En el país se han conformado tres ejes o emplazamientos para la producción, procesamiento y almacenamiento de cocaína, con el Catatumbo como área más importante
El 20 de septiembre, efectivos de la Guardia Nacional adscritos a la Superintendencia Nacional Antidrogas, junto con militares de la 12 brigada Caribe del Ejército y otras unidades desmantelaron siete laboratorios para la cristalización de clorhidrato de cocaína.
Los enclaves estaban ubicados en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, que comparte frontera con los departamentos colombianos de Cesar y Norte de Santander. Las coordenadas suministradas en el parte de la operación militar, conocida como Ave Fénix III-2021, indican que fueron construidos en un sector conocido como Barí, a 32 kilómetros en línea recta de la frontera con Colombia, en ruta hacia La Gabarra.
El informe castrense señala que fueron incautadas 3,78 toneladas de pasta base y 1,03 toneladas de cocaína de alta pureza. Además, alrededor del complejo fueron destruidas tres pistas para aeronaves. La más pequeña tenía dos kilómetros de longitud.
De esta operación solo fueron conocidos algunos fragmentos, divulgados a conveniencia por la propaganda oficial. Pero nunca precisaron ante la opinión pública la ubicación exacta de los laboratorios, pues eso iría contra una narrativa según la cual Venezuela adelanta una enconada lucha contra grupos que intentan traer la industria de la droga al territorio nacional.
Un aspecto extraño de estas operaciones militares es que solo encuentran objetos abandonados, cocaína de alta pureza y también pasta base. Pero es muy raro que se informe sobre detenciones.
Los obreros de la droga siempre huyen. Antes, cuando estos complejos de fabricación estaban a pocos metros de la línea fronteriza, era lógico pensar que los sujetos se trasladan al lado colombiano apenas perciben el movimiento de las tropas. Pero a 32 kilómetros de distancia del límite, la situación debería cambiar radicalmente.
“El procesamiento de la cocaína ha ido expandiéndose desde Colombia hacia Venezuela”, advirtió Alberto Ray, director del Risk Awareness Council, un centro dedicado al análisis y la divulgación de conocimiento sobre riesgos emergentes.
Según Ray, este complejo encontrado en septiembre es apenas una pequeña parte de todo un eje para la producción de cocaína, que abarca a los territorios de Colombia y Venezuela, para convertirlo en lo que él denomina “área binacional”.
De acuerdo con el consultor, esta circunstancia permite explicar por qué Venezuela fue incorporada a la lista de territorios utilizados para la fabricación de drogas ilícitas, y también para el tránsito de tales sustancias.
El 15 de septiembre, el presidente estadounidense Joseph Biden emitió un memorándum en el que colocaba a Venezuela en la lista de naciones que entran en ambas categorías, es decir, de producción y de tránsito de drogas ilegales. En ese mismo acto, señaló que el país actualmente gobernado por Nicolás Maduro “falló de manera demostrable” en el cumplimiento de sus compromisos internacionales para combatir a esta industria ilegal.
El desplazamiento de la industria de la producción de cocaína hacia Venezuela puede apreciarse en el número de enclaves hallados por la Fuerza Armada. Según el mayor general Richard López Vargas, director de la Superintendencia Nacional Antidrogas (antes Comisión Nacional Antidrogas), durante los primeros nueve meses de 2021 fueron desmantelados 52 laboratorios. Esta cifra ya supera el total de 45 enclaves hallados durante todo 2020.
“En Venezuela hay mucha más facilidad y comodidad para procesar la droga. Llevan la coca preprocesada, y la están preparando en lugares instalados cerca de la cordillera de Perijá”, explicó Ray.
Simultáneamente, indicó, los cultivos de coca están proliferando también en territorio venezolano, aunque con algunas limitaciones impuestas por la altura.
En una reciente operación, llamada Fénix IV, los militares encontraron otros ocho laboratorios en el mismo municipio donde llevaron a cabo la incursión de septiembre. Además de toda la parafernalia, alrededor de los campamentos había 32 hectáreas de coca.
El ciclo para la producción de cocaína se completa en territorio nacional.
Según Ray, los otros ejes de fabricación y ocultamiento del alcaloide están entre el Amazonas venezolano y el Vichada colombiano, así como en Apure, fronterizo con Arauca. Pero, según sus cálculos, el más importante está en Zulia
En 2005, el gobierno venezolano cesó unilateralmente el cumplimiento de sus acuerdos de cooperación en materia antidrogas y consolidación institucional con Estados Unidos. De acuerdo con la expresidenta de la Comisión Nacional Antidrogas Mildred Camero, los representantes del país han firmado convenios bilaterales y multilaterales, así como memoranda de entendimiento en asuntos de drogas, que posteriormente no han querido acatar. De allí que Venezuela no participe en la Comisión Interamericana contra el Uso Ilícito de Drogas (Cicad-OEA) ni en los grupos de la comunidad andina para trabajar el tema.
“No estamos cumpliendo con lo que hemos firmado como país”, sentenció.
Una de las consecuencias de este aislamiento es que Venezuela carece de acceso al sistema internacional de monitoreo de cultivos ilícitos. Las imágenes divulgadas por Colombia indican que, desde Norte de Santander, hay una extensión de sembradíos del arbusto que difícilmente podría detenerse en atención a una línea fronteriza que generalmente carece de hitos o demarcaciones.
Lo único que contiene la expansión de los cultivos de coca en Venezuela no es la presencia ocasional de los militares sino las condiciones del terreno, en cuanto al clima y la altitud. Este arbusto crece con mayor facilidad entre los mil y dos mil metros sobre el nivel del mar. Pero con el pasar del tiempo los fabricantes de cocaína han encontrado mutaciones más resistentes y productivas, que pueden ser cultivadas en terrenos que no están en esa franja de altitud. De allí las extensiones halladas en Venezuela, así como en el Trópico de Cochabamba (Bolivia).
En Venezuela, además, se ha gestado un contingente de campesinos de la coca, que presumiblemente son los que estarían cultivando el arbusto fronteras adentro. Son los mismos individuos con los que conversó Toby Muse en La Gabarra para escribir Kilo. Ahora, no tendrían que cruzar la frontera.
Según Ray, la consolidación de la industria de la cocaína en Venezuela es posible gracias a un acuerdo entre las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y bandas criminales, que ofrecerían este trabajo como una especie de subcontrato. Los de la Nueva Marquetalia y el Ejército Popular manejarían las fases de distribución, donde están las mayores ganancias.
Breves
√ Para el director de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, la muerte en custodia del exministro de la Defensa, general en jefe Raúl Isaías Baduel, es una prueba de la “negligencia” con la que son tratados todos los presos del país; no solo aquellos privados de libertad por oponerse al régimen de Nicolás Maduro. Recordó que durante los primeros nueve meses de 2021 las muertes de reclusos en internados judiciales y retenes policiales como consecuencia de la insalubridad fueron más frecuentes que las ocasionadas por enfrentamientos violentos.
Más del 70 % es consecuencia de tuberculosis y desnutrición, a veces combinadas. En el caso del exministro, indicó, la cosa es mucho más grave, pues la ausencia de un tratamiento médico oportuno a su juicio fue una señal de “ensañamiento”. Señaló que cuando comenzaron las exigencias de traslado para un chequeo por galenos en la policía política “imaginaron que era un teatro, no le hicieron caso y les salió mal la jugada”. Ahora, los familiares del general exigen una investigación imparcial, ejecutada a través de una comisión con participación internacional, pues no creen en la versión divulgada por el fiscal designado por la extinta ANC, según la cual el fallecimiento fue ocasionado por la covid-19. El Departamento de Estado norteamericano también hizo esta solicitud, en vísperas de la llegada al país del fiscal ante la Corte Penal Internacional, Karim Khan.
√ José Vielma Mora llegó a ser visto en el oficialismo como uno de los posibles relevos de Hugo Chávez. Su gestión de ocho años en el Seniat desde luego que tuvo claroscuros, pero puertas adentro sus empleados lo apreciaban entre otras razones porque procuraba mantenerlos lejos de la diatriba política, y con un nivel aceptable de beneficios económicos. Este Vielma, ahora diputado a la Asamblea Nacional oficialista, es el mismo acusado en Estados Unidos por el presunto pago de sobornos y enriquecimiento ilícito en la importación de cajas Clap, cuando fue gobernador del Táchira (2012–2017).
El documento con las imputaciones, conocido el 8 de octubre, precisa que Vielma manejaba estas operaciones a través de la Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira (Cobiserta), en conjunción con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Los hechos investigados abarcan el lapso 2015–2020. Una pieza fundamental de este esquema es Álvaro Pulido Vargas, el socio de Alex Saab en el Group Grand Limited y Asasi Food. Según la acusación, a partir de 2016 Vielma se reunió con Carlos Lizcano Manrique y otros dos individuos cuyos nombres permanecen en reserva, para llevar las cajas Clap a Táchira. El dato clave en esto es que Vielma habría acordado con el grupo de Pulido y Carlos Lizcano Manrique pagar cada ración a 34 dólares, a sabiendas de que “el costo de producir e importar las cajas de comida era muy por debajo” de ese precio. La operación involucró un pago de 340 millones de dólares. Según la pesquisa, Vielma habría recibido 17,2 millones de dólares. La justicia estadounidense invoca jurisdicción en estos casos porque los pagos de los sobornos fueron hechos a través de cuentas vigiladas por el sistema financiero de ese país, a pesar de que fueron abiertas en localidades tan distantes como los Emiratos Árabes Unidos y Antigua.
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