Ministerio de Asuntos Penitenciarios

Calculan que el hacinamiento en los centros de detención preventiva de Venezuela es de 150 %

El hacinamiento en los centros de detención preventiva de Venezuela, con el que el presidente Nicolás Maduro prometió acabar en 60 días contando desde el 21 de junio de 2021, persiste un año después en estos recintos, cuya ocupación supera el 150 %, dicen ONG y expertos.

Hace un año, el mandatario creó una comisión para hacer una «revolución judicial» que tenía entre sus objetivos descongestionar los centros de detención preventiva en dos meses, pasando a los reos a cárceles convencionales. Sin embargo, un años después, la ONG Una Ventana a la Libertad ubica el hacinamiento en un 156,5 %.

Un seguimiento realizado por la organización en 335 recintos de los 500 que, aproximadamente, hay en el país, muestra que, al cierre de mayo, había 16.778 detenidos, cuando la capacidad es para 10.718 personas, lo que supone una sobrepoblación de 6.060 privados de libertad.

La criminóloga Magaly Huggins, coordinadora de investigación de la ONG, aseguró que el hacinamiento no se ha solucionado en todos los centros de detención, lugares que solo son adecuados para albergar a un preso durante 48 horas.

«Hay menos congestionamiento en unos lados, hay igual de congestionamiento en otros lados y hay más detenidos que en otros momentos. Este ha sido el resultado de la comisión presidencial», dijo a Efe.

Huggins calificó esta medida como «improvisada» y sostuvo que responde más a la «presión internacional» que a una «política pública planificada y organizada por conocedores del tema».

Las fallas

Según la experta, una de las principales fallas de la comisión es que esté presidida por «políticos que no tienen idea de lo que es un debido proceso para estos casos».

Maduro nombró al diputado Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, como presidente de la comisión y a la diputada Cilia Flores, esposa del jefe de Estado, como vicepresidenta.

Para Huggins, en las labores de la comisión «no dejaron participar a los abogados defensores», lo que consideró «un error inmenso porque pudieron facilitar el trabajo».

Los integrantes son diputados y funcionarios del Supremo, la Fiscalía, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y la Defensa Pública, además de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Al respecto, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) argumentó que «la presencia de diputados y miembros del cuerpo militar y policial vulnera el principio de separación de poderes y desnaturaliza la competencia exclusiva del poder judicial de administrar justicia».

Mismo hacinamiento, distinto lugar

La presidenta del OVP, Carolina Girón, considera un error que la comisión buscara pasar reclusos de los centros de detención preventiva a las cárceles, ya que se estaría «creando más hacinamiento» en las prisiones, que están «en un 154 %» de su capacidad.

Sostuvo que «no hay forma de descongestionar los calabozos policiales si no hay una actividad estructural» que empiece por solucionar el hacinamiento en las cárceles.

Para Girón, una de las causas del hacinamiento es el retardo procesal en el sistema de justicia penal, además de la detención de «presos políticos» y los casos de personas que «tienen meses» con boletas de excarcelación y no las liberan.

El Plan Cayapa

La comisión judicial fue creada casi una década después de que el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez lanzara el Plan Cayapa para disminuir el retardo procesal.

Huggins afirmó que este plan, coordinado por los directores de los centros de detención preventiva, «sigue funcionando» y que, según las mediciones hechas por Una Ventana a la Libertad, hay zonas en donde «ha sacado o transferido más gente que la misma comisión presidencial».

Según la investigadora, la comisión trasladó a prisiones solo a 69 detenidos entre enero y mayo, mientras que, en ese mismo lapso, el Plan Cayapa trasladó a 766 privados de libertad.

No obstante, los expertos coinciden en que los planes creados tanto por Chávez como por su sucesor, Maduro, no han logrado acabar con el hacinamiento, que continúa agravando las condiciones de salubridad de los detenidos.

EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE PRISIONES (OVP) presentará tres casos que reflejan la situación de centros de reclusión en el país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) durante su 169 período de sesiones, que se celebrará el próximo 4 de octubre en Estados Unidos.

A través de un comunicado de prensa, la organización indicó que su objetivo es demostrar en el ente internacional la violencia e impunidad que se viven en las cárceles y calabozos policiales de todo el territorio nacional y la inacción del Estado venezolano para hacer justicia en cada caso.

El primer caso que denunciarán será el de 15 osamentas encontradas en una fosa común durante una requisa en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) el pasado 9 de marzo de 2017, sitio donde, según denuncias realizadas por el OVP durante ocho años en ámbitos nacionales e internacionales, ocurrió la desaparición del reo Francisco Dionel Guerrero Lárez.

Por este hecho, reportan la falta de respuesta del Gobierno nacional ante los fallos de la Cidh y el Comité contra la Tortura, así como la poca transparencia en el manejo de la investigación sobre el hallazgo de la fosa, en la cual nunca se conoció las identidades de los cuerpos recuperados y se paralizó la búsqueda por orden del Ministerio de Asuntos Penitenciarios tras el desalojo del penal en 2016.

En su segundo punto, el OVP abordará el asesinato de 39 presos en el retén policial de Amazonas, ocurrido el 16 de agosto de 2017 por parte de funcionarios que utilizaron armas de guerra, helicópteros, granadas y bombas lacrimógenas, según indica el comunicado. “Acabaron con la vida del 37,83 % de la población (carcelaria), ya que la población era de 103 presos en ese establecimiento”, precisa el observatorio.

El hecho más reciente que se presentará ante la Cidh será la masacre ocurrida en los calabozos de la policía regional de Carabobo en marzo de este año, en el que 69 personas murieron quemadas durante un motín. Aunque cinco funcionarios fueron arrestados por el hecho, el OVP acota que la investigación actualmente no ha presentado nuevos avances.

“Venezuela presenta uno de los más vergonzosos sistemas penitenciarios en la región, y se quiere adornarlos con presos uniformados y el coco raspado. Se muestra como el único avance a reos limpiando calles, como si eso generara un futuro prometedor para esas personas”, sentencia el comunicado del OVP.

Atención|Presas de Uribana rechazan la gestión de Yoelina Giménez, directora del penal exigen su destitución y piden hablar con autoridades del Ministerio de Asuntos Penitenciarios pic.twitter.com/d8gEKUiNEe

— Obs. V. de Prisiones (@oveprisiones) 13 de septiembre de 2018

MAIQUER DE SANTIAGO, DE 38 AÑOS DE EDAD, quien tenía dos meses detenido en los calabozos del comando de la Guardia Nacional Bolivariana de El Junquito, falleció el pasado 19 de noviembre en las instalaciones del hospital José María Vargas de Caracas, como consecuencia de una desnutrición severa. El reporte que levanta el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas señaló que la causa de la muerte fueron edemas pulmonares y cerebrales provocados por la desnutrición. Maiquer cayó preso porque había sido capturado en momentos en que robaba comida en una casa en la misma población de El Junquito.

Humberto Prado director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, se lleva la mano a la cabeza cuando se le pregunta sobre la muerte de privados de libertad por desnutrición en centro penitenciaros, y afirma “esto es inexplicable, porque si tú como Estado, que tienes la supervisión de una persona que está detenida bajo tu tutela, lo tienes bajo cuatro paredes, y se te muere, cómo vas a poder dar ese discurso de que el Estado no necesita ayuda humanitaria”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones siempre ha denunciado como insuficiente la asignación destinada a alimentación de los privados de libertad ¿Cuál es la situación de la población reclusa en el actual contexto de crisis humanitaria?

En los calabozos y prisiones del país están muriendo personas por hambre, lo sabemos por las fuentes periodísticas que generalmente conocen de primera mano la información a través de los reportes médicos forenses, y por la patología calaverita de las personas fallecidas. También por la información de los familiares o los mismos detenidos que tienen sus teléfonos y nos cuentan que les dan agua con arroz o un agua caliente con sal y algún colorante que dicen ser sopa.

¿Cuántos recursos fueron destinados para alimentos y bebidas del sector penitenciario en el Presupuesto Nacional 2017?

24.033 mil millones de bolívares. Si bien el presupuesto nacional no especificó el número total de la población carcelaria sabemos que el cálculo se realizó en función a 116 mil privados de libertad, entonces tenemos que el Estado destino 567 bolívares para la alimentación diaria de una persona bajo su cuidado y responsabilidad.

¿Pero la población en cárceles no es de 116 mil personas?

No, la población en recintos penitenciarios es más o menos de 56 mil. Esto tiene dos lecturas, la más negativa es preguntarse ¿a dónde se está yendo ese diferencial?. y otra un poco más crédula que indique que el engorde de la cifra de la población reclusa en el Presupuesto Nacional podría pretender garantizar con demasía la alimentación, pero, ni triplicando los 567 bolívares (para un total de Bs. 1.701), se logra garantizar el desayuno, almuerzo y cena al preso; mucho menos las 2 mil 900 calorías que requiere obtener el ser humano a través de los alimentos. Entonces tenemos no solo, que la asignación es insuficiente, hagas el cálculo que hagas, sino que además la información presentada es opaca. Ahora una cosa es la población en recintos carcelarios y otra la población en calabozos, eso es otro problema.

¿Porque diferenciarlas?

Porque la población en calabozos no figura dentro del presupuesto del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Entonces estamos frente otro sistema, un sistema nuevo que es el de los calabozos policiales, donde los gobernadores no tienen presupuesto para la alimentación del detenido, y en estos espacios destinados para detenciones preventivas hay más de 30 mil presos actualmente, cuando la ley te dice que son 96 horas el tiempo máximo que debe permanecer una persona privada de libertad en estos recintos, y esto lo están sufriendo las gobernaciones, alcaldías, Policía Nacional, CICPC, incluso del propio SEBIN, lo que pasa es que aquí como no hay un equilibrio de poderes y autonomía, tu no vas a ver al Fiscal General o al Defensor del Pueblo diciendo  la verdad de los calabozos policiales, la verdad de lo que está ocurriendo en el CICPC, tu no ves a un director del CICPC diciendo “mire, estos presos no pueden estar aquí más del tiempo debido”.

¿Y entonces qué comen las personas privadas de libertad en calabozos policiales?

Los que están más o menos comiendo son quienes cuentan con el apoyo familiar que le llevan comida una vez al día, pero incluso esto está generando otros problemas y es que delegan en los familiares el suministro de la comida y les fijan un horario, la reciben solo en la mañana, pero se la entregan al preso en la tarde, en algunos casos ya viene descompuesta y entonces están apareciendo situaciones estomacales y aumento de las enfermedades.

¿En las cárceles bajo la responsabilidad del Ministerio también permiten a los familiares el ingreso de comida?

En los días de visita está permitido el ingreso de algunas comidas y refrescos, los días que no son de visita ellos dicen que está prohibido, que el Estado les da la comida, pero a quien le crees tú, si tú ves al pobre familiar en eso, haciendo lo posible por llevar algo y qué le puede llevar si muchas veces no consigue ni para su casa. En el supuesto que el preso tenga familia, porque no todos tienen o están al pendiente.

¿En el caso del Zulia donde cerraron las cárceles y mandaron a la población a otro lado, cómo hacen?

Bueno figúrate, si anteriormente tenían a la mama que le podía llevar una comidita para Sabaneta o para el Marite ahora como hacen para enviársela a los llanos, a Tocuyito, si a veces no tenían ni cómo hacérsela llegar a las cárceles. Esto es inexplicable porque si tu como Estado, que tienes la supervisión de una persona que está detenida bajo tu tutela y lo tienes bajo cuatro paredes y se te muere, como vas a poder dar el discurso que el Estado no necesita ayuda humanitaria.

Desde septiembre hasta octubre del año 2016 hubo un motín en los calabozos de la Policía del Táchira, donde dos jóvenes fueron, supuestamente, canibalizados por sus compañeros.

Casi un año ha transcurrido desde que algunos presos denunciaron que fueron obligados a comer carne humana de dos personas asesinadas durante el motín realizado.

Sin respuesta, sin pruebas de ADN, sin rastros de sus hijos y sin poder darles sepultura se encuentran Luz Marina Sepúlveda, madre de Anthony Correa Sepúlveda, y Juan Carlos Herrera, padre de Juan Carlos Herrera.

Durante un año han pedido constantemente a las instituciones correspondientes las pruebas de ADN. “Solo queremos que nos den respuesta de dónde están nuestros hijos, pero lejos de eso tan solo nos evitan y tratan mal”, dijo Juan Carlos Herrera, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.

“En el Ministerio de Asuntos Penitenciarios fui tratado mal. Leía en los carteles que ahí no se hablaba mal de Chavez, y yo me quedé pensando que es verdad, que fue presidente y merece respeto. Pero mi hijo también merece respeto; donde esté lo merece y en un año no se ha hecho justicia”, narró Herrera.

Lo ocurrido en los calabozos de Politáchira no ha sido aclarado por ninguna de las autoridades regional y nacional. Tan solo por versiones extraoficiales de algunos presos y sus familiares se ha asegurado que ambas personas fueron asesinadas y, posteriormente, descuartizadas y canibalizados por parte de otros reclusos a quienes los habrían obligado a ingerir carne humana.

Más información en El Pitazo.

Caricatura: Jorge Cruz

Caídas ya todas las caretas, desaparecidas ya todas las imposturas, me pregunto ¿Cómo se sienten ahora todos esos jueces y fiscales que por tanto tiempo se desgarraron la ropa y la dignidad por la “revolución”? ¿Qué pasa por la mente de los que, sobre todo en instancias subalternas, hasta hace muy poco se sentían tan significativos y todopoderosos? No debe ser fácil eso de pasar de ser una herramienta indispensable para la consolidación del miedo, un arma útil y continuamente usada para consolidar narrativas y discursos oficiales falsos sobre cualquier cosa que pasara en el país, a ser ahora, a los ojos de quienes tantos los usaron y abusaron, un juguete viejo y sucio que ya no emociona ni sirve, y al que no se le tiene ninguna consideración ni respeto. Antes eran importantes para “el proceso”, ahora son absolutamente prescindibles.

El SEBIN, por ejemplo, hace ahora lo que le da la gana. De nada le valen decisiones, sentencias, exhortos o intimaciones judiciales. Desde hace rato hace “dibujo libre” y actúa como si no solo materialmente, sino además formalmente, fuese una fuerza no sujeta a control de ningún tipo. Se le ha olvidado que no es más que un órgano de seguridad del Estado que, como tal, está subordinado a la Constitución y a la Ley y, en lo que a las investigaciones y procesos legales se refiere, a la fiscalía y a los tribunales, pero no hay juez  ni fiscal con buenas nueces bien puestas en su lugar que termine de ponerle el cascabel, o mejor dicho, los grilletes, a ese gato. Claro, podrán alegar que de acuerdo las relativamente nuevas normas que lo rigen está adscrito desde el punto de vista administrativo a la Vicepresidencia de la República, pero eso no es excusa ni le exonera del debido acatamiento a las decisiones judiciales, mucho menos de las que tengan relación con personas que están bajo custodia de ese cuerpo de seguridad que, no hay que olvidarlo, no están allí “a las órdenes del SEBIN”, sino a la orden de los Tribunales y de la Fiscalía.

Hasta la fecha sabemos de al menos 18 órdenes de excarcelación dictadas por el Poder Judicial que para el SEBIN no son más que papel higiénico; sabemos también de incontables órdenes de traslado a centros médicos, o hasta a los mismos tribunales (para continuar los procesos) que sencillamente al SEBIN se le antojan como “de optativo cumplimiento”. Y hablo solo de lo que se conoce, porque en los 18 casos que menciono al inicio de este párrafo se trata de situaciones con cierta notoriedad pública por tratarse de causas políticas o de casos claros de detenciones arbitrarias, pero en otras causas menos llamativas o de bajo perfil, la situación es igual y hasta peor.

De la mano del Código Orgánico Penitenciario, de reciente vigencia, también se han visto nuevas irregularidades. Cierto es que allí se establece que los reos ya condenados quedan a la orden del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría, digo, si viviésemos en un país normal, que un órgano del Poder Ejecutivo hiciese también lo que le venga en gana con algún condenado sin siquiera tomarse la molestia de comunicarlo o de ponerse de acuerdo con el Tribunal de Ejecución que, según la ley, es el que debe velar por el correcto cumplimiento de las sanciones que se impongan a cualquier persona en un proceso penal. Pero así pasa, y de nuevo, no hay quien ponga coto a los abusos. Un pran acusado y condenado por innumerables y muy graves delitos, uno que manda hace unos años a matar a una juez y que por error no la mata a ella, sino a su hermana, se pasea campante por nuestras playas, pero a por lo menos 82 procesados por motivos políticos, a ninguno de los cuales se le imputan delitos de gravedad y que, porque así lo ordena la Constitución, tienen derecho a ser juzgados en libertad y a ser tenidos y tratados como inocentes porque no han sido condenados, se les niega toda posibilidad de libertad e incluso a algunos de ellos, cuando la desgracia ha tocado sus hogares, hasta se les ha negado acompañar por unas horas a sus padres a su última morada. Así estamos.

Ya son varios los casos en los que cuando un fiscal o un juez se niega a privar de su libertad a procesados por motivos políticos, se les intimida o amenaza, incluso expresándoles que serán encarcelados, solo porque la orden desde el Poder Ejecutivo ha sido la de la prisión de los involucrados, así sea a costa de lo que imponen la ley o la verdad. Como muy mal paga el diablo a quien le sirve, de nada han valido las “credenciales” revolucionarias o sumisas previas de los funcionarios afectados. O me obedeces o vas preso, esa es la consigna.

No pueden decir que no estaban avisados. Desde 2002, y después, cuando a Chávez el TSJ de aquellas fechas le salió “respondón”, la estrategia, exitosa lamentablemente, estuvo clara: Había que consolidar un Poder Judicial sumiso y obtuso, uno que no se ocupara tanto de formarse y de prepararse para la importante tarea que, al menos formalmente, está llamado a cumplir, pero que no dudara en corear, para nuestra pena eterna, “¡Uh Ah, Chávez no se va!”, cada vez que se diera la oportunidad.

Ilusos, muy ilusos, fueron los que con buenas o malas intenciones pensaban que con ello tocarían el cielo, y se ven ahora disminuidos y sepultados en los lodos de una “revolución” que, ahora hay que ser ciego y sordo para no darse cuenta, solo buscaba el poder para unos pocos, muy pocos, y que no dudó ni un segundo en convertirlos, como a todo lo que toca, en una vergüenza para propios y ajenos.  Una vergüenza, además, completamente prescindible y dentro de poco, a los ojos de los que no quieren estar sometidos más que a sus propias ambiciones y caprichos, un también “peligrosa”, “traidora” e indeseable. Ya se ha dicho antes: Es la consecuencia de olvidar que si bailas pegado con el diablo, a juro y porque sí, te quemas.

@HimiobSantome

Una situación de rehenes se registra desde el pasado jueves 8 de septiembre en los calabozos de la Policía del Táchira (Politáchira), en San Cristóbal, luego de que un grupo de reos retuvieran a dos funcionarios policiales y a unos 10 familiares que hacían la visita, en protesta por las condiciones de hacinamiento en las que permanecen detenidos en el comando policial.

Estos calabozos tienen capacidad para albergar a 120 personas y actualmente 350 detenidos se encuentran allí.

De acuerdo con la informaciones recibidas por la Organización No Gubernamental (ONG)  “Una Ventana a la Libertad”, los internos exigen ser trasladados a la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, ya que en el Cuartel de Prisiones de Politáchira permanecen en hacinamiento y sus derechos humanos son violados permanentemente.

A pesar de que durante el fin de semana, representantes de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía del Ministerio Público y del Ministerio de Asuntos Penitenciarios se trasladaron a los calabozos de Politáchira para dialogar con los presos e intentar que desistan de la medida, no ha habido solución y ya se cumplen 96 horas del inicio del conflicto.

Ante la situación planteada y la inacción de parte de las autoridades del Estado Táchira y el Ministerio para el Servicio Penitenciario, los familiares amenazan con iniciar una huelga de hambre a las afueras del centro de detención preventiva.

Para el coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma,  la situación que se vive en Politáchira no es distinta a la que se vive en el resto de los centros de detención preventiva del país que no tienen condiciones para albergar privados de libertad por más de 48 horas. “Lamentablemente el Ministerio para el Servicio Penitenciario no ha cumplido con sus promesas de construcción de nuevos recintos carcelarios y esto ha traído como consecuencia que estos espacios de permanencia transitoria estén presentando niveles de hacinamiento que en algunos casos supera el mil por ciento y mantiene en caos a los cuerpos policiales del país”.

Denuncias señalan que en el Centro Penitenciario de la Región Centro Oriental, mejor conocida como cárcel de “El Dorado”, los privados de libertad fueron sometidos a maltrato físico por parte de los custodios del Ministerio de Servicios Penitenciarios, además de que uno de ellos fue presuntamente ajusticiado y enterrado dentro del penal, hechos sobre los que el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en su carácter de Organización No Gubernamental, solicitará investigación exhaustiva, objetiva e imparcial ante el Ministerio Público.

Según el relato de los familiares, en horas de la mañana del 21 de julio los reos fueron notificados sobre una requisa que sería efectuada por un comité del ministerio que viajó desde Caracas, a la cual no se opusieron porque se trataba de un procedimiento rutinario. No obstante, al tomar el control del penal, los funcionarios violaron la integridad física de los reclusos, quienes aparentemente permanecen dentro de unos autobuses desde hace una semana, en espera de ser trasladados hasta las cárceles de Tocorón, El Rodeo y Yare I.

“No es la primera vez que pasa, pero sí es la más fuerte. Los golpearon brutalmente, les rompieron la ropa, ya no les dan las comidas que les mandamos y tampoco nos dejan verlos. Los guardias ya tampoco saben nada desde que llegó este grupo”, informó la vocera de un grupo de familiares que acudieron al Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, estado Bolívar, para formular la denuncia.

Familiares de los reclusos aseguran que el escenario es realmente dantesco, pues al menos a tres docenas de hombres les han amputado los dedos de las manos, por “maneros” o “pateros”, así como también hay heridos por arma de fuego. De igual manera, denunciaron la desaparición forzosa de un privado de libertad, cuya identidad aún se desconoce, quien presuntamente fue ajusticiado por los custodios y enterrado en un patio interno.

“Hay más de 80 enfermos, de los cuales 3 sufren de la tensión. Son seres humanos que cometieron errores y están pagando su condena, esto no es necesario” informaron los familiares, quienes exigen que los privados de libertad sean evaluados por un médico. “No nos oponemos al traslado, solo queremos noticias de nuestros familiares”, puntualizaron.

La madre de un privado de libertad, quien fue trasladado hasta «El Dorado» desde la cárcel Fénix de Barquisimeto, relató que a su hijo le amputaron una mano y también recibió un disparo en el fémur, aunque desconoce la razón. «No sé nada de mi muchacho, no se si lo trasladarán o permanecerá en Bolívar, yo no he podido verlo desde que se lo llevaron para allá porque somos de San Cristóbal y no nos alcanza para los pasajes. Yo solo pido que les garanticen sus derechos humanos, porque hasta los golpean cuando piden comida, esos muchachos están muertos de hambre».

Desde la sede de la defensoría comunicaron a los familiares con el director del penal, quien les habría indicado que sus internos estaban en buen estado y que además habían realizado un traslado de al menos 150 reclusos. Sin embargo los familiares solicitaron que les informaran sobre los centros a los cuales fueron dirigidos.

Tal como fue reseñado en el informe del Observatorio Venezolano de Prisiones sobre los cinco años de gestión de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, esta situación se suma a las 1.622 personas fallecidas y los 2.328 heridos reportados entre 2011 y 2015; mientras que desde 1999, desde que inició el mandato del presidente Hugo Chávez; hasta 2015 han muerto 6.581 personas y 16.417 han resultado heridos, con un total de 22.998 afectados.

*Con información de nota de prensa y Unión Radio