monitor de víctimas

La periodista Ronna Rísquez puntualizó que hubo una especie de «mutación del crimen», pues el «hampa común» fue convirtiéndose en «megabandas» y empezaron a ser lo que se conoce como «crimen organizado»

La socióloga Andrea Chacón explicó que desde 2018 a 2022 la disminución de homicidios en la capital del país fue de un 60 %

Monitor de Víctimas, plataforma que analiza las cifras de homicidios en Caracas, reveló en su quinto informe anual que desde en 2022 hubo una disminución de los homicidios en Caracas y cuáles son las razones que explican esta situación. 

Monitor de Víctimas es una iniciativa periodística que nace en Runrun.es, la cual busca solventar la censura oficial de las cifras de homicidios en Caracas desde el año 2017.

En estos cinco años, la iniciativa se expandió y también abarca Táchira, Zulia, Sucre y Lara.

#Hilo 🧵Estamos a sólo minutos de presentar nuestro quinto informe anual.

Carmen Riera, @carmenchu33, será nuestra moderadora y la acompañan @ronnarisquez, @andreachaconch y @barreto_nene para entender por qué han bajado los homicidios en Venezuela.

Te esperamos

— MonitorDeVíctimas (@MonitorVictimas) November 14, 2023

Hipótesis sobre la disminución de los homicidios

La socióloga Andrea Chacón explicó que desde 2018 a 2022 la disminución de homicidios en la capital del país fue de un 60 %. «Eso quiere decir que pasamos de una tasa de 40,3 muertes violentas en Caracas por cada 100.000 habitantes a una de 9,3 en 2022», dijo.

Sin embargo, puntualizó que todavía no se puede decir que en Venezuela la situación ha mejorado.

Por su parte, la periodista Ronna Rísquez señaló que a partir del año 2018 se comenzó a ver un cambio en la dinámica de los homicidios, pues la mayoría «no lo cometían los delincuentes, sino que eran responsabilidad de los cuerpos de seguridad».

«Aunque se ha dado una reducción de homicidios, la reducción no ha sido proporcionalmente igual en el caso de las mujeres. No hay una reducción en cuanto a los femicidios», añadió Rísquez.

También puntualizó que hubo una especie de «mutación del crimen», pues el «hampa común» fue convirtiéndose en «megabandas» y empezaron a convertirse en lo que se conoce como «crimen organizado».

@ronnarisquez: Es una hipótesis que seguimos investigando: hubo una especie de mutación del crimen. Se da un cambio de lo que llamamos el "hampa común". Han ido convirtiéndose en megabandas. Empezaron a salir de las ciudades pero cambiaron de actividad delictiva.

— MonitorDeVíctimas (@MonitorVictimas) November 14, 2023

«Estos cambios afectan la dinámica de los homicidios de zonas urbanas como Caracas. No es que desaparecieron, sino que están operando los lugares. Estos grupos ahora se enfocan más en sus negocios criminales y mercados ilícitos. Muchos de ellos se han expandido a otros países, no solo a zonas fronterizas», señaló.

Además, señaló la incidencia de la migración que, aunque no se conocen cifras concretas de la misma, tiene un peso en la disminución de los homicidios.

Ejecuciones extrajudiciales

Uno de los móviles que sorprende en el informe de Monitor de Víctimas son las ejecuciones extrajudiciales y casos registrados como «resistencia a la autoridad», un término creado por las autoridades para justificar estos homicidios.

«Tenemos 1.739 casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones extrajudiciales solo en Caracas en cinco años», señaló Ronna Rísquez.

Recordó el caso de la masacre de la parroquia La Vega, ocurrida en el año 2021. «Quedó como en un limbo porque no se sabía cuántas personas habían muerto», dijo.

Ante esa situación, explicó la periodista, Monitor de Víctimas se dedicó «a confirmar con testigos y familiares que estas personas habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales».

@ronnarisquez: Hubo una masacre en La Vega en 2021. Quedó como en un limbo porque no se sabía cuántas personas habían muerto. En Monitor de Víctimas nos dedicamos a confirmar con testigos y familiares que estas personas habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

— MonitorDeVíctimas (@MonitorVictimas) November 14, 2023

Chacón señaló que por distintos factores, como la presión internacional, los operativos policiales también cambiaron su dinámica de ejecuciones extrajudiciales.

«Ahora en vez de matar a 100 muchachos, quizás mataban a 20 o 15 en operativos muy focalizados y respondían a eventos muy particulares (…) El cambio de estrategia fue por la reacción internacional y pudo haber contribuido a tener un número menor de muerte pero que no deberían estar ocurriendo», señaló Chacón.

Presencia de colectivos y bandas armadas

La periodista Ronna Rísquez señaló que los dos municipios más violentos de Caracas son Libertador y Sucre y que las parroquias con más casos de homicidios «son las que tenían o que tienen presencia de colectivos y bandas armadas».

De acuerdo con Rísquez, estos grupos «ejercen gobernanza criminal en los sectores donde están» a la par que controlan el territorio y dominan a la población.

«No creemos que sea una cosa casual el hecho de que los sitios donde hay presencia de colectivos y megabandas es donde presentamos la mayor cantidad de homicidios», resaltó.

@ronnarisquez: Colectivos y megabandas: Estos grupos ejercen una gobernanza criminal en los sectores donde están y es muy fuerte. Controlan el territorio y dominan a la población, incluyendo castigos a los habitantes que según ellos, se coman la luz.

— MonitorDeVíctimas (@MonitorVictimas) November 15, 2023

Aumento de femicidios

La socióloga Andrea Chacón señaló que aunque las mujeres no son la mayoría en los porcentajes de las víctimas, cuando se habla de violencia de género, se encuentran «algunas dinámicas interesantes».

Las mujeres víctimas de femicidios, explicó Chacón, mueren en edad productiva, entre los 15 y 39 años y la mayoría de esas muertes «ocurren en sus viviendas y en manos de personas conocidas».

A partir de la llegada de la pandemia y con ello, el confinamiento, según Chacón, «se cometieron mucho menos actividades delictivas».

Sin embargo, lo anterior, «no quiere decir que dejó de haber violencia, por ejemplo, en la casa».

«Cuando revisamos los casos de la violencia de género, hay un aumento de casos», añadió Andrea Chacón.

En cuanto a los victimarios, en general, «son las parejas o personas que están muy relacionadas a las víctimas», señaló la socióloga Andrea Chacón.

@AndreaChaconH: Cuando llegó la pandemia, llegó el confinamiento. Se cometieron mucho menos actividades delictivas. Pero eso no quiere decir que dejó de haber violencia, por ejemplo, en la casa. Cuando revisamos los casos de la violencia de género, hay un aumento de casos.

— MonitorDeVíctimas (@MonitorVictimas) November 14, 2023

Huérfanos de la violencia

Entre 2017 y 2022, Monitor de Víctimas documentó 2.033 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Estas personas dejaron huérfanos, al menos, a 1.520 niños, niñas y adolescentes.

Sobre los huérfanos de la violencia, durante el Twitter Space, Ronna Rísquez explicó que desde la plataforma periodística querían saber cuántos huérfanos había.

«La mayoría de las víctimas están en edad productiva y de tener hijos (…) Nos preguntábamos qué pasa con esos niños que quedan sin padres. Nos hemos dedicado a registrar la cantidad de niños huérfanos que han quedado producto de la violencia», explicó.

Sobre estos niños, niñas y adolescentes, Rísquez señaló que «no reciben ningún tipo de asistencia psicológica ni del Estado» y «en muchos casos han perdido a su madre porque muchas han tenido que emigrar para buscar el sustento».

A su vez, María Irene Barreto indicó que entre las cifras que tiene Monitor de Víctimas, «la cantidad de huérfanos es similar o incluso mayor a la cantidad de muertes registradas».

@barreto_nene: Entre las cifras que tenemos, la cantidad de huérfanos es similar o incluso mayor a la cantidad de muertes registradas (…) Zonas donde hay altas tasas de natalidad y las familias tienen varios hijos (…) Víctimas que han dejado hasta cinco hijos.

— MonitorDeVíctimas (@MonitorVictimas) November 14, 2023

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Luis Eduardo Pérez Moncada, de 23 años de edad, fue atacado con un arma blanca cuando se encontraba compartiendo con unos amigos en el municipio Uribante. El homicida fue capturado y está tras las rejas

@yamilejimenezu 

A Luis Eduardo Pérez Moncada, de 23 años de edad, lo asesinaron de varias puñaladas el pasado viernes 27 de octubre de 2023, en un establecimiento del sector Quebrada Arriba, en el municipio Uribante del estado Táchira. 

En el lugar del suceso se habría producido una riña, según la minuta policial, y en medio de una discusión, la víctima habría sido atacada por un hombre que también estaba tomando licor; sin embargo, esta versión fue desmentida por allegados de Pérez Moncada.

Amigos del agricultor aseguraron que la víctima estaba tranquila cuando, sin razón alguna, fue agredida con un cuchillo por Héctor Rivera Villamizar, de 54 años de edad, quien huyó del lugar. Horas después fue capturado por funcionarios del CICPC.

Pérez Moncada era agricultor, soltero y no tenía hijos. Sus amigos aseguraron que era una persona tranquila y que no tenía problemas con nadie. El homicida también se dedicaba a las labores del campo y lo llamaban Héctor “el loco”, pues, al parecer, tenía problemas de conducta.

Luis Eduardo Pérez Moncada sufrió heridas en varias partes del cuerpo y fue  llevado al centro asistencial más cercano, ubicado en la localidad de Pregonero, donde ingresó sin signos vitales. Luego fue trasladado a la morgue del Hospital Central de San Cristóbal.

A las 24 horas del hecho, efectivos del CICPC detuvieron al autor de este crimen, quien permanece tras las rejas. En el reporte policial aparece la riña como móvil del suceso, pero allegados a la víctima, que estaban presentes en la morgue, aclararon que no hubo pelea en el lugar donde ocurrió el homicidio.

puñaladas

Eliander Alejandro Torres González, conocido en La Sábila como “Alejandrito”, murió, presuntamente, luego de enfrentarse con una comisión de la División Contra la Delincuencia Organizada, adscrita a la Policía Nacional Bolivariana (DCDO-PNB), al norte de Barquisimeto

@anderpinap

Como Eliander Alejandro Torres González quedó identificado el hombre que murió el miércoles 25 de octubre de 2023, en un presunto enfrentamiento con la División Contra la Delincuencia Organizada, adscrita a la Policía Nacional Bolivariana (DCDO-PNB), en el urbanismo La Sábila, perteneciente a la parroquia Tamaca de la capital del estado Lara. Este es un complejo habitacional ubicado a 35 minutos de la ciudad de Barquisimeto.

Eliander Torres, también conocido como “Alejandrito”, según fuentes policiales, se enfrentó con los funcionarios, luego de notar su presencia. Supuestamente, la policía se había trasladado hasta esta zona de la ciudad, tras recibir varias denuncias, de un grupo de personas que tenía en zozobra a las comunidades vecinas. 

En medio del intercambio de disparos, Torres González recibió un impacto de bala a la altura del pecho, que terminó cobrándole la vida, minutos antes de llegar al ambulatorio de Tamaca, en el que se reportó su ingreso sin signos vitales. 

En el lugar del enfrentamiento quedó un arma de fuego, tipo revólver calibre 38. Al sitio llegó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para colectar evidencias. El cuerpo de Eliander fue llevado a la morgue del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp), de Barquisimeto. 

No se conoció cuáles eran los delitos a los que se acusaba a Eliander Torres. Trascendió que poseía registros policiales, pero el equipo reporteril de Monitor de Víctimas no pudo corroborar esta información. 

Con la muerte de Torres González, hasta el 10 de octubre de 2023, ya son 13 las personas fallecidas en manos de organismos policiales en el estado Lara, que comparado con la base de datos de Monitor de Víctimas, de 2022, resulta casi el doble de víctimas de funcionarios policiales en todo el año pasado.   

presunto enfrentamiento

El nuevo informe de la plataforma periodística que recoge estadísticas e historias de los homicidios que ocurren en Caracas, Lara, Táchira, Sucre y Zulia, presenta hipótesis analíticas sobre la transformación de las violencias que se han experimentado en los últimos años en el país

Además, pone la lupa sobre las ejecuciones extrajudiciales, el aumento de los feminicidios, las muertes por balas perdidas y las móviles que, porcentualmente, han cobrado mayor cantidad de víctimas con el paso de los años

@loremelendez

Ejecuciones extrajudiciales como constante. Hombres jóvenes que mueren baleados. Mujeres asesinadas dentro de sus hogares. Estos y otros hechos han sido expuestos por Monitor de Víctimas, que conmemora sus primeros cinco años con la publicación de un informe especial que analiza los datos recolectados por la plataforma entre mayo de 2017 y diciembre de 2022.

A lo largo de este lustro, Monitor de Víctimas se ha convertido en un punto de encuentro para las voces silenciadas, un espacio donde los datos se convierten en instrumentos de visibilidad y exigencia de justicia. 

A través de las estadísticas recopiladas, en el documento se establece el panorama general de las violencias en Caracas entre 2017 y 2022, se explora su dinámica territorial, se profundiza sobre los móviles más frecuentes y en crecimiento, y se presentan hipótesis analíticas sobre la transformación de las violencia que se han experimentado en los últimos años en Venezuela. 

Uno de los hallazgos que arroja la data de Monitor de Víctimas es que en 2018, 2019, 2020 y 2021, durante los meses en los que la cifra de homicidios superaba el promedio, también había mayor cantidad de operativos policiales y/o militares en distintos sectores de la ciudad, cuyos móviles fueron registrados como “ejecuciones” o “resistencia a la autoridad”. 

A lo largo del período estudiado, 22% de los casos fueron clasificados como ejecución, 19% se registró en la categoría “por determinar”, 17% a causa de robo y 15% por “resistencia a la autoridad». Si se juntan las dos categorías que implican violencia policial o acción de los cuerpos de seguridad del Estado, entonces la fuerza pública fue responsable de 37% de los homicidios ocurridos en Caracas.

La mayor parte de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales –1.171 de 1.182 – son hombres jóvenes. El intervalo de edad más afectado por este móvil va de 20 a 25 años.

Pese a que el informe destaca que la frecuencia de las muertes calificadas como “resistencia a la autoridad” ha disminuido en el tiempo (aunque aún se mantiene de forma significativa), se han incrementado aquellas asociadas a “violencia de género” y “riña o pelea”.  

El informe, además, identificó que de las más de 700 comunidades identificadas como escenarios de las violencias en Caracas, hay 26 en las que se concentraron más homicidios. 

El año 2017 fue especialmente mortal para el Barrio San Blas (Petare, municipio Sucre de Miranda), Misión Vivienda en Fuerte Tiuna y San Agustín (municipio Libertador del Distrito Capital); en 2018, se destacó Maca (Petare, municipio Sucre de Miranda), Los Jardines del Valle y Las Adjuntas (municipio Libertador del Distrito Capital); para 2019 destacaron la carretera Petare-Santa Lucía (Petare, municipio Sucre de Miranda) y El Paraíso (municipio Libertador del Distrito Capital); d) en 2020, destacó Santa Cruz del Este, José Félix Ribas (Petare, municipio Sucre de Miranda) y Coche; e) para el año 2021 llama la atención el Barrio El Carpintero (Petare, municipio Sucre de Miranda), Cota 905 y El Guarataro (municipio Libertador del Distrito Capital); y, f) resaltan Filas de Mariche (municipio Sucre de Miranda), Barrio José Félix Ribas (Petare, municipio Sucre) y Coche para 2022. 

Mujeres en la mira

A pesar de que 93% de las víctimas registradas son hombres, llama la atención que las muertes de mujeres han aumentado poco a poco: de representar el 5% del total de muertes en 2018 a ser el 8% en 2022. Aunque estadísticamente pudiera parecer un dato menor, el hecho contrasta con la disminución constante de los homicidios desde 2019. 

De acuerdo con Monitor de Víctimas, la mayoría de las mujeres muere por violencia de género (28%). Otras causas de muerte son robo (18%), bala perdida (10%), riña o pelea (10%), ejecuciones (3%) y otras (3%). El 19% de los casos fue registrado bajo la categoría “por deteminar” y 11% se encuentra sin información de la causa. 

Para ponderar la magnitud de estas muertes, se pueden ubicar estos datos en el contexto de la región latinoamericana. La tasa de mujeres asesinadas en Caracas es de 2,6 muertes por cien mil habitantes, mayor que la de Bogotá (2,2) y Ciudad de México (1,5), ciudades donde la violencia de género ha cobrado visibilidad y produce amplia movilización. 

Otro dato que genera alarma es el aumento de muerte de niñas y adolescentes. En 2020, durante la pandemia de COVID19, se incrementaron al igual que las de mujeres 26 a 30 años. Las causas de estas, según la data de Monitor de Víctimas, fueron violencia de género, riña o pelea, robo, y abuso o maltrato infantil. 

El lugar de ocurrencia de las muertes de mujeres también es diferente al de los hombres. “En general, entre 2017 y 2022, 70% de los homicidios ocurrieron en la vía pública y 23% en las viviendas; sin embargo, esta dinámica está influenciada por el género de la víctima, ya que, en el caso de las mujeres, el porcentaje de muertes ocurridas en el hogar aumentó hasta llegar a representar el 60% de los casos en 2022”, dice el informe.

Balas (NO TAN) perdidas en Caracas

El informe de Monitor de Víctimas también señala que, entre 2017 y 2022, hubo al menos 173 casos de muertes por balas perdidas en el Área Metropolitana de Caracas, lo que representa un 4% del total de casos. Al observar año a año las cifras, 2021 muestra el mayor porcentaje de muertes del período con un 8%. Las parroquias en donde se localizaron estos homicidios Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda; y Sucre, La Vega, El Valle y El Paraíso, en el municipio Libertador del Distrito Capital. 46% de los afectados fueron personas entre 15 y 29 años y 81% fueron hombres.

“La comercialización y circulación de armas y municiones implican un riesgo latente que debería ser controlado y regulado desde el Estado. Las balas perdidas pueden alcanzar a cualquier persona, pero como tiende a ocurrir con las víctimas de la violencia armada, aquellos que son más vulnerables a sufrir una lesión o muerte por disparos, son personas que también son víctimas de factores estructurales como la desigualdad y la exclusión. Las lesiones y muertes por balas terminan profundizando las vulnerabilidades”, señala el documento. 

Desde 2017, Monitor de Víctimas comenzó a monitorear la violencia homicida en el Área Metropolitana de Caracas. A partir de ahí, se han añadido otros cuatro estados a nuestros registros: Lara (2020), Táchira (2021), Sucre (2022) y Zulia (2022). De esta forma, entre mayo de 2017 y diciembre de 2022, la plataforma ha logrado registrar un total de 5.556 muertes violentas en las entidades ya mencionadas. De estas, 2.061 (37%) han sido asesinatos por letalidad policial, el móvil de mayor frecuencia.

Abraham Gómez y Adonis Gómez, supuestamente, se enfrentaron a comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana en la zona 5 del barrio José Félix Ribas. Los familiares no ofrecieron declaraciones a la prensa. Entre enero y agosto de este 2023, se han registrado 66 muertos en Petare

@jheilyn_cermeno 

Dos hombres, presuntamente, implicados en el asesinato de un Sargento Primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) murieron en un supuesto enfrentamiento, en horas de la tarde del martes 10 de octubre 2023, en la parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

Los fallecidos quedaron identificados como Abraham Gómez y Adonis Gómez.

El  miércoles 11 de octubre de 2023, familiares realizaron los trámites para retirar los cuerpos en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Se negaron a dar declaraciones a la prensa.

Fuentes policiales aseguraron que Abraham y Adonis serían integrantes de la banda «Los Pitufos»,  a quiénes señalan como los responsables de la muerte del sargento primero Rosman Jhosmer Alfonso Ron Medida (26), el pasado domingo 8 de octubre 2023, durante un dispositivo de seguridad en el barrio José Félix Ribas, zona 5, sector La Cañada. 

El militar llegó muerto al Hospital Ana Francisca Pérez de León I con un tiro en el intercostal derecho sin salida y otra herida en la cabeza. En este mismo hecho quedó herido, el segundo comandante mayor Williams Alfredo Peña Landaeta (35), quien presentó una herida abierta en la cabeza. Ambos funcionarios estaban adscritos al Destacamento 432 de poderes públicos (Asamblea Nacional).

De acuerdo con fuentes castrenses, Abraham y Adonis se toparon con efectivos que habían tomado el sitio tras la emboscada a dos de sus funcionarios.  Los militares, supuestamente, trataron de abordarlos, pero se generó una persecución en la que sacaron un fusil y una pistola con la dispararon a los uniformados. En el intercambio de disparos, los dos hombres resultaron heridos de gravedad. 

En el sitio se incautaron, por lo  menos, 60 cartuchos de diferentes calibres. 

66 muertes en Petare 

Según cifras recopiladas por Monitor de Víctimas, la parroquia Petare del municipio Sucre en el estado Miranda, acumula 66 muertes de enero a agosto de 2023. 

De este total, por lo menos, 14 víctimas son del barrio José Félix Ribas.  Siete de los casos son por resistencia a la autoridad. 

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@miconvive

El pasado miércoles 20 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (Fact Finding Mission, en inglés) sobre Venezuela publicó su 4.° informe sobre los descubrimientos del último año, titulado “El aparato estatal, sus mecanismos de represión y las restricciones al espacio cívico y democrático” (para acceder a todos sus informes puede dirigirse a esta página). Estas son misiones de la Organización de las Naciones Unidas enviadas a áreas conflictivas con la finalidad de recabar evidencia e información con respecto a un conflicto o situación particular.

En septiembre del año 2019 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión de Determinación de Hechos (FFM, siglas en inglés) en Venezuela con el objetivo investigar supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por el Estado Venezolano desde el año 2014. Si bien la misma tenía un plazo inicial de un año, ha sido extendida en tres ocasiones por encontrar motivos razonables para creer que algunos de los hechos documentados constituían crímenes de lesa humanidad. Además, después de 4 años, el gobierno nacional no permite la entrada de oficiales de la misión, por lo que las investigaciones son llevadas a cabo a distancia.

Entonces, ¿qué dice este nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el país?

Monitor de Víctimas fue referenciado 13 veces en el informe como medio para sustentar, comparar y visibilizar denuncias de violaciones de derechos humanos. El mismo, que estudia el periodo específico entre enero del 2020 y agosto del 2023, establece que la misión tiene motivos razonables para creer (estándar de prueba utilizado para sus investigaciones -o, en castellano- el criterio por el que la misión da por probado o no un hecho) que el Estado Venezolano:

• Es responsable de al menos 53 privaciones arbitrarias de la vida, que se refiere a “un acto u omisión deliberados o previsibles y evitables, destinados a infligir daños o lesiones que pongan fin a la vida” de una persona. Esto incluye ejecuciones extrajudiciales en contextos de operativos y protestas, pero también la responsabilidad del poder negar cuidados médicos necesarios a personas detenidas que terminaron falleciendo.
• Estos números, que aparentan estar incompletos, responden a la rigurosa metodología que debe implementar la FFM para la comprobación de los hechos, teniendo que enfocarse en casos específicos para poder llevar a cabo todas las averiguaciones necesarias (lo cual añade más contundencia a los casos comprobados).
• Ha cometido desapariciones forzadas, manteniendo desaparecidos hasta por diez días a personas detenidas, sin informar a sus abogados o familiares e incluso llevándolas a casas clandestinas antes de llevarlos a un centro de reclusión oficial.
• Ha llevado a cabo al menos 58 detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de la oposición, profesores y otras personas que expresaron críticas o reclamos contra el Gobierno, incluidas reivindicaciones laborales. La mayoría de ellas, sin orden de aprehensión, sin orden de allanamiento y, comentan, atribuidas a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
• Ha detenido arbitrariamente a familiares de sospechosos, sin tener evidencia alguna de vinculación con los presuntos hechos, esto como forma de presión y tortura a los detenidos. Estos familiares, en su mayoría, son mujeres.
• Puso en marcha políticas de tortura con miras en “silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno” e incluso de extraer confesiones falsas. Las mismas incluyen: “Golpizas, suspensión por las muñecas o los tobillos; asfixia con bolsas en la cabeza, a veces rociadas con insecticida; exposición a bajas temperaturas y baños fríos; quemaduras con cigarrillos; gas lacrimógeno; privación del sueño, incluida luz constante las 24 horas del día y música a alto volumen; celdas de castigo de espacio reducido que permiten solo estar de pie y aislamiento prolongado”. Esto además de tortura psicológica, como amenazas de hacer daño a familiares. Muchos de estos abusos ocurren en centros de reclusión oficiales, pero también a lo largo de todo el país en casas clandestinas (recomendamos leer Así funcionan las casas clandestinas de la Dgcim en Caracas, de ArmandoInfo).
• Usó las violaciones, la amenaza de violación, los registros invasivos y la desnudez forzada como formas de tortura y humillación contra personas opositoras al Gobierno. Con respecto a la violencia de género, señalan que “las mujeres encarceladas han sido insultadas y etiquetadas como ‘malas madres’, ‘zorras’ o ‘prostitutas»‘. Esta técnica de represión y tortura suele ser mayormente utilizada contra mujeres. Sin embargo, los hombres no han estado exentos de ellas.
• Ha puesto en marcha ataques, amenazas, vigilancia y acoso, descrédito y censura como forma de represión sistemática, ya sea mediante intervenciones directas o mediante acciones de intimidación y vigilancia. Esto mediante el uso de funcionarios del Estado, pero también a través de “colectivos” y grupos civiles adeptos al Gobierno.

Además de señalar todos estos hechos, el informe hace especial mención a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) como una de las estructuras más implicadas en graves violaciones a los derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. De hecho, Monitor de Víctimas ha registrado al menos 891 homicidios cometidos por funcionarios de este cuerpo policial (aunque estima que el número real es significativamente mayor), incluyendo unas 603 supuestas ejecuciones extrajudiciales.

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Luego de la recomendación de la comisión en 2020 de “desmantelar las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dado el alto número de ejecuciones extrajudiciales realizadas por esta fuerza policial desde su creación”, no fue sino hasta julio del año 2022 que el Gobierno supuestamente las disolvió. Sin embargo, tal como hemos denunciado desde Monitor de Víctimas (La DAET: cambio de siglas, igual letalidad) y otras organizaciones de derechos humanos (Provea con ¿Disueltas las FAES?), la comisión establece que esta “disolución” no fue más que una medida disuasoria para despistar a la comunidad internacional, manteniéndose gran parte de su estructura, modus operandi y letalidad en un nuevo cuerpo policial: la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).

En conclusión, el informe establece que las graves violaciones de derechos humanos registradas de forma más reciente (2020-2021) en Venezuela sigue el mismo patrón de ataque sistemático contra la población civil, identificado y calificado como crímenes de lesa humanidad en informes previos.

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Así mismo, comentan que, si bien últimamente el Estado ha sido más selectivo y optado por medidas más “blandas” de represión, esto responde a un intento de anular al escrutinio internacional de las violaciones cometidas en el pasado y al hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos, mostrando capacidad y disposición a recurrir a una línea represiva más dura, contundente y violenta a mera conveniencia.

¿Para qué sirven este tipo de comisiones e informes si son cosas que ya todos sabemos y no pasa nada? En primer lugar, a pesar de que la mayoría de ciudadanos estamos al tanto de este tipo de ataques, la comisión ayuda a que estos sucesos no queden olvidados como anécdotas, sino que puedan quedar establecidos a escala mundial como hechos comprobados con responsables directos e indirectos. Además, si bien la comisión no toma acciones directas, sus informes, testimonios y existencia ayuda a generar costo político sobre las violaciones de derechos humanos y presiona al Estado venezolano a actuar. De esta forma, si bien no ha habido avances significativos en temas de derechos humanos en Venezuela, existen casos particulares en los que, tras ser reseñados por la comisión, se han liberado personas detenidas arbitrariamente o se ha avanzado en la judicialización de funcionarios responsables de muertes.

El asesinato de Sandra Berrío Díaz (49), quien murió de dos disparos en el tórax, fue calificado por la policía como un femicidio, pero versiones extraoficiales afirman que el victimario era esquizofrénico. Vecinos jamás escucharon discusiones previas y desconocían que tuvieran problemas

@jheilyn_cermeno

Sandra Berrío Díaz, de 49 años de edad, fue asesinada con dos impactos de bala a la altura del tórax, el pasado jueves 28 de septiembre de 2023, en el interior de un apartamento en la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre, estado Miranda. #MonitordeVíctimasCaracas

Berrío Díaz fue baleada por su pareja, Omar Benito León Rosario, de 53 años, quién luego de cometer el crimen se disparó en la cabeza. 

Familiares de Sandra relataron que era empleada doméstica y que estaba residenciada en La Castellana, municipio Chacao del estado Miranda. Explicaron que mantenía una relación sentimental con León Rosario, desde hace casi año y medio. 

El día previo a su muerte salió de su trabajo a la vivienda de su pareja, en el piso 2 del edificio Piedra Gris, situado en Los Cortijos de Lourdes. 

Omar León le había llamado a su celular y le pidió verse en el apartamento. Presuntamente, le habría manifestado que no tenía comida, por lo que ella decidió llevarle algunos insumos y alimentos. Desde ese momento, perdió el contacto con sus familiares. 

Según un reporte preliminar extraoficial de la policía, al transcurrir 24 horas de no responder sus mensajes y llamadas, uno de los hijos mayores de Sandra Berrío se preocupó y decidió acudir a la residencia de León Rosario. 

Cuando llegó al pasillo donde se ubica el apartamento, todo estaba cerrado y en silencio, pero al verificar en el estacionamiento que el vehículo de Omar León estaba en su puesto, decidió buscar la ayuda de algunos vecinos y de un cerrajero para ingresar al inmueble. 

Según testimonio de algunos residentes, el victimario se habría disparado poco antes de que el hijo de la víctima y vecinos consiguieron entrar al apartamento. 

El hombre fue auxiliado y llevado hasta la emergencia del Hospital Dr. Domingo Luciani de El Llanito, donde murió poco después. 

Una pareja normal

Vecinos del edificio revelaron que por referencias familiares se enteraron ese día de que el victimario padecía de esquizofrenia. Se desconoce si estaba medicado o si recibía algún tipo de tratamiento. 

Allegados a los fallecidos señalaron que ambos parecían una pareja normal. Jamás llegaron a escuchar discusiones entre ellos. 

Comentaron que Omar León era muy cercano al hijo y al hermano de Sandra Berrío, con quienes se dedicaba a la venta de extintores. 

Vecinos indicaron que desde hacía, al menos, una semana, él había estado actuando de forma inusual, pero que desconocían su condición médica. 

Meses atrás había sostenido una grave pelea con su hija mayor, por lo que a ella se le prohibió la entrada al edificio. 

«Él siempre fue una persona educada, amable y colaboradora con todos. Jamás pensamos que fuera capaz de algo así», expresó una vecina que prefirió resguardar su identidad. 

Contaron que la propiedad es de la madre de Omar León, con quien siempre había vivido. Sin embargo, ella acostumbraba a salir del país y lo visitaba con frecuencia. 

Entre las evidencias colectadas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc)  está un revólver calibre 22. El arma, presuntamente, era del padre del victimario y estaba resguardada en una caja fuerte, dijo una fuente extraoficial. 

9 mujeres asesinadas en 8 meses 

Antes de este homicidio, por lo menos, nueve mujeres fueron asesinadas en la zona metropolitana de Caracas, entre enero y agosto de 2023. De acuerdo con la data recopilada por Monitor de Víctimas, la violencia de género figura como móvil de sus muertes. 

El municipio Libertador encabeza la lista con seis víctimas, seguido de Sucre, con dos y Baruta, con una fallecida. #MonitordeVíctimasCaracas

Jean Carlos Hernández Rosales (29) recibió tres disparos al obstaculizar el ataque armado a Marbelis Morán que le hizo su expareja: un exguardia nacional

@yunetzyrivero

Marbelis Morán y un comerciante identificado como Jean Carlos Hernández Rosales, de 29 años, fueron atacados a tiros por la expareja de la dama, un poco después de las 12:00 pm del viernes 22 de septiembre de 2023, en el interior de una frutería en Bachaquero, en el municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia.

Hernández Rosales intentó parar la arremetida del agresor contra la mujer, pero recibió tres disparos que le causaron la muerte. Ella resultó herida y se mantiene recluida en un centro de salud con pronóstico reservado.

Por este homicidio y femicidio frustrado se señala a Dimas Álvarez, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana del Pueblo.
Algunos testigos del hecho indicaron a fuentes policiales que el atacante rondó varias veces el lugar, en el sector Bicentenario de la Avenida 72 de la parroquia Raúl Cuenca, donde Marbelis Morán tiene un local, justo al lado de la venta de verduras y frutas donde fue atacada.

Precisamente, cuando Marbelis Morán llegó al local de Hernández Rosales, el guardia nacional entró y, sin mediar palabras, sacó de un koala un arma de fuego y empezó a dispararle a la mujer. El comerciante trató de quitarle el arma pero en medio de la pelea también fue impactado por varios disparos y cayó sin vida a los pocos minutos.

Delante de sus hijos

Marbelis se encontraba en el sitio con sus tres hijos: tres jóvenes de 16, 15 y uno de 12, quien es hijo del homicida.

El joven de 16 años fue quien, finalmente, en medio de un forcejeo con quien fue su padrastro, logró hacer que soltara el arma, para que su hermana de 15 años sacara a su madre del sitio. Vecinos la trasladaron en una moto hasta el Hospital Darío Suárez Ocando.

Ante la gravedad de sus heridas, tuvo que ser trasladada al Hospital Pedro García Clara, en Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas, donde se encuentra estable, pero con pronóstico reservado.

Orden de alejamiento

Se conoció que el funcionario de la Guardia Nacional del Pueblo tenía una orden de alejamiento, pues mantenía un constante acoso contra Marbelis Morán. No aceptaba el fin de la relación en la que procrearon un hijo.

Dima Álvarez había partido hacia Estados Unidos unos meses atrás, pero no pudo culminar su meta. Nunca logró ingresar al país del Norte.

Los rumores sobre que la víctima presuntamente mantenía una relación con la dama, al parecer, fue el detonante de la ira del hombre que es buscado activamente por los cuerpos de seguridad.

Durante el mes de agosto, en el estado Zulia, se han registrado cuatro homicidios por violencia de género. Este es el primer incidente en la Costa Oriental del Lago en el mes de septiembre de 2023.

Rafael María Baralt, Maracaibo y Jesús Enrique Lossada son los otros municipios en los que se han totalizado hechos sobre violencia de género.

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