Narcosobrinos

El diario español ABC publicó un trabajo en el que refiere que Eduardo Gámez Flores, teniente coronel de la Guardia Nacional, a quien identifica como sobrino de la primera dama Cilia Flores, estaría vinculado a una red de narcotráfico y compra ilegal de oro y diamantes, con supuesto dinero proveniente de empresas públicas de Venezuela.

La acusación de la que se hace eco ABC la habría realizado un presunto testigo directo, también funcionario de la Guardia Nacional, identificado Jesús Curvelo, que como indica el diario español se encontraría “huido del país ante evidencias de que su vida correría peligro”.

ABC expone que el teniente Curvelo habría relatado las supuestas andanzas de Gámez Flores en una comunicación que dirigió a la Asamblea Nacional antes de salir del país. TalCual intentó confirmar si efectivamente esa misiva había llegado a manos del Parlamento, pero funcionarios del Legislativo aseguraron desconocerla, incluso en la Comisión de Defensa.

El diario español afirma que Eduardo Gámez Flores participa en una red dirigida por dos altos mandos del Ejército retirados: el actual gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez; y el general Julio César Fuentes Manzulli, actual secretario de seguridad ciudadana de la entidad regional.

Curvelo habría trabajado con Manzulli durante 14 años, de quien aseguran sería el encargado directo de entregar armas a pranes o bandas criminales de Bolívar. “Según Curvelo, para encubrir la entrega de armas, estas eran declaradas como robadas. Diversas matanzas han sido atribuidas a los pranes en los últimos años, como la que tuvo lugar en 2016 en la localidad de Tumeremo, en la que fueron asesinados 28 mineros”, publica ABC.

La versión que recoge el rotativo español coincide con las denuncias que realizara en mayo de 2016 el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia: también responsabilizó a Curvelo de suministrar armas a los “pranes que controlan las zonas mineras de Tumeremo”. En el informe de la Comisión Especial que investigó la masacre de Tumeremo se acusa al general retirado como un comisionado especial del gobernador para suministrarle armas a “El Topo”, autor material de la masacre.

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Ajustándose a la fecha que había pautado el Juez Paul Crotty luego de que se conoció el veredicto del jurado, los abogados de Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores De Freitas solicitaron, ejerciendo el derecho de apelar que les otorga la ley estadounidense, que se realice un nuevo juicio.

Los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Nicolás Maduro y Cilia Flores, fueron hallados culpables de conspirar para introducir 800 kilogramos de cocaína al país norteamericano. El jurado emitió su veredicto el pasado 18 de noviembre y se espera que la sentencia sea impuesta por el Juez el próximo 7 de marzo.

El equipo de reconocidos y costosos abogados introdujo la moción el 23 de enero al final del día, lapso máximo dado por el Juez para las apelaciones, y esgrimen prácticamente los mismos argumentos que utilizaron ante el jurado y ante el Juez para solicitar la supresión de evidencias —que fue negada por el Magistrado.

“(…) Los demandados proceden respetuosamente a solicitar un juicio de absolución basado en la insuficiencia de las pruebas. (…) Los demandados piden un nuevo juicio de conformidad con la Regla 33 porque el veredicto es contrario al peso de la evidencia y porque permitir que el veredicto se mantenga después del perjurio admitido del testigo estrella (CS-1 o José Santos Peña) de la Fiscalía constituiría una injusticia manifiesta”, se lee en el documento.

La moción asegura que se requiere un nuevo juicio porque CS-1, narcotraficante mexicano miembro del Cartel de Sinaloa, cometió perjurio durante sus declaraciones en el estrado, Y reiteran que la evidencia que sustenta la convicción fue insuficiente y que la Fiscalía falló en demostrar que no hubo entrampamiento.

“Es el caso de narcóticos extraordinariamente raro donde nunca los narcóticos fueron obtenidos por los investigadores y el único actor del gobierno que vio los supuestos estupefacientes fue arrestado durante la investigación y posteriormente se perjurió repetidamente ante el jurado”, explican Randall Jackson y David Rody, autores de la moción.

Como último argumento, el documento de 59 páginas explica que no hubo evidencia que confirmara que los defendidos deliberadamente eligieron no confirmar si la conspiración alcanzó a los Estados Unidos.

Ahora le tocará el turno de responder la moción a la Fiscalía, quien tiene la opción de hacerlo hasta el 13 de febrero. Luego la defensa podría responder una vez el 21 de febrero y el Juez decidirá su fallo para el 7 de marzo. De fallar a favor de la Fiscalía dictará sentencia a los sobrinos Flores, que puede ir desde 10 años de prisión a cadena perpetua.

 

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HACE 14 MESES QUE LOS SOBRINOS de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron detenidos en Haití por estar vinculados a una operación de tráfico de drogas. Hace más de un año que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York los imputó por conspirar para ingresar cerca de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Hace dos meses que ellos, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, fueron condenados en territorio norteamericano por ese delito.

Sin embargo, pese a que las pruebas presentadas en los tribunales estadounidenses indicaron que parte de las reuniones «conspirativas» se llevaron a cabo en Caracas y que los Flores pretendían sacar la droga por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el Estado venezolano no se ha pronunciado sobre el caso. ¿Qué debe hacer la justicia nacional en este asunto? Dos abogados penalistas señalan lo que cabría esperarse del Poder Judicial.

«Lógicamente, luego de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde ha habido todo un procedimiento, un juicio y una condena a estas personas, en Venezuela debería haber, y es algo que debe pedirse en forma vehemente, clara y seria, una declaración de los voceros oficiales», sentenció el abogado Alberto Arteaga. «Lo menos que puede hacer el Ministerio Público es abrir una averiguación, sin prejuzgar, sobre estos hechos», agregó.

Para el especialista en derecho penal, el análisis del caso debe centrarse en el tráfico de drogas dentro del entorno presidencial. La clave, según el experto, está en la realización de una investigación imparcial que indique si realmente hubo un uso de elementos, vías, rampas e instrumentos oficiales, y que revele quiénes fueron las personas que estuvieron implicadas en los hechos.

Pero para Bayardo Ramírez, abogado penalista y ex presidente de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), una posible investigación sobre el caso está muy alejada de la realidad. Afirmó que mientras no haya Estado de derecho no habrá posibilidad de que la justicia se pronuncie sobre el tema.

«Todavía los políticos nuestros no comprenden que están bajo un régimen totalitario, porque esto no es una dictadura, es un totalitarismo como el de los nazis, el de los fascistas, el de los comunistas (…) Para ellos, el derecho es todo aquello que beneficia al poder, no al hombre como individuo (…) Mientras exista un estado totalitario, no se puede hacer nada. Ellos no vinieron a gobernar, vinieron a destruir democracias», aseveró.

Leyes violadas

Esta historia comenzó cuando Campo Flores y Flores de Freitas, a través de un tercero, pidieron una reunión con un narcotraficante hondureño apodado «El Sentado», con el fin de trasladar hasta ese país un cargamento de 800 kilos de cocaína, proveniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tendría a Estados Unidos como destino final. Lo que no sabían es que «El Sentado» era, en realidad, un informante de la Drug Enforcement Administration (DEA) y que, desde su primer hasta su sexto encuentro, serían seguidos, grabados y fotografiados para comprobar que, efectivamente, planeaban trasladar droga hasta Norteamérica.

Para Ramírez, la aplicación de las leyes venezolanas sería suficiente para abrir un procedimiento contra los Flores. «Ellos no son jóvenes que cayeron por liviandades, son traficantes que cayeron en eso hace mucho tiempo», apuntó.

Arteaga recordó que el delito por el cual condenaron a Campo Flores y Flores de Freitas en Estados Unidos no fue el de tráfico de drogas, sino el de «conspiración» para transportar cocaína a territorio americano. «Eso quiere decir que se juzgó el acto preparatorio. Una conspiración es ponerse de acuerdo para un hecho», agregó.

En Venezuela, de acuerdo con los abogados consultados, ese cargo de «conspiración» se traduce como «asociación para delinquir», el cual está previsto y sancionado dentro de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

«Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos de los previstos en esta Ley (se incluye el tráfico de drogas), será castigado, por el solo hecho de la asociación, con pena de cuatro a seis años de prisión», se lee en el artículo 6 de esta normativa.

Según Ramírez, las faltas cometidas por los Flores también están contempladas dentro de dos tratados internacionales de las Naciones Unidas que fueron suscritos por Venezuela hace más de 15 años.

Uno de estos documentos es la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, al cual se adhirió Caracas en 1988. En su artículo 3, referido a los delitos y sanciones, establece que «la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos, y la asistencia, la incitación, la facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión», deben ser tipificados como delitos penales dentro de las leyes de cada una de las partes que firmaron el tratado.

Más adelante, en el numeral 5 del mismo artículo, se añade: «Las Partes dispondrán lo necesario para que sus tribunales y demás autoridades jurisdiccionales competentes puedan tener en cuenta las circunstancias de hecho que den particular gravedad a la comisión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo l , del presente artículo, tales como: a) La participación en el delito de un grupo delictivo organizado del que el delincuente forme parte; b) La participación del delincuente en otras actividades delictivas internacionales organizadas; c) La participación del delincuente en otras actividades ilícitas cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito; d) El recurso a la violencia o el empleo de armas por parte del delincuente; e) El hecho de que el delincuente ocupe un cargo público y de que el delito guarde relación con ese cargo».

El punto «e» podría tomarse en cuenta en el caso de Campo Flores y Flores de Freitas, ya que de acuerdo con las grabaciones recogidas por la DEA, el cargamento saldría por la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, destinada exclusivamente para el uso del Presidente de la República.

La conspiración por la que fueron condenados los sobrinos Flores está también contemplada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo de 2000, también suscrita por Venezuela.

En el artículo 5 de este documento, que trata sobre la «Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado», se indica que «cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: (…) i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado; ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en actividades ilícitas del grupo delictivo organizado».

Nuevamente, el punto «i» hace referencia a la asociación para delinquir por la que serían enjuiciados los sobrinos si se abriera un proceso judicial contra ellos en Venezuela.

 

 

La Comisión Especial de la Asamblea Nacional para Investigar el Tráfico de Influencias y Abuso de Poder vinculado al narcotráfico por parte de familiares de funcionarios del Poder Público, se instaló formalmente este martes. Durante esta primera reunión acordaron, entre otras cosas, enviar un cuestionario tanto al diputado Diosdado Cabello como a su colega y Primera Dama, Cilia Flores, a efectos de conocer sus versiones sobre el caso de los sobrinos de la primera combatiente.

“Vamos a enviar un cuestionario a la diputada Cilia Flores porque se trata de un caso en el cual se han visto involucrados dos de sus sobrinos identificados como Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas”, dijo el diputado José Luis Pirela declaró lo siguiente:

Pirela agregó que de acuerdo a la información que han recibido; uno de estos jóvenes se exhibía en la ciudad de Caracas con un carro Ferrari, un automóvil que no es fácil de esconder. Asimismo explicó que al diputado Cabello también se le enviará el cuestionario debido a que fue mencionado  en el juicio realizado en la ciudad de Nueva York.

El pasado 22 de noviembre la AN aprobó un Proyecto de Acuerdo en el cual se estableció la conformación de una Comisión Especial, que se dedicará a investigar el caso de los sobrinos de la pareja presidencial, quienes fueron declarados culpables por la justicia estadounidense tras ingresar más de 800 mil kg de cocaína a EEUU.

La comisión está integrada por los diputados Pirela (Unidad- Zulia), Ismael García (Unidad- Aragua), Teodoro Campos, (Unidad-Lara), José Trujillo (Unidad-Aragua) e Ismael León (Unidad-Dtto. Capital) y dos  diputados del Gran Polo Patriótico, que a petición del jefe de la bancada oficialista Héctor Rodríguez, no se van a incorporar. Pirela lamentó la ausencia de la bancada  oficialista y dijo que esta ausencia no debe traducirse en descalificaciones para dicha comisión.

Citaciones a funcionarios públicos

El diputado José Luis Pirela  agregó que también se acordó a citar a la sede del Parlamento a funcionarios del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, a efectos de revisar la relación de vuelos. También al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, a la Cancillería de la República y la Casa Militar.

“Estas comparecencias tienen como propósito evaluar todo lo concerniente con la parte migratoria y los viajes que frecuentemente hacían estos dos jóvenes, sobrinos de la Primera Dama de la República. La Cancillería, por su parte, deberá explicar por qué ambos usaban pasaportes diplomáticos y los funcionarios de la Casa Militar deben demostrar si es cierto o no que los imputados usaban la Rampa 4 del Aeropuerto de Maiquetía, o en todo caso el Aeropuerto de La Carlota”, dijo Pirela.

La instancia acordó citar también al Teniente Coronel Pedro Miguel Rodríguez Flores, piloto del de la aeronave, a Pablo Urbano Pérez, Copiloto, Marco Tulio Uzcátegui Contreras, propietario del avión, al empresario Wilmer Ruperti quien a través  de PDVSA  tiene un contrato  de 138 millones de dólares y  es la persona que la defensa de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, en la ciudad de Nueva York y finalmente  al comisario Vladimir Flores, hermano de la diputada Cilia Flores, ex jefe de Seguridad de la AN y actualmente miembros de la directiva del cuerpo de policía científica, CICPC.

-Échenos la bendición, mi tía –dicen casi al unísono dos jóvenes que, de no ser por las extravagancias y lujo de las ropas que visten, pasarían como cualquier hijo de vecina de mi querido y recordado Los Jardines del Valle.

-Dios me los bendiga y me los haga unos hombres de bien…responde la tía. Y, volteándose orgullosa hacia su marido, la Primera Combatiente, dice:

– ¡Qué buenos nos salieron estos muchachos Nicolás! Son tan inocentones y nobles que me preocupa que cualquier vivo quiera echarles una vaina. Si hasta andan con un talonario de rifas para recolectar fondos para mi campaña…y deben haber vendido todos los números porque siempre tienen la billetera repleta de plata.

Aunque el diálogo, de nuevo, es producto de mi inquieta imaginación, así supongo que ocurría en la casa de los Maduro-Flores, mientras los “sobrinos”, criados como hijos, vivían bajo el mismo techo de la parejita presidencial. Además, ¡es una costumbre tan venezolana pedir la bendición! que, seguro, Efraín y Franqui Francisco, se despedían así de afectuosos de sus amados tíos antes de salir a hacer sus negocios y aprovechar su condición de miembros de la “familia real” para disfrutar las prebendas que les otorgaba ser, más que sobrinos, los hijos de crianza de quienes por mandato de Chávez desgobiernan al país.

Es más, no dudo que la escena se haya repetido miles de veces en el mismísimo despacho de Miraflores; o incluso antes, en la Casa Amarilla, cuando Nicolás era el canciller; Cilia, diputada y los querubines, unos muchachitos ramplones e imberbes, rodeados de secretarias aduladoras, probando las primeras mieles del poder y el provecho que se le puede sacar.

Pero, como que tía Cilia y tío Nicolás fueron demasiado consentidores y permisivos. Y permisivos en exceso porque no les fijaron límites a esos muchachos, que es lo que los psicólogos nos recomiendan a los papás para que los hijos aprendan a respetar las normas –y después, de grandes, las leyes: para que no se metan en problemas, pues, y terminen pensando que traficar drogas hacia un país tan serio como Estados Unidos es tan fácil como pedirles a los escoltas, cuando estás a dieta estricta, que compren hamburguesas en McDonald, sin que los demás se den cuenta.

Este tema de los narcosobrinos presidenciales no podemos tomárnoslo a la ligera. ¡Es grave! Muy grave porque revela lo que podría ser la condición y esencia de este régimen. ¿Estamos en presencia de un narco Estado? ¿La llamamos Venezuela, o debemos comenzar a decirle Narcolandia? Hay quienes aseguran que eso es así: que somos un narco Estado, donde las cúpulas del poder están involucradas –y embadurnadas hasta el cuello- en este lucrativo y oscuro negocio. Los narcosobrinos no son los primeros que caen en manos de la justicia americana por un asunto de drogas. Personeros que ocuparon –y ocupan- importantes cargos en estas gestiones chavista-madurista, también están siendo señalados por el mismo delito.

¿A cuántos revolucionarios famosos estarán acusando los muchachones de Cilia? ¿A ella y a Nicolás no les habrá parecido raro que esos sobrinos quisieran usar así tan confianzudamente la Rampa 4 de Maiquetía? ¿Portaban o no pasaportes diplomáticos otorgados por Delcy? Todo esto, en un país donde se respeten las leyes, ya habría salido a la luz pública y sería suficiente motivo para exigir la renuncia del Presidente. Es lo que, moralmente, debía haber hecho Nicolás: en un acto de verdadero arrepentimiento y vergüenza, poner su cargo, el de su Primera Combatiente y el del resto de su gabinete a la orden, para que se abran las averiguaciones y poner tras las rejas a los culpables, no solo de narcotráfico, sino también de corrupción. Pero, de pronto recuerdo quiénes son los personeros involucrados en este escándalo y cómo funciona la justicia en Venezuela…y me regresa el sinsabor y desaliento que deja la impunidad.

El asunto es que, a pesar de la gravedad del caso, los narcotíos no han abierto la boca para fijar una posición al respecto. Y prefieren estar “rayados” con la DEA, organismo que –confío y aspiro- debe estar enfilando su arsenal contra los cabecillas de esta mega banda de la droga. Los narcotíos podrían estar en salsa –y no de la que le gusta bailar a Nicolás- con la justicia del Imperio que seguirá escarbando en esta carroña hasta dar con los peces godos que dirigen todas las operaciones. Y en medio de un mutismo absoluto, Nicolás y Cilia dejan la defensa de su honor y de sus narcosobrinos a Diosdado y Pedro Carreño quienes, con su cinismo característico, aseguran que los “hijos de crianza” presidenciales -hallados culpables, unánimente, por tráfico de drogas- son unos “buenos muchachos víctimas de un montaje por parte de la DEA”, casi que unos mártires a quienes el gobierno de los Estados Unidos mantiene secuestrados.

¿Irá Cilia a visitar a Efraín y Franqui Francisco a la prisión donde cumplirán su condena? Tal vez sí, total esas cárceles americanas no son ni remotamente parecidas al infierno que se vive en Tocuyito, Yare, El Rodeo o Tocorón… para pesar del resto de los venezolanos que vemos en esta noticia, una llama de esperanza al final del túnel.

@mingo_1

 

Tal como estaba previsto, el diputado a la Asamblea Nacional, Américo de Grazia, consignó ante la Fiscalía General de la República la solicitud formal para que se inicien las averiguaciones correspondientes sobre la presunta complicidad del presidente Nicolás Maduro en el caso de los “narcosobrinos”, que conlleven a la apertura de un antejuicio de mérito por el Tribunal Supremo de Justicia.
Desde el Palacio Federal Legislativo, el diputado De Grazia informó que apegados al artículo 266 de la Constitución se hizo la petición oficial ante el Ministerio Público para que esta instancia inicie las investigaciones al presidente Maduro por su presunta vinculación al caso de los llamados “narcosobrinos” y se aclaren las informaciones que han salido a la luz pública tras el juicio que se lleva a cabo en los Estados Unidos a estos jóvenes, familiares directos de la Primera Dama, Cilia Flores.

El parlamentario detalló que debe explicarse al país si efectivamente se hicieron uso de bienes públicos por parte de los sobrinos de la Primera Dama, Cilia Flores, al igual que otros elementos que fueron tomados en cuenta en el juicio.

“Acudimos en la mañana de hoy a la Fiscalía con ánimo y propósito de solicitarle formalmente a la fiscal Luisa Ortega Díaz que esto se materialice, lo que no impide las acciones que desde la Asamblea Nacional se puedan realizar para agilizar el proceso”, dijo.

Asimismo, ratificó que la fiscal debe actuar en función a las sospechas e indicios que arrojó el juicio como por ejemplo “el uso de pasaporte diplomático para favorecer al narcotráfico”, aseveró De Grazia.

La canciller Delcy Rodríguez escribió el 21 de noviembre en su cuenta de Twitter que la Cancillería no ha otorgado pasaporte diplomático a ciudadanos que no cumplan con las normas para ello. Indirectamente, Rodríguez podría estarse refiriendo a la detención de los dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron encontrados culpables de conspirar para traficar drogas a Estados Unidos la semana pasada en Nueva York.

Canciller negó que los sobrinos Flores tuvieran pasaporte diplomático – https://t.co/xmLqLNGPtH pic.twitter.com/CoB1AXrEpH

— Runrunes (@RunRunesWeb) November 22, 2016

La periodista Jessica Carrillo ya había aclarado que los sobrinos Flores no habrían entrado a Haití con pasaportes diplomáticos, y que ni la DEA en su minuta de la operación, ni la Fiscalía, dijeron en algún momento que los acusados tuviesen un pasaporte diplomático al momento de la detención.

Pero sí existen casos en que la Cancillería ha otorgado pasaportes diplomáticos a funcionarios sin cumplir expresamente con los requerimientos de la ley para ello. En el 2010, una investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra reveló que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes sumas a la cuenta de un ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc. Uno de estos funcionarios tenía condena vigente por tráfico de heroína, pero había recibido una medida de “gracia” y estaba en libertad.

Estos son los venezolanos con pasaportes diplomáticos que tejieron una red de lavado en Andorra https://t.co/iL5Ejx0Yeq

— Runrunes (@RunRunesWeb) November 22, 2016

De acuerdo a la investigación del Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación, un funcionario de la Cancillería venezolana, que pidió no ser identificado, contó que durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) se hizo frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros. “Estas solicitudes generalmente llegaban a la Cancillería desde Miraflores (sede del Ejecutivo), de la Secretaría de la Presidencia. Estos documentos se aprobaban porque era una orden del Presidente de la República, y así dice el Reglamento de Pasaportes”, indicó.

La Dirección de Inmunidades y Privilegios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela es la dependencia que autoriza la emisión de pasaportes diplomáticos. El decreto que regula la emisión de estos documentos en Venezuela está vigente desde 1974.

Los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez, los dos asesores del ministro, fueron emitidos el 30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana. Para esa fecha, la cartera de Economía y Finanzas estaba en manos de Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Hernández había sido condenado por la justicia venezolana por tráfico de heroína en el año 2000, mientras que Gil Yánez estuvo preso en 2010 por intento de robo de una aeronave.

La figura de “asesor de ministro” no aparece entre los 12 cargos o funciones que tienen derecho a recibir un pasaporte diplomático. Sin embargo, el Reglamento de Pasaportes faculta al despacho de Relaciones Exteriores a otorgar pasaportes diplomáticos a otras personas “cuando así lo ordene el Presidente de la República”.

Algunos ministerios también comenzaron a solicitar pasaportes directamente a la Cancillería, dijo el funcionario. “Pero en estos casos se consultaba con el ministro o viceministro (de Relaciones Exteriores). Si ellos los autorizaban, se emitían”. Alí Rodríguez Araque era el ministro de ese despacho para la fecha, mientras que el general Arévalo Enrique Méndez ocupaba el viceministerio.

Un allegado a Hernández y Gil confirmó que los pasaportes habían sido tramitados a través de la Secretaría de la Presidencia, que para ese entonces estaba a cargo del coronel del ejército Manuel Barroso.