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Ministerio de Servicio Penitenciario

En la Winnie Mandela apenas tres cucharadas de comida reciben los presos

“Estamos desesperados por comida”, son las palabras de los privados de libertad que se encuentran en el Centro de Formación Hombre Nuevo Winnie Mandela, en el estado Zulia.

Los reclusos le aseguraron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)  que las raciones de comida que reciben son tres cucharadas por persona y esto, como es evidente, no los sustenta.

Este centro penitenciario fue “inaugurado” en el 2018 por el Ministerio de Servicio Penitenciario, pero los presos están ocupando el anexo femenino de la antigua cárcel de Sabaneta que fue desalojada en el año 2013.

Dicho centro penitenciario fue destinado para extranjeros y comenzó con 54 presos de distintas nacionalidades. Actualmente hay 120 reclusos, más de 70 de ellos son colombianos, entre otras nacionalidades y algunos  venezolanos.

Los primeros venezolanos en llegar al Winnie Mandela fueron 64 que trasladaron desde el Retén de Cabimas, cuando se realizó el desalojo  en el 2021. A muchos de ellos les llegó su libertad y son pocos los que permanecen allí, pero son prácticamente quienes ayudan a los extranjeros a comer un poco más, porque son los que reciben visita y paquetería los días sábado.

Además, los presos denuncian que los alimentos sí llegan al penal, pero no llega a la población penal porque presuntamente es regulada desde el economato.

“Nos dan tres cucharadas de frijoles o de arroz, un poquito de una especie de  ensalada con yuca o ñame, una arepa sin relleno o con remolacha rallada, pero la comida es de muy mala calidad”, relataron los presos.

Asimismo, denunciaron que dentro del penal se ha instaurado un negocio con la comida y la paquetería, la cual puede llegar a costar entre 20 y 10 dólares. También se aplica el uno por uno; es decir, si un familiar lleva un kilo de arroz, debe dejarle otro kilo del mismo producto a los custodios.

“Aquí adentro también venden hamburguesas, arepas y panes, y eso lo hacen los custodios, quienes son los que tienen acceso a todo”, declararon los privados de libertad de Winnie Mandela al OVP.

La mala alimentación trae consigo enfermedades y ya en Winnie Mandela son varios los que se han contagiado de tuberculosis, enfermedad que ya cobró una vida en este penal hace unos cuatro meses.

El dólar, la moneda preferida

Los privados de libertad aprovecharon la conversación con el equipo de OVP, para sumar a sus denuncias que por todo lo que necesiten los privados de libertad suelen cobrar en dólares.

Una visita conyugal, que corresponde por ley, tiene un costo de 20 dólares. Para pedir las redenciones también suelen pedir dinero, al igual que las llamadas telefónicas, a las que deberían tener derecho para comunicarse con sus familiares en el exterior, sus abogados o representantes consulares.

El ingreso de un medicamento puede costar hasta 10 dólares y, cuando los familiares entregan un blíster de diez o veinte pastillas, terminan apareciendo solo dos o tres.

En ese sentido, los presos no se atreven a hablar y denunciar antes las autoridades porque son castigados o trasladados al “tigrito”, una celda que utilizan para aislar a los presos.

Protesta en el Marite

Cabe destacar que esta denuncia de Winnie Mandela se une a la protesta que ya protagonizaron los presos del Centro Penitenciario Dr. Francisco Delgado, antiguo retén de El Marite, ubicado también en el estado Zulia, quienes hace una semana secuestraron a funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios para protestar por los malos tratos y la mala alimentación en este centro de detención.

Detienen a directivo de una cárcel por tratos crueles a las reclusas
Supuestamente se emplearon armas de fuego contra cuatro privadas de libertad 

 

Un tribunal de Venezuela ordenó la detención del subdirector de la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el oeste del país, por supuestamente haber incurrido en tratos crueles y uso de arma de fuego contra cuatro privadas de libertad de esa cárcel, informó este martes el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La organización no gubernamental explicó, en una nota de prensa, que tanto el subdirector como otro custodio acusado por los mismos delitos fueron presentados ante un tribunal del estado Lara el pasado fin de semana.

Tras ello, prosigue la ONG, el subdirector quedó bajo arresto domiciliario.

Según la información que maneja la organización, el pasado 24 de julio se produjo una riña entre internas debido a la llegada de una reclusa, por lo que los funcionarios que custodian el recinto ingresaron a los calabozos de modo «violento».

«Las heridas fueron (causadas) con perdigones, pero los disparos fueron a corta distancia, por lo que una de las mujeres presentó una herida abierta en la mano y otra fue enyesada por una herida en la pierna. Asimismo, presentaron lesiones en el abdomen y múltiples golpes», aseguró el OVP en una nota anterior.

Las denuncias realizadas por los familiares de las internas, añade el observatorio, indicaban que fueron funcionarios del Ministerio de Servicio Penitenciario quienes agredieron a las presas, por lo que la organización instó a las autoridades a hacer las averiguaciones del caso

Abogado: Transferir presos políticos a cárceles comunes no borra huellas de tratos crueles
La Dgcim es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

Rafael Narváez, abogado defensor de Derechos Humanos, sentenció este martes, 18 de mayo, que transferir presos políticos a cárceles comunes no «borra huellas de tratos crueles».

A través de su cuenta de Twitter, el abogado se refirió al decreto que ordena a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), transferir la custodia de privados de libertad al Ministerio de Servicio Penitenciario.

«Ordenar al Dgcim y Sebin transferir custodia de privados de libertad al sistema penitenciario, no exonera de responsabilidad ni borran huellas de tratos crueles e inhumanos y degradantes y torturas contra presos políticos y asesinatos como el de Fernando Alban y Acosta Arévalo», dijo el abogado.

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano, advirtió que la medida implica trasladar a los presos políticos a cárceles comunes.

El gobierno de Nicolás Maduro, mediante el Decreto 4.610, publicado en la Gaceta Oficial número 42.125 con fecha del 12 de mayo, ordena a la Dgcim y el Sebin transferir la custodia de los privados de libertad al referido ministerio, en un lapso de 30 a partir de la publicación del decreto.

La Dgcim es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, cuya sede principal se encuentra en Boleíta, municipio Sucre del Estado Miranda.

Ordenan al Sebin y la Dgcim transferir la custodia de privados de libertad al Ministerio de Servicio Penitenciario
La Dgcim y el Sebin deberán efectuar la acción en un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigencia del mismo

El gobierno de Nicolás Maduro ordenó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) transferir la custodia de privados de libertad al Ministerio de Servicio Penitenciario.

Así lo expresa la Gaceta Oficial número 42.125 con fecha del 12 de mayo, mediante el Decreto N° 4.610.

En concreto, se ordena a la Dgcim y al Sebin transferir «el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad».

Asimismo, el Decreto establece que la acción debe llevarse a cabo en un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigencia del mismo.

 

La Dgcim es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, cuya sede principal se encuentra en Boleíta, municipio Sucre del Estado Miranda.

Por su parte, el Sebin es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cuya sede principal está situada en El Helicoide, en Roca Tarpeya entre las parroquia San Pedro y Parroquia San Agustín, municipio Libertador de Caracas.

En cuanto al Ministerio de Servicio Penitenciario, su actual representante es Myrelis Contreras. Anteriormente, y durante varios años, estuvo a cargo de la oficialista Iris Valera.

En otro orden de ideas, la misma Gaceta también se ordena el proceso de Consulta Pública del Proyecto de “Resolución para regular el etiquetado de alimentos manufacturados con alto contenido de azúcar, grasas saturadas y grasas trans”, que en ella se señala.

 

El sufrimiento por un preso se extiende hasta después de su muerte

LOS PRESOS MUEREN EN PENALES VENEZOLANOS y sus familiares son los últimos en enterarse sumado a ello cuando acuden a la morgue para retirar los cadáveres deben esperar días porque la falta de patólogos retrasa la entrega de los cadáveres, así fue el caso de Maikel Antonio Camacho (31) quien fue sacado del Rodeo II y fue entregado a su familia seis días después de su muerte. 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo documentar este caso. Maikel Antonio era un preso que estaba en condición de procesado, tenía dos años privado de su libertad por el delito de homicidio, en principio fue detenido por el CICPC Subdelegación El Llanito allí permaneció cuatro meses posteriormente fue trasladado al Internado Judicial El Rodeo II, cárcel ubicada en Guatire estado Miranda.   El joven tan solo fue sacado a tribunales en dos ocasiones, la falta de transporte para traslado aumentaron el retraso en su proceso judicial y aun cuando casi tenía dos años preso no había tenido una audiencia preliminar. 

Familiares relataron a OVP que Maikel Antonio era huérfanos de padres, sus tías paternas fueron las que se encargaron de su cuidado pero ninguna llevaba su apellido y cuando fue trasladado al penal por no llevar su apellido no podían visitarlo, se las ingeniaron y pudieron verlo al menos cinco veces, pero continuamente le llevaban alimentos y chucherías pero nunca le llegaban lo sabían cuando el joven se lograba comunicar vía telefónica que les decía como estaba, era padre de tres niños, la menor de 9 años de edad y a los que nunca pudo ver cuando estuvo tras las rejas porque en el penal no le permitían visita de sus hijos. 

Desde hace un mes que Maikel Antonio comenzó a presentar fiebre, había rebajado al menos 40 kilos, en vista de ello sus familiares se movilizaron a tribunales para solicitar un traslado a un centro asistencial y la respuesta era que pedían una autorización directa del director del penal para sacarlo. Pasaron las semanas y nada de soluciones, el martes 30 de julio una llamada desde El Rodeo II recibió una de las tías del joven se identificaron como una enfermera del centro penitenciario le informaron que lo iban a trasladar a un centro asistencial pero nunca se llevó a cabo el traslado. 

El jueves 1 de agosto Maikel Antonio fue sacado de su celda y trasladado hasta el Hospital Dr. Domingo Luciani del estado Miranda fue ingresado al área de emergencia y tan solo veinte minutos duró con vida. Ese mismo día su familia acudió al Rodeo II para llevarles medicamentos y nadie le informó nada, fue al siguiente día el viernes 2 a las 6:30 de la mañana cuando supieron que había muerto y se enteraron por terceras personas. 

La familia denuncia al OVP que dejaron morir a Maikel Antonio y fue por falta de atención médica, aseguran que así fuera quitando dinero prestado ellos costeaban los medicamentos para el tratamiento del joven quien estaba padeciendo de hepatitis y no fue tratado para ello. Además que se enteraron tarde de su muerte y no por el Ministerio de Servicio Penitenciario la entrega del cadáver se paralizó por la falta de patólogos que no trabajan los fines de semana y por seis esperaron por la entrega. 

Familiares de todos los detenidos del Rodeo II denuncian que en ese penal “comen comida de perros (bazofia), los están matando de hambre es por eso que se enferman esos muchachos” a la misma vez denuncian al OVP que mensualmente se hacen requisas dentro del recinto carcelario y les botan los uniformes, sabanas y pertenencias personas y es la familia quien debe costear eso. 

Humberto Prado, coordinador general del OVP explica que las violaciones de los derechos humanos en las cárceles venezolanas son continuas y repetitivas es por ello que se le está notificando a la Comisión Interamericana de DDHH, al Relator de Personas detenidas en Las Américas de la CIDH, Sistema Interamericano a la Relatoría de Personas Privadas de Libertad y Relator de Venezuela de CIDH, al Sistema Universal al Comité Contra la Tortura y otros Tratos Crueles Degradantes e Inhumanos a la Relatoría de Detenciones Arbitrarias de la muerte de este joven en El Rodeo II y de las condiciones en las que están los presos en ese recinto carcelario.

En Tocuyito hay 380 reclusos más por encima de la capacidad del penal

EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE PRISIONES advirtió que el centro de reclusión Hombre Nuevo, en Tocuyito, estado Carabobo, de donde esta madrugada se fugaron 17 reclusos y 6 de ellos fueron recapturados, fue construido para albergar 1.170 personas y actualmente hay 1.555.

“Eso quiere decir que hay una sobrepoblación de mas de 380 reclusos”, indicó Humberto Prado, director del OVP.

Agregó que los evadidos tomaron como rehén al custodio, José Montilla, a quien hirieron con arma blanca en la pierna izquierda, y lo desarmaron, a las 2:00 am de hoy. “Esto quiere decir que la fuga se produjo en el tercer turno de guardia que comienza a las 12:00 de la madrugada y concluye 3 horas después”, dijo Prado.

Agregó que a esa hora había un solo custodio de guardia en un penal nuevo donde se supone que debe de haber suficiente personal.

Indicó que tanto la seguridad interna como la externa, que corresponde a la Guardia Nacional Bolivariana, son los responsables, y se preguntó si a esa hora todos los funcionarios de la GNB dormían.

“Quiere decir que los presos vencieron la seguridad interna y la externa. Hubo responsabilidad de dos organismos: el Ministerio de Servicio Penitenciario y la GNB”, dijo.

Prado manifestó que en la construcción de ese penal se invirtieron casi 4 millardos de bolívares. “Quiere decir que fueron mal invertidos porque ahora la ciudadanía está en peligro al tener a 11 presos, por diferentes delitos, en la calle por fuga”, expresó.

“A casi una semana, el jueves pasado, el despacho del Servicio Penitenciario, llevó a la Comisión Técnica de la ONU para mostrarle las maravillas de ese centro y esto lo que demuestra es incapacidad”, señaló.

Agregó que esa ONG ha instado al Ministerio Público y a la Comisión de Asuntos Penitenciarios de la Asamblea Nacional a iniciar una investigación y que a la ministra Iris Varela sea interpelada.

#VIDEO Ministra Iris Varela dio órdenes a los presos antes de matanza de puente ayala

LA MINISTRA DE SERVICIO PENITENCIARIO, Iris Varela, reveló que la madrugada del miércoles 26 de abril ella había ordenado a un grupo de reclusos del internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocido como Puente Ayala, proteger a la población penal y “reducir” a los internos que se habían alzado en busca de un supuesto cambio de gobierno en el recinto. Horas más tarde se registró una reyerta que dejó 15 muertos y decenas de heridos.

Varela narró en el programa de José Vicente Rangel, del domingo 30 de abril de 2017, que ella había recibido una llamada de un grupo de reclusos, con quienes venía sosteniendo conversaciones para lograr implementar en esa cárcel del estado Anzoátegui el nuevo régimen penitenciario.

“Me llaman en horas de la madrugada del día martes pa’ miércoles y me dicen que había una situación violenta. Me llaman los mismos privados de libertad, porque ahí por supuesto no está el régimen y tienen teléfonos celulares con los que uno se comunica con ellos, ¿no?. Y me dicen que había un hecho violento porque intentaron asumir… un grupo de privados de libertad intentó asumir el control del penal. Entonces yo les dije: ‘¿Ustedes quieren la transición?, ¿ustedes quieren el nuevo régimen, verdad? ¿Sí?… Protege, protejan a la población y REDUZCAN al grupo que se alzó, y quiero saber cuál es el motivo y cuáles son sus peticiones…’ ”, explicó Varela con tranquilidad, sentada frente a las cámaras, junto al conductor del programa que transmite Televen.

En su declaración televisada, la ministra Iris Varela realiza tres confesiones comprometedoras e irregulares:

  1. Primero justifica el hecho de que los reclusos tengan teléfonos celulares, lo que constituye una abierta violación a la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, que entró en vigencia hace dos semanas.
  2. En segundo lugar (lo más importante): la ministra confiesa públicamente, y con absoluta frialdad, que ella ordenó a un grupo de presos armados “reducir” a sus compañeros alzados a cambio de ayudarlos a entrar en el nuevo régimen penitenciario. Poco después de la instrucción dada por la ministra, se registró la matanza que dejó 15 reclusos en esa cárcel del estado Anzoátegui.

 

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Aunque Varela no utilizó la palabra “matar”, algunos diccionarios muestran los siguientes sinónimos de “reducir”: Someter, dominar, vencer, disminuir, atemorizar, menguar…

También hay algunas definiciones de reducir:  “Someter u obligar a obedecer a algo o a alguien que ofrece resistencia. Ejem: el ejército redujo al grupo de sublevados; en la cuarta batalla aniquiló a su antagonista…», “Disminuir la fuerza, intensidad, tamaño u otra característica física de una cosa”, “Hacer menor la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa”…

Ante tal diversidad de opciones es difícil saber cómo interpretaron los presos armados de una cárcel venezolana la orden: “reduzcan a los alzados”.

De lo que no hay dudas es de que la ministra sabía que así como los presos tienen celulares, porque en Puente Ayala todavía no hay régimen, también tienen armas de fuego. Las mismas que al parecer utilizaron para cumplir sus instrucciones de reducir a los alzados, pues 12 de las víctimas de la masacre tenían heridas de bala.

  1. Finalmente, la titular del despacho carcelario, sin mover una hebra de su frondosa cabellera, le cuenta a José Vicente Rangel, que ella tiene un video que contiene elementos de interés penal que le enviaron los presos: “Resulta que ellos después -después de la matanza- me hacer llegar un video…”, dice Varela refiriéndose nuevamente a los reclusos con quienes ella mantenía contacto, los mismos que sobrevivieron luego de “reducir” a punta de plomo a 15 de sus compañeros de prisión.  

Varela continúa su explicación a los televidentes y agrega una frase con la que pretende dejar constancia de las virtudes y los cambios logrados con el nuevo régimen penitenciario del chavismo: “…sin embargo, los privados de libertad que están, van a asumir su responsabilidad por el nuevo delito que cometieron, el homicidio que cometieron allí. Eso es una diferencia sustancial de lo que aquí antes pasaba”, dice con absoluta naturalidad y convencimiento, haciendo énfasis en la última frase de 11 palabras. Como si se tratara de asumir la responsabilidad por no llevar la tarea a la escuela o tomar sin permiso el celular del hermano mayor, como si el asesinato de 15 personas y las heridas causadas a otras 30 se redujeran a “asumir responsabilidad”.     

 

Tribunal revocó beneficio de Régimen de Confianza a Wilmito y el pran volvió a Tocorón

WILMER JOSÉ BRIZUELA VERA, pran de la cárcel de Vista Hermosa, sí estuvo en la isla de Margarita en febrero de este año, y sí recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada otorgado por la  ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela.

Runrun.es tuvo acceso a la boleta de notificación emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución del estado Carabobo, en la cual se revoca el beneficio de Régimen de Confianza Tutelada que había otorgado la ministra de Servicio Penitenciario al pran conocido como «Wilmito», el pasado 18 de diciembre de 2016. Luego de esta medida el delincuente tuvo que volver al Centro Penitenciario de Aragua.

Un documento del Circuito Judicial Penal de Carabobo dice, entre otras cosas, lo siguiente: «…Acuerda revocatoria de Régimen de Confianza Tutelado. Ordena librar orden de captura, en la causa que se le sigue a Wilmer José Brizuela Vera… por la comisión del delito de secuestro en grado de coautoría, porte ilícito de arma de fuego, quebrantamiento de condena, lesiones personales intencionales graves, cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir».

beneficio

La decisión del juzgado fue emitida con fecha del 21 de febrero de 2017, cuatro días después de que Brizuela Vera -quien cumplía condena por secuestro y homicidio en Tocorón- fuera herido de bala cuando estaba una playa de la Isla de Margarita, donde pasaba vacaciones con su familia, el 17 de febrero de 2017. Además de anular el beneficio, el tribunal también ordenó la captura de «Wilmito», pues a efectos legales el pran se había fugado debido a que se encontraba en el estado Nueva Esparta, a 580 kilómetros del centro de régimen especial Simón Bolívar de El Paraíso, en Caracas, donde debía permanecer según lo establecido en el beneficio de Régimen de Confianza.

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Aunque, en su momento, no hubo ningún pronunciamiento oficial que confirmara o negara el incidente que involucró a un preso que estaba en una playa en lugar de estar tras las rejas, fuentes del Ministerio de Servicio Penitenciario «filtraron» unas fotografías para desmentir lo publicado por los medios sobre el atentado a «Wilmito» en playa Parguito en Margarita. En las gráfica se veía a Brizuela compartiendo con la orquesta penitenciaria supuestamente, mientras un compañero mostraba un ejemplar del diario Últimas Noticias con la fecha el sábado de 18 de febrero, día en que se conoció la noticia de que «Wilmito» había sido herido.

Luego de aquel suceso playero, se supo que Brizuela debía estar preso y cumpliendo con una sentencia de más de 14 años de prisión, por complicidad en el asesinato de María Gabriela Casado, hermana de la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial Penal de Bolívar, a quien el pran habría mandado a matar. Además se conoció que «Wilmito» también espera un juicio por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos efectivos de la GNB: Lewis Antonio Ruda y Miguel Ibarra Sánchez. Por estás razones, y otras condiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, era ilegal considerar el Régimen de Confianza Tutelada en su caso.

De acuerdo con una fuente extraoficial vinculada al poder judicial, la orden de los tribunales de Carabobo fue acordada el 21 de febrero de 2017 y publicada un día después. Se libró luego de que los medios de comunicación publicaran que «Wilmito» había sido herido en un atentado en playa Parguito, en Margarita.

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