Para emprender el camino a Nicaragua, Maduro y los chavistas tienen todavía muchas zonas donde morder.
El gobierno de Nicolás Maduro ha decidido emprender el camino de Nicaragua: el camino irreversible de una hegemonía extra-constitucional, en el cual las exigencias revolucionarias priven con suficiencia sobre la observancia legal en un marco democrático escrito sobre el papel. Independientemente de lo que deseen los foros internacionales y las mayorías nacionales.
La judicialización de Rocío San Miguel, y la expulsión de la Misión de Naciones Unidas que hacía seguimiento al desempeño de la nación en materia de derechos humanos, consolidan una tendencia que lleva tiempo aumentando de volumen.
Mediante un comunicado que compartió en X el canciller Yván Gil, informó de la decisión de suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría de Oacnudh y otorgó un plazo de 72 horas al personal para abandonar el país. La decisión, añade el texto, indica que se suspenden las actividades de la oficina «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas».
En esa misma tónica, el oficialismo ha desempolvado un proyecto de ley que fiscaliza la actuación y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Valentina Ballesta, directiva de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, sostuvo que la ley, aprobada ya en primera discusión, “posee grandes similitudes con la aprobada en Nicaragua”, donde el régimen de Daniel Ortega ha eliminado a más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil.
Adicionalmente, ahí están, semana a semana, los estridentes discursos legislativos amenazantes de Jorge Rodríguez en estos meses. Particularmente, luego de firmar los acuerdos de Barbados y lograr el regreso a casa del empresario Alex Saab.
El camino a Nicaragua que ha emprendido Miraflores parte de una circunstancia de orientación opuesta, más bien poco comentada: a diferencia de lo que ha ocurrido en otros contextos, en la conducción de la revolución bolivariana, hasta el momento, al menos en los últimos años, han estado al volante los moderados.
Al administrar la crisis nacional, Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez parecen haber impuesto el criterio de negociar, dividir al adversario, abrir frentes de operación, especular con promesas y replegarse estratégicamente. En ocasiones, incluso, si con eso recuperan autoridad frente al país, de adelantar importantes concesiones temporales.
En la dinámica de Miraflores ha privado la flexibilidad como principio, como ocurrió en tiempos de Chávez en otros momentos complejos, en relación con tesis más intransigentes y absolutistas, que llegaron a discutirse como posibilidad en el alto mando revolucionario.
Esto quiere decir que, si bien ya se ha escamoteado gravemente la alternancia en el poder y la libertad de expresión e información, para emprender el camino a Nicaragua, Maduro y los chavistas tienen todavía muchas zonas donde morder.
Este camino, al camino a la realidad política que ha creado Daniel Ortega en Nicaragua, podría consolidarse definitivamente en las elecciones presidenciales de este año, si el chavismo retiene el poder sin complicaciones y se sale con la suya. La próxima cita presidencial puede convertirse en una bisagra, una especie de parteaguas, como ya ha ocurrido antes.
En 2021, Ortega fue reelegido con 75 % de los votos y con siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición en prisión acusados de «traición a la patria». A pesar de que EE. UU. desconoció los resultados, el líder sandinista se mantiene en el poder y el espacio cívico de la sociedad nicaragüense cada vez más reducido.
Está claro que Daniel Ortega lleva un tiempo de ventaja sobre el chavismo en esta estrategia de consolidar un modelo hegemónico y unidimensional, haciendo, al mismo tiempo, concesiones al libre mercado.
El modelo político de Nicaragua que ha escogido Miraflores será fuente adicional de tensiones y expandirá la dimensión sancionada de la nación, pero también puede terminar atemperado, atenuado a posteriori, procurando crear una especie de remesa diplomática con algunos factores de la izquierda occidental y simpatizantes conexos a partir de ciertas concesiones parciales a la oposición que quede en el país. Es decir, no necesariamente el rumbo trazado implica en este caso llegar a la meta.
Puede que, completamente seguro de su poder y estabilidad, Maduro decida seguir apretando, para imponerse atemorizando a sus adversarios, como de hecho viene ocurriendo, sin que ello signifique, necesariamente, desplumar por completo a la sociedad venezolana con la misma serena rotundidad con la cual lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua.
Como ha ocurrido en muchas otras ocasiones en el pasado, el gobierno de Maduro también pudiera regresar a la decisión de emprender la reversa. La sociedad democrática nacional sigue siendo muy grande, y va a seguir resistiendo. Es imposible adelantar pronósticos y no esperar algún tipo de cisne negro inesperado en una crisis de estado tan prolongada como la actual.
Pero estos son los hechos: una vez que Alex Saab ha regresado a casa, en el alto gobierno la gente ha sacado sus cuentas. La presión exterior comienza a perder eficacia.
Independientemente de lo que digan las encuestas, del descontento popular, del grave rezago social y económico, en Miraflores parece haber claridad en torno a la existencia de un músculo político y militar lo suficientemente consistente como para diseñar un plan que les permita imponer las cosas en sus términos, como ya ocurrió en 2018, como ocurrió en la convocatoria a la fallida Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y como acaba de ocurrir con el referéndum del Esequibo.
