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El Ministerio Público comisionó a la fiscal 32ª de Aragua, Fátima Urdaneta, a fin de que dirija la investigación relacionada con la muerte de los oficiales de la policía regional, Johel Ernesto Muñoz Febres (30) y Dariana Yeruska Franco Chirinos (27), cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados el pasado lunes 22 de febrero, en un terreno baldío situado en el parcelamiento Mamón Macho, sector Palo Negro del municipio Libertador. En este sentido, la fiscal coordina las experticias efectuadas por efectivos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades penales respectivas.

Entre las actuaciones destacan la inspección técnica del sitio del suceso y entrevistas a testigos. La noche del sábado 20 de febrero, la pareja se encontraba en su lugar de residencia ubicada en el sector Las Palmas de Palo Negro, cuando varios sujetos armados irrumpieron en la vivienda y bajo amenaza se los llevaron con rumbo desconocido. En vista de que los familiares de Muñoz Febres y Franco Chirinos no los localizaban, el pasado domingo 21 febrero denunciaron la situación  ante funcionarios del Cicpc.

Tras labores de investigación coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por la policía científica, el día de ayer fueron hallados los cadáveres en avanzado estado de descomposición, desmembrados y con varios impactos de bala, en una zona boscosa ubicada en el parcelamiento Mamón Macho (a tres kilómetros de la residencia de la pareja).

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público acusó a ocho policías del estado Aragua, por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro personas, caso que fue difundido en un video que circuló por las redes sociales y que ocurrió el 05 de agosto en la Zona Industrial San Vicente 2, ubicada en el municipio Girardot de la referida jurisdicción.
A través del espacio radial Justicia y Valores, trasmitido por el Circuito Unión Radio 90.3 FM, Ortega Díaz indicó que los fiscales 34º nacional y 20º de Aragua en materia de Protección de Derechos Fundamentales, Guillermo Tirado y Elías Martínez, respectivamente, solicitaron el enjuiciamiento de los ocho funcionarios.
Puntualizó que en el escrito fue interpuesto ante el Tribunal 4° de Control de Aragua, José Sosa (supervisor jefe), Oswaldo Pérez (supervisor), Euclides Ron (oficial jefe), así como los oficiales agregados Yeldin Curvelo, Luis Santana, Joel Salazar, Wilmer Palencia y Humberto Conoropo fueron acusados por ser presuntos coautores en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos innobles.
Ortega Díaz agregó que también se les acusó por uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible y asociación para delinquir.
Por otra parte, la máxima representante del Ministerio Público dijo que la ecuatoriana Carmen Janeth Briones fue condenada a 6 años y cuatro meses de prisión tras admitir que el 25 de marzo de este año simuló el rapto de su hijo a cambio de dinero.
Al respecto comentó que este caso fue muy sonado y captó la atención de todos los medios de comunicación del país, lo que alarmó a la colectividad ante supuestos plagios de niños y niñas en el área metropolitana de Caracas y otros estados del país.
La máxima representante del Ministerio Público indicó que la extranjera fue condenada por la comisión de los delitos de simulación de secuestro, difusión de información falsa y asociación para delinquir, por lo que el Tribunal 10º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) dictó la referida pena.
La mujer está recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, hasta que un tribunal de ejecución decida respecto al lugar donde cumplirá la condena.
Por otra parte, la Fiscal General informó que fueron acusados Juan Pimentel y Antoni Rodríguez por estar presuntamente vinculados con la muerte del abogado estadounidense John Ralston Pate (70), quien fue hallado sin vida el 09 de agosto de 2015, dentro de una vivienda ubicada en la urbanización Lomas de San Román, municipio Baruta del estado Miranda.
En ese sentido, la fiscal 4° del AMC, Mayira Ramos, acusó a Pimentel por ser presunto coautor en el delito de homicidio calificado con alevosía en ejecución de robo agravado en perjuicio del ciudadano estadounidense, y homicidio calificado con alevosía en ejecución de robo agravado en grado de frustración respecto a la pareja de la persona muerta.
En el caso de Rodríguez, fue acusado por los dos delitos anteriores pero en grado de cooperador inmediato. Ambos están recluidos en los anexos de la Penitenciaría General de Venezuela, en el estado Guárico.