Ministerio de Servicios Penitenciarios archivos - Runrun

Ministerio de Servicios Penitenciarios

A tres años de la masacre de Cepella sigue la impunidad
En la tragedia murieron un total de 49 privados de libertad y otros 76 resultaron heridos

 

Tres años han transcurrido desde que sucedió la masacre del Centro Penitenciario de Los Llanos, mejor conocida como Cepella en Guanare, estado Portuguesa.

En esta tragedia, que ocurrió el 1 de mayo de 2020, perdieron la vida un total de 49 privados de libertad y otros 76 resultaron heridos, durante una protesta porque los directivos del penal le negaban el acceso a la comida.

En ese entonces, debido al alzamiento de los reclusos y su cercanía a las puertas del penal, se ordenó a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a cargo de la custodia externa, disparar contra los privados de libertad.

Las víctimas murieron a consecuencia de disparos de alto calibre, según se pudo constatar a través de una investigación que realizó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), documentada en nuestro informe “Masacre en la cárcel de Guanare”.

Cuando ocurrió la masacre, desde el Ministerio de Servicios Penitenciarios se anunció la investigación de varios funcionarios de la GNB, así como la imputación a los presos que figuraban como pranes de CEPELLA en ese entonces, quienes son señalados por dar la orden de disparar a mansalva.

Durante el mismo mes de mayo del 2020 el penal fue desalojado. Los pranes fueron trasladados a la cárceles que ellos eligieron, y hasta la fecha se desconoce del proceso judicial de esta masacre.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas, así como los sobrevivientes, no han sido llamados a comparecer en un tribunal.

Por el contrario, según informaron al OVP, los presos que fueron trasladados bajo la promesa de regresar pronto, aún siguen padeciendo en penales lejanos al tribunal de su causa.

En ese sentido, los familiares indicaron que muchos se han enfermado porque no tienen acceso a una buena alimentación. Son muchos los que no pueden trasladarse hasta las cárceles por el alto costo del transporte, entre otros gastos asociados.

Sobre el desalojo del penal, Cepella se convirtió en una infraestructura más de las que han sido abandonadas por el Estado.

Iris Valera, en ese entonces ministra del Servicio Penitenciario, realizó una inspección en junio del 2020 e informó a medios de comunicación sobre los arreglos y acondicionamiento del penal.

Asimismo, estimó que en tres meses sería ocupado nuevamente e indicó que estaban en proceso de selección de los presos que ocuparían nuevamente este penal bajo el nuevo régimen penitenciario.

Desde aquella promesa, de las tantas que han hecho y que han quedado en el olvido, han pasado tres años y las reparaciones nunca fueron ejecutadas. Tampoco ha habido justicia ni respuesta para las víctimas.

Traslado de presos de la Dgcim y Sebin fue prorrogado por 30 días
Desde mayo el régimen chavista inició a la transferencia de custodia de los reos de la Dgcim y el Sebin al Ministerio de Servicios Penitenciarios

El traslado de presos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), fue prorrogada por 30 días más.

La información la dio a conocer el abogado Joel García, defensor de los derechos humanos. Detalló que la decisión se publicó en la Gaceta Oficial Nº 42.147 con fecha del viernes 11 de junio.

“Según Gaceta Oficial N° 42.147 de fecha viernes 11/06/2021 y Decreto 4528, se prorroga por un lapso de 30 días el traslado de los presos, que aún se encuentran en la DGCIM y SEBIN a los establecimientos penitenciarios”, publicó en su cuenta de Twitter.

Vale recordar que, desde mediados de mayo, el régimen chavista inició a la transferencia de custodia de los reos de la Dgcim, adscrito al Ministerio de Defensa; y del Sebin, dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia; al Ministerio de Servicios Penitenciarios, lo que implica el traslado a cárceles comunes.

La situación fue alertada y denunciada por defensores de los derechos humanos en el país, así como por los abogados de los presos afectados por la medida, pues este proceso se realizó sin aviso previo y en detrimento de la normativa vigente.

El pasado 11 de junio, la ministra de Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, informó que el proceso de traslado comenzó con un primer grupo, que sería radicado en las regiones Capital y Central, principalmente en las cárceles de Rodeo, Yare y el Complejo Judicial Carabobo; por lo que restaban otros grupos.

Al respecto, la funcionaria chavista destacó que intentaban organizar los traslados de forma que los presos se localizaran en una cárcel cercana al tribunal en el que tienen abiertos sus expedientes.

«Estamos procurando que los reclusos estén cerca del tribunal donde tienen abierto el expediente. Esto con la idea de no retrasar su proceso judicial por razones de traslado, entre otros», explicó.

Con información de TalCual

Nov 22, 2019 | Actualizado hace 4 años
En huelga de hambre se mantienen 40 presos de El Tocuyo
Los privados de libertad están distribuidos en cuatro celdas construidas para cinco personas

 

En la comisaría de la Policía del estado Lara ubicada en El Tocuyo, municipio Morán, 40 presos se mantienen en huelga de hambre. La razón de su protesta quieren comida cruda para ellos prepararla y traslados.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) tuvo conocimiento que,  los 40 presos llevan cuatro días aguantando hambre se habían estado manteniendo con papelón, azúcar y caramelos pero este miércoles 20 de noviembre el comisionado Rafael Jiménez, jefe de ese recinto policial ingresó en compañía de otros funcionarios y los despojó de todo lo que tenían para mantenerse, además de ellos fueron golpeados con rolos, les dieron patadas, pretendiendo así que acabaran con la huelga de hambre. 

Los familiares de los privados de libertad denuncian al OVP que sus seres queridos están ya débiles, solamente tienen agua y llegan a maltratarlos, explican que ellos están pidiendo comida cruda es porque simplemente en esos calabozos de los 40 que están, tan solo cinco son de El Tocuyo, el resto son foráneos es decir provenientes de Barquisimeto. “No tenemos recursos para trasladarnos hasta El Tocuyo son más de 20 mil bolívares que debemos gastar en pasajes diarios más la comida” dijo un familiar que no quiso identificarse al OVP es por ello que los presos piden una cocina eléctrica y que les permitan el pase de comida cruda porque de este modo su familia no se vea obligada a viajar todos los días sino, cada quince días o mensual. 

De la misma forma,  se conoció que los 40 presos están distribuidos en cuatro celdas construidas para cinco personas, es decir, existe hacinamiento crítico; duermen en el piso y todos apretados según lo que han descrito ellos a sus familiares, las necesidades deben hacerlas en bolsas y pueden bañarse cuando llega el agua y no se los permiten siempre. 

Los presos de la comisaría de El Tocuyo piden traslado a centros penitenciarios, sobre todo los 19 penados muchos de los cuales, están por cumplir sus penas y tampoco les otorgan los cómputos de pena. 

Los familiares exigen a la Fiscalía 13 con competencia penitenciaria del estado Lara que, haga acto de presencia en estos calabozos para que constate la situación y se pueda llegar a una solución del conflicto. 

Carolina Girón, directora de OVP recuerda que los calabozos no son recintos carcelarios, son centros donde la persona no deben permanecer más de 48 horas, máximo 72 horas,  pero ha sido la encargada del Ministerio de Servicios Penitenciarios quien ha creado cárceles paralelas, al negar los cupos en los penales, trasladando los problemas carcelarios a las distintos calabozos policiales del país, trayendo como consecuencia hacinamiento, masacres y el incremento de de enfermedades.

Por lo que los encargados del Ministerio de Servicios Penitenciarios al igual que la Gobernación del estado Lara ente que tiene competencia en esta comisaría son los responsables de los hechos que allí se están registrando.

Nov 03, 2019 | Actualizado hace 4 años
Denuncian maltratos a presos extranjeros en La Planta
95% de los privados de libertad en la cárcel de El Paraíso son foráneos 

 

Al menos 200 presos extranjeros están recluidos en Centro de Formación de Hombres Nuevos Simón Bolívar, ubicado en El Paraíso Caracas, donde estaba el anexo femenino de la cárcel conocida como La Planta, la torre está dividida en varios pisos en el tercero y en el cuarto se encuentran los privados de libertad de diferentes nacionalidades.

Los familiares de los detenidos que allí se encuentran que, son un 95 % extranjeros, denunciaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)  que están siendo objetos de maltratos por parte del director del recinto carcelario y los custodios. 

Según lo que relataron a OVP, hace dos semanas se registró una requisa y en medio de esta revisión hubo maltratos verbales por parte de los funcionarios, lo que provocó que, algunos detenidos alzaran sus voces para mostrar su descontento, esto trajo como consecuencia que, un grupo de internos fuera separado del grupo dentro de este se encontraban hasta personas de la tercera y bajo la mirada del director del penal, los custodios que allí estaban golpearon a los presos en varias partes del cuerpo, con sus puños y hasta con cables quedando las marcas en sus cuerpos, como prueba de lo que allí sucedió.

Posterior a los maltratos algunos presos se comunicaron con sus familiares para contar lo sucedido y estos acudieron a la respectivas embajadas, se conoció que la Española y la Ecuatoriana se dirigieron hasta La Planta para velar por la integridad de los ciudadanos que están en ese recinto carcelario, de la misma forma los familiares hicieron conocer a las embajadas que, los extranjeros no cuentan con una buena alimentación, además les han suspendido la visita de sus familiares y apoyos, tampoco les quieren firmar las redenciones a quienes les corresponde, aseguran los informantes al OVP. 

A estos extranjeros también los mantienen como a los venezolanos, la mayoría dando vueltas de penal en penal y lejos de sus tribunales de origen, algunos fueron trasladados del Centro de Reclusión Winnie Mandela ubicado en el estado Zulia, para la Comunidad Penitenciaria Fénix y posteriormente pasados a La Planta, esta rotación constante de los presos de diversas nacionalidades también es muy costoso para los pocos familiares o apoyos que tengan en el país. 

Los presos extranjeros expresaron al OVP que, se sienten solos y con sus derechos totalmente vulnerados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios. 

No es la primera vez que los extranjeros recluidos en La Plantan denuncian sus condiciones pues anteriormente lo han hecho ante el OVP por la falta de comida y por los maltratos que no cesan en este recinto.

Estos hechos al igual que todas las denuncias que maneja OVP fueron  notificada a la Comisión Interamericana de DDHH, al Relator de Personas Detenidas en Las Américas de la CIDH, Sistema Interamericano a la Relatoría de Personas Privadas de Libertad y Relator de Venezuela de la CIDH, al Sistema Universal al Comité Contra la Tortura y otros Tratos Crueles Degradantes e Inhumanos a la Relatoría de Detenciones Arbitrarias.

Estados Unidos apunta a Venezuela en su informe de derechos humanos

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO de Estados Unidos emitió el miércoles su informe anual 2018 sobre Derechos Humanos, en el que apunta a la situación en Venezuela, envuelta en una crisis política sin precedentes.

El informe reconoce que Venezuela es una república constitucional multipartidista, pero advierte que «durante más de una década, el poder político se ha concentrado en un solo partido con un ejecutivo cada vez más autoritario que ejerce un control significativo sobre el poder legislativo, judicial y de los ciudadanos».

EE.UU. ha desconocido el mandato de Nicolás Maduro, que cataloga de «ilegítimo» y respalda firmemente al gobierno encargado que lidera Juan Guaidó desde el pasado 23 de febrero. El informe reitera que el proceso electoral celebrado en mayo de 2018 fue «profundamente defectuoso».

El informe agrega que las violaciones en materia de derechos humanos en Venezuela incluyeron en 2018 «ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos los colectivos (grupos armados patrocinados por el gobierno); tortura por las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y peligrosas para la vida; y (la existencia de) presos políticos».

Además, indica que el gobierno restringió la libertad de expresión y de prensa al bloquear rutinariamente las señales e interferir las operaciones de medios privados de comunicación. Al mismo tiempo, señala que el gobierno en disputa utilizó la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas.

«Otros temas incluyeron restricciones a la participación política en forma de elecciones presidenciales en mayo que no fueron libres ni justas; Corrupción e impunidad generalizadas entre todas las fuerzas de seguridad y en otras oficinas gubernamentales nacionales y estatales, incluso en los niveles más altos; trata de personas; y las peores formas de trabajo infantil, que el gobierno hizo un mínimo esfuerzo para eliminar», dice el informe.

También sostiene que Maduro no tomó medidas efectivas para investigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, agudizando la impunidad en estos casos.

La privación de libertad arbitraria por motivos políticos es señalado en el informe respecto a Venezuela, así como la falta de estadísticas oficiales sobre ejecuciones extrajudiciales reportadas por las organizaciones no gubernamentales.

El informe detalla casos de allanamientos de viviendas de opositores a Maduro. Señala a organismos que responden a las órdenes de Maduro como la Guardia Nacional (GNB), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), la Policía Nacional Venezolana (PNB), el Comando Nacional de Antiextorción y Secuestro y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El informe cita a periodistas de investigación, quienes hacen referencia a la muerte de 147 personas menores de 20 años que habrían sido asesinadas en el área metropolitana de Caracas entre enero y agosto de 2018.

«De esas muertes, 65 fueron cometidas por la policía», explica el informe. «No hubo avances en los casos de manifestantes asesinados en 2017», agrega, en alusión a unas 125 personas que murieron en protestas desde abril hasta julio de 2017.

Según el Ministerio Público, el 65 por ciento de estas personas fueron víctimas de la represión gubernamental.

Sin embargo, el informe del Departamento de Estado dijo que «no hubo informes de desapariciones» que puedan achacarse a las autoridades gubernamentales.

Tortura y tratos crueles

El texto expresa que «pese a que la Constitución prohíbe tales prácticas, hubo informes creíbles de que las fuerzas de seguridad torturaron y abusaron de los detenidos». También dice que «no hubo informes de ningún funcionario del gobierno acusado por la ley».

Tampoco la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos publicó estadísticas sobre las denuncias de tortura por parte de la policía durante el año».

Pero, varias organizaciones no gubernamentales, ONGs, detallaron casos de torturas generalizadas y «tratos crueles, inhumanos y degradantes». También grupos de derechos humanos informaron que el gobierno continuó influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva.

«No se disponía de datos sobre investigaciones, procesamientos o condenas en casos de presuntas torturas. Foro Penal sostuvo que cientos de casos no fueron denunciados a instituciones gubernamentales porque las víctimas temían represalias», dice el informe estadounidense.

También alude a informes de la prensa y las ONGs «sobre las palizas y el trato humillante de los sospechosos durante los arrestos» y dónde estarían involucrados varias agencias policiales y militares.

Entre los tratos crueles se enumeran la negativa a dar atención médica a los detenidos y largos períodos de confinamiento solitario.

«Las ONG también publicaron informes de que las autoridades generalmente maltrataron, abusaron sexualmente y amenazaron con matar a los detenidos», dice el texto.

La directora ejecutiva del Instituto Casla para el Estudio de América Latina, Tamara Suju, y el abogado de derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez denunciaron 357 casos de abuso físico, presunta tortura y violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra presos políticos ante la Corte Penal Internacional. Entre los 357 casos, hubo 190 denuncias de violación o abuso sexual.

Las cifras

El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que había 51.693 reclusos en las 41 prisiones y centros penitenciarios del país y un estimado de 33.000 reclusos en las cárceles de la estación de policía en 2017.

Mientras que la ONGs informaron que los registros de los detenidos no se mantenían correctamente y que a menudo contenían información incompleta.

Según la ONG A Window to Liberty (UVL), la capacidad era de aproximadamente 19.000 presos para los centros penitenciarios y 5.000 para las cárceles de la estación de policía. El hacinamiento fue del 172 por ciento para los penitenciarios y 415 por ciento para las cárceles de las comisarías de policía, aunque la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que en algunas cárceles el hacinamiento osciló entre 800 y 1.200 por ciento.

Había dos prisiones para mujeres, una en el estado Miranda y otra en el estado Zulia. La ley estipula que las mujeres en prisiones mixtas deben ser mantenidas en anexos o en bloques separados para mujeres.

«Una ONG local informó que en la práctica los presos hombres y mujeres se mezclaron. Las fuerzas de seguridad y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a menudo mantenían a los menores junto con los adultos, aunque existían instalaciones separadas», puntualiza el informe.

Arrestos y el papel de la policía

El texto cita a la ONG como Foro Penal, COFAVIC, el Instituto de Prensa y Sociedad, Espacio Público y PROVEA, quienes observaron al menos 2.000 casos abiertos de detenciones arbitrarias.

«La corrupción, la capacitación y el equipo inadecuados de la policía y la financiación insuficiente del gobierno central, especialmente para las fuerzas policiales en los estados y municipios gobernados por funcionarios de la oposición, redujeron la eficacia de las fuerzas de seguridad. Hubo informes continuos de abuso y participación policial en delitos, incluidas detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y el uso excesivo de la fuerza», explica.

«La impunidad siguió siendo un grave problema en las fuerzas de seguridad», afirmó el informe.

Más de mil presos amanecieron sin comida en el Rodeo II

UNA DENUNCIA BASTANTE CONFIABLE  llegó hasta el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y es que más de mil privados de libertad  que permanecen en el Internado Judicial Rodeo II amanecieron sin alimento alguno.

La irregularidad con la falta de alimentos no es nueva, ya vienen padeciendo de esta situación y según la denuncia que hicieron al OVP este 15 de octubre no tenían alimento alguno para ingerir.

Describen que el menú de la semana fue “un poco de repollo, pintado con remolacha y una porción muy reducida de carne, otro día cuadritos pequeños de carne con poca papa sancochada”, con el pasar de los días las porciones se iban reduciendo a “un poquito de pasta con una cucharada de sardina, misma que ligaban con harina para hacer un engrudo y rindiera, arepa sola, un engrudo que creemos se hace con maicena sin más nada, de cena puré de papa solo, y de almuerzo una agua de sopa sin nada”, hasta el punto que ingerían alimentos una vez al día.

Así mismo denuncian que las horas de visita de los familiares a los privados de libertad fueron reducidas a cuatro horas y tres veces al mes, son los únicos días que reciben una mejor alimentación, aunque aseguran que no todos les llega y sumado a ello la situación económica que hace que algunos familiares no puedan acudir o llevar los alimentos las tres veces que toca visita, por lo que no todos los presos tienen el beneficio de que su familia les lleve algo de comer.

Exigen que el Ministerio de Servicios Penitenciarios les de los alimentos como les corresponde: desayuno, almuerzo y cena, pues es su responsabilidad, aunque aseguran que es todo lo contrario los están matando de hambre.

En las denuncias realizadas a OVP también hacen referencia a la situación del agua, tan solo los dejan llevar consigo 5 litros de agua, la misma la deben usar para tomar, para bañarse, para lavar su vestimenta y los envases de comida, pero estos cinco litros los deben administrar por seis días, pues es una vez a la semana que tienen acceso a esa cantidad del vital líquido.

Entre las irregularidades explican que la alimentación, ni el agua, son distribuidas como deben, pero si se lucran con el negocio de pasar pastillas de Rivotril, dicho uso dentro del penal ha generado violencia entre los reclusos.

OVP ve con gran preocupación la situación del Rodeo II. Tan solo la falta de alimentación y del agua, demuestra como el Ministerio de Servicios Penitenciarios vulnera el principio de ese derecho humano.

Humberto Prado, coordinador de OVP indicó que el Rodeo II para el mes de diciembre del 2017, tenía una población de 1.121 reclusos misma que supera al doble su capacidad, recordó que dicho centro penitenciario se encuentra bajo Medidas Provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desde el 8 de febrero del 2008, por lo tanto, desde OVP se va a informar a la corte sobre la situación actual y al relator Joel Hernández, que no es propia de este recinto, sino de la mayoría de los recintos del país y que son responsabilidad del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

OVP: Violan los derechos humanos a los presos extranjeros del sistema penitenciario en Venezuela

UNA CONSTANTE VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS denunciaron los presos de nacional extranjera en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “Simón Bolívar”, mejor conocido como el antiguo anexo de La Planta en Caracas, reinaugurado el año pasado para albergar a los presos originarios de otros países. 

En una carta dirigida a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los presos extranjeros denunciaron el incumplimiento de las Reglas Mínimas para el Tratamiento al Recluso, instrumento internacional de las Naciones Unidas (ONU), también conocidas como Reglas Mandela.

En su comunicado, los presos manifestaron sentirse discriminados, y aseguraron que en muchos casos son obligados a profesar una religión o ideología política distinta a la que profesaban en sus países de origen. Cabe destacar que esta situación se repite en todos los penales que controla el Ministerio de Servicios Penitenciarios, al mando de Iris Varela, pues el OVP ha recibido un sinfín de denuncias sobre que los presos son obligados a practicar Orden Cerrado con consignas alusivas al Gobierno nacional. 

De igual manera, aseguraron que la educación que reciben dentro del penal, o quizás algún trabajo que puedan ejecutar, no son adecuados para garantizar su reinserción en la sociedad, así como tampoco reciben un tratamiento individualizado de acuerdo a sus necesidades y experiencias.

Los reclusos también manifestaron que dentro de este penal no hay categorías que valgan, los privados de libertad por delitos menores son tratados igual o peor que los de alta peligrosidad, pues en algunos casos éstos últimos tienen todos los beneficios que el dinero puede comprar. 

Las condiciones de hacinamiento son iguales a las del resto de los penales, pues los presos aseguran que las celdas no tienen ventilación, así como tampoco tienen las condiciones adecuadas para su rutina de higiene personal. Incluso, aseguraron que las instalaciones de las duchas no fueron terminadas y casi nunca hay agua, lo que también interfiere con la limpieza del resto de los espacios. 

En una muestra de lo que ellos consideran discriminación y segregación, los reclusos relataron que en varias oportunidades han salido uniformados para realizar labores de limpieza en las áreas exteriores, por lo que además se han sentido humillados al ser señalados e incluso insultados por las personas que transitan por el lugar. En cuanto a dichos uniformes, agregaron que no tienen suficiente cantidad y en las condiciones en que sobreviven se les hace muy difícil mantener esta ropa limpia.

Las almohadas y los colchones que les suministraron son de la peor calidad, el agua potable que les dan es de dudosa procedencia (incluso la filtran antes de beberla), la enfermería no tiene medicamentos para atender a un enfermo de VIH y otros varios con tuberculosis, por lo que los presos temen una epidemia letal dentro del penal.  Tampoco hay un transporte adecuado para trasladar a enfermos o heridos en caso de emergencia.

Asimismo, denunciaron que las requisas son ejecutadas en un ambiente de hostilidad, donde abundan los malos tratos y la arbitrariedad. En cuanto al contacto con sus familiares, los presos solo tienen derecho a una llamada de cinco minutos, una vez a la semana; además de que no tienen permiso para visitas familiares o conyugal, ni envío de correspondencia. 

Según los denunciantes, tampoco reciben orientación psicológica para ayudarlos en su reinserción a la sociedad. “Nos sentimos vil y salvajemente pisoteados por un Gobierno que practica la mentira y la hipocresía. Un Gobierno que proclama su sistema penitenciario como humanitario, cuando realmente es inhumano al quitarnos todo contacto con el mundo externo, con nuestras familias. Este es un sistema que, en vez de crear al hombre nuevo, solo está creando monstruos llenos de resentimiento e impotencia”, sentenciaron los presos en su comunicado. 

Añadieron que “si antes nos sentíamos mal por estar privados de libertad, ahora ya hemos perdido hasta nuestra dignidad como seres humanos. Hemos sido sometidos al abandono y la desidia, tanto así que muchos han pensado en suicidarse, incluso hemos notado el comportamiento extraño de los que están aislados desde hace más de un mes. Hasta los animales tiene derecho a servisitados en sus jaulas ¿Por qué nosotros no?», puntualizaron. 

Al respecto, Prado enfatizó que “el Gobierno venezolano trata muy mal a los presos extranjeros, irrespetando al ser humano y arrancándole sus derechos. El problema no es la cantidad de presos, el verdadero problema es tener unas autoridades que no asumen sus errores, o su falta de capacidad para atender las necesidades del sistema penitenciario, y se niegan a escuchar las recomendaciones de expertos, como efectivamente lo ha hecho con el OVP. Están acostumbradas al maltrato y creen que tratar a los internos como seres humanos es un privilegio”. 

Prado enfatizó que al preguntar sobre la identidad del director del anexo, le respondieron que se trataba de Julio César Pérez, quien aparentemente es el mismo que estuvo detenido por la situación irregular que se presentó en noviembre del 2014 en la Cárcel de Uribana, en el cual fallecieron más de 40 presos. Según fuentes extraoficiales, Pérez resultó detenido por el Sebin y permanece privado de libertad en la sede regional del Cicpc; mientras que en las próximas horas sería presentado en el Tribunal Cuarto de Control.

“Informaremos a las embajadas de manera que ellos alcen la voz en contra de esta situación  deplorable, ya que tienen como mandato que deben asistir a sus presos”, puntualizó el director del OVP.

*Con información de nota de prensa

 

EFE Mar 10, 2017 | Actualizado hace 7 años
Hallan tres cadáveres durante pesquisa en la PGV

PGV_1

 

La ministra de Servicios Penitenciarios de Venezuela, Iris Varela, informó hoy que fueron encontrados restos humanos «que parecieran pertenecer a tres personas» enterrados en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), una cárcel ubicada en el centro del país que recientemente fue desalojada.

«Hemos encontrado dos cráneos y restos que parecieran pertenecer a tres personas, es decir, presumimos que hay restos de tres personas», dijo Varela en rueda de prensa al señalar que el ministerio inició unas labores de excavación en la cárcel pues tenía «pistas» de dónde pudiera hacerse este tipo de hallazgo.

La PGV, ubicada en el céntrico estado Guárico, fue desalojada el pasado 28 de octubre atendiendo a un plan de pacificación que impulsa el Estado venezolano y con ese proceso se empezaron a hallar restos humanos en esa cárcel y, según indicaron entonces otros presos de la institución, en el sitio habría varias fosas comunes.

«Nosotros ya teníamos algunas pistas de dónde se podía ubicar alguna información, dónde podía haber restos humanos, pero no habíamos dado con el lugar», explicó la ministra.

Indicó que hay personas angustiadas por la desaparición de sus familiares presos en la PGV, en especial dos madres de internos que se vieron involucrados en un motín que se produjo en la penitenciaría.

«Ya está hoy allá una de las madres angustiadas de una de las personas que no se consiguen, yo misma la llamé anoche a la señora», dijo Varela y agregó: «Una de las cosas que ella personalmente me pidió es que ella quisiera encontrar a su hijo así sean los restos».

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció ayer el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela, tanto cárceles como calabozos estatales y municipales, que albergan aproximadamente a 85.000 personas, y que ha degenerado en el incremento de la violencia.

Los datos de la ONG aseguran que los centros penitenciarios bajo el control del Ejecutivo venezolano tienen una capacidad de 35.562 y la población reclusa es de 54.738.

La información del OVP, sin embargo, no coincide con los datos oficiales del Ministerio Penitenciario que aseguró que en Venezuela existe una población de 54.116 reclusos y una capacidad de ocupación penitenciaria de 82.736.