una situación absolutamente inconstitucional y antijurídica que no puede ser reconocida ni avalada por los órganos y entes de la administración pública. Ni puede pretender ese órgano legislativo legitimidad, juridicidad o legalidad alguna respecto de sus actuaciones, hasta tanto corrija la situación infringida y retorne a la constitucionalidad”, señaló el procurador, Reinaldo Muñoz.

A su juicio, el Parlamento obstruye el “libre desenvolvimiento” de la justicia, por lo que advirtió: “Con estas írritas actuaciones la Asamblea Nacional se encuentra ahora ilegal e ilegítimamente constituida”.

Salamanca opinó que las nuevas decisiones de la Asamblea y la reacción de los otros poderes son la evidencia de que el país va hacia una “crisis de estatalidad”.

“Vendrán momentos difíciles, como la designación de los magistrados, la renovación de dos rectores del CNE o la asignación del presupuesto del gobierno. Probablemente el TSJ anulará todo lo que decida la Asamblea. La crisis de estatalidad es la ruptura de la voluntad unitaria del Estado, que debe aparecer ante la sociedad como uno solo. Vienen más dificultades”, advirtió.

Diosdado Cabello, diputado del PSUV, opinó que Henry Ramos Allup quiere iniciar una confrontación contra los demás poderes para minar al Parlamento antes de entregar la presidencia en enero.

“Ellos se alejan de la legalidad y actúan por instinto, lo que los va a llevar a estrellarse contra el resto de los poderes. Ante esa pretensión, unidad de los patriotas”, dijo Cabello el lunes en rueda de prensa en Zulia.

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La defensa 

La defensa no comparte la decisión del Poder Judicial. Ramón José Medina defendió la incorporación de los parlamentarios porque el caso está prácticamente paralizado en el máximo tribunal.

“Hay un decaimiento de la medida cautelar (que ordenó la desincorporación de los diputados) tras seis meses sin respuesta. La parte querellante ni siquiera ha demostrado fundamentos que prueben la nulidad de la elección. El CNE admitió que no hubo irregularidades”, indicó.

Jesús María Casal, consultor jurídico del Parlamento, coincidió en que ha habido una gran demora por parte de la Sala Electoral del TSJ, luego de que pasaran más de cinco meses sin que se respondiera a los recursos de oposición de los diputados impugnados, algo que debió hacerse a los 8 días de despacho, como establece el artículo 187 de la Ley Orgánica del TSJ.

“Se lesiona el derecho a la defensa. Una de las características de las medidas cautelares, en este caso la de amparo cautelar (que ordenó la desincorporación), es que suelen adoptarse por razones de urgencia sin escuchar a la otra parte, pero no porque se elimine el derecho a la defensa, sino porque se pospone su ejercicio a través de la oposición a la medida cautelar. Eso se hizo, se ejercieron tres oposiciones, una por parte de la junta directiva, otra por los diputados y otra por los electores. Ninguna de esas oposiciones se ha resuelto. Evidentemente ha habido demora, una demora gravísima”, agregó.

Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la AN, afirmó que los diputados seguirán en el Parlamento, pues coincidió con Salamanca en que la única forma de desincorporarlos es si el TSJ ordena repetir las elecciones, algo a lo que la MUD está dispuesta a aceptar.

“Tenemos 24 entidades federales que escogen diputados, son sus representantes ante el pueblo y sus competencias están establecidas en la Constitución. Sacarlos es como si un presidente fuese suspendido de su ejercicio sin ser destituido. Eso solo puede hacerse mediante una repetición de elecciones. La aberración del TSJ en Amazonas fue suspender la proclamación de unos diputados que ya tenían inmunidad con una medida cautelar. Eso vulnera el derecho de todos los electores de Amazonas y deja sin competencia federal constitucional a todo el estado. Nunca en un juicio se había suspendido una proclamación”, agregó.

¿Qué pasa en el CNE?

En un aviso publicado el domingo, el CNE pidió respetar la decisión del TSJ que ordenó suspender la “totalización, adjudicación y proclamación” de los diputados electos en Amazonas y la Representación Sur Indígena. Además, el organismo comicial aclara que no ha emitido ningún acto administrativo relativo a esa elección de diputados.

Pero eso no es así. Sobre el caso de Amazonas, hubo tres impugnaciones: una para el circuito 1, una para la Región Sur Indígena y una que las mezcló ambas, pues abarca todo el estado. El organismo comicial respondió a las dos primeras, al enviar a la Sala Electoral sendos informes sobre esas impugnaciones, en los que admitió que no hubo fraude (por los motivos expuestos en cada una de ellas) y pidió que se declaren “sin lugar” las objeciones.

Lo que sí es cierto es que sobre la impugnación de Nilcia Maldonado del 29 de diciembre de 2015 que abarca todo el estado Amazonas  –por la que se ordenó desincorporar a los diputados– el CNE no ha emitido ningún acto administrativo.

Cuando se conoció que el CNE envió los informes al TSJ, Medina opinó que declarar “sin lugar” las otras dos impugnaciones demuestra que no hubo fraude y deja sin piso jurídico a la tercera. “El CNE ratifica en cada caso que el proceso fue impoluto, que cumplió con todas las fases y concluyó con la proclamación de los diputados. No hay un solo argumento sólido para impugnar”, señaló.

Agotamiento chavista 

Aunque el TSJ decretó la “invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica” de la decisión del Parlamento, no ha ordenado la detención ni de los diputados ni de la directiva de la Asamblea, a pesar de las constantes amenazas del oficialismo, que ha insistido en que si se incorporaban, los parlamentarios debían ir presos.

Uno de los que más lo ha repetido es el diputado Diosdado Cabello, que desde el 16 de julio advierte: “Si ustedes se incorporan a su cargo y cumplen funciones que no les corresponden estarían cometiendo un delito y podrían ir presos. Nosotros nos encargaremos de informarle al Tribunal Supremo de Justicia para que esté alerta y tome las acciones que sean necesarias”.

Salamanca opinó que meter presos a los diputados o a la directiva de la Asamblea es una decisión que el chavismo no puede permitirse, pues atraviesa un “agotamiento político”.

“En este contexto de lucha política tremenda, se está agotando el régimen político chavista, nacional e internacionalmente. Eso hace que la Asamblea se sienta más fortalecida para hacerse respetar. El chavismo amenazó con detener a los diputados de inmediato, y no ocurrió. Ya ahí perdieron poder, se ahorcaron ellos mismos”, aseveró.

El analista agregó que en este escenario el chavismo se encuentra entrampado: “Creo que aquí sólo hay bluff porque si los meten presos, a ellos o a la directiva, el gobierno se mete en un lío internacional con Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria Mundial. Es sólo bluff de Diosdado Cabello y de todo el chavismo, que enfrenta un severo debilitamiento progresivo”.

La sentencia de la Sala Electoral y el vértigo institucional por Carlos García Soto

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La sentencia N° 1 de 11 de enero de la Sala Electoral ha planteado un escenario de alto conflicto institucional, quizá con mayor rapidez de lo que cabía esperar, luego de los resultados electorales del 6D.

Los hechos son conocidos: ante algunas declaraciones de miembros del PSUV de supuesta “compra de votos” en las elecciones del 6D, fueron presentados ante la Sala Electoral del TSJ diversos recursos contencioso electorales para impugnar algunas de las elecciones de Diputados a la AN. Ante uno de esos recursos, al cual se acompañaba una solicitud de amparo cautelar, fue declarada con lugar ese amparo cautelar. En consecuencia, la Sala Electoral ordenó, mediante la sentencia N° 260 de 30 de diciembre de 2015, de forma provisional e inmediata, la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el estado Amazonas.

Ante esa decisión, la AN decidió en su sesión ordinaria de 6 de enero proceder a la juramentación e incorporación de tres de los Diputados sobre los cuales recayó la medida cautelar: Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Rommel Guzamana, éste último representante indígena.

Ante esa decisión de la AN, el 7 de enero el recurrente que había presentado el recurso contencioso electoral y un grupo de Diputados del PSUV presentaron, entre otros recursos, una solicitud de declaratoria de desacato ante el Sala Electoral, con ocasión de la juramentación de los Diputados que fue realizada por al AN el 6 de enero.

Fue sobre este recurso que la Sala Electoral dictó la sentencia N° 1 de 11 de enero, la cual decidió (i) que tanto los miembros de la Junta Directiva de la AN como los tres Diputados juramentados habrían incurrido en desacato de la sentencia N° 260 de 30 de diciembre de 2015; (ii) ratificar lo decidido en ese sentencia N° 260; (iii) declarar viciadas de nulidad absoluta  y por tanto inexistentes, aquellas decisiones dictadas por la AN a partir de la incorporación de los tres Diputados; (iv) declarar nulos los actos futuros que dicte la AN mientras se mantenga la incorporación de los tres Diputados; (v) dejar sin efecto la juramentación de los tres Diputados, (vi) ordenar la desincorporación inmediata de los tres Diputados.

En realidad, la Sala Electoral no podía tomar esa decisión. Básicamente, por tres razones: (i) la sentencia N° 260 de 30 de diciembre no podía ser desacatada, en la medida en la que era de imposible ejecución; (ii) la Sala Electoral no tiene competencia alguna para declarar la nulidad de los actos dictados por la AN, entre los cuales se encuentran la juramentación de los Diputados, y (iii) una medida cautelar no puede dictarse para declarar la nulidad de actos futuros, es decir, sobre actos que aún no existen en la realidad.

De hecho, la sentencia de la Sala Electoral va contra el propio criterio de la Sala Constitucional en esta materia, cuando en la sentencia  N° 2 del 9 de enero de 2013 advirtió expresamente que “Cualquier pretensión de anular una elección y/o de desproclamar a un funcionario electo por parte de algún poder constituido, al margen de una disposición constitucional expresa y desconociendo ‘el preponderante rol del cuerpo electoral una vez que ha sido manifestada su voluntad en un proceso comicial’, implicaría subordinar la libre expresión de la voluntad popular a una ‘técnica operativa, tomando en consideración –además- los traumatismos políticos e institucionales que supone la forzosa desincorporación de un funcionario electo”.

Esta sentencia de la Sala Electoral coloca al país en una suerte de situación de vértigo institucional, en la medida en la que plantea el conflicto entre la AN y el TSJ en un punto de difícil retorno. No es previsible que en el TSJ se obtenga una sentencia que revoque el criterio sostenido por la Sala Electoral. Y según las declaraciones del segundo Vicepresidente de la AN, la decisión de la mayoría en la AN pudiera ser la de negarse a la “desincorporación” de los Diputados sobre los cuales ha recaído la sentencia.

En paralelo, en el ambiente hay otros escenarios, todos muy delicados. Entre otros, (i) la posibilidad de que se pretenda sancionar penalmente a los Diputados y a la Junta Directiva de la AN y (ii) la posibilidad de que se plantee ante la Sala Constitucional del TSJ una irregular omisión legislativa, para que ésta proceda a pretender sustituirse inconstitucionalmente en las decisiones de la AN, como incluso ya se ha asomado.

Lo que está planteado, entonces, es el eventual desconocimiento de la AN como Poder Público fundamental del Estado venezolano, cuya mayoría ha sido recientemente elegida de modo contundente por la población venezolana. Y ello, por su puesto, genera una situación de vértigo institucional, en la medida en la que es difícil resolver conflictos institucionales de esta magnitud si no priva la prudencia en las relaciones entre los Poderes Públicos.

 

@cgarciasoto