LAS MISMAS DOLENCIAS QUE EL RESTO de las instituciones asociadas padece el sistema penitenciario. Si la Fiscalía, la Defensa Pública y los tribunales no ejercen a cabalidad su rol en el proceso penal y los cuerpos policiales no combaten la inseguridad, no se puede esperar demasiado del complejo carcelario en el país, afectado por una disminución de recursos que evidencia que la atención a la población penitenciaria no es prioritaria en las políticas públicas.
De acuerdo al artículo 272 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, el Estado deberá garantizar la rehabilitación y respeto a los derechos humanos de los internos. Para ello, los establecimientos penitenciarios dispondrán de espacios para trabajo, estudio, deporte y recreación, y se crearán instituciones para asistencia post penitenciaria.
Para que el sistema pueda cumplir con lo previsto por la Constitución y por el Código Orgánico Penitenciario (28 de diciembre de 2015) acerca de su facultad de hacer cumplir las sanciones del proceso judicial y de rehabilitar a los presos, es necesario que haya una asignación considerable de recursos y que estos sean bien administrados, pero no pasa ni lo uno ni lo otro.
Sin embargo, no es mucho lo que puede saberse sobre el tema, ya que es una información que no se ha publicado de manera sistemática ni cuando el sistema penitenciario dependía del Ministerio de Interior, Justicia y Paz (MIJP) ni desde la creación del Ministerio del Poder Popular Para el Servicio Penitenciario (MSP) en 2011. Lo poco que se sabe es por el Anuario Estadístico de Venezuela que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta 2003 y Acceso a la Justicia organizó en series desde 1989, por informes de ONG como Provea, el Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad.
La evaluación del presupuesto asignado debe verse en dos etapas, hasta 2011, revisando cuánto del presupuesto del MIJP se destinó al sistema penitenciario, y a partir de 2012, cuando el MSP dispone de asignación propia, esto sobre la base de la Ley de Presupuesto aprobada por la Asamblea Nacional a falta de información más directa. No son datos completos, pues no se conoce el presupuesto ejecutado ni los créditos adicionales aprobados antes de la creación del MSP.
En líneas generales, la disponibilidad de recursos del sistema penitenciario fue estable de 2001 a 2012, se duplica con la creación del MSP, considerando los créditos adicionales, y desde entonces hasta 2015 el descenso es marcado, llegando a números menores al presupuesto de 2011. Además, los recursos asignados han sido siempre muy bajos: el presupuesto total en comparación con el gasto público está por debajo de 0,5% a lo largo del período 2001-2015.
A esto se le suma una administración inconveniente. En 2005 el gasto en personal estaba cercano a 20% y al año siguiente pasó a 60%, valor estable hasta 2011. En 2012 descendió a 40% y se mantuvo en ascenso hasta 2014 gracias a la asignación de créditos adicionales. Las cárceles deben ofrecer alimentación y asistencia médica, así como mantener las infraestructuras, pero si el presupuesto es escaso y gran parte se destina a gastos salariales, no hay manera de garantizar un servicio medianamente óptimo.
No pueden existir cárceles respetuosas de los derechos humanos como lo exige la Carta Magna si no hay voluntad para mejorar su situación.
Con información de Acceso a la Justicia
