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Universidades públicas pueden quedarse sin páginas web en menos de 4 días

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El director de Telecomunicaciones y Servicios de la Universidad de Los Andes (DTES-ULA), Ingeniero Leonardo González, concedió una entrevista exclusiva al equipo de investigación de Aula Abierta Venezuela para dar a conocer los detalles sobre el proceso de revocación de recursos IP a la Universidad de Los Andes. A continuación, se presenta de forma detallada cada una de sus respuestas.

 

¿Cuál es el problema con los recursos IP de la universidad?


El problema real, es que el gobierno nacional por intermedio del Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI) adscrito al Ministerio para la educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, pagaba a LACNIC (organización no gubernamental dedicada al registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, responsable de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet -IPv4, IPv6-), el canon de las direcciones IP de las universidades nacionales. No obstante, a raíz del control de cambio, y el estrangulamiento presupuestario de las universidades autónomas, tiene más de dos años que no se hace el pago por el servicio. Por este motivo, LACNIC ha estado enviando avisos de corte desde el año 2016, a lo cual el CNTI ha manifestado que se está esperando la aprobación de las divisas. Sin embargo, eso no ha ocurrido y la fecha real de corte es el próximo 06 de marzo de 2017.

 

-¿Cuánto cuesta el pago a LACNIC y cuánto se debe en ULA?


El servicio de direccionamiento IP para la Universidad de Los Andes cuesta anualmente USD $300. La ULA está en mora dos años (2015 y 2016), pues el CNTI no ha pagado el servicio a LACNIC. Y se debe pagar el servicio correspondiente al año 2017 en octubre de este año. Por este motivo LACNIC ha enviado una comunicación a la Dirección de Telecomunicaciones y Servicios de la Universidad de Los Andes (DTES-ULA) para avisar la suspensión del servicio el 06 de marzo de 2017 por la falta de pago.

 

¿Quién es el Director del CNTI, y qué ha dicho al respecto?


El Director es el Señor Kenny Ossa, y su respuesta ante la grave situación es que no hay divisas, pues el barril de petróleo bajó de precio. Hay una crisis fuerte en materia económica y no hay dólares. Y de manera formal el CNTI ha dicho a las instituciones que están buscando la manera de honrar las obligaciones con LACNIC, sin embargo, no ha habido respuesta oficial sobre el avance de estas gestiones.

¿Qué pasará luego que suspendan el servicio de IP en la Universidad de Los Andes?


Simplemente no habrá forma de comunicarse a través de Internet, pues las direcciones IP desaparecen y la información no puede fluir, es decir, un apagón digital. Es importante señalar que el hecho que no se puedan comunicar las computadoras y dispositivos a través de Internet, no significa que toda la información se pierde, ésta sigue estando almacenada, sin tráfico de red, pues no hay direcciones IP.

El colapso será estructural, por ejemplo, en la Universidad de Los Andes, la penetración de la Internet rige todos los departamentos administrativos y académicos (a pesar que la conectividad es muy pobre). Procesos como: inscripciones de alumnos nuevos y regulares, consulta de información en Saber ULA, pagos de nómina, proyectos de investigación, acceso a bases de datos, grados, simplemente no se podrán hacer porque todo está automatizado y sistematizado. El retroceso es desproporcionado, solo hay que imaginar hacer todo de forma manual, aunado a los riesgos que ello implica por el cambio de sistema.

 

La Universidad Central de Venezuela está en la misma situación


La directora de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC) de la UCV, Delisa De Guglielmo, destacó que La casa que vence las sombras enfrenta grandes desafíos que nos llevan a los Gerentes de Tecnología a satisfacer las necesidades cada vez mayores que tienen los usuarios en términos de apoyo tecnológico, por lo que se debe establecer estructuras de funcionamiento con la fortaleza suficiente para responder a las exigencias de los nuevos tiempos y plantear escenarios estratégicos, con la finalidad de enfrentarnos al futuro con eficiencia, eficacia y con mística de servicio para la comunidad universitaria.

La difícil situación presupuestaria por la que atraviesa actualmente nuestra universidad pone en peligro los siguientes proyectos: Intranet, Videovigilancia, Correo Electrónico, Portal Web de la UCV, Revista Digital #VirtualDTIC, Migración a Software Libre, Antivirus Corporativo, Carteleras Digitales.

 

LACNIC: Sobre proceso de revocación de recursos

Comunicado de LACNIC sobre la situación de recursos IP en proceso de revocación de 12 universidades venezolanas.

El año pasado al no recibir la cancelación de las cuotas de membresía por los recursos IP de 12 universidades de Venezuela, se dio inicio al proceso de revocación, habiéndose publicado en diciembre los recursos en el sitio de LACNIC como indica dicho proceso de revocación.

LACNIC reconoce lo delicado de esta situación, no obstante, hasta el momento el Directorio ha aplicado excepciones únicame
nte a los procesos de pagos de membresía por situaciones de desastres naturales (Haití y Chile, exoneración y modificación de plazos respectivamente).

Cabe resaltar que, hasta el momento, de las 65 entidades venezolanas asociadas a LACNIC, ninguna otra presenta adeudo, por lo que no se trata de una situación generalizada de todo el país.

En este caso en particular, los titulares de dichos recursos han manifestado que confían realizar la cancelación de la cuota de membresía antes del 6 marzo, que es cuando vence el plazo para evitar la revocación.

LACNIC valora el esfuerzo de estas entidades y confía que cumplirán con los compromisos tal como ha ocurrido anteriormente con otros asociados.

Designan fiscal para investigar asesinato de diputado al Consejo Legislativo en Táchira

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El Ministerio Público comisionó a la fiscal 8° del estado Táchira, María Inés Artahona, a fin de que dirija la investigación por la muerte del diputado suplente al Consejo Legislativo de esa jurisdicción, César Eugenio Vera Barajas, de 40 años de edad.

El hecho ocurrió en horas de la noche de este jueves 24 de marzo en el sector San Isidro, municipio Pedro María Ureña de Táchira.

De acuerdo con la información preliminar, Vera Barajas se encontraba compartiendo con un amigo en la entrada de un local comercial en el sector San Isidro, cuando repentinamente llegaron dos hombres en una motocicleta.

Posteriormente, uno de los desconocidos descendió de la moto, se acercó al diputado y sin mediar palabras le disparó en varias oportunidades causándole la muerte de manera inmediata.

El movimiento Tupamaro y el secretario de Seguridad del estado Táchira, Ramón Cabeza, denunciaron que habría sido asesinado por grupos paramilitares.

Dólar flotante cerró la semana en 221,09 bolívares

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A través de su página web, el Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa de cambio del nuevo sistema Dicom, denominado también como «dólar flotante» cerró este viernes en 221,09 bolívares por cada dólar.

Esto se traduce en un aumento de 14,86 bolívares desde el miércoles, cuando comenzó a operar este nuevo sistema cambiario.

El jueves, el dólar flotante había cerrado en 215 bolívares, según publicó el mismo BCV en su web.

Asimismo, este organismo anunció que el 6,91% de las liquidaciones del día fue atendo vía Dicom, mientras que el 93,09% restante fue atendido en el sistema administrado de Divisas Protegidas (Dipro).

*Con información de Noticias 24 y Noticiero Digital.

 

Henrique Capriles: Este año tendremos cambio político en el país

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Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda y líder de Primero Justicia, visitó este sábado varias localidades del estado Sucre, específicamente en Cumaná. Reiteró que el proceso para solicitar el revocatorio contra Nicolás Maduro ya inició. «Estamos haciendo el censo, preparándonos para las firmas para después ir para el revocatorio. Tenemos los votos y la gente; lo que tenemos que hacer es organizarnos y estar todos unidos. Este año tendremos cambio político en el país», afirmó.

Por cuarto fin de semana seguido, Capriles recorre la nación para impulsar mecanismos que garanticen la salida a través de la vía democrática, pacífica, electoral y constitucional de lo que definió como la crisis económica y social más grande de toda la historia del país.

«Estamos dejando el pellejo como lo hemos hecho siempre para lograr que, a través de un cambio político, el pueblo pueda tener la comida y las medicinas; para que se acabe la situación de violencia que hay en Carúpano y en muchos pueblos de Sucre. Toda esta situación es producto de un gobierno que se le fue de las manos el problema de inseguridad, y que cada vez que se les pregunta cómo va a solucionarlo, pretenden politizar la situación”, enfatizó Capriles.

Asimismo, el líder opositor desestimó la marcha que convocó este sábado el partido de Gobierno para rechazar la extensión del decreto que emitió el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por la violación de los derechos humanos en Venezuela.

“Frente a la crisis que vive nuestro pueblo, el gobierno no hace nada, más bien se burla de los venezolanos. Ellos convocaron a una movilización nacional contra el decreto de Obama, pero el pueblo sabe que no es Obama el problema que hay en el país, el problema son las colas que cada día son más largas, la falta de medicinas, de la comida, y de todo esto el responsable es el gobierno. El problema en Venezuela no es Obama, es Maduro”, agregó el gobernador mirandino.

El exalcalde de Baruta también se refirió a los señalamientos que ha hecho el gobierno en contra de la Asamblea Nacional que se juramentó en enero pasado y expuso que «después de que perdieron las elecciones el 6 de diciembre, andan diciendo que los diputados de la Asamblea Nacional no resuelven las colas. Los diputados no son el gobierno, los diputados discuten y aprueban las leyes para salir de la crisis, pero el gobierno las obstaculiza. Por eso vamos por el cambio de gobierno, de acuerdo con lo que dice la Constitución. La Constitución dice que el pueblo convoca y revoca».

Capriles inició la gira por el estado Sucre, en Santa Fe, capital de la parroquia Raúl Leoni. Seguidamente, recorrió las principales calles del centro de Cumaná, para luego encabezar una Asamblea de Ciudadanos y concentración en la Plaza Andrés Eloy Blanco de la capital sucrense.

*Con información de Nota de Prensa

Joven embarazada murió en Táchira al ser arrastrada por quebrada

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Una joven embarazada perdió la vida y dos hombres resultaron lesionados al ser arrastrados junto con el vehículo en el que iban por la crecida la quebrada La Arenosa, en el municipio Ayacucho, al norte del Táchira.

La información fue confirmada por Hugo Betancourt, comandante del Cuerpo de Bomberos de la localidad de Colón quien señaló que la mujer fue identificada como Andrea Sandoval Rosales de 17 años de edad y cuatro meses de gestación. Indicó que al ocurrir el hecho, los jóvenes lograron escapar del automotor y alcanzar la orilla del río, sin embargo, la mujer quedó atrapada en el vehículo. Uno de los muchachos fue identificado como Yofre Pabón de 19 años de edad. El otro lesionado no pudo aportar sus datos a causa del estado de shock en el que se encontraba.

Los bomberos fueron alertados sobre el incidente y al llegar al lugar, dieron asistencia médica primaria a los muchachos e iniciaron la recuperación del cuerpo de la joven.  Posteriormente fueron llevados al Hospital Ernesto Segundo Paolini.

Hugo Betancourt, jefe del organismo de rescate indicó que de acuerdo con la información conocida, los ocupantes del automotor, una camioneta tipo pickup, se trasladaban a casa de un familiar y creyeron que el afluente no representaba riesgo y decidieron cruzarla.

Betancourt señaló que lograron llegar al sitio del rescate gracias a la colaboración de Politáchira y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ya que la zona es de difícil acceso y a causa de las fuertes lluvias, el terreno se hizo fangoso.

Indicó el comandante del Cuerpo de Bomberos que a causa de las fuertes lluvias en, en el sector de la autopista que comunica las localidades de Colón con La Fría se han registrado dos volcamientos con lesiones en sus miembros superiores e inferiores.

Poder Judicial y Conatel intensifican acoso a medios con sanciones, multas y sentencias

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El Poder Judicial lo hizo de nuevo: el Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, a cargo del juez Beltrán Javier Lira, dictó una sentencia contra un medio de comunicación. En esta ocasión, el diario regional Correo del Caroní es el perjudicado por cubrir y publicar denuncias sobre un hecho de corrupción que se estaba presentando en CVG Ferrominera Orinoco (FMO) en el 2013.

Pero no solo el diario del estado Bolívar se ve afectado por esta medida. El director del periódico, David Natera Febres, «fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de difamación e injuria continuada. A ello se suma una multa de 1.137 unidades tributarias y la imposición de una medida vigente: la prohibición de publicar noticias relacionadas con un empresario de la región, en cuanto al caso de corrupción en FMO», apuntó el diario en su versión web.

Esta no es la primera –y todo parece indicar que tampoco será la última– sentencia o sanción que se hace desde alguna instancia del Estado en contra de un medio de comunicación. Durante los últimos años, canales de televisión, periódicos y emisoras radiales han estado bajo el ojo de estos organismos estatales, y en particular de los tribunales.

Para junio de 2009, Diosdado Cabello, en ese entonces director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y hoy diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), anunció el cierre de 34 emisoras radiales porque, presuntamente, habían faltado a los requisitos legales para operar. «Tienen que apagar los transmisores una vez notificados por Conatel. Por eso algunos de ellos se escondieron cuando llegamos. Si hay que notificarlo por prensa, lo vamos a hacer», comentó Cabello en ese momento. Según las cifras que presentó Cabello ante el Parlamento en ese mismo año, 154 emisoras de FM y 86 de AM no actualizaron su registro y por tanto se convertirían en «nuevos espacios para el pueblo», publicó El Universal.

En octubre de 2011, Conatel le impuso una multa de 2,1 millones de dólares al canal televisivo Globovisión por la emisión de declaraciones presuntamente tergiversadas durante la cobertura de los hechos ocurridos en la cárcel de El Rodeo, ubicada en Guatire, estado Miranda, en ese mismo año. El canal interpuso una apelación para evitar el pago de la multa, pero en marzo de 2012, otra sentencia del TSJ declaró sin lugar el recurso interpuesto por Globovisión. Posteriormente, el 29 de junio del mismo año, la Sala Político Administrativa ordenó el embargo del canal por una cifra que ascendía a 24.425.216,40 bolívares (5.680.282 de dólares) por no haber cancelado la multa establecida por el órgano regulador de las telecomunicaciones en el país. Al día siguiente, la directiva de Globovisión canceló la multa y el TSJ suspendió el embargo; no obstante, la misma sala que lo había ordenado, solicitó al Banco Central de Venezuela (BCV) calcular los intereses moratorios en los que incurrió el canal porque la multa debía ser cancelada en enero y no en junio, según reseñó la misma fuente.

También en octubre de 2011, tras anunciar la sanción a Globovisión, Conatel confiscó los equipos de la emisora Éxito 95.7 FM en el estado Lara, específicamente en Carora. Alrededor de las 10:00 am del 18 de octubre, llegó a las instalaciones de la emisora una comisión del órgano regulador y, acompañada por un grupo de la Guardia Nacional, confiscaron los equipos de transmisión de la estación, de acuerdo con El Universal.

Además, El Universal también publicó que durante todo el año 2011, este mismo órgano cerró otras  27 estaciones en 10 estados distintos en todo el país.

En marzo de 2012 se presentó una sentencia en contra de otro medio de comunicación. En esta oportunidad, el turno le correspondió al diario La Prensa de Barinas. El Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Barinas condenó al diario por la publicación de fotografías de sucesos sangrientos. «La sentencia de la jueza Reina de Varela condenó al diario La Prensa al pago del 1% de sus ingresos brutos, correspondientes al ejercicio fiscal 2010, lo que constituye la primera vez en la historia del periodismo regional y nacional que un tribunal dicta una sentencia de carácter pecuniario contra un medio de comunicación impreso, y pasa a convertirse en un precedente muy peligroso para la libertad de expresión en el país», expuso el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) a través de un comunicado. El CNP también agregó que a pesar de que los cuatro diarios de la región publicaron las mismas imágenes, solo multaron a La Prensa.

La jueza tercera de juicio con competencia de niños, niñas y adolescentes, Betilde Araque, le impuso una sanción al diario El Nacional en agosto de 2013. El impreso fue multado con 1% de sus ingresos brutos durante 2009 por publicar una fotografía que mostraba el estado de la morgue de Bello Monte. El diario también fue obligado por unos días a «abstenerse de publicar imágenes de contenido violento y cadáveres desnudos», afirmó Últimas Noticias.

En 2014, el TSJ dictó una nueva sentencia en contra el diario El Nacional y las periodistas Ibéyise Pacheco y Hercilia Garnic. «El 16 de octubre del 2014, el Tribunal Supremo de Justicia, órgano que administrada la justicia en el Estado venezolano, emitió una sentencia en la que obligó a El Nacional, diario de circulación nacional, y a las periodistas venezolanas Hercilia Garnica y Ibéyise Pacheco a pagar una indemnización al médico Adolfredo Pulido Mora por un juicio que inició en el año 1991. El motivo para la introducción de esta demanda fue la publicación desde el 4 hasta el 9 de marzo de 1991 de textos periodísticos firmados por Garnica y Pacheco en El Nacional, en los que se acusaba a Pulido de casos de mala praxis médica, lo que Pulido interpretó como una campaña  de ‘desprestigio y deshonra’ en su contra», explicó el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).

El año pasado, Diosdado Cabello, mientras fungía como presidente de la Asamblea Nacional, interpuso una demanda contra el diario El Nacional, Tal Cual y el portal web La Patilla. Esta acción incluía a accionistas, directores, consejo editorial y dueños de los mencionados medios de comunicación. La demanda del exvicepresidente de la República, exministro, exdirector de Conatel y exgobernador del estado Miranda fue porque estos medios lo acusaron de presuntas vinculaciones con el narcotráfico, de acuerdo con lo escrito por el diario La Verdad. Tinedo Guía, presidente del CNP, afirmó que «esta es una acción que busca asfixiar a los medios independientes, puesto que, metiendo presos a los propietarios de los mismos, no se solucionan los problemas que aquejan al ciudadano común». Asimismo, Guía agregó que «resulta inquietante que más del 90% de los ataques a nuestros periodistas queden impunes, mientras los órganos de la administración de justicia se dan a la tarea de abrir procedimientos en contra de medios que han publicado denuncias sobre la gestión gubernamental».

Apenas unos días después de la demanda interpuesta por Cabello, la jueza 12ª de juicio, María Eugenia Núñez, impuso prohibición de salida del país a 22 directivos de los medios mencionados anteriormente, acusados de difamación agravada continuada. Entre esos 22 nombres, destacan los de Teodoro Petkoff, Miguel Henrique Otero y Alberto Federico Ravell, directores de Tal Cual, El Nacional y La Patilla, respectivamente. La lista completa de las 22 personas afectadas por esta medida es la siguiente: Miguel Henrique Otero, Mariana Otero, Argenis Rafael Martínez Mota, José Simón Elarba Haddad, Oswaldo Karam Macía, Luis Carlos Serra Carmona, Juan Andrés Wallis Brandt, Omar José Delgado Lugo, Jorge Papatzikos Gianopulos, Vivianne de Lourdes Font Fernández, Ramón José Medina Simancas, Beatriz Cecilia De Majo de Algisi, Carmen Elena Macía Fortique, Leopoldo Eduardo López Mendoza, Teodoro Petkoff Malec, Juan Antonio Rafael Golia Amodio, Francisco Layrisse, Manuel Antonio Puyana Santander, Alberto Federico Ravell Arreaza, Isabel Cristina Ravell Nolck y David Alberto Morán Bohórquez.

Todo parece indicar que las multas, las sanciones y las sentencias contra los medios de comunicación no cesarán de cara al futuro. De hecho, lejos de eso, pareciera que se intensificarán cada vez más, sobre todo si se toma en cuenta que el TSJ no dictó ni una sola sentencia –de un total de 45.474– en contra del Gobierno durante nueve años (de 2004 a 2013). Esta situación deriva en censura hacia los medios de comunicación y en un golpe contra la libertad de expresión en Venezuela.

 

Consumo de carne cayó al nivel más bajo en 55 años

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El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Carlos Albornoz, afirmó que el consumo de carne cayó al nivel más bajo en los últimos 55 años porque los compradores no pueden pagar los precios del producto, a pesar de que es el más barato de América Latina. El precio de la carne en el país es 11 veces más bajo que en Estados Unidos y 4 veces menos de lo que cuesta en Colombia, señaló.

“En 2015 tuvimos un consumo per cápita de 14 kilos. En 2012 el venezolano consumía aproximadamente 24 kilos, lo que significa que el año pasado cada habitante comió 10 kilos menos. Lo más duro es que en lo que va de año la ingesta siguió bajando. Es una cifra dramática porque se traduce en malnutrición, sobre todo, en los niños. El año pasado notamos que el consumo en las clases sociales D y E alcanzó para un kilo de carne al mes por persona, es decir, 12 kilos al año”, dijo.

Aseguró que en 2016 no se van a solucionar las fallas de abastecimiento si no cuentan con las divisas y no se prioriza la importación de materia prima. Indicó que los productores nacionales satisfacen 31% de la demanda. “Si hacemos las cosas correctas empezaremos a ver respuestas en los primeros 3 o 4 meses de 2017, si ello no ocurre estaríamos comprometiendo ya 2017 porque los ciclos biológicos de los animales y cultivos no responden a caprichos de algunos funcionarios que, a todas luces, no saben lo que están haciendo”, recalcó.

Lea el texto completo aquí.

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Este jueves 10 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión y con el voto de la mayoría opositora, la Ley Orgánica de Referendos. Además, los dos tercios del Parlamento también votaron a favor del carácter orgánico de esta ley.

Luego de la aprobación en primera discusión de esta legislación, distintos diputados ofrecieron declaraciones sobre los beneficios y la importancia que tiene este instrumento legal para el país.

Uno de ellos fue Tomás Guanipa, diputado zuliano de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, quien aseveró que la Ley Orgánica de Referendos permitirá revocar el mandato de Nicolás Maduro este mismo año. «Esta propuesta busca el triunfo de la política, la razón y la paz», añadió el parlamentario.

Juan Matheus, también diputado opositor, enfatizó que esta normativa contribuirá a evitar un estallido social este año y que no se imponga un “garabato” militar. Posteriormente, añadió que «no hay que tenerle miedo a la iniciativa popular, al ejercito de la soberanía».

«La Ley de Referendos es una deuda de la Asamblea Nacional con la Constitución», concluyó Enrique Márquez, diputado por la MUD y primer vicepresidente de la AN.

*Con información de Globovisión