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Tribunales no protegen eficazmente a víctimas de violencia de género de su agresor
Según el informe de la ONG, en la mayoría de los casos analizados se evidencia un patrón de revictimización de las mujeres que buscan justicia
la ONG hizo un llamado a que se debe incluir la perspectiva de género en las sentencias, enfatizando que su incorporación no es solo un asunto de mujeres, sino un compromiso para el cumplimiento de su derecho a la igualdad y a la no discriminación.

 

El informe Mitos y realidades de la violencia contra la mujer en Venezuela: historia de otro fracaso del Poder Judicial, presentado este jueves 23 de noviembre a través de un foro transmitido por Zoom, concluyó que los tribunales del país no están capacitados para atender casos de violencia contra la mujer.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre, Acceso a la Justicia destacó que en una gran cantidad de casos, las sentencias de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal no cumplen con el propósito de la normativa vigente en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Acceso a la Justicia enfatizó que en un país donde varias ONG han denunciado la ocurrencia de 282 femicidios consumados y 120 más en grado de frustración solo durante el año 2022, debería existir un compromiso por parte del Estado de incluir en su actuación la perspectiva de género.

El análisis de la ONG, en el período comprendido entre 2018 a 2022, indicó que el número de sentencias de la Sala de Casación Penal es mucho menor al de la Sala Constitucional, pero que el porcentaje de decisiones sobre violencia contra la mujer de la primera es mucho mayor.

La sumatoria de sentencias entre ambas salas arrojó que durante los últimos 5 años se produjeron un total 5.276 decisiones, de ese total, 306 fueron en materia de violencia contra la mujer, lo que representa apenas el 5,80 % del total.

La cifra, según explicaron los analistas que participaron en el estudio, es baja dada la conflictividad que se vive en el país y en el contexto de emergencia humanitaria. 

El estudio determinó que 62 % de las decisiones fueron solo un trámite y no se le brindó a la víctima la atención necesaria, lo que se traduce en que “un elevado número de fallos que en realidad se limita a resolver temas procesales”. 

Adicionalmente, el estudio indicó que, con bastante frecuencia, los tribunales se niegan a conocer casos que no caen en su competencia, lo que se traduce en una dilatación en el proceso judicial, o toman decisiones formalistas que no protegen a las víctimas del agresor. 

Doblemente víctimas

Según el informe de la ONG, en la mayoría de los casos analizados, se evidencia un patrón de revictimización de las mujeres que buscan justicia.

Acceso a la Justicia señala que el retardo procesal en casos de violencia de género, la negligencia, omisiones y falta de sensibilidad, son algunos de los errores que comete el Estado cuando de temas de violencia de género se trata. 

“Estas prácticas no solo afectan a las víctimas individuales, sino que también tienen un impacto negativo en la confianza general en el sistema judicial”, se lee en el informe. 

La ONG afirmó que en 2023 continúa aplicándose el retardo procesal que «ignora, invisibiliza y potencia la vulnerabilidad de las víctimas».

Por esta razón, la ONG hizo un llamado a que se debe incluir la perspectiva de género en las sentencias, enfatizando que su incorporación no es solo un asunto de mujeres, sino un compromiso para el cumplimiento de su derecho a la igualdad y a la no discriminación.

“Es urgente capacitar en la incorporación de la perspectiva de género a los operadores de justicia con protocolos, criterios de enjuiciamiento en materia de género, matrices de análisis o test de igualdad”, recomendó la organización. 

 

¿A qué le tengo miedo cuando migro?
La dirigente de la Fundación Chiapaneca para Mujeres Migrantes (Chimumi), Fabiola Díaz, asegura que a las mujeres migrantes les cuesta trabajo ahorrar dinero para encontrar y comprar sus anticonceptivos o pastillas de emergencia
Elena es una mujer hondureña que viaja con su hija para huir de la violencia en su hogar y se acompañan con una amiga que tiene dos hijos más 

Gabriela Martínez Córdova | Foto: Gabriela Martínez y Alicia Hernández 

 

“Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women ‘s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas”

 

Tapachula, Chiapas. Mujeres migrantes escapan de la violencia que viven en sus países de origen, principalmente en el triángulo norte de Centoamérica, pero también enfrentan riesgos en su paso por México con el fin de llegar a Estados Unidos. Violaciones, trata, explotación sexual y embarazos no deseados son parte de las amenazas que enfrentan, de acuerdo con los testimonios que compartieron para esta investigación.

Varias mujeres fueron entrevistadas en el albergue Jesús El Buen Pastor, ubicado en Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México, donde se concentra la mayoría de los migrantes que provienen de la ruta de Centroamérica, al ser un paso obligado rumbo al norte del continente. Se trata de un sitio con espacio para al menos mil migrantes, pero que trabaja por encima de su capacidad.

Una mujer se sienta en el piso del albergue El Buen Pastor, con capacidad para unas mil personas, en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Foto: Alicia Fernández.

Enclavado en la periferia de la ciudad, es uno de los pocos refugios, pero el más grande que hay en la región. Tiene una construcción de un solo piso, con varios salones en los que se divide el espacio entre hombres, mujeres, mujeres con sus niños y embarazadas, incluso hay un cuarto para aquellos que se recuperan de alguna convalecencia. 

El espacio se invade con el humo de las ollas que hierven todo el día sobre un asador al aire libre en una cocina que se comparten por horarios. Los niños andan entre los pasillos alargados, corren de un sitio a otro y los gritos atraviesan las paredes de concreto. Un gallo que se cree perro también vigila el sitio, donde mujeres narran los motivos que las obligaron a migrar.

No quiero que me violen

Joanna es una joven hondureña que llegó a Tapachula, Chiapas, hace apenas unas semanas, en el verano de 2023, una de las temporadas más calurosas del año. 

Una de sus prioridades era comprar “la pastilla anti-violación”, como es conocido entre las centroamericanas el medicamento que guardan durante su trayecto rumbo al norte de México. Se trata de una pastilla que usan como anticonceptivo de emergencia para evitar un embarazo en caso de sufrir algún abuso sexual

Tras cruzar el río Suchiate, una familia se recuesta sobre piezas de cartón en un parque público, en medio de una tormenta en Chiapas. Foto: Alicia Fernández.

Según la marca, una o dos pastillas que deben ingerirse en no más de 72 horas después de la relación sexual son suficientes. Su costo regular en cualquier parte de México no rebasa los 200 pesos (unos 10 dólares).

Uno escucha historias, unas chicas me han contado que las abusaron, que les hicieron la maldad en el camino y yo no quiero.

Joanna no sabe dónde comprar el medicamento y tampoco tiene dinero, además le han dicho que debe tener cuidado al salir porque la ciudad ya no es un espacio seguro para mujeres y menos si son migrantes. 

No me quiero embarazar 

Gelsy, de 19 años, también viaja sola desde Honduras porque el dinero no le alcanzó para pagar los gastos de otros miembros de su familia. Ella parió a una niña que actualmente tiene 4 años y que dejó en su país. Después de ese embarazo quiso operarse para ya no tener más hijos, pero en el hospital se negaron a hacerlo porque era menor de 21 años. 

Antes de reiniciar su camino a Estados Unidos, quiere comprar una pastilla de emergencia o anticonceptivos, para evitar un embarazo no deseado o interrumpirlo, en caso de que sufra un abuso sexual.

En México no hay un registro de cuántas mujeres migrantes se encuentran gestando. 

Aunque hizo amigas dentro del refugio, siempre se mantiene alerta ante la presencia de los hombres, intenta no salir ni siquiera del cuarto donde duerme y cuando lo hace, es porque necesita comprar comida. Planea ir a una farmacia con otras migrantes para comprar sus pastillas de emergencia o una inyección anticonceptiva, lo harían juntas porque les han advertido que Tapachula ya no es un lugar seguro para las mujeres.  

El embarazo no deseado no es su único temor, sabe que hay una probabilidad muy alta de ser agredida sexualmente, pero está dispuesta a enfrentar el riesgo para migrar.

La responsable de Médicos sin Fronteras -Base en Tapachula- Karolix Zambrano Koop, reportó que durante el primer semestre de 2023 al menos 70 mujeres atendidas por los voluntarios de esa sede fueron víctimas de abuso sexual, de ellas, seis agresiones ocurrieron en las últimas 72 horas desde que recibieron la atención.

Zambrano lamenta que sean las mujeres migrantes quienes asumen la responsabilidad de su seguridad durante su paso por México, donde corren el riesgo de ser víctimas de abuso o explotación sexual o, incluso, asesinadas. 

Que una mujer asuma que será violada y aun así prefiera migrar dice mucho de cuáles son las condiciones que están dejando atrás”, advierte Zambrano, desde su oficina en el centro de Tapachula, a unas calles en donde cientos de migrantes se concentran en un parque público. “Las mujeres tampoco han tenido acceso a servicios de salud sexual ni información”.

Zambrano comanda la oficina central de la organización internacional en el sur de México, desde donde define cuáles serán los lugares donde trabajarán los voluntarios. También supervisa los campamentos médicos y las instalaciones en los puntos de mayor necesidad, como estaciones del tren y los campamentos improvisados por los migrantes. 

Para esta investigación se solicitó entrevista con autoridades del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de las Mujeres, pero no se obtuvo respuesta de forma inmediata. 

Las mujeres migrantes se vuelven responsables de su propia seguridad mientras se encuentran en tránsito por México. Foto: Alicia Fernández.

Las mujeres migrantes se vuelven responsables de su propia seguridad mientras se encuentran en tránsito por México. 

La dirigente de la Fundación Chiapaneca para Mujeres Migrantes (Chimumi), Fabiola Díaz, asegura que a las mujeres migrantes les cuesta trabajo ahorrar dinero para encontrar y comprar sus anticonceptivos o pastillas de emergencia, pero que suelen ayudarse entre ellas y se comparten información para cuidarse entre todas.

Algunas de ellas, refiere, no saben que tienen derecho a un aborto seguro en los servicios de salud del estado y llegan a acudir con curanderos para interrumpir un embarazo.

“Los abortos los han hecho clandestinos, con pastillas o yerbitas y optan ir con curanderos locales”, advierte.  

Me querían prostituir

Elena es una mujer hondureña que viaja con su hija para huir de la violencia en su hogar y se acompañan con una amiga que tiene dos hijos más.

Pero la violencia terminó por alcanzarlas. Cuando llegaron a Guatemala, el pollero le cobró para ayudarlas a cruzar la frontera y luego las abandonó en el camino. Luego, un grupo armado les robó lo que tenían y las dejó sin nada. Caminaron hasta un lugar donde las alcanzó la noche, pidieron ayuda en un hotel donde le dijeron que no había albergues, pero que, si querían hacer uso de un cuarto, se podían prostituir.

—Nos dijeron que esa es la única forma que pueden llegar hacia allá, prostituyéndose… porque se necesita dinero—, dice Elena mientras un par de lágrimas caen al recordar las agresiones y el miedo al que estuvo expuesta.

 Yo no acepté —insiste—. No lo hice. ¿Cómo lo haría?, pero otras sí.

Yo no quiero que me maten

Alicia dejó Honduras y escapó a Tapachula porque la rabia de su esposo la persigue. Dice que la intentó matar, sobrevivió y teme que dé con ella. 

Ella también vive en el albergue El Buen Pastor y trabaja en la cocina donde le pagan 600 pesos a la quincena (unos 30 dólares). Con ese dinero compra comida para ella y sus dos hijos, una pequeña de no más de cinco años y un bebé que anda entre los pasillos del refugio en pañal y con unas sandalias crocs que se le escapan de los pies.

La joven migrante habla mientras cubre su rostro con su cabello alborotado, justo donde se asoma una cicatriz de la última golpiza que le dio el padre de sus hijos, un trailero que le rompió el pómulo y la quiso matar.

 Mejor me escondo para que no me alcance.

Alicia todavía recuerda cuando su agresor la tiró al piso y, con el rostro hecho pedazos y casi desfigurado, ella agarró algunas cosas, tomó a sus hijos de la mano y no miró atrás, pensó solamente en irse de ahí y llegar a Estados Unidos. 

Una joven de Honduras es sobreviviente de violencia doméstica y busca lograr una vida mejor en Estados Unidos. Foto: Alicia Fernández.

No habla de su identidad, prefiere cambiar su nombre. Cuando puede, se comunica con su familia, pero no lo hace todo el tiempo, tiene miedo de continuar su camino en medio de las historias de violencia que ha escuchado dentro del albergue, pero tiene más miedo de quedarse donde, dice, la muerte la espera segura.

Obligadas a parir 

En diciembre de 2022, Devora fue abusada sexualmente en su país. Compró una pastilla abortiva en El Salvador, pero un mes después de la agresión se enteró que estaba embarazada. Aunque pensó en la posibilidad de interrumpir su embarazo con otro método, la idea se esfumó porque abortar es un delito que se castiga con prisión en su país y porque ella y su familia son cristianos. Pensar en el rechazo de su madre y su hermano la frenó. 

Sin más opción que parir, mejor se fue. 

A sus 30 años, sola, dejó El Salvador en junio de 2023 con la intención de cruzar México para llegar a Estados Unidos. Ella había escuchado de otras personas que en territorio mexicano había secuestros, desaparecían gente y que las mujeres sufrían abuso sexual, pero pensó que ella ya no tenía nada que perder.

—Tenía miedo a la delincuencia… que me desaparecieran, un asesinato… porque ya como que a un abuso o algo así… no. Sí sabía que tal vez podría pasar, pero es un riesgo que una toma… no sentía miedo como una mujer que pueda perder algo. 

Aunque Devora llegó al albergue El Buen Pastor en Tapachula, logró avanzar y llegar hasta Reynosa, Tamaulipas, en el norte del país. El 5 de agosto de 2023 cruzó a Estados Unidos donde alcanzó a su madre y su hermano, quienes la acompañaron en su parto. 

EQUIPO

Project Manager
Patricia Mercado Sánchez

Edición:
Nadia Sanders

Investigación:

Gabriela Martínez

Fotos y Videos:
Alicia Fernández

Diseño Digital:
Jhasua Razo

Administración:
Sofía Montellano

Si quieres leer el reportaje completo dale click aquí: Mujeres migrantes, cuerpos sin derechos

“Es mi cuerpo, pero no parece mi decisión”: niegan ligadura de trompas a mujeres en Cumaná
A pesar de que las leyes venezolanas otorgan a la mujer la potestad de elegir sobre su salud reproductiva, querer hacerse una ligadura de trompas implica recorrer un camino de espinas

En un reportaje publicado por Constructoras de Paz, iniciativa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), se expone la situación de Yormarelys Lugo, una mujer de 25 años, madre de tres niños, a quien se le negó optar a una ligadura de trompas en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, el principal centro sanitario de Cumaná; pese a su precaria situación económica y su deseo de no tener más hijos.

Hace un año, cuando nació su hijo menor, la joven solicitó a la obstetra que le hiciera una esterilización, mejor conocida como ligadura de trompas. Este procedimiento quirúrgico evita embarazos de forma permanente. Sin muchas explicaciones, le negaron la intervención. 

El médico tratante le sugirió que lo hablara con su pareja y hasta con sus padres. Es decir que la decisión de ella sobre su propio cuerpo, debía ser consultada con otros, de acuerdo con lo que le dijo el galeno. 

La planificación familiar es una deuda pendiente en el país. Los métodos anticonceptivos están inaccesibles para la mayoría de las mujeres en edad reproductiva. Es por ello que la esterilización se vuelve una esperanza para aquellas, como Yormarelys, que ya han tenido hijos y no desean más. 

El derecho a decidir

Las mujeres tienen el derecho a decidir si procrear o no; cuántos hijos e hijas tener, y la forma a través de la cual protegerse. Es decir, están amparadas para poder realizar este procedimiento por voluntad propia. 

En Venezuela, incluso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece una serie de artículos en los que prevalece el derecho a la salud sexual y reproductiva y a la elección sobre la procreación, entre ellos el derecho a la salud (art. 83 y 84 de la CRBV) derecho a la libertad, seguridad e integridad personal en los artículos 44, 46 y 54, derecho a decidir el número e intervalo de hijos y a la anatomía reproductiva.

Al respecto, la abogada Aura Tur indicó que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia establece que las féminas tienen  autonomía sobre su cuerpo y capacidad reproductiva.

“Las mujeres podemos decidir qué anticonceptivos elegir, si queremos tener hijos o no, es un derecho inherente de la mujer y no tiene que ver el cónyuge. Si alguien lo impide, es violencia contra la mujer”, sentenció.

Según se indica en un reportaje publicado en La Voz de América en septiembre de 2022, en los hospitales venezolanos había lista de espera de mujeres que intentaban realizarse una ligadura de trompas como método anticonceptivo, debido a la crisis económica que azota al país.

Puede leer la nota completa AQUÍ

70 % de las mujeres víctimas de violencia dejan denuncias a medio camino
En Maracay, estado Aragua, la Oficina de Atención a la Víctima (OAV) recibe en el día un promedio de 15 denuncias de mujeres agredidas, de distintas maneras, por hombres

 

María* (32), casada, madre de dos niños, profesional y activa laboralmente, intentó buscar justicia ante los organismos competentes. Hace tres meses, luego de la insistencia de una amiga, decidió ir a la Unidad de Atención a la Víctima (UAV) del Ministerio Público para acusar a su esposo.Al principio tenía dudas de hacerlo y cuestionaba los pasos que daba por tratarse del padre de sus hijos. Incluso llegó a excusar el comportamiento agresivo de su pareja, porque él estaba pasando por una crisis laboral y no estaba generando ingresos. 

“No vas a venir a denunciar para después retirar el caso”, eso fue lo primero que le dijeron cuando llegó a la UAV.

La segunda vez que regresó se dio cuenta de que nunca emitieron la orden de citación para su esposo. En ese momento se sintió sola y avergonzada, por lo que de inmediato abandonó el corto camino recorrido.

Cifras alarmantes

En Maracay, estado Aragua, la Oficina de Atención a la Víctima (OAV) recibe en el día un promedio de 15 denuncias de mujeres agredidas, de distintas maneras, por hombres. Este año, de enero a mayo, los casos ascendieron a 30 cada fin de semana. 

No obstante, y a diferencia del año anterior, 70 % de las mujeres no regresaron a impulsar la denuncia ni intentaron meter preso al maltratador, dijo Geraldine Mendoza, funcionaria de la policía estatal. La razón: son revictimizadas. Muchas sienten que no les hacen un buen registro de la agresión y que no hay seguimiento a sus casos.

Desde el año 2020 hasta noviembre del 2022, la ONG Gran Alianza de Mujeres de Aragua, Gama, acompañó en la región a cerca de 80 mujeres que exigían, a través de las denuncias, la intervención del Ministerio Público (MP).

“Algunas de ellas murieron en manos de ese hombre al que solo se le entregó un papel y se le amenazó con la policía”, indicó Wilmer Rivas cofundador de la organización.

Las estadísticas de Gama reflejan que, de estas 80 mujeres, 49 han salido del país, “huyendo de la violencia de su agresor”. 26 de ellas accedieron a retirar la denuncia y otras cinco cayeron en dentro de las estadísticas de femicidio.

En agosto de 2022, el fiscal general, Tarek William Saab, cuando hizo el reporte de los últimos cinco años, dijo que el Ministerio Púbico (MP) había otorgado 276.319 medidas de protección a mujeres en riesgo, presentado 43.765 imputaciones y 28.202 acusaciones a agresores. 

 

Persecución y violencia política contra mujeres son recurrentes en Venezuela
Los activistas aseguran que amenazas concretas se han ejecutado y actos de violencia como el acoso, la violencia psicológica, verbal, física, entre otras, son frecuentes

 

Las ONG e individualidades decidieron mostrar públicamente su profunda preocupación por la persecución y la violencia política, que aprecian como fenómenos recurrentes y comunes, condenables en todos los casos.

Las mujeres en Venezuela han sido históricamente víctimas de la discriminación y desigualdad para el ejercicio de sus derechos políticos, especialmente el que se refiere a la posibilidad de ser elegidas y participar en la dirección de los asuntos públicos y políticos del país, detalla el escrito que ve un liderazgo femenino subpresentado en los más altos cargos y espacios de toma de decisiones.

En la escalada de ataques contra mujeres en cargos políticos, con aspiraciones políticas y activistas por los derechos de las mujeres, ven un ejercicio de prácticas sistemáticas que constituyen patrones de persecución y violencia política contra las mujeres, en el que se incluyen amenazas de muerte, de agresión físicas, de privación de la libertad y otras formas de intimidación.

Los activistas aseguran que amenazas concretas se han ejecutado y actos de violencia como el acoso, la violencia psicológica, verbal, física, entre otras, son frecuentes.

«Esta situación se extiende a los casos de violencia digital basadas en el género, lo cual afecta el debate público y resta garantías para la libertad de expresión de comunicadoras, lideresas y defensoras de derechos humanos».

El comunicado alerta, igualmente, sobre la instrumentalización de mujeres en ataques políticos contra hombres. «Existen denuncias que apuntan a que con frecuencia, cuando ellos son víctimas de violencia, la mayoría de las victimarias son mujeres, con la intención de que si hubiera alguna respuesta ante la agresión, pudieran valerse de la violencia de género para denunciar. Condenamos la instrumentalización de la protección, de las mujeres y por supuesto la violencia ejercida».

Organismos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión Internacional de Determinación de los Hechos han documentado la violencia de género, que se inserta en un contexto de persecución y criminalización generalizada,

Según el escrito, ello demuestra que la violación del derecho a la participación política no corresponde a casos aislados, sino que se trata de acciones sistemáticas dirigidas de manera estratégica y planificada, que busca censurar, reprimir y controlar a distintos actores, entre ellos, los actores políticos, impactando de manera diferenciada en el liderazgo político femenino.

Esta situación, que se alimenta de contenidos específicos con connotaciones abiertamente sexualizadas, no solo atenta contra su derecho a una vida libre de violencia, los derechos humanos y los principios democráticos, sino que también socava los esfuerzos nacionales e internacionales por lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres, adolescentes y niñas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los firmantes solicitaron al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que reporte con especial atención la violencia política contra mujeres y que apoye a los mecanismos nacionales de protección de derechos humanos que velan por su protección. A la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitaron que analice la situación planteada.

Venezolanas recogen firmas para exigir salarios dignos e igualitarios y reconocimiento de tareas del hogar
Dentro de los requerimientos del grupo de féminas están la «garantía» de acceso a alimentos y medicinas, reconocimiento al «derecho a trabajar sin dolor y los efectos incapacitantes de la menstruación», entre otros

 

Este jueves, 16 de marzo, un grupo de mujeres venezolanas, agrupadas en al menos ocho organizaciones gremiales, iniciaron una recolección masiva de firmas para exigir al Estado «salarios dignos e igualitarios», así como el reconocimiento de tareas del hogar no remuneradas.

A través de un comunicado, el grupo detalló que iniciaron una recolección de firmas en línea para respaldar un petitorio con 12 solicitudes, que ya fue entregado a la Defensoría del Pueblo, y que será validado con el apoyo de las mujeres que respalden la iniciativa.

Dentro de los requerimientos del grupo están la «garantía» de acceso a alimentos y medicinas, reconocimiento al «derecho a trabajar sin dolor y los efectos incapacitantes de la menstruación», implementación de políticas que erradiquen la pobreza menstrual y la eliminación de impuestos sobre productos para higiene femenina, así como planes que permitan prevenir la violencia contra la mujer y la trata de personas.

«La mayoría de las mujeres venezolanas no solo se encargan solas de su familia, sino que ocupan los peores puestos del mercado de trabajo», se lee en el comunicado.

Dentro de las organizaciones que impulsan esta petición está la Red Sindical, la Federación de Maestros, El Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Ministerio de Salud, el Sindicato de Maestros de Caracas, la Federación Colegio de Bioanalistas, Monitor Salud Mujeres, el Frente de Jubilados y Pensionados y la Asociación de Jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Mujeres siguen relegadas de los espacios de poder

El informe de la Organización no Gubernamental, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), publicado el 9 de marzo titulado y Participación política de las mujeres en Venezuela. Construyendo caminos para la paz y la democracia, determinó que aún existe la discriminación y la desigualdad y que las mujeres siguen enfrentando obstáculos para participar en los asuntos públicos y políticos del país.

Apenas 33% de las mujeres ocupan cargos en el parlamento venezolano, cifra que supera a la del año 2015, cuando era de 19, 5%. Sin embargo, Cepaz aclaró que sigue siendo una representación menor, lo cual deja a las mujeres en situación de subrepresentación en espacios de poder.

En el informe se concluyó que la crisis multidimensional que aún atraviesa Venezuela es un obstáculo para que las mujeres participe en espacios políticos y para que se creen proyectos de capacitación y promoción de su liderazgo.

«El Estado no ha tomado medidas efectivas y eficientes para derrumbar los factores que mantienen a las mujeres discriminadas y en posiciones desiguales a las de los hombres», denuncian.

*Con información de EFE

Cofavic: En los últimos cinco años han sido asesinadas 2022 mujeres, niñas y adolescentes
De acuerdo con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), en Venezuela, una mujer es asesinada cada 39 horas

 

En los últimos cinco años (2017 – 2022), al menos 2.022 mujeres fueron asesinadas en Venezuela, según el último monitoreo levantado por la ONG Cofavic ante la falta de cifras oficiales.

Según cifras de Cofavic, entre enero y agosto de 2022, al menos 203 mujeres, adolescentes y niñas fueron asesinadas.

Los estados con mayor incidencia son Miranda, con 30 casos (15%), Carabobo y Anzoátegui con 21 casos (11%) cada uno, Bolívar, Distrito Capital y Zulia con 17 casos (9%) cada uno y Aragua con 7% (13 casos).

De acuerdo con la organización, 57% de las víctimas (1.155 personas) son mujeres entre los 18 y 40 años de edad. La investigación sugiere que 335 niñas y adolescentes (17% de las víctimas) también murieron de forma violenta.
Otras 357 víctimas (18%) son mujeres de 41 a 60 años, y finalmente 175 son mujeres de 61 años en adelante.

Aunque de acuerdo con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) una mujer es asesinada cada 39 horas en Venezuela -por falta de políticas públicas orientadas a la protección de mujeres, niñas y adolescentes-, la directora de la institución conmemoró el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer exhortando a las víctimas a denunciar.

Esto en medio de un Estado fallido en el que las afectadas recurren a las redes sociales para denunciar, debido a las trabas para alcanzar justicia ante las instancias competentes.

Según Cofavic, 31% de las víctimas contabilizadas en el monitoreo 2017-2022 son personas de la tercera edad, indígenas, embarazadas, extranjeras, con alguna discapacidad, miembros de la comunidad Lgbtiq+ e indocumentadas, es decir, mujeres que estaban en una situación de vulnerabilidad que requerían mayor protección por parte del Estado venezolano.

Violencia en el hogar 

La mayoría de las muertes registradas ocurrieron en el hogar de la víctima (42%), en plena vía pública (36%) o en una zona aislada (11%). Las demás muertes reportadas ocurrieron en la casa de un familiar o amigo de la víctima (3%).

La mayoría de las víctimas fueron agredidas con arma de fuego (47%, 959 mujeres) y armas blancas (15%, 311 mujeres). Otras fueron víctimas de violencia física y fallecieron a causa de asfixia (11%, 214 ciudadanas) o múltiples golpes (9%, 180 damas).

Un porcentaje minoritario pero importante de mujeres fueron degolladas (55), o murieron por quemaduras (52). Otras 40 mujeres (2%) fallecieron tras recibir un impacto contundente, mientras otras 88 fueron descuartizadas, ahorcadas, decapitadas, fallecieron por complicaciones de salud asociadas a hechos violentos previos o tras ser arrolladas.

En 118 de los casos (6%) Cofavic no logró precisar la causa de la muerte en la información pública disponible.

*Con información de Correo del Caroní

Escasez de anticonceptivos en el país fue de casi 60% durante octubre
Reportan 59,9% de escasez de anticonceptivos en el país durante el mes de octubre según informe de Monitor Salud de la Asociación Civil Convite.
Los parches, aros vaginales y dispositivos implantables fueron los métodos anticonceptivos con mayor índice de escasez en las ciudades seguidas por #MonitorDeSalud en octubre
 La pobreza menstrual es otra realidad en Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja del país 

La situación de los derechos sexuales y reproductivos en Venezuela sigue siendo preocupante en Venezuela. La escasez de anticonceptivos en el país fue de casi 60% según una encuesta realizada por el Monitor Salud de la Asociación Civil Convite.

Las localidades más afectadas por esta problemática fueron el Área Metropolitana de Caracas, con 85,6% de escasez de anticonceptivos, le sigue Puerto Ordaz con 76,3% y Puerto La Cruz con un 65,4%, según datos suministrados por un monitoreo de Convite.

El Monitor Salud de Convite presentó los datos sobre la situación de salud sexual y reproductiva del mes de octubre junto a otras organizaciones aliadas como Promedehum, CODEHCIU, Kapé-Kapé, Defensa activa, FUNCAMAMA, Crea País, Mulier y Fundación Váyalo.

La salud sexual se encuentra en riesgo debido a la escasez de anticonceptivos para las mujeres venezolanas.

El monitoreo de Convite destacó que el método anticonceptivo con mayor índice de escasez, fue el parche vaginal con 93,2%. 

Otros métodos anticonceptivos también escasearon en todo el territorio nacional, como los implantes, con 84%, de escasez, el dispositivo intrauterino, con un 73,2% y los aros vaginales, con escasez de un 89,6%.

No tener acceso a una buena salud sexual y reproductiva representa una problemática a la que se debe dar importancia, ya que las venezolanas poseen pocas alternativas de cubrir esta necesidad.

La pobreza menstrual, otra realidad en Venezuela

Los productos de higiene menstrual representan una inversión que no todas las mujeres pueden realizar debido a la emergencia humanitaria compleja que vive el país.

Tres de cada cinco mujeres cuentan que nunca o solo algunas veces utilizaron toallas sanitarias reutilizables, copas menstruales o tampones según datos suministrados por la plataforma HUM. 

Una de cada cuatro mujeres reportó no tener dinero suficiente para recurrir a estos insumos. 

Puede consultar el trabajo que hizo Runrun.es sobre la pobreza menstrual acá: 1 de cada 4 venezolanas no puede comprar productos para su higiene menstrual