Ministerio Público

Según Saab, fiscales del Ministerio Público se reunieron con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH «para trabajar este tema»

Foto: AP

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea nacional constituyente, reivindicó este jueves, 3 de agosto, la condena de 16 años de prisión contra seis sindicalistas venezolanos.

Durante una rueda de prensa, Saab afirmó que todos los condenados, supuestamente, «pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP)».

«Lo insólito es, y óigase bien, no son líderes sindicales, no pertenecen a un solo sindicato. De hecho, durante el juicio, un solo sindicato salió en defensa de estas personas», acotó.

Asimismo, afirmó que, al momento de ser detenidos, no realizaban «alguna labor vinculada a la lucha sindical».

«Ninguno de ellos son trabajadores activos. No aparecen registrados ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como trabajadores adscritos a alguna empresa pública del Estado venezolano», agregó.

Según Saab, cuando el Ministerio Público inició la investigación, entre las pruebas técnicas que observaron, supuestamente, «estaban las extracciones telefónicas a estos sujetos, donde entre sí se relacionaban para realizar actividades conspirativas».

«Tenían ya un contacto con un militar desertor prófugo en Colombia al momento de ser detenidos. Ninguna de las veces aparecían vinculados, ni siquiera de lejos, a una actividad que pudiera calificarse de lucha sindical», dijo.

Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Emilio Negrín fueron condenados a 16 años de prisión.

«Representantes de la ONU satisfechos»

Según Saab, fiscales del Ministerio Público se reunieron con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH «para trabajar este tema».

«Los representantes de las Naciones Unidas quedaron satisfechos con la explicación donde se aclaraba, en términos contundentes, que estas personas nunca fueron procesadas ni estaban siendo investigadas por ser, supuestamente, líderes sindicales que estaban luchando por mejoras salariales, sino más bien estaban siendo juzgados por realizar actos conspirativos contra el Estado», aseguró.

Fiscal Tarek William Saab sobre el caso de los 6 sindicalistas condenados a 16 años: No son líderes sindicales, ni están activos en el IVSS, no fueron procesados por solicitar mejoras salariales, estaban siendo juzgado por realizar actos conspirativos en contra del Estado pic.twitter.com/aNHBjtbjTO

— AXIOMA.REPORT (@AxiomaReport) August 3, 2023

ÚLTIMA HORA | Tarek William Saab revela que se abordó con la oficina del Alto Comisionado DDHH-ONU, el caso de los seis sindicalistas condenados: "La delegación de la ONU quedó satisfecha con la información que se les brindó" https://t.co/eDmKEZhyAC pic.twitter.com/f5JO5gcKuL

— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 3, 2023

Una sentencia irregular

Después de un año y 28 días de la privación de libertad «preventiva» de seis sindicalistas venezolanos, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas con competencia en terrorismo condenó a 16 años de prisión a Emilio Negrín, a Reynaldo Cortés, a Alcides Bracho, a Alonso Meléndez, a Gabriel Blanco y a Néstor Astudillo por los presuntos cargos de conspiración y asociación para delinquir. 

La prisión arbitraria de los seis detenidos ha sido denunciada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entidades internacionales de derechos humanos que se han pronunciado y llevan el seguimiento de su caso.

ONG denuncian que el tribunal no brindó en ningún momento algún documento a los abogados defensores y que se emitió una sentencia a partir de un informe de contrainteligencia y de redes sociales

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El fiscal Saab explicó que la mayoría de estos hechos se produjeron en Caracas, así como en los estados Carabobo y Miranda y en Zulia 

El fiscal general designado por la constituyente oficialista, Tarek William Saab, informó el 25 de julio que el Ministerio Público (MP) contabilizó 2076 casos de abuso sexual contra niños y adolescentes en el primer semestre de 2023. Esto se traduce en 11,4 casos por día. 

Durante un seminario, el funcionario explicó que la mayoría de estos hechos se produjeron en Caracas, así como en los estados Carabobo y Miranda y en Zulia.

Saab no ofreció más detalles sobre la prevalencia de las edades de las víctimas o la relación de los victimarios con los menores.

Indicó que el año pasado la Fiscalía acusó a 2164 personas por estos delitos, mientras que en la primera mitad de 2023 la cifra llegó a 931, aunque no dio información sobre el número de condenados en ninguno de los dos períodos.

Prevención

Sobre las labores preventivas, recordó que en agosto pasado la institución lanzó la campaña «Pedofilia es crimen», con la que han realizado 1.100 actividades «formativas y de sensibilización en los diferentes estados de Venezuela», en las que han participado 43.207 personas, dice una nota de prensa oficial.

«Con el fin de establecer líneas de acción» y ante «el incremento de casos que han atentado contra la indemnidad sexual» de los menores, se creó una fiscalía nacional especializada en delitos que atenten contra la integridad sexual de niños y adolescentes, prosigue el escrito.

Además, el fiscal subrayó que han completado 1324 actividades contra el acoso escolar en los últimos 10 meses en todo el país, en medio de otra campaña que ha alcanzado a 46.000 estudiantes, docentes, padres, madres y representantes.

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ONG piden fortalecer prevención en casos de abuso sexual contra menores

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) exhortaron en junio al Estado a fortalecer la prevención para evitar casos de abuso sexual contra menores, tras la presentación de un libro sobre la violencia contra la juventud difundida este 8 de junio.

«El Estado debe enfocarse en la prevención, porque nuestro trabajo como sociedad, como Estado, nuestro trabajo de corresponsabilidad con los niños, niñas y adolescentes debe ser prevenir (…) evitar que sucedan porque daña profundamente sus vidas», indicó Angeyeimar Gil, investigadora de Redhnna, en la presentación del libro «Violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela».

Gil sostuvo que la crisis y la «desestructuración en las familias» provocan que haya más casos de abuso sexual, por lo que cree que se debe impulsar la acción del Estado.

«La educación es una base para nosotros, para poder reconstruir cómo entendemos a la sociedad y cómo nos relacionamos en la sociedad los niños, niñas y adolescentes con los adultos. La educación para una sexualidad integral es un pilar obligatorio», apuntó.

Asimismo, dijo que para prevenir la violencia sexual y basada en género se debe fortalecer el sistema de protección, contar con recursos humanos y económicos, con programas y formación constante.

La investigadora señaló que actualmente el sistema de justicia está en «muy malas condiciones» para poder enfrentar todos los casos de violencia, por lo que llamó a los organismos públicos a trabajar de manera colaborativa para evitar la revictimización.

Con información de EFE

¿Cuándo empezó y cómo se inició esta trama de corrupción?, ¿Quién y cómo se asignaron las cargas de crudo a Sunacrip?, son algunas de las preguntas de Transparencia Venezuela

Tras cumplirse dos meses de la «purga madurista», donde funcionarios del gobierno han sido detenidos por hechos de corrupción, la ONG Transparencia Venezuela pide al Ministerio Público responder varias interrogantes.

En una carta que enviaron a Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta ANC, solicitaron tener una reunión con el funcionario para aclarar preguntas como cuál es el monto real del desfalco.

Hasta el 16 de mayo, añade la ONG, el operativo anticorrupción ha originado 61 detenciones y 172 allanamientos realizados por la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC).

A continuación, las 12 preguntas de Transparencia Venezuela al Ministerio Público:

¿Cómo operó el mecanismo de actos de corrupción conocido como la trama PdvsaCripto?, ¿Quiénes aprobaron las operaciones?, ¿Cuál era el objetivo de las operaciones?

¿Cómo funcionaron las operaciones paralelas exprofesas?

¿Quién y cómo se asignaron las cargas de crudo a Sunacrip?

¿Cuál era el rol de cada una de las personas involucradas?

¿Cómo se conectan las acciones de cada trama, señaladas por Usted como del mismo grupo delictivo?

¿Cuándo empezó y cómo se inició esta trama de corrupción?

¿Cuánto es el monto real del desfalco, que las especulaciones apuntan a montos entre 3.000 millones y 20.000 millones de dólares, con el consecuente impacto en la opinión pública?

Entendiendo que se trata de cifras extraordinarias, ¿Por qué no se actuó cuando se puso en riesgo la primera operación, los primeros US$100 mil? ¿Recibió usted alguna alerta del sistema de control fiscal, que se tuvo que llegar a montos tan elevados como los que se mencionan?

¿Qué controles administrativos fallaron? ¿Cuáles debilidades dentro de Pdvsa y la Sunacrip permitieron que estas personas cometieran supuestos actos de corrupción con tan altas sumas de dinero desaparecidas?

¿Dónde están detenidos los 61 involucrados y cuáles son los cargos que se les imputan a cada uno de ellos? ¿Cuál es el estatus actual de la causa?

Luego de todos los allanamientos realizados, ¿Cuáles son los activos identificados vinculados a las tramas? Publique la lista de bienes de presunto origen ilícito que se encuentran bajo la custodia del Estado e indique su estatus legal.

¿Qué acciones se impulsan desde el Ministerio Público venezolano para evitar que estos casos de gran corrupción vuelvan a ocurrir? ¿Qué sistemas de control y rendición de cuentas del Estado está recomendando implementar el Ministerio Público?

Carta al MP de Transparencia Venezuela by Andrea González Parra on Scribd

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A propósito de las declaraciones de Jorge Rodríguez, en las que  condicionó el diálogo en México a la suspensión de la investigación que adelanta la CPI,  el activista de DDHH Marino Alvarado, declaró que dicho proceso “no es negociable”

Familiares de las víctimas de la represión en 2017 entregaron un documento en la Fiscalía, donde exigen investigar las cadenas de mando “de quienes tienen responsabilidades en los asesinatos” ocurridos en las protestas

@Andrea_GP21

A seis años del asesinato del estudiante Juan Pablo Pernalete, ocurrido el 26 de abril del 2017 durante las protestas antigubernamentales, familiares de 19 víctimas de la represión de ese año acudieron al Ministerio Público, en Caracas, para exigir al fiscal general impuesto por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, que se adelanten investigaciones certeras sobre los casos donde murieron hijos y familiares.

De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), desde el 1 de abril al 31 de julio de 2017 se contabilizaron 6.729 manifestaciones y 163 muertos. El Ministerio Público reconoció solo el fallecimiento de 129 personas.

En el encuentro, integrantes de la Alianza de Familiares de Víctimas de Venezuela (ALFAVIC-VZLA) entregaron un documento en la Fiscalía, donde además exigen investigar las cadenas de mando “de quienes tienen responsabilidades en los asesinatos” ocurridos en las protestas.

Asimismo, instaron al Ministerio Público a actuar con la “debida diligencia para que los crímenes perpetrados no queden impunes”, conforme al memorándum de entendimiento firmado en noviembre de 2021 por el gobierno de Nicolás Maduro y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.

José Gregorio Pernalete, padre de Juan Pablo Pernalete, declaró que ese escrito es para pedir al gobierno de Maduro que se “aboque” a llevar adelante esas investigaciones con el fin de que los perpetradores sean juzgados.

“Nosotros somos la voz de toda esa gente en Venezuela que necesita justicia y libertad”, es parte de las declaraciones que se recogen en las inmediaciones de la sede del Ministerio Público en Caracas. pic.twitter.com/iaChyB6mS4

— Runrunes (@RunRunesWeb) April 26, 2023

La investigación de la CPI no es negociable

El pasado lunes, 24 de abril, el gobierno de Nicolás Maduro condicionó el avance del diálogo con la oposición a la suspensión de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en el país.

Al respecto, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento oficialista, comentó que ante cualquier instancia de negociación llevarían cinco puntos  «a los efectos de fomentar el diálogo entre venezolanos y para que el panorama político, social y electoral transcurra dentro de condiciones de normalidad».

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A propósito de esas declaraciones de Rodríguez y la actividad que realizaron los familiares de las víctimas de las protestas del 2017, el activista de DDHH Marino Alvarado, declaró que la investigación de la CPI “no es negociable”.

“La investigación que adelanta el fiscal Khan en la Corte Penal Internacional no es negociable y no hay posibilidad de que esa investigación entre en cualquier proceso de negociación, ya sea el que por iniciativa adelanta el presidente (Gustavo) Petro de Colombia o la mesa de negociación en México”, señaló en entrevista exclusiva ofrecida a Runrun.es.

Alvarado señaló que la CPI es un “órgano totalmente independiente”, el cual tiene el deber de “combatir la impunidad de crímenes que se cometen en el mundo y los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela no deben quedar impunes”.

“Es una falsa ilusión de parte del gobierno de Nicolás Maduro pretender que, mediante el diálogo político se pueda suspender la negociación (…) Esto es lo único que demuestra es que hay una gran preocupación de parte de la cúpula que gobierna en Venezuela (…) Ellos saben que tienen responsabilidad y saben que si se abre un caso por parte de la CPI a algún integrante de esa cúpula que está gobernando va a tener que rendir cuenta ante la Corte Penal Internacional”, añadió.

Absoluta impunidad

Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, recordó que a su hijo lo asesinó un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y lamentó todas las muertes ocurridas en el 2017 en el contexto de protestas contra el gobierno de Maduro.

“Se encuentran en total impunidad la mayoría de los casos (…) El 90% de los casos de nuestros seres queridos se encuentran en absoluta impunidad. No hay justicia, no hay verdad de los hechos que ocurrieron”, declaró Elvira Pernalete ante los medios.

Para la madre del joven, se “pretende ocultar y olvidar” lo ocurrido en el 2017. “Pretenden que los venezolanos y el mundo se olvide”, señaló.

La señora Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, asesinado por fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro el 26 de Abril del 2017 en las cercanías de la Torre Británica, en Altamira, ofrece declaraciones en medio de la protesta, en donde exigen justicia pic.twitter.com/t5CuhBrFcl

— Runrunes (@RunRunesWeb) April 26, 2023

Por su parte, Dexy González, madre de Rubén Dario González Jiménez, asesinado por la GNB en el sector 5 de La Isabelica, estado Carabobo, reclamó que los acusados por la muerte de su hijo fueron absueltos.

“Fuimos a un juicio que duró un año. Absolvieron a los seis guardias. El teniente que asesinó a mi hijo está fugado, nunca se presentó. Hicieron un juicio a ‘silla vacía’ (…) Ni el Ministerio Público ni los tribunales hicieron nada”, declaró González.

En ese sentido, señaló que está a la espera de la sentencia de lo que ocurrió durante el juicio, que inició el año pasado, pero hasta ahora no han obtenido respuesta.

Dexy González, madre de Rubén Dario González Jiménez, asesinado por la Guardia Nacional Bolivariana en el sector 5 de La Isabelica, estado Carabobo, se dirige a los manifestantes: pic.twitter.com/daUOA4xUlE

— Runrunes (@RunRunesWeb) April 26, 2023

“Un caso complicado”

Luis Alejandro Sosa, padre de Manuel Sosa, víctima de la represión del 2017, señaló que el caso de su hijo es “complicado”, pues a los 15 días de su asesinato había un ciudadano imputado por ser el presunto asesino del joven.

“Ese ciudadano tenía una orden de captura a nivel nacional que todavía no se ha hecho efectiva (…) El expediente está casi en los recaudos que se hicieron en el año 2017”, dijo.

Asimismo, señaló que el expediente de Manuel Sosa, asesinado en mayo de 2017 en Cabudare, estado Lara, fue trasladado a Caracas en el año 2018 y desde ese momento, los familiares no han tenido “ninguna información acerca de lo que está sucediendo con el expediente en la Fiscalía 34”.

Luis Alejandro Sosa, padre de Manuel Sosa, quien perdiera la vida en el distribuidor Valle Hondo en Cabudare, estado Lara, ofrece declaraciones: pic.twitter.com/Q0pLk9kUMZ

— Runrunes (@RunRunesWeb) April 26, 2023

El mismo caso de traslado de expediente ocurre con Augusto Puga, asesinado a sus 22 años por funcionarios policiales del estado Bolívar al violar la autonomía universitaria de la Universidad de Oriente (UDO), donde estudiaba medicina.

Desde el estado Bolívar escuchamos a Cesar Puga, padre de Augusto Sergio Puga Velásquez, quien a sus 22 años perdiera la vida el 24 de Mayo del 2017, en las inmediaciones de la Universidad de Oriente, en el momento en el que la GNB violó la autonomía universitaria. pic.twitter.com/bk9plB8YQK

— Runrunes (@RunRunesWeb) April 26, 2023

La ONG hizo un llamado al Ministerio Público para difundir número total de oficiales detenidos

La ONG Control Ciudadano denunció que el régimen venezolano está evitando denunciar corrupción dentro de las fuerzas armadas del país por lo que hizo un llamado al ministerio público de difundir el número total de oficiales aprehendidos.

“Son pocos los detalles claros de la investigación y lista de detenidos más allá de confirmar algunos nombres de los capturados y comentarios generales realizados por William Saab, en las ruedas de prensa de estos días en referencia a estos casos” destacan.

Además, hicieron referencia a declaraciones por parte del ministro de defensa, Vladimir Padrino Lopez, cuando el 21 de marzo dijo que oficiales presuntamente incursos en ilícitos de corrupción son investigados por el Ministerio Público.

“Lamentablemente, en tales hechos también figuran algunos profesionales militares que cumplían comisión de servicio en la administración pública nacional, específicamente en PDVSA, quienes han violentado el ordenamiento jurídico, así como las tradiciones y principios éticos que caracterizan a la institución armada, lo que merece el más categórico rechazo”, dijo Padrino.

El hermetismo dentro de esta situación ha sido uno de los aspectos más denunciados por parte de los venezolanos, mientras que el régimen asegura que se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes para estos casos.

Tarek William Saab anunció la detención de dos directivos de la industria petrolera identificados como Jackeline Perico y José Lima

Con información de EFE

El fiscal general impuesto por la extinta ANC, Tarek William Saab, informó que 42 personas han sido detenidas por su presunta vinculación en una trama de corrupción denunciada el gabinete del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desde el inicio de la #PurgaMadurista, que inició a mediados del mes de marzo del 2023.

Las autoridades venezolanas presumen arrestaron entre el viernes 31 de marzo y  primero de abril a 15 personas.

«A la fecha el Ministerio Público (MP, Fiscalía) logró -junto a los órganos auxiliares- la detención de 42 sujetos vinculados a las diversas tramas de corrupción que buscaron desfalcar (en su inmoralidad delictiva) a la economía nacional, dañando a la comunidad en general», señaló Saab en su cuenta de Twitter.

El fiscal no ofreció detalles sobre la identidad de los detenidos o qué cargos ejercen dentro de las instituciones del Estado.

De la lista de nombres implicados que ha salido al público, ocho están relacionados a la esfera militar. El 31 de marzo, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, aseguró que la lista de detenidos por corrupción era de 27 personas.

#JUSTICIA… a la fecha el @MinpublicoVEN logró -junto a los órganos auxiliares- la #DETENCIÓN de 42 sujetos #vinculados a las diversas tramas de #Corrupción q buscaron #desfalcar ( en su inmoralidad delictiva) a la #economía nacional dañando a la
comunidad en general #MaximaPena.

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 2, 2023

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Dos nuevos detenidos en la #PurgaMadurista

Ese mismo día, Saab anunció la detención de dos directivos de la industria petrolera, identificados como Jackeline Perico y José Lima, «adscritos a la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco», una extensa zona que alberga las mayores reservas probadas de crudo.

Ambos funcionarios «serán imputados por hechos de corrupción, en donde aparecen como participantes de la trama» desarrollada en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y en la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip).

Por otra parte, informó que se investigarán los «graves hechos» de corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), un día después de que la Policía Anticorrupción solicitara al ente fiscal procesar judicialmente a un «conjunto de funcionarios» de este conglomerado de empresas públicas de recursos mineros, forestales y eléctricos, entre otros, ubicado en el estado Bolívar (sur).

EL @MinpublicoVEN informa la designación de los #fiscales 50, 67 y 73 Nacionales con Competencia Plena, para #INVESTIGAR los graves hechos ocurridos en la #CVG:
El Ministerio Público #Ratifica su #compromiso pro de la lucha implacable contra la Corrupción #JUSTICIA.

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) March 31, 2023

Enjuiciados indeterminados

El pasado 17 de marzo, la Policía Anticorrupción emitió un primer comunicado en el que solicitó la judicialización de un número indeterminado de ciudadanos que «ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales».

Posteriormente, la Fiscalía confirmó que un diputado, el jefe del ente público de criptoactivos, un alcalde, cinco trabajadores de una vicepresidencia de Pdvsa liderada por Antonio Pérez -también detenido-, dos empleados de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados y tres jueces están entre los implicados en las tramas de corrupción y serán juzgados.

También integran el grupo de aprehendidos 11 empresarios que, según el fiscal, están asociados a operaciones de legitimación de capitales, procedentes de estas operaciones ilícitas en el sector petrolero y de criptoactivos.

Aseguran que estos son maltratados física y verbalmente 

Un grupo de familiares de los detenidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en San Carlos, se apostaron en las afueras de la sede del Ministerio Público, este sábado 25 de marzo, para exigir a los fiscales que investiguen los abusos cometidos por los funcionarios en contra de sus parientes. 

Los familiares indicaron que el viernes se dirigieron al Ministerio Público, para denunciar que sus parientes fueron maltratados física y verbalmente el pasado jueves 23 de marzo. Señalaron que fueron atendidos y que los fiscales se comprometieron a visitar el lugar con una comisión designada para esto. 

Aseguraron que hasta el momento ningún funcionario de la fiscalía se ha presentado en el Cicpc. 

“No estamos dispuestos a que nuestros familiares sigan siendo maltratados y que no se haga nada al respecto. “Ellos no tienen cómo defenderse, pero para eso estamos nosotros. Es inhumano la forma en que los tienen en el Cicpc y de ser posible solicitamos el traslado. Solicitamos que cesen los maltratos y que se atienda nuestra denuncia”, dijo una de las familiares. 

Igualmente, exhortaron a la Defensoría del Pueblo a verificar lo que acontece en las una del Cicpc en Cojedes. 

La caraqueña Katherine Nayartih Haringhton Padrón, egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) como abogado en el año 1997, ha ejercido numerosos cargos dentro del Ministerio Público durante el chavismo.

Es especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales y Criminológicas y ha dedicado su experiencia a imputar y acusar a opositores al chavismo.

Pero además, las actuaciones de Harington en lo penal le han valido varias sanciones en el exterior por países como Estados Unidos, Canadá, Suiza y hasta la Unión Europea.

Recientemente fue designada como presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, luego de que este cargo quedara vacante tras la detención de Cristóbal Cornieles, uno de los al menos 19 funcionarios detenidos en los últimos días por presuntos hechos de corrupción en el país.

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