La Ley Antibloqueo otorga poderes al gobierno para que con la potestad de declarar operaciones como secretas y confidenciales privatice o transfiera la gestión de empresas públicas a grupos seleccionados a dedo. Analistas advierten que está en gestación un capitalismo de élite consistente con una economía pequeña y desigual
Nicolás Maduro permanece en el Palacio de Miraflores, la sede de la presidencia de Venezuela y disfruta del período de mayor estabilidad desde que en 2018 proclamó su reelección mediante unas elecciones que más de cincuenta países consideran fraudulentas. La oposición se debilitó, las sanciones de Estados Unidos no lo expulsaron del poder y el gobierno aumentó su control sobre una población empobrecida; pero su resistencia no es el triunfo del Socialismo del Siglo XXI, al contrario, es la muestra de una promesa exhausta.
Para resistir Maduro ha estado dispuesto a cualquier cosa. Dejó a un lado el control de precios, toleró la dolarización de facto de la economía, entregó la gerencia de empresas estatizadas a manos privadas, acabó el control de cambio, fomentó la extracción de oro con un gran daño ecológico y con la Ley Antibloqueo, aprobada el pasado 12 de octubre, camina hacia lo que analistas denominan un capitalismo de oligarcas.
La Ley otorga amplios poderes al gobierno para que de forma poco transparente, con la potestad de catalogar como confidencial determinadas transacciones, privatice o incremente la transferencia de la gestión de empresas estatales al sector privado.
De esta manera, se crea un entorno perfecto para que empresarios locales o de países aliados como Turquía e Irán, dispuestos a tomar el riesgo de negociar con la administración de Nicolás Maduro, aumenten su presencia en sectores como telecomunicaciones, electricidad, cemento, hotelería, manufactura, gas, petroquímica, hierro, acero y agroindustria.
Omar Zambrano, director de la firma Anova, señala que “vamos a ver la transferencia de activos públicos al sector privado, hay una decisión de achicar al sector público. El país va hacia un capitalismo oligárquico, donde el sector privado opera con algunas reglas de mercado, pero el acceso proviene de la cercanía con círculos de poder”.
Alejandro Grisanti, exanalista de Barclays Capital, explica que “la ley va a producir una transferencia de activos del Estado venezolano a grupos privados y grupos de poder, muy posiblemente con mucha corrupción en el medio”.
Tras la debacle de la producción petrolera, que cayó hasta niveles de 1935, las finanzas públicas están quebradas y no hay cómo mantener la hipertrofia del Estado, plagado de empresas ineficientes: el déficit fiscal se ubica en 12% del PIB a pesar de que ha habido un agresivo recorte de gasto en inversión, salarios y pensiones.
El gobierno justifica la ley como un arma para enfrentar las sanciones de Estados Unidos, que considera ilegítimo a Maduro. En 2017 Donald Trump prohibió a las entidades financieras estadounidenses otorgar créditos al estado venezolano y en 2019 bloqueó el comercio de petróleo entre Venezuela y Estados Unidos. Además, ha sancionado a compañías extranjeras que transportan petróleo de Venezuela a otros mercados.
“La Ley está dirigida, entre otras cosas, a generar ingresos al país”, dijo Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y ministra de economía y finanzas.
Agregó que “Venezuela tiene riquezas y los inversionistas no se acercaban por temor al bloqueo, esta ley ofrece mecanismos para que el inversionista, tanto nacional o internacional, pueda tener un desarrollo seguro de sus inversiones”.
El texto
Miguel Mónaco, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, resume que “la Ley Antibloqueo tiene como aspectos fundamentales la posibilidad de desaplicar otras leyes, efectuar transacciones de forma confidencial e incorporar cláusulas de arbitraje internacional en los contratos”.
El gobierno podrá decidir, al momento de tomar decisiones de negocios, si aplican o no los procedimientos y aprobaciones que estipulan el resto de las leyes y reglamentos.
La ley indica que “el Ejecutivo Nacional procederá a inaplicar, para casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulte imposible o contraproducente” como consecuencia de las sanciones.
La idea de reestructurar el rompecabezas de empresas del sector público queda clara al permitir que el gobierno modifique “los mecanismos de constitución, gestión, administración, funcionamiento y participación del Estado de determinadas empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior” y cuente con la facultad de levantar las restricciones a la comercialización “en actividades estratégicas de la economía nacional”.
La ley abre la puerta para que el sector privado gestione empresas que han sido estatizadas al prever que “los activos que se encuentren bajo administración o gestión del Estado venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial” podrán “ser objeto de alianzas con entidades del sector privado”.
El petróleo
Entre las pocas limitaciones que tendrá el gobierno destaca que las acciones de PDVSA, la empresa petrolera del país, deben permanecer en manos del Estado.
No obstante, Maduro podrá operar con facilidad en el sector de los hidrocarburos. Allan Brewer Carías, doctor en derecho, escribe en un análisis que “el Ejecutivo Nacional podría declarar inaplicable las previsiones de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que exigen la autorización de la Asamblea Nacional para que puedan constituirse empresas mixtas en el sector” o las leyes que reservan al Estado las actividades petroquímicas o los servicios y actividades conexas con la industria petrolera.
Agrega que existe la posibilidad de la “desnacionalización total de la industria petrolera y de la comercialización de los derivados del petróleo – entre ellos gasolina -, con la única y exclusiva limitación que las acciones de Pdvsa, la empresa holding de la industria petrolera, deben permanecer como propiedad del Estado”.
“El resultado de las previsiones de la Ley, es que, todas las empresas del Estado subsidiarias o filiales de PDVSA podrían ser total o parcialmente privatizadas, sin límites, secretamente”, advierte Brewer Carías.
En secreto
Las transacciones pueden permanecer ocultas para la mayoría de los venezolanos ya que “por tiempo determinado” y para contrarrestar el efecto de las sanciones las autoridades “podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo, en aplicación de esta Ley Constitucional”.
Además, “se crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto”.
La documentación calificada como confidencial “será archivada en cuerpos separados de los expedientes y con mecanismos que aseguren su seguridad” y tendrá “en su portada la advertencia correspondiente, expresando la restricción en el acceso y divulgación y las responsabilidades a que hubiera lugar para aquellos funcionarios o personas que puedan infringir” la confidencialidad de la información.
La opacidad
Empresarios consultados afirman que lejos de dar seguridad jurídica la Ley Antibloqueo, aprobada por una cuestionada Asamblea Constituyente que el chavismo eligió en 2017 para aprobar leyes sin discutirlas en el Parlamento, genera muchas dudas y solo grupos que deseen operar en el anonimato y de forma poco transparente estarán dispuestos a invertir en Venezuela.
Brewer Carías afirma que se pretende “cambiar la política económica en una forma encubierta, opaca, secreta y poco transparente, desestatizando, desnacionalizando y privatizando la economía, promoviendo y protegiendo la participación del capital privado nacional e internacional, pero solo de aquél que opera en la oscuridad y opacidad que es el que resulta de un marco de total inseguridad jurídica y de secreto”.
Añade que el proceso “a lo que podría conducir es a la transferencia indiscriminada de activos del Estado a particulares nacionales o extranjeros, seleccionados discrecionalmente a dedo”.
Los acuerdos con grupos privados no son nuevos para el madurismo. Bajo la figura de “alianzas estratégicas” ya se ha transferido la gestión de compañías públicas a manos privadas, como es el caso de la Empresa Mixta Socialista Arroz del Alba.
Esta compañía, creada el 22 de noviembre de 2007 con participación de 51% por parte del gobierno venezolano y 49% por Cuba, firmó un fideicomiso de 74 millones de dólares con el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Tras producir muy poco el 19 de diciembre de 2017 el gobierno ordenó su liquidación y el 11 de abril de 2019 el exministro de Tierras, Elías Jaua, se pronunció públicamente señalando que la gestión de la compañía fue entregada a manos privadas.
“Empresa estatal Arroz del Alba. La gestión de sus activos fue entregada a una empresa privada. El busto del comandante Chávez fue removido”, dijo Jaua.
El 17 de abril de 2019 Nicolás Maduro informó que se había reactivado la granja porcina José Leonardo Chirinos en Lara “en una alianza con el sector privado para la cría de cerdos bebes” sin especificar los detalles del trato.
“Sabemos que apoyándose en la Ley de Contrataciones Públicas que prevé las alianzas estratégicas se ha entregado la gestión de empresas a privados, pero nadie ha podido ver cómo son esos contratos”, dice un empresario.
Solo en el sector de alimentos el gobierno controla 200 empresas de carne, leche, pescado, huevos, aceite y silos.
Burguesía roja en expansión
Empresarios cercanos al gobierno explican que la Ley Antibloqueo permitirá transferir empresas públicas al sector privado para “asegurar la sostenibilidad de compañías inviables por problemas de gerencia que antes tapaban los petrodólares”.
Pero este sistema donde principalmente se beneficia a grupos cercanos al poder, dispuestos a efectuar negocios de manera poco transparente a cambio de grandes ganancias en el corto plazo está muy lejos del capitalismo que genera prosperidad.
En el influyente libro Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, el economista William Baumol describe el capitalismo oligárquico como un sistema donde “el poder y el dinero están muy concentrados en unas cuantas personas. Es la peor forma de capitalismo, no sólo por la desigualdad extrema de ingresos y riqueza que esas economías toleran, sino también porque las élites no promueven el crecimiento como objetivo central de la política económica. En cambio, los oligarcas fijan las reglas para maximizar sus ingresos y riqueza”.
La desigualdad se ha ensanchado en medio de la depresión de la economía. Datanálisis indica que una pequeña élite de 6% de la población tiene ingresos en dólares que le permiten mantener los hábitos de consumo de la Venezuela petrolera; 40% recibe un ingreso en dólares modesto y 54% no tiene ingresos en dólares y sobrevive con los bonos y las cajas de comida que reparte el gobierno.
Omar Zambrano indica que “el capitalismo que se está gestando es consistente con una economía muy pequeña, sin tejido productivo, donde seguirá habiendo una crisis humanitaria porque la mayoría no podrá insertarse en la franja que va a beneficiarse. A gran parte de la población solo le quedará vivir con lo poco que le transfiere el sector público o emigrar a otros países”.
El petroestado agoniza, los petrodólares que oxigenaron al Socialismo del Siglo XXI tapando la ineficiencia de las empresas estatales y la economía controlada ya no existen. Tras años de mínima inversión, fallas de gerencia y corrupción rampante, la producción de petróleo comenzó a caer velozmente en 2017 y en 2019 las sanciones de Estados Unidos aceleraron la debacle: hoy Venezuela apenas produce 400 mil barriles diarios de petróleo.
Un nuevo sistema está en gestación y Nicolás Maduro no tiene dudas: “El país cree en mí, creen en la ley porque eso lo redacté yo”, afirmó desafiante al recibir el texto aprobado en una sola sesión por la Asamblea Nacional Constituyente, el instrumento que emplea el partido de gobierno para legislar sin someterse al Parlamento controlado por la oposición.
