En julio de 2017 se concretó la apertura de cuatro nuevas morgues para Caracas, anunciada en octubre de 2016 por el Ministro para las Relaciones, Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. La primera en abrir sus puertas fue la morgue de Coche, que funciona en un anexo del hospital Leopoldo Manrique Terrero, ubicado en la calle La Zea de esa parroquia. Le siguió la medicatura de El Llanito, instalada cerca del hospital Domingo Luciani y usada para la práctica exclusiva de exámenes forenses. Paralelamente se activó el servicio de medicina forense en una sede adjunta al hospital Ana Pérez de León II, que recibe los fallecidos en circunstancias violentas, provenientes del este de la ciudad. Recientemente inició operaciones la de Caricuao y solo ofrece exámenes forenses. Aunque la morgue de Bello Monte continúa en funcionamiento, los patólogos que allí laboran solo practican autopsias a los muertos por enfrentamientos.
A los pocos días de haberse concretado este nuevo sistema de distribución de los cadáveres “para mejorar la calidad del servicio”, algunas irregularidades han surgido. Una de ellas ha sido la exigencia de pagos por la entrega de cadáveres. Cobran hasta un millón de bolívares para agilizar la entrega de los cuerpos a sus familiares. El pasado 7 de julio, los funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) que laboran en Bello Monte, identificados como Katherine Castro y Gustavo Espejo, fueron capturados por agentes de la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc, cuando pedían dinero a un deudo a cambio de la entrega de un cadáver.
El familiar de la víctima, indignado denunció el caso al Ministerio Público. En las investigaciones se determinó que a través de mensajes de texto, ellos negociaban pagos con familiares de otras víctimas, a pesar de que en las instalaciones de esta dependencia, adscrita al Viceministerio de Investigación Penal, fueron colocados afiches que indican que está “prohibido cobrar por tramitar la entrega de un cadáver”. Espejo, uno de los implicados, es hijastro del actual director del Senamecf, Coronel retirado de la Guardia Nacional, Carlos Enrique Fernández.
Un funcionario del Senamecf, quien prefirió mantener su nombre en reserva indicó que este tipo de prácticas ilícitas no se han detenido. “No hay supervisión. Los empleados extorsionan y los parientes de las víctimas no se atreven a denunciar por miedo. Los amenazan. Si se atreven a delatarlos ante la Fiscalía, a los medios de comunicación o a los cuerpos de seguridad, no entregan los cadáveres”, dijo.
Alí Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, indicó que hay formas de hacer una denuncia pública sin necesidad de que los nombres de quienes la formulen queden al descubierto. “A través de Provea pueden canalizarse. Ellos visibilizan los casos y hacen acompañamientos jurídicos para que las autoridades tomen acciones. Las irregularidades deben ser reclamadas sin miedo. Es la única forma de que este tipo de delitos no queden impunes”, dice el activista de derechos humanos.
Desinformación deriva en ruleteo
El cobro ilegal es solo una de las fallas derivadas de la activación de las nuevas morgues. El ruleteo de cadáveres y familiares también se ha vuelto una práctica común. A los deudos de Yeison Urbano, quien el pasado 2 de agosto fue asesinado de varios disparos para robarlo en el sector Las Dos Bodegas de Mariche, les dijeron que su cuerpo había sido llevado a la morgue de Bello Monte. Allí los funcionarios informaron que el cadáver no fue trasladado a esa dependencia. No aparecía en la base de datos. Durante la mañana del 3 de agosto Pedro Urbano, padre de Yeison hizo un periplo por otras dos morgues. “Estaba desesperado porque necesitaba saber dónde estaba el cuerpo de mi hijo.
En Coche me dijeron que no lo habían llevado. De allí me fui hasta el Pérez de León, en Petare. Un funcionario que está en la puerta me atendió. Tenía una lista con las identidades de 10 cuerpos, entre ellos figuraba el de mi hijo. No fue sino hasta el día 4 de agosto en la tarde, cuando lo entregaron”, reseña el allegado.
A los parientes los controlan con canales de información restringidos en todas las instancias. Esto los convierte, según el vocero de la ONG, en víctimas por partida doble. Ellos no solo tienen que lidiar con el dolor de haber perdido un familiar en circunstancias violentas, sino también deben peregrinar por varias morgues para ubicar los cuerpos.
“El Senamecf debe habilitar en la página web una pestaña que muestre los números de cédula de los cadáveres que fueron ingresados a esas dependencias para que los allegados ubiquen a sus deudos de forma rápida”, propone Daniels.
Según el comisario, Luis Godoy, ex jefe de Homicidios del Cicpc y hasta ex coordinador nacional del Servicio de Medicina y Ciencias Forenses, en la morgue de Bello Monte se ofrecía todos los domingos ruedas de prensa sobre el número de cadáveres que eran ingresados durante la semana. “Precisaba cuántos eran trasladados por homicidios, suicidios y por accidentes de tránsito. También notificaban de aquellos que no habían podido identificar y daban información sobre algunas características físicas para que sus allegados los localizaran. Bajo este mecanismo, se establecía un control y no había cabida a ruleteos, ni a confusiones como las que se registran actualmente”, recuerda Godoy.
Tres semanas antes del incidente reportado con Yeison, los familiares de Juan Ernesto Calofré, víctima de la violencia, tuvieron que hacer varios recorridos para localizarlo. A Juan Ernesto lo habían asesinado la mañana del 10 de julio, a pocos metros de la estación Capuchinos del Metro de Caracas. Lo mataron para quitarle un celular que había comprado un mes antes del crimen. Tras enterarse de lo ocurrido por un conocido que avistó el cadáver en la vía pública, su padre Manuel
Calofré, acudió a Bello Monte. Allí a través de un celular, dos funcionarios les mostraron las imágenes de los muertos que fueron trasladados ese día. Su hijo no estaba allí. Se trasladó a Coche y le dijeron que tampoco había sido llevado a esa dependencia. Visitó el Pérez de León y nuevamente regresó a Bello Monte y no había noticias sobre el paradero del cuerpo de su hijo de 25 años de edad. La mañana del 12 de julio acudió a Coche y le confirmaron que el cadáver sí estaba allí. “Pague varias carreras de taxi en recorridos infructuosos. Estaba angustiado, me imaginaba que mi hijo fuese enterrado en una fosa común como un perro sin amo. Este tipo de errores, no tiene nombre. Juegan con la paciencia y el dolor de los deudos”, dijo.
Calofré no piensa formular la denuncia ante el Ministerio Público porque no cree en la justicia. “Planteó el caso y qué. ¿Van a destituir a los funcionarios que negaron que mi hijo se encontraba en la morgue de Coche?. No creo, en este país estos casos quedan así. No hay quién repare el daño causado”, expresa el afectado.
El día 13 de julio el cuerpo de Calofré fue entregado. Sus parientes no pudieron velarlo porque estaba en proceso de descomposición. La cava donde lo habían depositado, mientras tramitaban su retiro, se dañó. No pudo conservarse. “No lo pude velar. Hasta eso me fue negado. No sé quiénes lo mataron, ni lo sabré porque estos homicidios quedan impunes. Y, por estar de un lado a otro, no tuve tiempo de darle un funeral digno, de despedirlo como quería”, dice Calofré, invadido por un sentimiento de impotencia.
Morgue en El Llanito. Foto: AVN
Confusión de cadáveres
El caso de la familia Arriechi Ramírez rebasó las irregularidades en la entrega de cuerpos. Los padres del niño Luis Arriechi estuvieron a punto de enterrar un cadáver que no era el de su hijo. Diana Ramírez, madre del pequeño relató que la mañana del 2 de junio de 2017, el pequeño se encontraba con su tía haciendo la cola para comprar pan, frente a un establecimiento, ubicado en El Cementerio. Cuando la tía dio la vuelta, el niño que se había alejado para orinar, no regresó. Lo buscó entre las personas de la fila y no lo halló. Fue reportado como desaparecido. El 7 de julio, su madre recibió una llamada de parte de funcionarios del Cicpc. Le notificaron del hallazgo del cuerpo de un niño en Caucaguita. El cuerpo fue tiroteado y quemado. El cadáver tenía una cicatriz en la mejilla y una cortada en la pierna.
El hijo de Diana Ramírez reunía características similares. Eran muchas coincidencias. La desaparición del niño había sido denunciado ante los medios de comunicación, un representante del Idena había visto la noticia y al ver la fotografía del pequeño, se dio cuenta que el niño estaba vivo y recluido en una institución de protección en Los Chorros. Se comunicó con el esposo de Diana, quien acudió para verificar la noticia. “Faltaban dos horas para enterrar a un cuerpo que no era el de mi hijo”, relata la mujer.
Solo una disculpa recibieron los padres de Luis por parte del Senamecf sobre lo ocurrido. “No investigaciones, ni culpables. No hicimos presión para ello porque la alegría de saber que nuestro hijo estaba vivo, ocupó nuestra atención”, manifiesta Diana Ramírez. La gravedad de lo sucedido, en la opinión del Daniels, ameritaba que el personal a cargo de la autopsia fuese destituido y sometido a un proceso de averiguación. “Un hecho de este tipo es pagado con cárcel en una sociedad donde los derechos humanos son respetados”, dice el especialista.
Para José Monque, patólogo y ex director de la Morgue de Bello Monte, este tipo de casos son un ejemplo de desorganización y falta de información del personal. En las morgues habilitadas, a su juicio, debe haber unas oficinas de atención que manejen una base de datos detallada sobre los cadáveres. “quiénes son, su edad, el móvil del crimen, en caso de que sea un homicidio o la presunta causa de muerte, si está en investigación, o por identificar. “El personal debe recibir un adiestramiento para manejar esa información y tratar con los dolientes, de lo contrario las fallas persistirán”, advierte.
Ocultamiento de cifras
El plan de descongestionamiento y descentralización de la morgue de Bello Monte, si bien puede ser positivo, podría llevar implícito un objetivo que dista de optimizar el servicio forense: el ocultamiento de las cifras de homicidios. Entre el 1ro de mayo y el 31 de agosto de 2017 Monitor de Víctimas registró 637 homicidios en el Distrito Capital (municipios Libertador, Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre), mientras que en 2016 esa dependencia tuvo una tasa 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, con 3.065 casos.
Para el comisario Godoy, ocultar cifras forma parte de una política de Estado del actual gobierno. La distribución de los cadáveres es una barrera que impide llevar un conteo preciso de los cadáveres. “No hay interés en que se conozca el número de homicidios porque el gobierno es objeto de críticas sobre su gestión en materia de seguridad, y en lugar de buscar soluciones, opta por cerrar el acceso a la información». Los jefes de las diversas divisiones del Cicpc ofrecían periódicamente una data sobre los homicidios, robos y secuestros. A final de año, en lo que respecta a los homicidios, se entregaba un informe estadístico de los casos policialmente resueltos, de aquellos que estaban en proceso de investigación y de algunos que por su complejidad, no se habían esclarecido”, refiere el ex jefe policial al añadir que estos datos permitían hacer un diagnóstico de la situación en materia de seguridad para luego proponer planes destinados a reducir la cifra con la ayuda de las comunidades y de expertos.
El cierre de la oficina de prensa del Cicpc a mediados del año 2001, según Godoy, constituyó la primera piedra para la edificación de una muralla para evitar que la comunidad obtenga por la vía oficial cifras de la criminalidad. “La apertura de nuevas morgues es la excusa para impedir que se conozcan esos datos, es un muro impuesto para censurar”, asegura el comisario. Desde ese entonces y hasta la fecha, las ONG que defienden el acceso a la información y la libertad de prensa han iniciado una cruenta lucha para que los periodistas y la población tengan datos. No solo en materia de seguridad, sino en salud, educación y otros sectores.
Carlos Correa, coordinador de Espacio Público, ha documentado cerca de 300 denuncias sobre atropellos contra los periodistas que cubren la fuente de sucesos. “Cuando llegan a entrevistar a los familiares, los funcionarios le dicen que no pueden pasar a la sala de espera. Han llegado al extremo de amenazar a los deudos con retrasar la entrega de cadáveres si se atrevan a declarar a la prensa. Fue creado un cerco metálico para impedir que los periodistas ingresen a hacer entrevistas”, indica el representante de la ONG.
Correa junto con miembros de otras organizaciones ha acompañado manifestaciones, protagonizadas a las puertas de la morgue de Bello Monte para exigir el derecho de informar. La más reciente se produjo el 3 de agosto de 2016, a causa de la cerca que fue instalada en las afueras de esa dependencia. Los periodistas fijaron carteles con frases como: “Informar no es delito”, “La cerca no tapa los crímenes”. Pese a la contundente protesta, el cercado no fue demolido y en los accesos fueron colocados dos funcionarios del Senamecf que se paran cual perros guardianes para frenar la entrada de los periodistas. El caso, explicó Correa, fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, esta instancia le pidió al gobierno venezolano referencias sobre la tasa de criminalidad y le fue negada.
@nmatamoros
