A fuerza de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y de decretos de la Asamblea Constituyente, el chavismo ha maniatado al Parlamento, mientras desde la trinchera opositora aumentan las críticas contra los diputados
Pedro Pablo Peñaloza
La Asamblea Nacional se ha convertido en una especie de punching ball. El gobierno del presidente Nicolás Maduro comenzó a golpearla antes de su instalación, el 5 de enero de 2016, hasta el extremo de mutilarle cuatro diputados a la plenaria. Y ahora un sector de la oposición también le pega sus manotazos al cuestionar su compromiso con la lucha democrática en Venezuela.
El último en anotarse a la zurra ha sido el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien en una carta pública dirigida el lunes 20 de agosto al presidente de la AN, Omar Barboza (UNT-Zulia), le advirtió que si no acataba las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia “legítimo” eso lo colocaría “al margen de la institucionalidad democrática y lo transformaría en cómplice de una dictadura que ha destruido el país”.
El Ejecutivo ha desplegado un ataque inmisericorde contra el Parlamento. Primero, utilizó como ariete al Poder Judicial, que ha dictado más de 70 sentencias para atar de pies y manos a la Cámara. Luego, con el respaldo de ese mismo TSJ y el Consejo Nacional Electoral, convocó una Asamblea Constituyente para terminar de liquidar al Legislativo.
Eliminando por la fuerza la figura constitucional de la inmunidad parlamentaria, el gobierno ha desatado una persecución contra los diputados que obligó a refugiarse en la embajada de Chile a Freddy Guevara (VP-Miranda), mantiene en el exilio a Julio Borges (PJ-Miranda) y José Manuel Olivares (PJ-Vargas), y encarceló a Juan Requesens (PJ-Táchira), acusado de participar en el presunto atentado con drones sufrido por Maduro el sábado 4 de agosto.
En paralelo al bombardeo enemigo, la Cámara enfrenta el fuego amigo. No solo en las redes sociales se fustiga al Legislativo con etiquetas como #ANCómpliceDelRégimen, sino que en su propio seno se ha levantado una grupo que sin temor a romper con la unidad del cuerpo, expresa sus críticas a la conducción del Parlamento.
“Que nos califiquen de antipáticos e incómodos es lo de menos, no perdemos el tiempo buscando elogios”, responde el diputado Omar González (Vente-Anzoátegui), vocero de la llamada fracción 16 de julio, que demanda cumplir con el mandato emanado de la consulta popular celebrada ese domingo de 2017.
González sostiene que la Cámara no ha asumido las consecuencias de sus decisiones de declarar el abandono del cargo de Maduro y de apoyar el juicio del TSJ en el exilio que concluyó con una condena de 18 años de cárcel contra el mandatario venezolano. “Frente a esta situación, la AN debe asumir su rol protagónico”, enfatiza.
El parlamentario adelanta que esta semana exigirán a la directiva “el nombramiento de un gobierno de transición”. “La AN no puede eludir esto ni por miedo, ni por conveniencia política, es un compromiso. El país esta acéfalo de gobierno y tenemos la obligación de designar el gobierno de transición”, insiste.
Último recurso
“Pese a cualquier campaña, para los que creen en la AN, y para los que no quieren creer en la AN, entiendan lo siguiente: esta es la única institución con legitimidad de origen y desempeño que no controla el gobierno”, espetó el expresidente de la Cámara, Henry Ramos Allup (AD-Caracas), a quienes censuran la labor de los diputados.
Ramos Allup le envió un mensaje a sus detractores externos e internos: “Los que crean que nosotros debemos bajar la santamaría e irnos para la casa, o los que crean que la política venezolana se puede monitorear a distancia, que se vengan para acá porque hay que echarle bola es aquí”.
En un tono más académico, el ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, resume las cinco fortalezas que, a su juicio, tiene el Parlamento: “Primero, es un órgano del Poder Público Nacional según la Constitución; segundo, es el único bajo la responsabilidad política de la oposición; tercero, tiene la legitimidad de su origen democrático porque surgió del voto popular; cuarto, es representativo del país en toda su diversidad; y quinto, goza de reconocimiento internacional”.
“Ese conjunto de elementos, que solo reúne la AN, le dan un valor estratégico. Preservarla y fortalecerla es tan crucial para la sociedad civil y la democracia que defiende, como debilitarla, neutralizarla o acabarla lo es para el poder que en su prepotencia aspira a la omnipotencia. Contribuir, por activa o por pasiva, a que el gobierno cumpla su propósito destructor de la AN es, desde el punto de vista democrático, suicida”, finaliza Aveledo.
Perdiendo vigor
El exparlamentario y profesor Nelson Chitty La Roche indica, en principio, que “es la misma oposición la que en buena medida se ha encargado de victimar a la AN”; sin embargo, subraya que “la conducción errática” de la Cámara desde enero de 2016 ha afectado la imagen de la institución ante los ciudadanos.
Allí confluirían “una serie de elementos como el manejo de las relaciones intrapoderes y no haber asumido la calidad de la legitimidad que desde el comienzo tuvieron y que no se dieron cuenta de que daba para mucho más de lo que ellos permitieron servirse”, apunta el dirigente de Copei.
“La AN se ha venido deslegitimando, ha venido exhibiendo carencias, confusión en su discurso y su actuación, y la gente no siente que lo que pasa en la AN le concierne. El ciudadano está muy solitario, no hay partidos políticos, no hay sociedad civil, y tampoco ese gran recurso institucional que es la AN está prestando la función que se podía aspirar y esperar”, observa Chitty La Roche.
Al margen de sus objeciones, el catedrático de la Universidad Central de Venezuela (UCV) considera que los legisladores deben ser actores fundamentales en el esfuerzo que busca impulsar la reunificación de la oposición venezolana. “Pero para eso la AN tiene que volver a representar al pueblo y tiene tiempo que no lo hace”, lamenta.
