Desde el fin de semana pasado tenía decidido sobre qué iba a escribir la entrega que hoy usted, estimado lector, tiene ante sus ojos. Pero luego, el lunes, el país se fue a la cama con una noticia de tal peso que me obligó a abordarla y dejar el tema previamente seleccionado para otra oportunidad. Cosas de una sociedad convulsionada.
Ese acontecimiento fue, por supuesto, el lanzamiento por el presidente Maduro de la Gran Misión Abastecimiento Seguro, el enésimo plan del Gobierno para revertir la escasez de productos básicos que, según el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, en junio produjo casi tres veces más protestas que en enero. Su solo nombre rimbombante fue una cachetada para los venezolanos hartos de las colas y de tener la nevera vacía, una burla, pues reedita el tenor con el que fueron presentados uno tras otros sus predecesores (desde la agricultura urbana hasta los CLAP), pero sin admitir ni por asomo el fracaso de estos más allá del macabro control social que implican.
No obstante, el meollo de la cuestión que se tratará aquí no es ese, sino la elevación del general Vladimir Padrino López a una suerte de “súper ministerio” a cargo del proyecto, cuyas competencias no son muy visibles por no estar (oh, sorpresa) contemplado en la Constitución. Esta falta de claridad solo fue oscurecida más por la explicación que el propio Maduro hizo al respecto, en la que dijo que todo el gabinete ministerial debía ponerse a las órdenes del uniformado.
Poco después apareció en Gaceta Oficial el decreto creador de la misión. Establece que “los entes descentralizados de la Administración Pública Nacional, con o sin fines empresariales, cuya actividad principal se relacione con el sistema agroproductivo nacional, o con la producción, procura, distribución o transformación de productos de los sectores alimentación, salud, higiene personal y aseo del hogar” se orientarán por las directrices del plan. Las autoridades a cargo de la estrategia también podrán obligar a las empresas generadoras de estos bienes a que vendan al Estado, pésimo pagador de todo menos bonos, el porcentaje de su producción que juzguen “necesario”.
Bastante poder para Padrino López quien, como titular de Defensa y comandante estratégico operacional de la FANB, ya es la persona más influyente dentro del aparato castrense. El artículo 236 de La Carta Magna reza que una de las atribuciones del Presidente es fijar la organización y competencias de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional. Maduro, que se muestra ante la Asamblea Nacional tan celoso de sus funciones, y acusa al Parlamento de usurpárselas, ahora podría estar poniendo esas mismas funciones en bandeja de plata al general. Me muero de ganas por saber cómo los jurisperitos constitucionalistas del PSUV justificarán que un jefe de Estado electo le ceda atribuciones a un sujeto no electo.
Padrino dijo que no se pretende militarizar nada, pero otras partes del mismo discurso asomaron lo contrario, como que va a “disciplinar la economía”. El propio decreto es rico en términos militares, como “comando”, “Estado Mayor”, “unidad de mando” y, desde luego, “guerra económica”. Además, la primera acción en el marco del plan fue entregar el control de los cinco mayores puertos del país a uniformados para que “pongan orden” en el recibo de importaciones.
Todo esto ocurre bajo el paraguas de la tan mentada “unión cívico-militar”, concepto atribuido a Chávez, aunque su verdadero padre en todo caso fue el otrora guerrillero marxista Douglas Bravo, figura de gran influencia sobre las logias conspiradoras de las que el MBR-200 del barinés fue la que intentó el golpe. Lo que hizo en todo caso el “eterno” fue llevarlo del terreno de la lucha para derrocar al Gobierno a la lucha para mantenerlo en el Gobierno
Pero eso de que los militares pueden y deben participar en las tareas del Estado al mismo nivel que los civiles es un disparate y, para colmo, un desatino antidemocrático. La razón es sencilla: un grupo armado y otro desarmado no pueden estar en igualdad de condiciones, ya que el primero siempre podrá someter al segundo mediante la amenaza del uso de violencia física. El contrapeso al poder balístico de los uniformados es el Estado de Derecho civil, con leyes que se respetan e instituciones fuertes, en el que la tropa se limita a sus funciones naturales de resguardo de la integridad territorial de la nación. Elimine este equilibrio, ponga a los soldados que ya tienen la ventaja de sus armas en un mismo nivel de acción política que los civiles, y puede olvidarse de que lo traten de tú a tú.
¿Le suena parecido a lo que vive Venezuela ahora? De acuerdo, pero no creo, como afirmen algunos, que se trate de algo nuevo. El chavismo siempre fue militarista. Lo fundó un militar. Tan temprano como 1999, Chávez le confesó a Luis Ugalde que “no creía en ningún partido, ni siquiera el suyo, sino en los militares, con quienes se formó”. Una primera muestra fue el tristemente recordado Plan Bolívar 2000, devenido al poco tiempo en el primer escándalo de corrupción del siglo XXI en Venezuela.
Lo que sí es cierto es que con Maduro la cosa se ha hecho mucho más explícita. El neofascista antisemita argentino Norberto Ceresole, que en los 90 trató de hacer de Chávez una especie de Perón caribeño, vaticinó que el movimiento político fundado por su asesorado sería un trípode apoyado en el caudillo, el pueblo y las Fuerzas Armadas. Pues bien, el caudillo murió, y el pueblo en su enorme mayoría le dio la espalda al sucesor. ¿Qué le queda a este? Maduro podría ya haber completado su reducción a máscara civil de un gobierno netamente militar, cosa que ha pasado antes. Veamos.
Juan Vicente Gómez dispuso de tres presidentes de la República civiles, que nombró y removió a su antojo durante sus 27 años de dictadura. Cuando le provocaba, Gómez les dejaba la banda tricolor mientras él retenía la posición de jefe supremo de las nacientes Fuerzas Armadas y se retiraba a ejercer el gobierno de facto desde su adorado Maracay, lejos de lo que consideraba la atmósfera corruptora de Caracas. A uno de ellos, Victorino Márquez Bustillos, le dejó esta posición por siete años. Para los dignatarios extranjeros la situación debió haber sido bastante confusa. ¿Pedir una audiencia con un gobernante que no gobierna?
Otro ejemplo criollo: la Junta de Gobierno de 1950-1952. ¡Ah, qué ejemplo de unión cívico-militar! Dos uniformados, Marcos Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez, y un civil, Germán Suárez Flamerich. No crea que este último caballero estaba en desventaja porque sus compañeros armados lo superaban en número. ¡Él era el presidente de la junta y, por lo tanto, del país!
Bajo esa nube y de vuelta a la realidad, como dice la salsa, era Pérez Jiménez quien desde un principio manejaba todos los hilos, con Llovera Páez de segundón. ¿Y Suárez Flamerich? Digamos que sus poderes de jefe de Estado fueron menos que los de la Reina de Inglaterra hoy. En las fotos siembre aparecía entre los otros dos. “Junta 101” la llamaban. Note que el cero está igualmente en el centro. Siempre fue un gobierno de las Fuerzas Armadas con un presidente fantoche civil. Pérez Jiménez lo quiso así para disimular el impacto que generó el asesinato de Carlos Delgado Chalbaud y se él preparaba para formalizar su hegemonía.
Un tercer caso, el más siniestro quizás, tuvo lugar allende nuestras fronteras. Es la dictadura, también denominada “cívico-militar”, que tiranizó Uruguay entre 1973 y 1985. Comenzó con un presidente electo democráticamente, Juan María Bordaberry, pero que rápidamente quedó como títere de los militares del país austral. Cuando intentó reclamar la autoridad que le correspondía, los generales sencillamente lo defenestraron y designaron a dedo como sucesores a otros dos civiles: Alberto Demicheli y, tres meses después, Aparicio Méndez.
Este fue uno de los temidos regímenes del Cono Sur que, en el marco de la Operación Cóndor, encarcelaron, torturaron, asesinaron o desaparecieron a miles de personas de pensamiento comunista, o que les parecieran de tendencia muy izquierdista para su gusto. Son un fetiche de críticas para el chavismo pero, curiosamente, la doctrina de la seguridad nacional con la que justificaron el horror guarda un gran parentesco con la verborrea del oficialismo venezolano: un enemigo interno perverso, que debe ser eliminado a toda costa; una situación de guerra en la que, cómo no, los militares deben llevar la batuta del Gobierno.
El recuerdo de estos episodios de la historia solo trae pensamientos pesimistas ante la idea de que una supuesta unión-cívico militar está gobernando el país. En nuestro mundo de redes sociales y comunidad internacional chillona, a los poderes fácticos les conviene más mantenerse en las sombras que antes. Pero si la situación se complica y tienen que tomar acciones más contundentes, poco a poco se ven obligados a acercarse al reflector, y a quitarse la máscara ante todos.
