Las autoridades policiales investigan el asesinato de un comerciante ocurrido en el sector La Pradera del barrio San José, de la parroquia La Vega, en horas de la noche del domingo 7 de agosto de 2022.
La víctima fue identificada como Jesús Salomé Ballera Brito, de 51 años de edad, padre de 6 hijos y vecino de la mencionada parroquia, que se encuentra entre las 10 más violentas de Caracas. La Vega tiene una tasa de 188 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos de Monitor de Víctimas.
Versiones policiales señalan que Ballera Brito fue asesinado a golpes cuando regresaba a su residencia.
Al parecer, en medio de la noche y muy cerca de su casa, ocurrió una pelea y cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, atacaron al comerciante a golpes.
Tras la primera paliza, la víctima intentó retirarse a su casa, pero fue seguida y golpeada nuevamente. En esta oportunidad, dos mujeres lo agredieron y cayó inconsciente. Malherido, fue llevado al hospital Miguel Pérez Carreño, en cuyo centro se registró su deceso.
Certificado de defunción irregular
Los familiares denunciaron irregularidades en la entrega del Certificado de Defunción.
“El primer informe de autopsia emitido por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamcf) no se ajustaba a los hechos. Señalaba que mi tío murió de un infarto agudo al miocardio, por obstrucción de 80 % de la arteria coronaria izquierda, lo que es falso, ya que es evidente que fue golpeado y eso no aparecía en el informe”, explicó Estefani Brito, sobrina de la víctima.
Tras exigir una revisión, les dieron un segundo certificado que señala que murió por una hemorragia cerebral, provocada por traumatismos causados por un objeto contundente.
La Vega violenta
Datos recopilados por Monitor de Víctimas señalan que entre mayo de 2017 y junio de 2022, 243 personas fueron asesinadas en la parroquia La Vega, de las cuales 2 de ellas fueron linchadas y 11 murieron en riñas.
La violencia en La Vega tiene rostro civil: más del 48 % de los asesinatos fueron cometidos por civiles, mientras que el 43 % restante fue perpetrado por funcionarios policiales.
Detenida una de las agresoras
Los presuntos agresores fueron identificados por autoridades policiales como Joel Godoy, Walter Marrero, Laura Argüello Mero y Aryisel Parra Vargas. De acuerdo con versiones extraoficiales, uno de ellos está solicitado por el delito de homicidio.
Tras los hechos, Arysel Parra Vargas habría acudido a la sub delegación del Cicpc en Antímano a entregarse, y habría asumido su participación. Allí señaló que la pelea se suscitó luego de que la víctima agredió a un hijo suyo, quien padece de una condición especial.
De once puñaladas mataron a Claudio Jesús Rondón Jiménez, de 38 años de edad. El hecho ocurrió en el sector Gato Negro de Catia, el pasado domingo 29 de agosto.
De acuerdo con la versión de la familia de la víctima, Rondón Jiménez sostuvo una discusión con el colector de una unidad en días previos a su muerte. El hombre, que se desempeñaba como mecánico de autobuses, había recibido amenazas de parte del señalado victimario.
Según la información que trascendió, el colector habría enfrentado al ahora occiso. Una vez herido, este último fue llevado al Hospital Periférico de Catia, donde falleció el lunes 30 de agosto en horas de la tarde.
Familiares de Rondón aseguraron que el supuesto responsable es conocido con el alias de «Toronto» y esperan que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas den con su paradero.
El mecánico deja dos adolescentes de 15 y 14 años. Era el menor de 7 hermanos y vivía en Naiguatá, estado Vargas.
DURANTE UN ROBO FUE ASESINADA LISKEILA MOLINA, de 34 años, cuando regresaba de su trabajo. Le dieron un tiro en la cabeza dentro de una camionetica que transitaba por la autopista Francisco Fajardo a la altura de Antímano, el martes 7 de mayo.
La mujer era madre de una adolescente de 16 años. A diario madrugaba para llegar a su trabajo en el Ministerio de Finanzas. Ahí se desempeñaba en el área de mantenimiento, para ser sustento de su hija, quien ahora es huérfana de madre.
Entre enero y mayo de 2019, 30 menores de edad quedaron huérfanos de madre tan solo en Caracas. Según las cifras del Monitor de Víctimas —un proyecto de data periodística— la mayoría de ellos (22) habita en el municipio Libertador, seguidos por Baruta (4) y Sucre (1).
Nada más en cinco meses de 2019 esta cifra casi iguala al total de 2018, cuando 45 menores de 18 años de edad perdieron a su mamá en un hecho de violencia.
Las mujeres son víctimas de la violencia criminal o femicidios, por su género. Recientemente una mujer fue víctima de una ejecución extrajudicial en la capital. En La Vega, Lisbeth Machado, de 44 años, fue asesinada en un presunto enfrentamiento con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el 28 de mayo.
Actualmente Venezuela se posiciona como el país más violento de América Latina con una tasa de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). La violencia se apoderó del país y la criminalidad, que antes se concentraba en unos municipios, ahora abarca casi todo el territorio nacional.
En este entorno hostil quedan los niños y adolescentes huérfanos de madre, con el dolor de perder a su pilar y seguir adelante, la mayoría acompañados por sus familiares que también deben lidiar con el duelo en un país lleno de hechos violentos.
Oscar Misle, director de Cecodap —organización que defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes— explicó que estas pérdidas violentas tienen un impacto emocional importante, que debe ser abordado de manera apropiada ante los riesgos que corre el menor de edad.
Generalmente los duelos en los niños y adolescentes no son comprendidos de manera adecuada. En el caso de los más pequeños no tienen capacidad de verbalizar su dolor y la rabia, que es propia del dolor, no se comprende.
“La mayoría de los hogares de zonas populares son matricéntricos y los niños tienen rabia cuando asesinan a su madre, porque están predispuestos al no contar con su presencia. Si esto no se aborda debidamente puede tomar la violencia en un futuro como forma de venganza, aunque, por supuesto, no se debe generalizar porque todos los casos son distintos”, explicó.
Acompañamiento a las familias no se cumple
En varios de los casos de femicidios registrados en Caracas previamente los hijos han sido testigos del maltrato que recibe la madre, generalmente a manos de su padre o pareja. Incluso han presenciado el asesinato.
Melissa Arcila fue asesinada por su expareja José Gregorio Pérez, quien luego se suicidó. La mañana del 20 de mayo la víctima, de 38 años, regresaba de dejar a sus hijos, de 12 y 7 años, en el transporte para que los llevara al colegio y él la sorprendió en las escaleras del edificio. Con una tijera la apuñaló.
Hace un año se había separado del padre de los niños porque la golpeaba y en dos oportunidades le fracturó la nariz. Tras estas agresiones la hija mayor sentía rechazo por su papá, según declaró un pariente quien por medidas de seguridad pidió no ser identificado.
Los niños son más vulnerables cuando se encuentran en entornos violentos sin acompañamiento psicológico. Sus familiares también deben recibir ayuda profesional
Los niños son más vulnerables cuando se encuentran en entornos violentos sin acompañamiento psicológico. Sus familiares también deben recibir ayuda profesional
Ambos niños asisten a consulta psicológica. La familia tomó la decisión de que el psicólogo del colegio les diera la noticia del asesinato de su madre y posterior suicidio de su papá. El trámite legal para obtener la custodia está en proceso, mientras quedaron bajo el cuidado de sus abuelos maternos.
“Luego de que al menor de edad le asesinan a su mamá, la familia debe acudir al consejo de protección para que les den posibilidades desde el punto de vista legal y la abuela tiene todo el derecho de acompañarlo. Si la relación con el padre pone al niño en peligro se puede llevar a tribunales”, detalló Oscar Misle.
Denunció las trabas que se presentan en los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes cuando de atender al menor de edad se trata. Explicó que si el consejo dicta una medida e incluye atención psicológica no hay especialistas o las citas no se dan inmediatamente, por lo que deben esperar largos meses desasistidos.
“Están colapsados los servicios y hacen que el proceso se retrase mucho más, hay muchas demoras en los programas”.
Entornos violentos para la juventud
Gloria Perdomo, coordinadora del OVV, explicó que el comportamiento de la violencia y las actitudes violentas resultan de un aprendizaje social.
“Socialmente los niveles de violencia en los hogares tienen que ver con procesos de aprendizajes de la violencia, resulta de experiencias violentas y está ocurriendo en hogares y calles, y se puede imitar”.
En los colegios a veces se normaliza esta situación y los niños o adolescentes tienen reacciones violentas a ciertos hechos, que adoptan con naturalidad.
Y en las zonas populares los menores de edad conviven con este entorno, en los que escuchan que asesinaron a un vecino, lo ven muerto al salir de casa, oyen de la muerte del dueño de la bodega o le matan a un familiar que puede ser su mamá.
Misle expresó que cuando hay varios acontecimientos violentos en la zona donde viven los menores, que ya han sido tocados por la violencia, tienen miedo de la situación que respiran. “El miedo es mayor porque ya le pasó a su mamá y es una realidad de su entorno”.
Por eso resaltó la importancia del acompañamiento que deben recibir los familiares, pues cada uno según su vínculo sufre de forma distinta, especialmente el hijo o hija de la mujer.
Los niños deben recibir acompañamiento psicológico, para que drenen la rabia o frustración que ocasionó la pérdida violenta de su madreLos niños deben recibir acompañamiento psicológico, para que drenen la rabia o frustración que ocasionó la pérdida violenta de su madre
Con técnicas específicas el menor de edad podrá drenar el sufrimiento y al expresar su dolor se sentirá comprendido y la violencia, de cierta forma, no influirá en su futuro.
“La situación predispone al niño, lo hace más vulnerable a que pueda tomar la violencia en el futuro como forma de venganza porque en sus primeros años perdió a su mamá, y es como una herida física que si no se limpia se infecta. Hay un pase de factura posterior y puede que el menor tenga problemas en la relaciones sentimentales, le cueste establecer compromisos, por ejemplo, porque sufrió una pérdida y no fue asistido adecuadamente”.
Estado no visibiliza femicidios
Entre enero y mayo de 2019 asesinaron a 33 mujeres en Caracas, de acuerdo con las cifras del Monitor de Víctimas.
Según el informe Mujeres al Límite 2019 en 58,6 % de los casos los victimarios de los femicidios fueron sus parejas actuales y 7,7 % ocurrieron a manos de exparejas.
La investigación realizada por la Coalición de Equivalencias en Acción indica que desde hace tres años el Estado no revela datos acerca de la violencia de género.
En 2018 el Ministerio Público informó verbalmente algunas cifras. En octubre de ese año Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), indicó que entre agosto de 2017 y octubre de 2018 se registraron 93 femicidios.
“Esta modalidad de rendición de información es problemática. Por un lado, la información no es verificable, ya que no se dispone de informes oficiales que detallen estos datos, ni la metodología para su recolección y, por otro, no es periódica, lo cual dificulta establecer un panorama general de los niveles de violencia y femicidio”, reseñó el informe.
Sin embargo, estas cifras no revelaron verdaderamente la problemática. Según el portal Cotejo.Info en 2018 ocurrieron 448 femicidios en Venezuela y en comparación con 2017 aumentó 10,8 %.
Mientras que en Caracas el Monitor de Víctimas manejó que ocurrieron 83 femicidios durante 2018.
“Es importante hablar específicamente de femicidio porque resulta de una forma de discriminación grave contra las mujeres y esta es una forma de violencia con perfil propio que hay que visibilizar, dejando clara sus causas y consecuencias, que son distintas a otras formas de homicidio”, dijo Perdomo.
Durante los meses de junio, julio y agosto de 2018 se reportaron 368 casos de homicidio, 22% menos en comparación al mismo período en 2017. El municipio Libertador sigue registrando el mayor número de muertes violentas en el Área Metropolitana de Caracas, durante estos tres meses hubo 269 casos, es decir, que 7 de cada 10 homicidios ocurrió en esta zona.
Del total de muertes, 50% están relacionados con violencia policial. Durante estos tres meses hubo 184 homicidios en manos de la policía, aumentando 15% con respecto a junio, julio y agosto de 2017, en los que Monitor de Víctimas reportó 160 casos. El primer móvil de muerte se debe a ejecuciones. En el trimestre de 2017 hubo 60 casos, mientras que en 2018 se duplicó la cifra para un total de 120 ejecuciones.
En cuanto a las parroquias, Petare es donde se registró mayor número de homicidios en la vía pública concentrando 15% de los casos, 34 muertes violentas. Además, esta parroquia fue la zona más violenta en cuanto a violencia policial, durante estos tres meses 55% de las muertes se le atribuye al Estado.
Otra de las cifras alarmantes son las relacionadas a los jóvenes. Este trimestre se registraron 207 homicidios a personas menores de 30 años, de ellos 28 eran menores de edad. De estos menores, 40% fue asesinado en manos de la policía.
El Oficial Guzmán Deurys informó acerca del hallazgo de cuatro personas muertas, dos adultos y dos adolescentes, presuntamente por arma de fuego. El hecho ocurrió la noche del viernes 27 de enero de 2017 dentro de una vivienda ubicada en la calle Los Molinos de los Flores de Catia.
Los funcionarios notificaron que las víctimas eran los padres e hijos del funcionario del CICPC, Comisario Enrique España.
Las cuatro víctimas fueron identificadas como: Jesús Enrique Rodríguez Espejo, de 66 años, padre del comisario; su madre, Belkys Coromoto Pinzón Variña; y sus dos hijos, Jesús Gabriel Rodríguez Pinzón, de 17 años de edad y Jesús Abel Rodríguez Pinzón, de 13 años de edad.
Los efectivos informaron que se desconcoe el móvil del suceso.
